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Johanna Paola, mujer asesinada en Barrancabermeja.

En Barrancabermeja hay consternación por este feminicidio.

Noticias Colombia.

El macabro hallazgo del cuerpo de Johanna Paola Chávez Guzmán fue hallado desmembrado dentro del baúl de un Renault Logan de placas RHW 825.

El vehículo se encontraba estacionado dentro del garaje de una vivienda y el cuerpo envuelto en sábanas, hecho que ha causado consternación en el municipio de Barrancabermeja, Santander.

Johanna Paola, mujer asesinada en Barrancabermeja.

La mujer de 41 años de edad, se encontraba desaparecida desde el pasado viernes 18 de marzo.

Se conoció que Johanna residía junto con su madre y su hija de 12 años y además, era propietaria de un bar.

Carro donde fue hallado el cuerpo de Johhanna.

De acuerdo al medio local Dígame, el principal sospechoso del crimen de Johanna Paola es su pareja sentimental, un carnicero oriundo del departamento del Meta con el que habría discutido en reiteradas ocasiones en su vivienda.

Mujer hallada dentro del baúl.

Señala que los vecinos del sector en varias oportunidades alertaron a la Policía sobre estos episodios de violencia intrafamiliar. No obstante cuando hacían el requerimiento policial, la hoy occisa les respondía que «sus problemas ella los arreglaba sola».

Según este medio noticioso, la amdre de Johanna le pedía en reiteradas ocasiones que se alejara de ese hombre. Sin embargo, el sujeto iniststía en estar con su hija.

Hasta el momento se desconce del paradero de este hombre que es buscado por las autoridades para que rinda indagatoria.

Por otra parte, colectivos feministas piden que le caiga todo el peso de la ley al responsable de este atroz hecho.

Anoche, decenas de barranqueños hicieron una velatón en la casa de Johanna para rechazar este feminicidio.

Velatón por Johanna.

Foto de portada: @informativodelaverdad

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En el largo proceso judicial en marcha por los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París todavía se está lejos de buscar respuestas sobre el papel concreto de los 20 acusados en la noche que dejó 130 muertos y cientos de heridos, decenas de ellos en la sala Bataclan. Pero en el primer interrogatorio en el que se profundizó sobre su radicalización y el periodo inmediatamente anterior a los ataques yihadistas, el único terrorista que sobrevivió a la terrible noche parisina, Salah Abdeslam, arrojó este miércoles luz sobre una de las principales incógnitas que penden desde hace más de seis años sobre esas horas de horror: ¿Sobrevivió porque le falló el cinturón explosivo que llevaba o porque se arrepintió en el último momento y no lo hizo detonar?

La respuesta, que no habían logrado dilucidar los expertos pese a que han analizado minuciosamente todas las pruebas y tratado de reproducir las circunstancias, la dio de forma inesperada el propio Abdeslam. En una “declaración espontánea” al comienzo de dos días de interrogatorio, dijo que el hecho de afrontar una pena grave (la perpetua) aunque no haya “matado a nadie, herido a nadie, ni un rasguño”, según subrayó, envía el mensaje a futuros arrepentidos de que da igual que no den el paso, porque se les castigará como si lo hubieran hecho.

“En el futuro, cuando un individuo se encuentre en el metro, en un autobús o en otro lugar con una maleta con 50 kilos de explosivos, y que en el último momento se diga que quiere dar marcha atrás, ese individuo sabrá que no tiene derecho a pensar eso, porque se le va a perseguir, a matar o a humillar como se me está haciendo a mí hoy”, dijo mirando fijamente al presidente del tribunal, Jean-Louis Périès. Horas después, confirmó que decidió no activar los explosivos. “Cuando se está las 24 horas del día en aislamiento [en la cárcel], uno se dice: ‘Debería haber detonado esa cosa’. Uno se dice: ‘¿Hice bien en dar marcha atrás o debería haber ido hasta el final?”, agregó durante las preguntas de uno de los abogados de la acusación, que le recriminó “chantajear” al tribunal insinuando que si le cae una pena dura, otros futuros terroristas arrepentidos acabarán accionando sus explosivos.

La locuacidad de Abdeslam en el juicio sigue sorprendiendo tras el férreo silencio que mantuvo desde su detención en marzo de 2016, incluso durante su primer juicio en Bélgica en 2018, donde fue condenado a 20 años de cárcel.

Pero en París rompió a hablar el primer día del proceso, en septiembre, para proclamar que lo había dejado “todo” para convertirse en un “combatiente del ISIS” y desde entonces no ha desaprovechado una sola oportunidad de manifestarse, hasta el punto de que Périès ha tenido que silenciarle en varias ocasiones.

Este miércoles, sin embargo, el juez quería saber más de este hombre de 32 años que, como contó en un primer interrogatorio sobre su personalidad, en noviembre, tuvo una infancia “sencilla” en el barrio bruselense de Molenbeek, donde creció “impregnado de valores occidentales”. ¿Cómo acabó este chaval al que le gustaba “vivir como un libertino, sin temor de Dios” convertido en un miembro de un comando suicida preparado en el bastión sirio-iraquí del Estado Islámico?, se preguntan Périès y millones de franceses hasta hoy. Algo más, aunque no demasiado, se averiguó este miércoles durante un fluido y curiosamente educado debate entre el “señor presidente” y el acusado que se prolongó varias horas.

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Pese a su eventual arrepentimiento final y a que, aunque se le “pasó por la cabeza”, no llegó a viajar a Siria (como sí hizo su hermano Brahim, otro de los terroristas que murió el 13 de noviembre), Abdeslam se dijo convencido hasta este miércoles de la legitimidad de la lucha del Estado Islámico y justificó su violencia —para él los ataques como los de París no son atentados sino “operaciones militares” que responden a las “agresiones” de Francia y Occidente— porque “combate”, según él “para restablecer el orden islámico”.

“El mundo occidental impone su ideología al resto. En muchos países, los valores occidentales pasan por encima de los islámicos. Para nosotros los musulmanes, eso es una humillación”, afirmó. Por eso hizo su juramento de lealtad al Estado Islámico “48 horas antes” de los atentados, declaró, si bien algo más tarde se desdijo y aseveró que lo había hecho en su “corazón”, pero “sin seguir las reglas”. Aun así, insistió en otro momento, no se considera un “peligro para la sociedad”.

Sus palabras indignan a las víctimas. “Quiere hacernos creer que no es quien pensamos porque no ha matado a nadie y no se ha hecho estallar”, dijo Philippe Dupeyron, presidente de la asociación 13onze15 Fraternité et verité. Como recordó, Abdeslam “hizo lo que hizo, estaba donde estaba”.

El horror comenzó a las 21.16 de aquel viernes 13 de noviembre de 2015 cuando, cerca del Estadio de Francia, donde se jugaba un amistoso Alemania-Francia en presencia del presidente François Hollande y con más de 80.000 personas en las gradas, un kamikaze hizo estallar el chaleco con explosivos que portaba. Poco después, los teléfonos empezaron a sonar en todas las instancias francesas: se habían registrado disparos y explosiones en otras partes de París, una zona de bares del centro y en la sala de conciertos Bataclan.

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La protesta de cientos de camioneros canadienses contra la vacunación obligatoria contra la covid-19 para viajes transfronterizos que mantiene semiparalizada la capital, Ottawa, por undécimo día consecutivo se extendió el lunes al principal paso fronterizo con Estados Unidos, tras haber prendido en otras ciudades de Canadá, como Toronto y Quebec, e incluso más allá de las fronteras entre estos dos países. En Nueva Zelanda y Australia, grupos radicales y antivacunas han mostrado su solidaridad con la movilización de un sector de los transportistas canadienses. Camioneros neozelandeses bloquean desde el martes las calles aledañas al Parlamento de Wellington, según radio New Zealand. Tres manifestantes han sido detenidos este miércoles durante las protestas ante la sede de esta institución.

Mientras manifestaciones similares a la que provocó el lunes la declaración del estado de emergencia en Ottawa germinan de forma más modesta a miles de kilómetros, el bloqueo que padece la capital de Canadá —que ya ha llevado a la detención de más de 20 personas, según fuentes oficiales— se ha amplificado en los últimos días y amenaza incluso la cadena de suministros básicos del país. Camiones y furgonetas de la llamada Caravana de la Libertad bloquean desde el lunes el principal paso fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, el que discurre por el puente Ambassador, que une la ciudad de Windsor, en la provincia canadiense de Ontario con Detroit, en el estado de Michigan, en EE UU.

Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos, y una media de 8.000 camiones atraviesan cada día ese paso fronterizo, a unos 765 kilómetros de Ottawa. Más de 40.000 personas y mercancías por valor de 323 millones de dólares (282 millones de euros) transitan cada día por él. Pese a la reapertura parcial en el lado canadiense, el paso sigue bloqueado pues el Departamento de Transporte de Michigan mantiene cerrada la frontera estadounidense.

El martes por la noche, la policía de Windsor informó en sus redes sociales de que solo un número limitado de vehículos privados podía transitar en dirección a Estados Unidos. En su cuenta de la red social Twitter, la policía de esa ciudad canadiense exhortó al resto de conductores a buscar rutas “alternativas”, como el puente Blue Water, que conecta Sarnia, también en la provincia de Ontario, con Port Huron (Míchigan). Este largo desvío motivó las protestas de varios usuarios en las redes sociales. El 60% de los canadienses se opone a la movilización del sector antivacunas de los camioneros del país, de acuerdo con un sondeo difundido el lunes.

En una sesión de urgencia convocada el lunes en la Cámara baja del Parlamento del país, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había declarado que, tras más de una semana de ocupación del centro de Ottawa, la protesta de los camioneros “tenían que parar” e instó a los transportistas y a los miles de miembros de los grupos antivacunas que los apoyan a que regresaran a sus casas. Trudeau afirmó también que la protesta está “bloqueando” la democracia y la economía canadienses. Tras la paralización del tráfico en el paso con Estados Unidos, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, afirmó, por su parte, que las autoridades “seguirán trabajando” para “mantener las cadenas de suministro a través del puente Ambassador, así como las ruedas de nuestra economía en marcha”.

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El subjefe de la policía de Ottawa, Steve Bell, informó ese mismo día a los medios de comunicación de que los agentes han inmovilizado muchos de los vehículos pesados que participan en la protesta en las calles de Ottawa. Bell reveló también que, en una cuarta parte de los 418 vehículos contabilizados en la capital, la policía ha constatado la presencia de niños, expuestos al frío intenso del invierno canadiense, el ruido constante de las bocinas, la inhalación de monóxido de carbono y la falta de acceso a servicios de higiene y saneamiento. El alcalde de Ottawa pidió a principios de esta semana 1.800 policías más para contener la protesta.

Descontento de los residentes

Mientras cerca de 500 camiones siguen obstaculizando el tráfico en Ottawa, los residentes del centro de la capital han mostrado su indignación por las molestias ocasionadas por la protesta. Algunos habitantes de Ottawa han denunciado que los miles de manifestantes que invadieron el centro el fin de semana obligaron incluso a cerrar las tiendas. “Todos estamos hartos”, dijo a la agencia Reuters Marika Morris, una vecina del centro. “No tienen derecho a tomarnos como rehenes”, zanjó.

Los nervios de los residentes también se han visto alterados por el constante sonido de las bocinas. El lunes, un juez de Ottawa dictaminó que los camioneros debían dejar de tocarlas durante 10 días.

“Aquí no ha habido más que amor, unidad y paz”, declaró, por su parte, John Van Vleet, un camionero de Ontario. “Para mí es importante venir aquí a luchar por mis libertades”, afirmó este transportista, que negó las acusaciones de violencia contra el colectivo.

Las manifestaciones también se han extendido a otras ciudades canadienses, como Toronto y Vancouver. Desde el lunes, la protesta de los camioneros ha suscitado incluso el apoyo más allá de las fronteras canadienses con las concentraciones de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y en Canberra, Australia, bautizadas a su vez como caravanas de la libertad.

La protesta empezó el 29 de enero cuando unos 3.000 transportistas de todo Canadá llegaron con sus vehículos a la capital. A ellos se sumaron entre 10.000 y 15.000 manifestantes, entre los que figuran miembros de organizaciones radicales de extrema derecha. Dos semanas antes, el 15 de enero, el Gobierno canadiense había impuesto la vacunación obligatoria contra la covid-19 a los camioneros transfronterizos.

Aquellos choferes extranjeros que no se hayan vacunado tienen prohibida la entrada al país. En el caso de los camioneros canadienses sin pautas de inmunización, deben hacer una cuarentena de 14 días a su regreso a Canadá. Estados Unidos puso en marcha la misma medida el pasado 22 de enero. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, señaló entonces que la aplicación de esta política representa una de las mejores maneras de mantener bajo control las nuevas infecciones relacionadas con los viajes. La Alianza canadiense de camiones, que se opone a la Caravana de la Libertad, calcula que unos 16.000 camioneros que cruzan a suelo estadounidense con regularidad no están vacunados (un 15% del total).

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atentado en Padilla Cauca
«Déjennos tranquilo, este es un pueblo tranquilo y de paz», llamado que hoy hacen desde Padilla, sacudido por la activación de explosivos.

«Déjennos tranquilo, este es un pueblo tranquilo y de paz», es el llamado que hoy hacen desde Padilla, sacudido por la activación de explosivos.

Noticias Cauca.

Se trataría de un carro bomba activado en pleno parque principal de Padilla, Cauca, este domingo en la mañana.

El saldo es de tres personas heridas, remitidas a centros médicos, no hubo fallecidos.

«Que nos dejen en paz, este es un pueblo tranquilo», le dijo uno de los seguidores a #TuBarco Noticias Cauca, al señalar que están atemorizados.

La explosión se generó cuando sujetos parquearon el carro a pocos metros de la iglesia y a una cuadra de la estación de policía de este municipio, «que hace años no vivió una situación de terrorismo», indicaron autoridades locales.

Este domingo desde el medio día están autoridades departamentales, locales; de la fuerza pública en un consejo de seguridad extraordinario.

Así quedó el vehículo activado.

Del atentado como tal no se conocen mayores detalles aún, un carro que parquearon a una cuadra de la estación de policía iba cargado de explosivos.

Presumen, que lo llevaban a Corinto, pero dado que en la carretera este domingo podrían encontrarse puesto de control policiales o militares, habrían decidido activarlo en Padilla.

No hay capturas hasta el momento y se desconoce aún si está relacionado con disidencias de las Farc o algún otro grupo armado, o si se trata de delincuencia por temas extorsivos u otros.

Sin embargo, por la zona y la característica del atentado, la hipótesis apunta a guerrilla.

Lea además:

#TuDenuncia: las malas condiciones en las que viven tres adultos mayores en Florencia, Cauca



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El Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) lleva meses mirando de reojo y con pavor las encuestas. Anuncian que perderá su posición de primer partido en Irlanda del Norte en las próximas elecciones autonómicas de mayo, en favor de los republicanos del Sinn Féin (antiguo brazo político del IRA, y partidarios de la reunificación de la isla). Y hace tiempo también que el DUP ha señalado al chivo expiatorio que culpa de todos sus males: el Protocolo de Irlanda, que firmaron Londres y Bruselas para cerrar definitivamente un acuerdo sobre el Brexit. En una acción concertada para dar un golpe al avispero, el ministro principal del Gobierno autónomo (cargo equivalente a primer ministro), Paul Givan, ha anunciado este jueves su dimisión. Y el consejero de Agricultura, Edwin Poots, ha decidido unilateralmente suspender los controles sanitarios de productos ganaderos y agrícolas procedentes de Gran Bretaña, algo de obligatorio cumplimiento según lo acordado entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Ambos políticos son unionistas del DUP. Ambos pertenecen a la línea dura del partido, que quiere deshacerse del Protocolo de Irlanda antes de que lleguen las elecciones de mayo. Frente a ellos se sitúa el presidente de la formación, Jeffrey Donaldson, quien quisiera dar una última oportunidad a las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas. Después de la dimisión a mediados de diciembre de David Frost como negociador británico con la UE se abrió un cierto margen de esperanza. Tomó las riendas de ese negociado Liz Truss, la ministra británica de Exteriores. Y aunque mantuvo en sus declaraciones el tono de dureza de su predecesor, su voluntad de regresar con otra actitud a la mesa de negociación relajó una relación que a punto había estado de derivar en una guerra comercial entre las dos orillas del canal de la Mancha.

Un portavoz del Gobierno de Johnson ha asegurado este jueves que Downing Street desconocía la intención del Ejecutivo norirlandés de suspender los controles sanitarios, y que el primer ministro desearía una solución lo más pronto posible frente a este nuevo inconveniente.

Truss y su contraparte negociadora, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, han retomado este jueves sus conversaciones bajo la sombra de la sorprendente decisión del Gobierno autónomo irlandés. “La Comisión Europea ha estado trabajando de un modo incansable con el Gobierno del Reino Unido para solucionar los problemas prácticos derivados de la puesta en práctica del protocolo. La decisión del consejero de Agricultura de Irlanda del Norte resulta de poca ayuda”, ha dicho un portavoz comunitario. “Vigilaremos de cerca los siguientes movimientos en Irlanda del Norte después de este anuncio”, han advertido.

Poots se ha cobijado en un supuesto asesoramiento legal que le permitiría suspender los controles sanitarios ante los problemas que provocan, pero el resto de partidos norirlandeses le han acusado de estar violando las obligaciones de un tratado internacional con fuerza legal. Y a última hora del jueves ni siquiera estaba claro que su orden se hubiera cumplido en los distintos puertos norirlandeses, porque los altos funcionarios encargados de trasladar la directiva habían expresado dudas sobre su legalidad.

La UE no entra en las maniobras políticas internas del Gobierno norirlandés, pero sí responde ante una decisión que choca legalmente con un tratado internacional como es el Protocolo de Irlanda. Firmado como anexo del Acuerdo de Retirada de la UE, el protocolo fue una solución compleja y largamente negociada para solucionar el atasco del Brexit. El abandono del Reino Unido suponía que Irlanda fuera la única frontera terrestre de la UE con ese país. Bruselas quería proteger a toda costa su preciado Mercado Interior, pero no al precio de volver a partir en dos la isla de Irlanda y poner en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Aquel pacto estableció la conveniente ficción de que Irlanda era una única isla, y su frontera interna se volvió invisible. Cualquier nueva señal de control entre las partes, aunque fuera aduanero, podía resucitar la violencia sectaria. La solución, firmada por Boris Johnson, fue mantener a Irlanda del Norte dentro del espacio aduanero de la UE y trasladar la barrera aduanera al mar de Irlanda.

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Desde entonces, todo han sido problemas. La burocracia y aumento de costes y controles aduaneros y sanitarios para el envío de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte desató las protestas de empresas y ciudadanos. Fue la llamada “guerra de las salchichas”, cuando desapareció este producto de las estanterías de supermercados británicos con establecimientos en la región. A pesar de la voluntad de Bruselas de buscar soluciones prácticas —redujo hasta un 80% el número de obligaciones aduaneras—, Londres y Belfast se alinearon en una posición extrema. El Gobierno de Johnson ha mantenido en todo momento sobre la mesa la amenaza de invocar el artículo 16 del protocolo, que permite la suspensión unilateral de sus disposiciones “ante graves dificultades económicas, sociales o medioambientales”. El aumento de la violencia vandálica en las calles de Belfast y Londonderry de los últimos meses, sobre todo por parte de bandas juveniles unionistas, ha sido la justificación esgrimida por el Gobierno de Johnson para replantear un tratado que, sobre todo, irritaba al ala euroescéptica del Partido Conservador y dejaba a los pies de los caballos a los unionistas del DUP, porque su electorado veía el protocolo como una traición que los alejaba aún más del resto del Reino Unido.

La dimisión de Givan

Unionistas y republicanos están obligados a compartir el poder en las instituciones autonómicas de Irlanda del Norte, pero el puesto de ministro principal queda reservado para el partido más votado. Hasta ahora ha sido el DUP. El anuncio de dimisión de Paul Givan implica automáticamente el cese de la viceministra principal, Michelle O’Neill, del Sinn Féin. En el plazo de una semana, los dos partidos deberán ponerse de acuerdo para un nuevo reparto de puestos, o el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, estará autorizado a adelantar los comicios autonómicos, previstos para mayo. El movimiento sorpresa del DUP, en teoría, no tendría por qué acelerar el plazo para convocar las urnas, pero su dirección llevaba meses advirtiendo que reventaría la estabilidad de las instituciones políticas autonómicas —al abandonarlas— si no desaparecía el Protocolo de Irlanda. La voluntad negociadora expresada por Londres y Bruselas amenazaba con mantener vivo el problema para cuando mayo llegara, y obligar al DUP a competir con ese lastre. “Nuestras instituciones vuelven a estar sometidas a prueba (…) y su delicado equilibrio ha resultado afectado por el acuerdo entre el Reino Unido y la UE que puso en marcha el Protocolo de Irlanda”, ha dicho Givan en una comparecencia en un hotel de Belfast, al borde de las lágrimas.

La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones, “ante la ausencia de un Ejecutivo en funcionamiento. Debe quedar claro que las maniobras del DUP tienen sus consecuencias”, ha dicho.

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