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Donald Trump y algunos de sus asesores participaron en una “conspiración criminal” para engañar a la ciudadanía y revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según un documento presentado este miércoles por el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero ante un tribunal. Si el Departamento de Justicia revisa el material y considera que existen suficientes pruebas, el republicano podría ser acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción a un proceso oficial del Congreso al intentar bloquear la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.

“El Comité también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, reza el documento presentado ante un Tribunal de Distrito en California. Además de los esfuerzos para entorpecer la certificación, “también hay pruebas de que la conspiración se extendió a los insurgentes involucrados en actos de violencia en el Capitolio”.

La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe.

“La evidencia respalda que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, sin embargo, el presidente trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, apunta el documento. El abogado John Eastman, que asesoró a Trump en los últimos meses de su presidencia, presionó a Greg Jacob, representante del entonces vicepresidente Mike Pence, para que éste interviniera y detuviera la ceremonia de certificación de los votos electorales, según la nueva documentación.

El documento judicial surgió de una demanda presentada por Eastman, que está intentando bloquear la entrega de sus documentos al comité alegando una invasión “muy partidista” de su privacidad. El abogado ha revelado cerca de 8.000 páginas de correos electrónicos, pero aún mantiene en secreto 11.000 documentos, citando el privilegio abogado-cliente. El comité ha basado su caso para obtener el material solicitado argumentando que el que ese privilegio no es aplicable cuando la información confidencial busca promover u ocultar un delito.

La comisión ha entrevistado a más de 550 personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020, entre ellos funcionarios estatales, altos cargos del Departamento de Justicia y parte de la cúpula de Trump. Richard Donoghue, el número dos del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano, sostuvo en su interrogatorio que él mismo había intentado disuadir a Trump de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. “Le dije varias veces al presidente que las denuncias sobre el contrabando de votos en una maleta y contados varias veces en las máquinas no era verdad. Le dije varias veces que lo habíamos mirado, que habíamos revisado los vídeos, entrevistado a los testigos, y que no era cierto”.

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Esta es la información más detallada y reveladora que ha presentado hasta ahora el comité que trabaja desde hace nueve meses en intentar aclarar qué pasó el 6 de enero de 2021 y cómo pueden evitar que vuelva a ocurrir algo así. Está previsto que la comisión investigadora publique todos sus hallazgos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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Los hermanos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.. en un acto de campaña de su padre, Donald Trump, Kenosha, Wisconsin.
Los hermanos Ivanka Trump y Donald Trump Jr.. en un acto de campaña de su padre, Donald Trump, Kenosha, Wisconsin.CARLOS BARRIA (REUTERS)

La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, ha citado este lunes a declarar a los dos hijos mayores del expresidente Donald Trump en el marco de la investigación civil sobre presuntos delitos fiscales de la Organización Trump. La oficina de James quiere escuchar los testimonios de Ivanka Trump y Donald Trump Jr. “sobre la valoración de propiedades propias o controladas” por el magnate o su conglomerado. El exmandatario fue citado en diciembre a comparecer bajo juramento este viernes 7 de enero, pero sus abogados están recabando documentos judiciales para anular la citación.

A fines del mes pasado, Trump presentó una demanda en un tribunal federal contra la fiscal por una supuesta violación de sus derechos constitucionales y porque sus acciones han estado “guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político”. James, demócrata, ha estado investigando los negocios del republicano durante más de dos años para determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al presentar declaraciones del valor de inmuebles y propiedades sensiblemente superiores a los del mercado para conseguir préstamos bancarios.

James investiga cuatro proyectos inmobiliarios de la Organización Trump y el intento fallido del neoyorquino de comprar el equipo de rugby de los Buffalo Bills. Si encuentra evidencia de irregularidades, no puede acusar a Trump de cargos penales, ya que la investigación es civil. Solo podría presentar una demanda.

Cuando Trump asumió la presidencia en 2017, entregó sus negocios a Donald Trump Jr. y Eric Trump, y Allen Weisselberg, quien ejerció de director financiero durante décadas, y que fue acusado el año pasado de una serie de delitos, entre ellos fraude fiscal y hurto mayor. Weisselberg se declara inocente y sus abogados acudirán a los tribunales para intentar desestimar los cargos. Ivanka Trump, por su parte, asumió como asesora presidencial durante la Administración de su padre. Eric, el tercer hijo del magnate, y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, compareció ante la fiscalía de Nueva York a fines de 2020.

El expediente judicial publicado este lunes incluye un cronograma con los márgenes de tiempo que los abogados del expresidente para intentar anular las últimas citaciones y los de la oficina de la fiscal para responder ante esas potenciales mociones. Los esfuerzos de James coinciden con una investigación penal de Alvin Bragg, el nuevo fiscal de Manhattan [Cyrus Vance, quien lideraba la pesquisa, dejó el cargo a finales del año pasado], para determinar si Trump o su organización falsificó el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas y evadir impuestos. Ambas oficinas están trabajando de manera conjunta.

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Facebook mantiene bloqueo a cuenta de Donald Trump
 

«Dada la seriedad de las violaciones y del persistente riesgo de violencia, estaba justificado que Facebook suspendiera las cuentas de Trump el 6 de enero y extendiera esa suspensión el 7 de enero», aseveró la resolución.

Asimismo, el panel indicó que «no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida».

Se pidió a la red social «revisar este asunto para determinar y justificar una respuesta proporcionada» en los próximos seis meses.



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