Ante los últimos acontecimientos en el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, la fuga de alias “Matamba” y las salidas sin permiso del empresario Carlos Mattos. El ministro de justicia Wilson Ruiz dio a conocer una serie de medidas y pedidos que se tomaron tras estos hechos.
“Reestructurar el sistema penitenciario del país, y de esta manera dar mayor transparencia en la gestión, garantías de seguridad de los Privados de la Libertad y su resocialización”, dijo Ruiz.
“Con relación al caso de Juan Larrison Castro Estupiñan, fueron notificados y suspendidos provisionalmente los 55 integrantes de la guardia penitenciaria que se encontraban de turno en el momento de la fuga de este privado de la libertad”, añadió.
Por último, el jefe de la cartera de Justicia, confirmó que Estados Unidos pidió en extradición a quienes ayudaron al capo a escaparse de la cárcel La Picota.
El expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero tras su detención en Tegucigalpa.Elmer Martinez (AP)
Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha aprobado este miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde es señalado de estar vinculado al narcotráfico y de introducir en ese país miles de kilos de cocaína durante el periodo en que fue presidente de Honduras (2014-2022). “El juez de extradición de primera instancia, luego de haber escuchado los argumentos de prueba presentados por el equipo de la defensa y toda la documentación enviada por el Estado requirente, considera que es procedente declarar la extradición”, confirmó el portavoz del organismo judicial, Melvin Duarte, tras una audiencia inusualmente larga, que se extendió por más de 11 horas.
El exmandatario fue detenido el 15 de febrero, después de que el Gobierno de Joe Biden solicitara la extradición del exmandatario, que dejó su cargo en enero. Washington también le había retirado la visa estadounidense e incluido en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos”. La defensa de Hernández tiene ahora un plazo de tres días para apelar ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, algo que harán según han adelantado sus abogados.
Sobre Hernández, quien mantuvo el poder en 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país, pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones, se afirma que Hernández ha dado protección a líderes “narcos” e incluso han publicado una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.
En marzo pasado, el juez Kevin Castel, de la corte federal de Manhattan, condenó a cadena perpetua, más otros treinta años de cárcel, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente. En octubre de 2019, un jurado popular de Nueva York halló culpable a Tony Hernández de cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
La primera audiencia del expresidente ante un juez designado por la Corte Suprema se llevó a cabo el 16 de febrero en la sede de la Suprema y bajo un riguroso dispositivo de seguridad. De esta manera, Hernández se ha convertido el primer expresidente de Honduras que es exigido por la justicia de Estados Unidos. El mandatario gobernó de forma controvertida y autoritaria el país centroamericano durante ocho años, los últimos cuatro bajo una polémica reelección en noviembre de 2017, aún cuando la Constitución no se lo permitía. Hernández logró que el Tribunal Electoral aprobara en diciembre de 2016 su candidatura para participar en las elecciones. El expresidente forjó un fuerte control de las instituciones, principalmente en organismos clave como la Sala Constitucional, que en abril de 2015 declaró inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Se trata de las mismas ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009.
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La exprimera dama de Honduras y esposa de Hernández, Ana García, dijo el lunes que él es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños “que fueron extraditados” (entre 2014 y 2021), de los que “en su mayoría se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos” para lograr que les rebajaran sus penas. “Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura de que no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, ni tienen las pruebas, ni el soporte”, subrayó García al indicar que su esposo es inocente.
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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha logrado este lunes una victoria en el proceso judicial sobre su extradición a Estados Unidos. El Alto Tribunal británico ha concedido al editor australiano el derecho a apelar contra esta posible extradición ante el Supremo de Reino Unido. Sin embargo, Assange no ha recibido el permiso para presentar una apelación directa, lo que implica que el Supremo tendrá que pronunciarse sobre si acepta escuchar la apelación, tal y como ha informado la cadena de televisión británica Sky News.
Estados Unidos reclama a Assange por 18 cargos, que incluyen presuntos delitos de conspiración y espionaje, y que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel.
En caso de haber perdido el derecho a apelar, el caso habría ido directamente a manos de la ministra del Interior, Priti Patel, para una decisión final sobre su extradición. Sin embargo, el derecho ha sido garantizado debido a que se trata de un asunto de “importancia pública general”.
El pasado 10 de diciembre, la justicia británica revirtió el fallo de la magistrada Vanessa Baraitser y, tras aceptar la apelación de Estados Unidos, abrió la puerta a la extradición de Assange contemplando cuatro condiciones presentadas por los abogados de Washington. Ahora, el equipo legal del australiano podrá presentar una apelación contra su entrega a la justicia estadounidense.
Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, “casi en total aislamiento”. La defensa del australiano ha advertido que su salud se ha deteriorado gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los documentos filtrados en 2010.
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