El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud del expresidente Donald Trump para bloquear la entrega de documentación de la Casa Blanca relacionada con el asalto al Capitolio. La decisión del máximo tribunal —de mayoría conservadora, y con tres magistrados nombrados por el exmandatario republicano— despeja el camino legal para que la comisión investigadora del Congreso pueda acceder a casi 800 páginas de registros sobre el ataque del 6 de enero de 2021.
Entre los documentos solicitados por el comité a los Archivos Nacionales, la institución que custodia esos registros, figura información relacionada con los principales asesores de Trump y los memorandos a su secretaria de prensa. También el llamado diario de la Casa Blanca, un registro de las actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas del entonces mandatario. Los abogados de Trump fracasaron en su intento de ocultar la información invocando el privilegio ejecutivo, una disposición legal que protege las comunicaciones del presidente estadounidense con su equipo.
“El presidente Trump es más que un ciudadano común”, dijeron los abogados del republicano en una carta dirigida al Supremo para bloquear el acceso a los documentos mientras continuaba la batalla legal en los tribunales de menor rango. “Él es uno de los cinco estadounidenses vivos a quienes, como expresidentes, se les otorga autoridad especial para tomar determinaciones con respecto a la divulgación de registros y comunicaciones creados durante sus mandatos”, agregaron. Según el exmandatario, si los documentos solicitados se hacen públicos, la seguridad nacional estará en peligro. El presidente Joe Biden rechazó invocar el privilegio ejecutivo para este caso.
Los abogados de la comisión investigadora, formada por siete congresistas demócratas y dos republicanos, argumentaron ante el alto tribunal que este no debería torpedear su investigación. El trabajo del comité “es de la mayor importancia y urgencia: investigar uno de los episodios más oscuros en la historia de nuestra nación, un asalto mortal al Capitolio y al Congreso de Estados Unidos, y una interrupción sin precedentes de la transferencia pacífica de poder de un presidente a otro”, defendieron.
Solo el juez Clarence Thomas dejó constancia de que estaba en contra de rechazar la solicitud de Trump, pero no explicó por qué. Los magistrados tampoco dejaron por escrito las razones de su decisión.
El 9 de noviembre, una jueza federal le quitó la razón a la defensa de Trump. La magistrada Tanya Chutkan concluyó entonces que la comisión del Congreso tenía derecho a recibir la documentación y defendió que “la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo [en alusión a la decisión de Biden de autorizar la publicación de los registros] parece basarse en la noción de que su poder existe a perpetuidad”. “Pero los presidentes no son reyes”, sentenció. Los abogados de Trump recurrieron el fallo y, un mes después, un tribunal federal de apelaciones ratificó la decisión de la magistrada Chutkan.
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