Virginia Thomas, esposa del juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, en una foto de archivo de 2020.Patrick Semansky (AP)
La esposa del juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, Virginia Ginni Thomas, supuestamente usó la influencia que otorga el alto cargo de su marido para presionar en repetidas ocasiones al entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, para que realizara todos los esfuerzos que fueran necesarios para lograr anular las elecciones presidenciales de 2020 que daban como vencedor al demócrata Joe Biden frente al republicano Donald Trump, según informa la cadena de televisión CBS y el diario The Washington Post, que han tenido acceso a los documentos que lo recogen en el marco de la investigación del asalto al Capitolio.
En uno de los 29 mensajes de texto intercambiados entre Thomas y Meadows, enviado el 10 de noviembre de 2020 —las elecciones fueron el 3 de noviembre—, Virginia Thomas escribe: “¡Ayuda a este gran presidente a mantenerse firme, Mark! Tú eres, junto a él, el líder que puede evitar que el Gobierno Constitucional de EE UU caiga por el precipicio”. “La mayoría es consciente de que Biden y la izquierda están intentando el mayor robo de nuestra historia”, se lee en el mensaje, según los reporteros del Post Robert Costa y Bob Woodward. Los intercambios de texto a través de teléfonos celulares prueban la fuerte conexión de confianza que existía entre Ginni Thomas y el principal asesor del entonces mandatario durante el tiempo en el que Trump y sus aliados amenazaban con llegar hasta el Tribunal Supremo para lograr dar la vuelta al resultado electoral que les era desfavorable. Ninguno de los mensajes hace referencia directa al juez Thomas ni a la Corte Suprema.
Entre los objetivos declarados de Thomas, firme activista de la causa emprendida por Trump para devolver la grandeza a América (Make American Great Again), estaba que el abogado Sidney Powell, quien estuvo detrás de afirmaciones incendiarias y sin fundamento sobre las elecciones, se convirtiera en “el líder y la cara” del equipo legal de Trump.
Pocos días después de las elecciones, el 6 de noviembre, Ginni Thomas enviaba un mensaje a Meadows animándole a que convenciera al presidente para que no aceptara la derrota. “¡Que no de se por vencido. Lleva tiempo que el Ejército se reúna para defenderle!” Meadows escribió a Thomas el 24 de noviembre invocando a Dios para describir el enorme esfuerzo que suponía anular la elección. “Esta es una lucha del bien contra el mal”, escribió Meadows. “El mal siempre parece vencedor hasta que triunfa el Rey de Reyes. No te canses de hacer el bien. La lucha continúa. He apostado mi carrera en ello. Bueno, al menos mi tiempo en DC [como se conoce a la capital de EE UU]”. La respuesta de la mujer de Thomas fue la siguiente: “¡Gracias! ¡Justo eso era lo que necesitaba oír! Bueno, eso y una conversación con mi mejor amigo hace un momento… Trataré de seguir aguantando. ¡América lo vale!”. No está claro a quién se refería Thomas por su mejor amigo.
Los mensajes, que podrían propiciar que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque contra el Capitolio curse una citación para que declare Virginia Thomas, forman parte de los 2.320 que Meadows entregó al dicho comité. Thomas envió 21 mensajes y Meadows ocho. Hasta que CBS y The Washington Post no los han hecho públicos se desconocía su existencia.
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La jueza Ketanji Brown Jackson, ante el comité judicial del Senado de Estados Unidos.Jacquelyn Martin (AP)
La declaración de intenciones de la jueza Ketanji Brown Jackson, aspirante al Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha llegado al final de un día intenso en el Capitolio. Tras escuchar, pacientemente y en silencio, a 24 personas valorar sus logros y exponer sin temor a la reiteración lo que esperan de su trabajo en el alto tribunal, Jackson ha sentenciado: “He sido jueza durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de independencia. Tomo decisiones sobre mis casos desde la neutralidad. Evalúo los hechos, e interpreto y aplico la ley en función de esos hechos, sin miedo ni predisposición, y siempre consecuentemente con mi juramento”.
Jackson respondía al final de una intervención emocionada, en la que ha recordado que su pasión por el derecho nació al ver a su padre estudiar leyes en la cocina del modesto hogar familiar de Miami, a una pregunta que ha sobrevolado desde el lado republicano la primera de las cuatro jornadas de audiencias para examinar su idoneidad para uno de los nueve puestos vitalicios del Tribunal Supremo. ¿Qué define filosóficamente su desempeño como jueza?
Los 11 miembros conservadores del Comité Judicial del Senado han exigido una y otra vez que se pronuncie sobre ese asunto, mientras lamentaban que el Supremo se haya politizado en demasía en los últimos tiempos. Con los demócratas, al menos, han estado de acuerdo en dos cosas: en la preparación profesional de la aspirante (que viene de servir nueve años como jueza federal en Washington y es la primera candidata con un pasado como abogada de oficio) y en el empleo del adjetivo “histórico”, tan gastado. Ha sido el más escuchado este lunes en el Senado.
La ocasión lo aconsejaba por una vez: Jackson, de 51 años, será, si prospera la designación del presidente Joe Biden, la primera mujer afroamericana en sentarse en el alto tribunal en 232 años. Contará también como la sexta jueza y como la tercera persona de raza negra entre las 115 elegidas para el cargo en la historia.
El proceso ha comenzado en uno de los comités de mayor relieve mediático de la Cámara; varios senadores de alto perfil, y, por qué no, ciertas aspiraciones presidenciales, están entre sus miembros, y este proceso, que los estadounidenses informados siguen con pasión, es un buen escaparate para mostrar su visión del mundo ante las cámaras. La nominación ha despertado estos días gran interés en Washington, pese a la prioridad informativa de la guerra en Ucrania (Biden había acariciado la idea de asistir al debate, pero una llamada con líderes europeos se lo ha impedido) y pese a que, aunque salga elegida (y todo indica que así será, pues en principio cuenta con el apoyo demócrata en bloque), Jackson no cambiará la dinámica del Supremo. El tribunal está compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas, después de que Donald Trump exprimiera su tiempo en la Casa Blanca logrando colar a tres magistrados de su cuerda en una sola legislatura. Eso ha dejado una supermayoría conservadora inédita en las últimas ocho décadas.
La nueva jueza sustituirá a Stephen G. Breyer, miembro de la terna progresista, que decidió jubilarse a los 81 años en enero pasado para permitir al Partido Demócrata buscarle sustituta antes de que sea demasiado tarde; es muy probable que en las elecciones legislativas pierdan el control de una o de las dos cámaras. De Breyer se ha acordado Jackson especialmente en su discurso. Ha sido en ese momento cuando ha podido contener el llanto. Trabajó en su equipo a finales de los años noventa y ahora está a punto de sucederlo. Jackson también se ha acordado de sus padres, dos profesores de la escuela pública que le dieron “un nombre africano que significa ‘la adorable” y la convencieron de que sería capaz de lograr lo que se propusiera. También, de su hermano, que se enroló en el Ejército tras el 11-S, de su tío policía, de su marido, que peleaba con el decoro para contener las lágrimas, y de sus hijas, a las que ha pedido perdón si a veces no ha sabido “conjugar su carrera” con sus “obligaciones como madre”.
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Cinco horas antes de que tomara la palabra, la expectación se sentía a eso de las 11:00 en los pasillos del Capitolio. Jackson, de 51 años, apareció puntual, con una sonrisa amplia que no la ha abandonado en todo el día y flanqueada por el presidente del comité, el senador demócrata Dick Durbin (Illinois), y por el más veterano de los republicanos, Chuck Grassley (Iowa). El comité está formado por 22 miembros, la mitad de cada partido, que hablaron alternamente, antes de escuchar la laudatio de dos personas escogidas por Jackson.
No una “activista”
Los demócratas, que defendieron que no se trata de una “activista”, ni de “una marioneta de la izquierda radical”, la felicitaron por su expediente y por lo que su nombramiento implica para este país. “No ha habido nunca en el Supremo una mujer afroamericana. Usted podría ser la primera. No es fácil ser la primera. A menudo eso implica tener que ser la mejor y, de alguna forma, la más valiente. Muchos no están preparados para enfrentarse a esa presión, a ese escrutinio a la vista de todos”, ha afirmado Durbin en su intervención introductoria.
Los republicanos, por su parte, han expuesto los argumentos que guiarán su estrategia y sus preguntas de las sesiones del martes y el miércoles, y que han ido adelantando en los últimos días. Buscarán evidencias de que se ha comportado con “suavidad con el crimen”; de que viene avalada por “grupos de extrema izquierda de financiación dudosa”, como ha dicho Grassley en referencia a la organización Demand Justice (Exige jutsticia); de que cuando era abogada de oficio defendió a terroristas en Guantánamo con una “sospechosa” dedicación; y de que ha demostrado benevolencia a la hora de juzgar casos de pornografía infantil. En ese último punto se ha fajado Josh Hawley, republicano de Misuri, que ha prometido un “interrogatorio franco” y ha detallado una serie de expedientes en los que Jackson impuso una pena por esos delitos menor a la propuesta por la fiscalía y a la recomendada por las pautas de actuación del sistema federal. Los ataques de Hawley han sido desacreditados como “demagogia” por la Casa Blanca y hasta por medios conservadores como la revista National Review.
Simpatizantes de la jueza Ketanji Brown Jackson se manifiestan este lunes a las puertas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington.Samuel Corum (AFP)
Hawley es uno de esos senadores con aspiraciones presidenciales para 2024. Otro es Ted Cruz (Texas), que fue el más expeditivo al exponer uno de los argumentos más repetidos este lunes por los republicanos: no piensan convertir este proceso en un “circo político”. Paradójicamente, gran parte de la audiencia de esta mañana se ha ido en recordar cómo se desarrolló la designación en 2018 de otro juez, el conservador Brett Kavannaugh. Durante el proceso, una psicóloga llamada Christine Blassey Ford lo acusó de una agresión sexual sucedida décadas atrás, cuando ambos eran estudiantes del mismo instituto de las afueras de Washington. “Nosotros no le vamos a preguntar sobre con quién salía en el colegio”, le ha dicho Cruz a Jackson. Lindsey Graham (representante de Carolina del Norte) ha ido más allá al decir, con desafiante campechanía: “Lo quisieron pintar básicamente como a una especie de Bill Cosby”, en referencia al popular actor, caído en desgracia y condenado por delitos sexuales.
El proceso se prolongará hasta el jueves. Los demócratas, que tienen 50 escaños en el Senado, suficientes para una votación que no requiere mayoría cualificada, esperan que el nombramiento quede resuelto en el pleno de la Cámara antes del 8 de abril, día en que comienza el receso primaveral en las sesiones. También confían en que recibirá apoyo bipartidista. Jackson ha pasado ya por este trance en tres ocasiones: cuando fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos (una agencia independiente que vela por unificar los criterios de los tribunales federales) y al ser elegida jueza del Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington) y de su corte de apelaciones (fue el año pasado, cuando obtuvo el respaldo de tres republicanos, incluido Graham).
Pero esta vez podría ser distinto. El Supremo es uno de los lugares más controvertidos y disputados del sistema estadounidense, por lo que influyen sus decisiones en asuntos como el aborto, la tenencia de armas o la discriminación positiva en las universidades (tres temas en cuestión ahora mismo), así como por la filosofía que las rige (sea originalista, fidelísima a la letra de la Constitución, o más libre en su interpretación). Quién lo compone afecta aquí a la vida de las personas. Personas como el centenar de ciudadanos (mujeres afroamericanas en su mayoría) que esta mañana se han citado frente al edificio del alto tribunal para manifestarse a favor de KBJ (Jackson ya ha recibido su acrónimo, como Ruth Bader Ginsburg tuvo el suyo: RBG) o, ciertamente menos, en contra. En los carteles podía leerse: “A Justice For All”, una jueza para todos, un deseo que jugaba con el doble sentido de la palabra justice, y con uno de los eslóganes más idealistas de la república estadounidense, que promete justicia para todos.
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Dzhokhar Tsarnaev en esta foto de archivo presentada por la Oficina del Fiscal Federal en Boston, Massachusetts.Handout . (Reuters)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha restablecido este viernes la sentencia de pena de muerte para Dzhokhar Tsarnaev, de 28 años, el terrorista del atentado en la maratón de Boston de 2013. Los seis jueces conservadores coincidieron en que el tribunal federal de apelaciones se equivocó al anular la condena impuesta a Tsarnaev por la masacre cometida junto con su hermano mayor Tamerlan, que murió durante la huida en un tiroteo con la policía. El atentado con bombas dejó tres muertos y 264 heridos. Los tres miembros progresistas del Alto Tribunal votaron en contra, a pesar de que la Administración de Joe Biden estaba a favor.
Un tribunal de apelaciones de Boston dictaminó en 2020 que el juez del juicio contra Tsarnaev, celebrado en 2015, excluyó pruebas que podrían haber demostrado que el entonces acusado de asesinato había sido radicalizado y adoctrinado por su hermano mayor, implicado en un triple asesinato en el décimo aniversario de los ataques del 11-S. El tribunal consideró que ese argumento podría haberle restado algún grado de responsabilidad en el atentado y señaló al juez por no interrogar lo suficiente a los miembros del jurado sobre cuán expuestos habían estado a la cobertura mediática del suceso que dio la vuelta al mundo.
“Dzhokhar Tsarnaev cometió crímenes atroces. No obstante, se le garantizó el derecho a la Sexta Enmienda: un juicio justo ante un jurado imparcial”, ha escrito el juez Clarence Thomas en representación de la mayoría del Supremo, compuesto por seis conversadores y tres progresistas. En la respuesta de rechazo al fallo, el juez Stephen Breyer, que dejará su cargo en julio, sostuvo: “En mi opinión, el Tribunal de Apelaciones actuó de manera legítima al sostener que el tribunal de distrito debería haber permitido que Dzhokhar presentara las pruebas”.
El Supremo no debía pronunciarse sobre la culpabilidad de Tsarnaev, sino sobre si debía ser ejecutado o encarcelado de por vida. Breyer ha pedido en su escrito que el Alto Tribunal reconsidere la pena de muerte. Biden ha dicho que se opone a la pena máxima, pero su Administración defendió la sentencia recibida por Tsarnaev.
“Felicidades a todos los que trabajaron incansablemente por la justicia”, publicó en Twitter Adrianne Haslet, una bailarina profesional que perdió una pierna en los ataques. Dic Donohue, un policía de tránsito que resultó gravemente herido en un tiroteo con los dos atacantes, tuiteó: “En resumen: no puede matar a nadie más”.
La posibilidad de que Tsarnaev sea ejecutado en el corto plazo es mínima. El Departamento de Justicia de Biden paralizó las penas de muerte federales el verano pasado después de que la Administración de Donald Trump realizara 13 ejecuciones en los últimos seis meses de su mandato, rompiendo un periodo de 17 años en el que no hubo ninguna ejecución federal.
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La jueza Ketanji Brown Jackson, en abril del año pasado.KEVIN LAMARQUE (AFP)
Como los corredores de apuestas, los fans de la información sobre el Supremo de Estados Unidos adoran las estadísticas. Hoy están de enhorabuena. El presidente Joe Biden ha nominado este viernes para el alto tribunal a Ketanji Brown Jackson, la primera mujer afroamericana en ocupar tan importante cargo. Si resulta finalmente elegida (aún tiene que pasar por el trámite de su aprobación en el senado) será la sexta jueza y la tercera persona de raza negra en sus 233 años de historia.
Jackson sustituirá al progresista Stephen Breyer, quien, a sus 83 años, anunció el pasado enero su retiro al final del curso judicial, en verano, para permitir a Biden su primera designación y, de paso, evitar que la corte se vaya aún más a la derecha. Si sale elegida, y todo indica que así será —basta una mayoría simple en el Senado, y los demócratas cuentan con ella― se sumará a la facción liberal, que está en una minoría, inédita desde los años 30, de tres contra seis.
I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaApic.twitter.com/Nzqv2AtN8h
Jackson figuraba en todas las quinielas sobre quién sustituiría Breyer. Biden había prometido durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca que haría historia al nombrar para el cargo a la primera afroamericana. La primera mujer en entrar en el Supremo fue Sandra Day O’Connor, que lo hizo, con Ronald Reagan en la Casa Blanca, en 1981. El primer magistrado negro fue Thurgood Marshall, en 1967 (Lyndon Johnson era presidente). El segundo, Clarence Thomas, ingresó en 1991 (con Bush padre). Thomas aún ejerce en la corte, y es uno de los miembros más duros del ala conservadora.
Cuando fue designada el año pasado como jueza del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia (el de Washington), Jackson recibió el apoyo de los 50 demócratas y de tres republicanos, aunque eso no garantiza que el proceso que desemboque en su nombramiento no esté teñido de la bronca polarización que define la política de este país. En su cargo anterior aún no ha tenido tiempo de dejar clara su filosofía legal a través de sus pronunciamientos, aunque, como jueza de distrito de Washington se distinguió por su tendencia progresista: bloqueó los intentos de la Administración Trump de acelerar las deportaciones de inmigrantes sin papeles y de impedir que un antiguo asesor de la Casa Blanca testificara ante el Congreso y se opuso a reducir las subvenciones para la prevención de embarazos adolescentes.
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A sus 51 años, Jackson será la segunda integrante más joven del actual Supremo en asumir un cargo que es vitalicio y desde el que es posible ejercer una enorme influencia sobre la sociedad estadounidense en asuntos de calado; encima de la mesa del tribunal están ahora mismo temas como el derecho al aborto (en cuestión medio siglo después), la aplicación de la discriminación positiva para la admisión en las universidades o la tenencia de armas. La más joven del lote sigue siendo Amy Coney Barrett, que tenía 48 años cuando Trump la nominó (e hizo que la votaran a toda prisa). Sucedió tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg a los 87 años el 18 de septiembre de 2020, jueza progresista, icono del feminismo y lo más parecido a una estrella del pop que ha producido la judicatura. Aguantó en su puesto hasta el final, lo que permitió que Trump nominara a su tercer juez en una sola legislatura, que además era la primera (otro dato de oro en el libro de las estadísticas). Antes designó a Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, lo que ha permitido perpetuar el legado del expresidente.
Breyer recibió numerosas presiones desde el progresismo estadounidense después de lo que pasó con Bader Ginsburg. Era urgente dar la oportunidad a los demócratas de sustituirlo antes de las elecciones de medio mandato, que se celebran el próximo noviembre, y en las que podrían perder sus mayorías en las Cámaras. Este reemplazo de un juez progresista por otra impedirá que la balanza del Supremo se venza más hacia la derecha: una mayoría de siete contra dos no resultaría representativa de la sensibilidad de la sociedad estadounidense.
Además de por sus ideas políticas, Jackson se diferencia de Coney Barrett por sus credenciales académicas. La primera, educada en Harvard, cuenta con el pedigrí de haber estudiado en una de las universidades de la Ivy League. Esas instituciones son las verdaderas incubadoras de las élites estadounidenses, también del resto de los jueces del Supremo, menos Coney Barrett, que estudió en la universidad católica de Notre Dame, en South Bend (Indiana).
Joe Biden, este jueves en la Casa Blanca.YURI GRIPAS / POOL (EFE)
Lo que fue una promesa de campaña durante las primarias de Carolina del Sur en 2020, aquellas que sacaron a a Joe Biden de los últimos puestos entre los contendientes para ponerle en la órbita para la Casa Blanca, se ha concretado este jueves cuando el presidente de Estados Unidos ha declarado que respetará aquel compromiso y nombrará a una mujer negra para el puesto que va a quedar vacante en el Tribunal Supremo.
De “largo tiempo esperado” ha calificado el mandatario la necesidad de que el lugar en la máxima autoridad judicial de la nación, que va a quedar libre tras el anuncio de la retirada del magistrado progresista Stephen Breyer, sea ocupado por una afroamericana. Queriendo dejar claro que no tenía una decisión tomada sobre el nombre, Biden sí ha confirmado que la persona que nominará será “alguien con extraordinarias calificaciones, carácter, experiencia e integridad”. “Y esa persona será la primera mujer negra nominada al Tribunal Supremo de Estados Unidos”, ha dicho. “Mantendré mi compromiso de campaña”, ha concluido en su comparecencia en la Casa Blanca junto al juez Breyer.
Ningún nombre ni ninguna fecha concreta más allá de que será “antes de fines de febrero”. Asegurando que el proceso de selección será “riguroso” lo que queda claro es que deja fuera a cualquier candidato que no sea mujer y negra. Aparecen así una serie de nombres que los analistas manejan como eventuales juezas del Supremo. Una es Ketanji Brown Jackson, considerada en 2016 para el cargo durante el segundo mandato de Barack Obama. Jurista con amplia experiencia de abogada de oficio acaba de aterrizar en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y trabajó como secretaria judicial para el propio Breyer. La otra, Leondra Kruger, actual jueza en el Tribunal Supremo de California. Ambas mujeres son jóvenes —Jackson tiene 51 años y Kruger 45— lo que ofrece la posibilidad de que cualquiera de las dos, en caso de ser elegida, pueda estar en la Corte durante décadas, ya que el cargo es vitalicio.
Breyer, de 83 años, es el miembro de más edad de la Corte, en la que ha estado cerca de tres décadas desde que fue nombrado en 1994 por el presidente demócrata Bill Clinton. Desde entonces, Breyer ha sido una de las voces más progresistas del Supremo. En plenas capacidades físicas e intelectuales, la salida de Breyer se encuadra dentro de un escenario en el que la Corte está dominada por magistrados conservadores, después de que Donald Trump llegase a nombrar hasta tres jueces.
La aprobación de un nuevo juez depende del Senado, donde ahora los demócratas tienen mayoría si cuentan con el voto de calidad de la vicepresidenta, Kamala Harris. No pueden permitirse perder ni un voto. Y el tiempo corre en su contra. La Casa Blanca quisiera dejar el puesto cubierto antes del verano, desde luego mucho antes de las elecciones legislativas del próximo noviembre, cuando todo parece indicar que los demócratas perderán escaños en la Cámara alta.
En toda la historia del Tribunal Supremo de EE UU solo han lucido tan reputada toga dos hombres negros: Thurgood Marshall y Clarence Thomas, quien sirve en la actualidad. Un total de cinco mujeres se han sentado o se sientan en la máxima corte. La primera fue Sandra Day O’Connor, quien llegó en la década de los ochenta al Supremo de la mano de Ronald Reagan. La segunda, la leyenda del feminismo e icono de las causas progresistas, Ruth Bader Ginsburg. La muerte de Ginsburg en septiembre de 2020 a los 87 años propició que Trump se las ingeniara para colocar a la devota católica e intérprete ortodoxa de la Constitución Amy Coney Barret en el Supremo cuando faltaban ocho días para las elecciones presidenciales. Junto con Barret están en el actual Supremo Sonia Sotomayor y Elena Kagan, ambas convertidas en magistradas del Supremo por decisión de Barack Obama.
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Desde hace meses, grupos progresistas como Demand Justice han pedido a Breyer que se jubile para que Biden pueda nominar a un sustituto aprovechando que el Partido Demócrata domina el Senado, del que depende la confirmación de los jueces del Tribunal Supremo. El año pasado, miembros de Demand Justice se pasearon en un camión por las calles aledañas al edificio de la máxima corte con un gran cartel que rezaba: “Breyer jubílate. Es hora de que llegue una mujer negra el Tribunal Supremo”.
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A veces los cambios sirven para garantizar que, al menos, todo siga igual. El juez progresista del Tribunal Supremo Stephen Breyer tiene intención de jubilarse al término de este año judicial, en julio, según se ha conocido este miércoles. A sus 83 años, se trata del magistrado más veterano de los nueve que forman el alto tribunal.
Su retirada permitirá a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, nombrar a otro juez progresista, antes de las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre, cuando presumiblemente los demócratas perderán la mayoría en el Senado. El mandatario ha expresado en varias ocasiones su intención de que el testigo lo tome, por primera vez, una mujer negra.
Los cargos son vitalicios en el Tribunal Supremo y una determinada composición puede influir en el devenir del país durante décadas ―dada la capacidad de sus decisiones para sentar precedente constitucional e influir en la vida cotidiana de la gente― en asuntos como el aborto, los criterios para la admisión en las universidades o la tenencia de armas (tres temas que ahora mismo debaten). Activistas y analistas de izquierda y políticos demócratas habían presionado en los últimos meses a Breyer para que considerase echarse a un lado y evitar así un momento Ruth Bader Ginsburg.
La jueza progresista, icono del feminismo y lo más parecido a una estrella del pop que ha dado la judicatura de este país, aguantó en su puesto hasta el final, pese a su estado de salud. Murió víctima del cáncer a los 87 años el 18 de septiembre de 2020, semanas antes de las elecciones presidenciales, celebradas ese mes de noviembre. Eso permitió a Donald Trump nombrar a otra jueza conservadora (Amy Coney Barrett, entonces de 48 años, a día de hoy, la más joven de la corte), lo que disparó la brújula del Supremo, compuesta hasta entonces por cinco conservadores y cuatro progresistas, más a la derecha. Coney Barrett fue el tercer nombramiento de Trump en el alto tribunal (tras los de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh), lo que en cierto modo ha contribuido a perpetuar su legado.
La jubilación de Breyer permitirá a Biden evitar que la tendencia se acentúe (y el tribunal se divida en siete contra dos). El hecho de irse antes de las elecciones legislativas de noviembre garantiza a los demócratas, que cuentan en el Senado con 50 de 100 escaños, y el voto cualificado de la vicepresidenta, Kamala Harris, autonomía para decidir el nombre de quien lo sustituya. Eso será posible porque el nombramiento de los jueces del Supremo es una de las pocas decisiones del Congreso que no requieren de una mayoría de 60 asientos, que, de facto, es obligatoria en la mayor parte de las leyes de calado, debido a la práctica del filibusterismo, que permite al partido en minoría bloquear los avances de sus contrincantes.
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La presión sobre Breyer, que fue nombrado en 1994 por Bill Clinton, se ha desplegado en muchos frentes: desde el mundo académico (el profesor Erwin Chemerinsky, de la Universidad de Berkeley, le invitó en mayo desde una tribuna de The Washington Post a “poner la institución y el país que ama por encima de sus propios intereses”), hasta el activismo. Una asociación progresista llamada Demand Justice (Reclama justicia) alquiló un camión para que diera vueltas alrededor del edificio del Supremo con el siguiente mensaje: “Breyer, retírate. Llegó la hora de una mujer negra en el Tribunal Supremo”.
Y todo indica que eso es precisamente lo que sucederá. Biden ya expresó durante la campaña que le llevó a la Casa Blanca su deseo de hacer historia. Ahora tendrá la oportunidad al nombrar para el cargo a la primera afroamericana. “Es necesario que tengan representación de una vez, hace mucho tiempo [que es necesario]”, dijo en marzo de 2020. Tras conocerse la decisión de Breyer, los medios estadounidenses han corrido a echar sus quinielas. En todas ellas figura el nombre de Ketanji Brown Jackson, quien recibió el apoyo de los 50 demócratas y de tres republicanos cuando fue propuesta el año pasado para un cargo de jueza del Circuito del Distrito de Columbia.
En una entrevista, concedida en agosto a The New York Times, Breyer afirmó que se debatía sobre cuándo sería el momento idóneo para renunciar, y recordó unas palabras de Antonin Scalia, juez progresista fallecido en 2016 (y reemplazado por Neil Gorsuch al principio de la era Trump): ”Me dijo: ‘No quiero que nombren a alguien que revierta todo lo que he hecho durante los últimos 25 años”, recordó Breyer. “Así que no creo que me quede en el puesto hasta que muera, espero que no”, añadió.
Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, tuiteó a los pocos minutos de desvelarse la intención de Breyer, tal vez para despejar cualquier sospecha de presión por parte de Biden: “Siempre es decisión de cualquier juez del Tribunal Supremo retirarse. Así como el cuándo y cómo quieren anunciarlo. Así ha sido hoy”. En el mensaje agregaba que la Casa Blanca no tenía detalles adicionales o información para compartir.
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Edward Blum, fundador de Students for Fair Admissions (SFFA), habla con los periodistas antes del juicio en una demanda que acusa a la Universidad de Harvard.BRIAN SNYDER (REUTERS)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este lunes aceptar un caso que le permitirá dictar jurisprudencia sobre si las universidades pueden considerar la etnia de los potenciales alumnos en los programas de admisión. El caso afecta a la Universidad de Harvard y la de Carolina del Norte, acusadas por la organización Estudiantes a favor de admisiones justas (SFFA, por sus siglas en inglés) de discriminar a los asiático-estadounidenses para facilitar el acceso a otras minorías, como los negros o los latinos. Los demandantes alegan que, teniendo mejores notas, la baza étnica juega en su contra, algo que niegan ambos centros educativos. La contundente mayoría conservadora del alto tribunal amenaza la práctica de la discriminación positiva, que busca mejorar las oportunidades a grupos históricamente excluidos de la sociedad norteamericana.
Los tribunales inferiores rechazaron las demandas de SFFA, argumentandoque los fallos del Supremo en los últimos 40 años respaldan que los colegios y universidades consideren la raza en sus programas de admisión para promover la diversidad étnica en las aulas. La última vez que el alto tribunal discutió sobre la discriminación positiva, conocida como “acción afirmativa”, fue en 2016. Entonces falló a favor de la Universidad de Texas, demandada por una mujer blanca que la acusaba de usar la raza como factor de admisión a favor de negros y latinos sobre blancos y asiático-americanos. Sin embargo, la composición del tribunal ha cambiado en los últimos años, aumentando la presencia de jueces conservadores.
La votación en el caso de Texas fue de cuatro a favor de la universidad y tres en contra. Votaron siete de los nueve miembros porque el juez Antonin Scalia había muerto unos meses antes y la jueza Elena Kagan se había excusado de participar. De los cuatro votos progresistas a favor, dos de ellos ya no están: Anthony M. Kennedy y Ruth Bader Ginsburg. Durante su mandato, el expresidente Donald Trump rellenó las tres vacantes disponibles, cargando la balanza hacia el conservadurismo. Ese el Supremo que va a fallar sobre la discriminación positiva. El debate ocurrirá probablemente en octubre, sumándose al listado de casos de alto perfil que han llegado a la mesa del tribunal, como el aborto y la tenencia de armas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, es reconocido por su voto de desempate en las decisiones más ajustadas de los últimos años. El conservador moderado ha votado en muchas ocasiones con el bloque progresista. Sin embargo, en el caso de la discriminación positiva en las universidades tiene una postura clara: “Dividirnos por raza es un negocio sórdido”, escribió una vez.
SFFA considera que Harvard impone una “sanción racial” a los solicitantes asiático-estadounidenses al calificarlos peor en algunas categorías que a otros postulantes y otorgar “preferencias masivas” a los solicitantes negros e hispanos. El año pasado, Harvard ofreció 1.968 plazas a un récord de 57.435 postulantes. La clase de primer año quedó compuesta por un 27% de población asiático-estadounidense, un 18% negra y un 13% hispana, según se puede leer en la web de Harvard. La universidad no especifica el porcentaje de admisiones de estudiantes blancos. “Si Harvard abandonara las admisiones conscientes de la raza, la representación afroamericana e hispana se reduciría casi a la mitad”, dijo la universidad privada más antigua del país.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha logrado este lunes una victoria en el proceso judicial sobre su extradición a Estados Unidos. El Alto Tribunal británico ha concedido al editor australiano el derecho a apelar contra esta posible extradición ante el Supremo de Reino Unido. Sin embargo, Assange no ha recibido el permiso para presentar una apelación directa, lo que implica que el Supremo tendrá que pronunciarse sobre si acepta escuchar la apelación, tal y como ha informado la cadena de televisión británica Sky News.
Estados Unidos reclama a Assange por 18 cargos, que incluyen presuntos delitos de conspiración y espionaje, y que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel.
En caso de haber perdido el derecho a apelar, el caso habría ido directamente a manos de la ministra del Interior, Priti Patel, para una decisión final sobre su extradición. Sin embargo, el derecho ha sido garantizado debido a que se trata de un asunto de “importancia pública general”.
El pasado 10 de diciembre, la justicia británica revirtió el fallo de la magistrada Vanessa Baraitser y, tras aceptar la apelación de Estados Unidos, abrió la puerta a la extradición de Assange contemplando cuatro condiciones presentadas por los abogados de Washington. Ahora, el equipo legal del australiano podrá presentar una apelación contra su entrega a la justicia estadounidense.
Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, “casi en total aislamiento”. La defensa del australiano ha advertido que su salud se ha deteriorado gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los documentos filtrados en 2010.
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Donald Trump, durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.JIM BOURG (REUTERS)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud del expresidente Donald Trump para bloquear la entrega de documentación de la Casa Blanca relacionada con el asalto al Capitolio. La decisión del máximo tribunal —de mayoría conservadora, y con tres magistrados nombrados por el exmandatario republicano— despeja el camino legal para que la comisión investigadora del Congreso pueda acceder a casi 800 páginas de registros sobre el ataque del 6 de enero de 2021.
Entre los documentos solicitados por el comité a los Archivos Nacionales, la institución que custodia esos registros, figura información relacionada con los principales asesores de Trump y los memorandos a su secretaria de prensa. También el llamado diario de la Casa Blanca, un registro de las actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas del entonces mandatario. Los abogados de Trump fracasaron en su intento de ocultar la información invocando el privilegio ejecutivo, una disposición legal que protege las comunicaciones del presidente estadounidense con su equipo.
“El presidente Trump es más que un ciudadano común”, dijeron los abogados del republicano en una carta dirigida al Supremo para bloquear el acceso a los documentos mientras continuaba la batalla legal en los tribunales de menor rango. “Él es uno de los cinco estadounidenses vivos a quienes, como expresidentes, se les otorga autoridad especial para tomar determinaciones con respecto a la divulgación de registros y comunicaciones creados durante sus mandatos”, agregaron. Según el exmandatario, si los documentos solicitados se hacen públicos, la seguridad nacional estará en peligro. El presidente Joe Biden rechazó invocar el privilegio ejecutivo para este caso.
Los abogados de la comisión investigadora, formada por siete congresistas demócratas y dos republicanos, argumentaron ante el alto tribunal que este no debería torpedear su investigación. El trabajo del comité “es de la mayor importancia y urgencia: investigar uno de los episodios más oscuros en la historia de nuestra nación, un asalto mortal al Capitolio y al Congreso de Estados Unidos, y una interrupción sin precedentes de la transferencia pacífica de poder de un presidente a otro”, defendieron.
Solo el juez Clarence Thomas dejó constancia de que estaba en contra de rechazar la solicitud de Trump, pero no explicó por qué. Los magistrados tampoco dejaron por escrito las razones de su decisión.
El 9 de noviembre, una jueza federal le quitó la razón a la defensa de Trump. La magistrada Tanya Chutkan concluyó entonces que la comisión del Congreso tenía derecho a recibir la documentación y defendió que “la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo [en alusión a la decisión de Biden de autorizar la publicación de los registros] parece basarse en la noción de que su poder existe a perpetuidad”. “Pero los presidentes no son reyes”, sentenció. Los abogados de Trump recurrieron el fallo y, un mes después, un tribunal federal de apelaciones ratificó la decisión de la magistrada Chutkan.
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Funeral de los cuatro niños muertos en Gaza en un ataque israelí, el 16 de julio de 2014.
La imagen de los cadáveres de cuatro chicos abatidos por un dron en una playa de Gaza simboliza la tragedia de la guerra de 2014 en la Franja palestina, la más larga librada por Israel tras asentarse como Estado. Los familiares de los menores pugnan aún para que se haga justicia. Pero el Ejército y el fiscal general dieron carpetazo a la investigación. Alegaron que los operadores del avión no tripulado confundieron a los niños con milicianos de Hamás en una zona costera considerada objetivo militar. Desde un hotel cercano, periodistas extranjeros que cubrían el conflicto solo observaron, sin embargo, a unos chavales que jugaban al fútbol en la arena. El Tribunal Supremo revisa ahora por primera vez el archivo de las diligencias después de que una ONG israelí desvelara las contradicciones contenidas en un informe militar secreto.
Eran cuatro primos, todos miembros del clan Baker, una estirpe de pescadores que da nombre un barrio marinero de la capital de Gaza. Ismail, de nueve años; Ahmed, de 10; Zacaría de 10, y Mohamed, de 11. Perecieron por el impacto de dos misiles disparados desde un dron artillado israelí a primera hora de la tarde del 16 de julio de 2014. El Supremo de Israel escuchó el lunes las alegaciones presentadas por tres organizaciones defensoras de los derechos humanos contra el cierre de la investigación sobre su muerte. Lo decretó el abogado general militar en 2015 y lo ratificó la Fiscalía General del Estado en 2019. Las ONG Adalah (con sede en Haifa, Israel) y Al Mezan y Centro Palestino para los Derechos Humanos (radicadas en Gaza) llevan siete años dando la batalla legal en nombre de la familia Baker para que se haga justicia.
El alto tribunal israelí se pronunciará en los próximos días sobre la petición de reapertura del caso, pero fuentes jurídicas apuntan a que los magistrados ya han expresado su convencimiento de que los hechos se produjeron en zona militar y en periodo de guerra. El Supremo dijo haber recibido un informe confidencial de los servicios de espionaje que define como objetivo militar el perímetro de la playa y el puerto donde murieron los cuatro niños.
Las mismas fuentes precisaron que la presidenta del tribunal, Esther Ayut, había resaltado que el informe de inteligencia militar había sido elaborado poco antes de que se produjera el ataque. Los abogados de las tres ONG no tuvieron acceso al contenido del informe confidencial, presuntamente por razones de seguridad nacional.
Los representantes de Adalah, el Centro de Defensa Legal de los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, rechazaron de plano dicha argumentación durante la vista. Advirtieron de que esa zona de la playa es un área civil, en la que suelen jugar los niños, y además se encuentra próxima a hoteles frecuentados por periodistas internacionales en sus coberturas informativas en Gaza. Entre otros reporteros, equipos de la cadena francesa TF1 y de la catarí Al Jazeera, y los corresponsales del periódico británico The Telegraph y del alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung fueron testigos de los hechos. Todos constataron que se trataba de un grupo de menores que jugaban al fútbol. Ninguno de los periodistas ha sido citado a declarar en las investigaciones abiertas por la justicia israelí.
Los abogados que representan a la familia Baker argumentaron además que, incluso si se tratara de una zona militar, el derecho humanitario internacional establece que el Ejército tiene la obligación de verificar si en los objetivos hay combatientes o civiles antes de lanzar un ataque. Según las alegaciones de las ONG, los militares israelíes dieron por buena la información de inteligencia que localizó un depósito de Hamás en la playa, y justificaron por ello la decisión de abrir fuego contra cualquier persona que atravesara el perímetro.
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En un informe interno de la Policía Militar sobre el caso, que fue desvelado por Adalah en 2018, se precisa que el operador de un dron armado disparó un primer misil contra el depósito, en el que se había ocultado uno de los niños. Falleció en el acto. El resto de los chicos echaron a correr, como se aprecia en el vídeo grabado por TF1. El operador pidió entonces aclaraciones por radio sobre los límites de la zona militar en la que podía actuar antes de volver a abrir fuego.
Al no recibir respuesta, lanzó medio minuto después un segundo misil, que causó la muerte de otros tres primos Baker y heridas graves a un tercero. El Ejército se ha negado a entregar a los letrados de la familia las grabaciones de vídeo del centro de control de drones de la base aérea de Palmachin, situada al sur de Tel Aviv.
Las ONG que han defendido ante el Tribunal Supremo de Israel la reapertura de la investigación y el procesamiento de los responsables de la muerte de los cuatro menores sostienen que la Fuerza Aérea abrió fuego “de forma intencionada” contra los niños “sin previa identificación y sin adoptar las precauciones necesarias”, en una grave violación de las leyes de guerra. Un portavoz de Adalah ha afirmado que “el caso de la muerte de los cuatro chicos de la playa de Gaza refleja una política de total impunidad para los soldados y oficiales de Israel”.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos considera en un comunicado que el “sistema judicial israelí encubre crímenes de guerra cometidos por el Ejército contra civiles palestinos”. “El caso de los chicos Baker es el más flagrante ejemplo, y en consecuencia, la instancia apropiada para determinar la responsabilidad es el Tribunal Penal Internacional”, concluye la ONG palestina. Cuando este corresponsal visitó por primera vez la franja de Gaza, meses después de la muerte de los cuatro niños de la playa, Ahmed Baker, padre del pequeño Zacaría, ya anticipaba ese rumbo. “Solo confiamos en la justicia internacional”, proclamó entonces el patriarca del clan de pescadores, “y yo iré hasta el Tribunal de La Haya aunque sea andando”.
