El opositor ruso Alexéi Navalni pasará más años en la cárcel. Un tribunal de Moscú le ha declarado este martes culpable de fraude a gran escala y de falta de respeto a la justicia. La Fiscalía ha solicitado hasta 13 años de prisión para el activista. La sentencia se conocerá más adelante. “Navalni cometió un fraude al robar bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza”, ha asegurado la jueza Margarita Kotova en el veredicto al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax.
El opositor cumplía actualmente otra condena de dos años y ocho meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad por el caso Yves Rocher, cuyo juicio fue considerado “parcial y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, cuatro denunciantes le habían acusado de enriquecerse con los fondos de su Plataforma contra la Corrupción, a lo que se sumó otro cargo por calumnias contra una jueza durante un proceso anterior.
En un primer momento, la Fiscalía acusó al opositor, a su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y al exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, de haber desviado unos 356 millones de rublos (3,1 millones de euros al devaluado cambio actual) “a fines personales” provenientes de la recaudación de su campaña electoral de 2018 y otras acciones.
Sin embargo, el juicio se limitó finalmente a 2,7 millones de rublos (23.000 euros) entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes. En su defensa, Navalni señaló que podría haber sido una trampa por las grandes sumas de dinero aportadas por un mecánico y dos empresarios sometidos a procesos penales.
A estas acusaciones de fraude se sumaron otras dos más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021. Navalni fue arrestado el 17 de enero de aquel año por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional por el caso Yves Rocher debido a que había estado en coma en una clínica en Berlín, a donde fue trasladado tras haber sido envenenado con Novichok en agosto del año anterior.
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El uso de esta sustancia contra el activista fue confirmado por la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU. Para su desarrollo se necesitan laboratorios muy avanzados, y un análisis de Bellingcat, The Insider y varios medios más denunció que Navalni había sido seguido en varias ocasiones por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), incluido el viaje en el que cayó en coma. El presidente ruso, Vladímir Putin, justificó su seguimiento meses después aduciendo que trabajaba para intereses extranjeros.
Este nuevo juicio contra Navalni ha tenido lugar en la cárcel de Pokrov, situada en la región de Vladímir y a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Los jueces se trasladaron hasta este recinto, donde el activista permanece encarcelado desde que fue detenido, algo que resaltó Navalni durante su defensa. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, dijo Navalni.
Alexéi Navalni, a las puertas de una comisaría de policía de Khimki, a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021.SERGEI ILNITSKY (EFE)
El opositor ruso Alexéi Navalni, de 45 años, condenado a dos años y ocho meses de prisión, podría pasar hasta 10 años y medio más en la cárcel por una nueva acusación de fraude. “Seguiré luchando contra el poder. No temo ni al FSB, ni a las armas químicas, ni a Putin. No tengo miedo”, exclamó ante el tribunal que lo juzgaba en una prisión de alta seguridad a un centenar de kilómetros de Moscú. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, afirmó el activista, cuya situación ha vuelto a ser noticia en Rusia tras haber quedado relegado a un discreto segundo plano en los últimos meses por la escalada militar en la frontera con Ucrania y el vertiginoso encarecimiento de los bienes básicos.
Con un deterioro físico visible, pero enérgico al arremeter contra sus acusadores, el opositor pudo abrazar por primera vez en mucho tiempo a su mujer, Yulia Naválnaya, quien le acompañó durante toda la sesión.
El opositor, su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y el exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, fueron acusados por el Comité de Investigación ruso de haber desviado 356 millones de rublos (4,14 millones de euros) “para fines personales” del dinero recaudado para la campaña electoral de 2018 y otras de sus iniciativas. Sin embargo, en este juicio se acotó la demanda a apenas 2,7 millones de rublos entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes, quienes han causado unas sospechas enormes en la defensa: según el informe de la acusación, tres de ellos transfirieron entre 665.583 y 1,2 millones de rublos cada uno, cifras muy elevadas teniendo en cuenta que según el equipo de Navalni uno de ellos era un mecánico y otros dos empresarios que tenían pendientes procesos penales.
“No recibimos dinero público y estoy muy orgulloso de ello. Existimos porque tenemos apoyo”, dijo Navalni en otro momento de su intervención, que ha sido publicada en las redes sociales. “Hemos visto cómo se han divulgado por primera vez todos los gastos de un político durante cinco años. En total gasté ocho millones, lo que supone una media de 130.000 rublos al mes (algo más de 1.500 euros), menos que mis ingresos oficiales”, explicó Navalni.
Además de los dos cargos por el supuesto fraude, al activista se le imputan otras dos acusaciones más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021.
Un día antes del juicio, Yulia Naválnaya escribió una publicación en Instagram en homenaje a su marido. “La gente del Kremlin le teme tanto que él es la primera persona en Rusia a la que juzgan directamente desde la cárcel”, decía en un texto acompañado por la foto de su último encuentro juntos en prisión. Naválnaya lamentó que hubieran fijado la sesión justo un día antes de una de las cuatro jornadas al año a las que tienen derecho los reclusos para tener encuentros largos con familiares, “el día más importante del año para la persona encarcelada”, como recalcó en su mensaje. “Le quieren alejar de toda la gente, de los ayudantes, de los periodistas”, denunció su mujer en la red social, donde afirmó que este proceso “es tan terrible que el tribunal no tiene valor a hacerlo en Moscú” porque “Alexéi se mostrará orgulloso ante la acusación y se reirá de todo”.
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La abogada de Navalni Olga Mijaílova denunció a través de un comunicado que su defendido es víctima “de una persecución penal arbitraria, irrazonable e ilegal” dirigida “a su desprestigio y su alejamiento de la actividad política”, lo que viola el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Navalni se encuentra en prisión desde hace más de un año. El activista fue arrestado el 17 de enero de 2021 nada más aterrizar en Moscú por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional, impuesta en 2014 por el caso Yves Rocher, cuya condena fue declarada “injusta y arbitraria” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 al considerar que ni él ni su hermano recibieron un juicio justo. Sin embargo, en vez de acatar esta decisión, la justicia rusa decidió sustituir la pena por la libertad condicional.
El opositor fue detenido cuando regresaba de su convalecencia en un hospital de Berlín tras ser envenenado con Novichok, según confirmó la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Una pesquisa del proyecto de periodismo de investigación Bellingcat y varios medios digitales como The Insider reveló antes de su regreso que el opositor había sido seguido por un grupo del Servicio Federal de Seguridad (FSB) hasta el día que entró en coma, algo que reconoció el propio presidente ruso, Vladímir Putin, el 17 de diciembre de 2020.
Desde que fue condenado a prisión en febrero de 2021, todas las organizaciones de Navalni han sido liquidadas una tras otra bajo la etiqueta de “organizaciones extremistas”, y muchos de sus aliados se han visto obligados a abandonar el país por temor a ingresar en la cárcel.
Uno de ellos, Leonid Volkov, quiso destacar en Twitter el lado “simbólico” de este proceso. “En el tribunal no está la ‘jaula’ habitual para prisioneros porque toda la corte es una jaula. El juez está en una jaula. El fiscal está en una jaula. Solo Alexéi Navalni es un hombre libre”.
Su arresto, hace un año, fue el precursor de otros muchos, el descorche de una oleada de represión a la disidencia y a la sociedad civil sin precedentes en la Rusia moderna. El líder opositor Alexéi Navalni lleva un año preso. El feroz enemigo del presidente ruso, Vladímir Putin, que sobrevivió a un gravísimo envenenamiento tras el que la inteligencia occidental aprecia la mano del Kremlin cumple casi tres años de condena por un polémico caso y está encausado en varios procesos más que pueden engrosar su tiempo en prisión.
La mayoría de los principales aliados de Navalni están hoy fuera de Rusia y los que no, afrontan serios procesos judiciales; sus organizaciones han sido declaradas “extremistas”, ilegalizadas y cerradas. Y la represión ha ido alcanzando, gota a gota, a multitud de otras voces y redes críticas y disidentes en un país con un régimen que no admite una oposición real. El Kremlin, embarcado ahora también en una crisis con Ucrania, la OTAN y la UE por la concentración de tropas junto a las fronteras de la vecina antigua república soviética y la sombra de una nueva agresión militar, liquida así a la oposición en casa.
Navalni, pese al desenlace, ha asegurado que volvería a recorrer el camino emprendido. “No le tengan miedo a nada”, ha dicho este lunes en un mensaje en sus redes sociales que sus abogados han pasado a su equipo. “Este es nuestro país, no tenemos otro”, ha añadido. El opositor está internado en una colonia penal —una prisión donde los reclusos trabajan— a unas tres horas de Moscú, conocida por su severidad y donde ha denunciado la falta de acceso a tratamiento médico y que se le sometió a privación del sueño. Navalni no lamenta, sin embargo, haber regresado a Moscú, donde sabía que con toda probabilidad sería detenido. “Hice todo lo que pude para tirar de mi extremo de la cuerda, tirando hacia mi lado a los que son honestos y ya no tienen miedo”, dice Navalni desde prisión. “No me arrepiento ni por un segundo”.
Abogado y activista anticorrupción, el disidente, de 45 años, estaba en busca y captura por haber violado los términos de la libertad condicional de una antigua condena por fraude —y que denunció como “motivada políticamente”— mientras estaba en Alemania. Navalni, que se hizo un nombre destapando y publicando en Internet investigaciones y escándalos de la élite política y económica rusa, había estado desde el verano en Berlín. Allí fue trasladado en agosto de 2021, en coma y de urgencia —y tras la mediación de la canciller Angela Merkel— desde Siberia, donde fue envenenado con una neurotoxina militar de la familia Novichok, como indican los informes de la Fiscalía alemana y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Se trata de la misma empleada con el exespía ruso Serguéi Srkripal en 2018 en suelo británico por espías de la inteligencia militar rusa, según Reino Unido.
Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas. DPA vía Europa Press (Europa Press)
Una investigación de varios medios señaló más tarde, cuando el opositor ya estaba en prisión, con nombres y apellidos a varios agentes del FSB (el servicio de inteligencia ruso, heredero del KGB) como responsables del ataque químico. El Kremlin ha negado su implicación, ha llegado a acusar a Navalni de ser un agente de la CIA y ha asegurado que Alemania no le ha entregado pruebas sobre el caso del opositor, galardonado el año pasado con el premio Sájarov a los derechos humanos del Parlamento Europeo.
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El arresto de Navalni hace un año sacó a decenas de miles de personas a la calle, recuerda el politólogo Alexander Morozov. No solo partidarios del opositor, indignados por su detención y el envenenamiento, también a una ciudadanía cansada, desencantada por la corrupción, la falta de renovación en las instituciones y la pérdida de poder adquisitivo, que se ha cebado con las clases medias en Rusia, donde los ingresos reales han caído casi un 13% desde 2013. Aquellas manifestaciones fueron duramente reprimidas, miles de personas detenidas. Y se inició el proceso contra el equipo de Navalni y sus organizaciones, declaradas en verano “organizaciones extremistas”.
La red de entidades que el opositor tejió en muchas regiones rusas —y que logró réditos políticos inéditos en algunas provincias— ha quedado desmantelada. Su cuartel general, finiquitado. Y las detenciones se suceden entre los activistas y políticos que se han quedado en Rusia, como Ksenia Fadeyeva, diputada provincial por Tomsk, arrestada a finales de año por “extremismo”. Aunque el núcleo duro de su equipo sigue manteniendo sus proyectos desde el exilio, explica Ruslan Shaveddinov. Investigaciones anticorrupción, proyectos de medios y la aplicación de “Voto Inteligente”. Con esta aplicación —que fue correspondientemente prohibida, y que las autoridades lograron incluso vetar de los buscadores de Internet y de Telegram—, trataron de arrebatar al partido de Putin, Rusia Unida, votos en las elecciones parlamentarias de septiembre al identificar a la persona candidata con más posibilidades de derrotar a la formación gubernamental. “No importa dónde estemos, podemos trabajar en cualquier lugar e interactuar con nuestros seguidores. Nuestro trabajo es muy necesario porque en Rusia ahora hay una gran demanda de cambios y de una opinión alternativa”, asegura Shaveddinov.
El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania. SERGEI ILNITSKY (EFE)
Con CNN y HBO han filmado un documental —Navalni: el veneno siempre deja rastro— que se estrenará pronto, ha contado María Pevchij, que lidera el grupo de investigación que hace casi un año, poco después del arresto del opositor, sacudió Rusia con la publicación en YouTube de una pesquisa sobre el supuesto palacio multimillonario de Vladímir Putin en un entorno protegido a orillas del Mar Negro.
Pero lo cierto es que con Navalni en prisión, sus principales aliados en el exilio o procesados y sus organizaciones liquidadas, el movimiento opositor ha perdido mucho fuelle en Rusia, pese a que el disidente nunca logró registrar un partido político. Su caso fue la espita y el aviso a navegantes que se ha ido repitiendo en un sistema político cada vez más controlado. “En el año transcurrido desde la detención de Aleksei Navalny en un aeropuerto de Moscú, el político, sus seguidores y otras organizaciones de la sociedad civil rusa han sufrido una implacable embestida de represión”, abunda Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. Más de 1.500 activistas y periodistas han abandonado Rusia por motivos “políticos”, según un informe de la Fundación Rusia Libre, que no incluye en su recuento a las familias de los exiliados.
Las autoridades han sofocado a la oposición y añadido a decenas de activistas, opositores, periodistas, medios de comunicación independientes y ONG a su lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta que tiene unas connotaciones muy negativas en Rusia y que dificulta a través de grandes trabas administrativas el trabajo; tanto que puede desencadenar, como ha sucedido, el cierre de las entidades. También ha ampliado su índice de “organizaciones extremistas”, una de las últimas, la reputada ONG Memorial, que se ocupa de los crímenes del estalinismo.
Según la sentencia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —que llegó a pedir en su momento que se indemnizase al activista por el fallo— declaró “arbitraria e injusta”, Navalni debería salir de prisión en otoño de 2023, a más tardar. Sin embargo, desde hace meses, las autoridades han encausado al opositor en otros procesos penales: desacato al tribunal, fraude a una escala especialmente grande, y lavado de dinero en relación con la supuesta malversación de donaciones a sus ONG. También ha sido acusado de crear una organización que “atenta contra los derechos de los ciudadanos”. “No sé cuándo terminará mi ‘viaje espacial’ ni si terminará en absoluto”, ironizaba el opositor en otra publicación de Instagram.
