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Juan Guaido (C), ofrece una habla a la prensa la semana pasada en Caracas, cuando todavía no se había dado a conocer la entrevista.
Juan Guaido (C), ofrece una habla a la prensa la semana pasada en Caracas, cuando todavía no se había dado a conocer la entrevista.DPA vía Europa Press (Europa Press)

Los miembros más conocidos de la oposición venezolana han asistido atónitos al acercamiento entre altos funcionarios de Estados Unidos y el líder bolivariano Nicolás Maduro. Tanto que se han quedado sin palabras. El mutismo de la plana dirigente opositora fue particularmente notorio el día sábado 5 de marzo, cuando se celebró el encuentro. Juan Guaidó, el opositor más destacado, dijo este miércoles, cuatro días después, que solo una Venezuela democrática podría ser “un proveedor energético confiable y eficiente para el mundo”. Fuera de esa alusión, ni siquiera se ha referido a la reunión de forma directa, como si no hubiera existido.

Según Washington, en ese encuentro hablaron de “seguridad energética” y de la situación de estadounidenses detenidos arbitrariamente en Venezuela. Las conversaciones se producen en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras el mundo afronta el alza en los precios del petróleo frente a la amenaza de veto a la producción rusa, que en el caso estadounidense se concretó este lunes. El martes, el Gobierno chavista liberó al menos a dos presos estadounidenses, uno de ellos un ejecutivo de la refinería Citgo que fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2017 y el otro, un cubanoamericano arrestado en 2021 por llevar encima un dron, por lo que se le acusaba de terrorismo.

En unas declaraciones posteriores al encuentro con los estadounidenses, Maduro abrió también la posibilidad de retomar las negociaciones de México, rotas en protesta por la detención del empresario colombiano y su presunto testaferro Alex Saab, que afronta un juicio por lavado de dinero en Miami. Aunque en las filas opositoras nadie ha querido ofrecer alguna explicación de la reunión de la delegación estadounidense con el chavismo, las fuentes consultadas insistieron en que la reunión de los funcionarios estadounidenses con Maduro “ya se sabía” cuando se hizo pública.

La delegación estadounidense presente en Caracas conversó también con Guaidó y Gerardo Blyde, quien fuera el delegado de la oposición venezolana en el diálogo con el oficialismo establecido el año pasado en México y ahora paralizado. Fue el domingo, después de haber ido a Miraflores. Según esas fuentes, James Story, el embajador estadounidense en Caracas; Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, y Roger Carstens, enviado especial para asuntos de rehenes, se reunieron además en Bogotá con representantes de los partidos más importantes de la oposición, agrupados en la llamada Plataforma Democrática para hablarles del plan.

El silencio de la dirigencia, sin embargo, ha sido notorio. Entre los partidos opositores, sin criterio unitario para atender este nuevo escenario, destaca como excepción el comunicado de Primero Justicia, uno de los más importantes del bloque, en la cual se esbozan algunas declaraciones generales de principios que bordean la circunstancia del encuentro sin entrar a calificarla o ponderarla.

El texto habla del compromiso del campo democrático con la negociación y el diálogo político; de la necesidad de reactivar la agenda de México y del imperativo de organizar unas elecciones limpias y justas “en las que la ciudadanía derrote a Nicolás Maduro y retome la senda de la calidad de vida”. Para ello, agrega, “es fundamental atender las demandas del informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones regionales de 2021″.

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Hace poco más de una semana, un grupo importante de dirigentes opositores, —Stalin González y tres gobernadores recién electos—, se había reunido en Bogotá con el embajador Story. El objetivo de los políticos venezolanos era intercambiar reflexiones con el diplomático sobre los perjuicios de las sanciones internacionales. Se habló de fortalecer las condiciones para que ambas partes se sienten en la mesa de trabajo en México, una perspectiva que estaba siendo abordada con optimismo en los corrillos políticos e informativos de estos días.

“Los resultados de los primeros contactos entre Estados Unidos y Maduro no han sido espectaculares, ni nada digno de ser llamado un viraje” comenta Julio Castillo, dirigente político opositor, profesor universitario y articulista de prensa. “Es natural que el Gobierno de Estados Unidos sienta la necesidad de ir a buscar al Gobierno de Venezuela luego de la crisis con Rusia y sus implicaciones energéticas y petroleras. Pero en las formas, claro que hay un cambio de actitud para con el Gobierno interino. Nada de esto impedía al Gobierno de Estados Unidos hacer lo que procede diplomáticamente, esto es, avisar con antelación de la iniciativa.”

El Gobierno de Estados Unidos ha reiterado que reconoce y apoya a Juan Guaidó, y no parece estar planteando un cambio en este tema al menos en el mediano plazo. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado, se lo sostuvo reiteradamente al senador Marco Rubio, con quien tuvo un prolongado careo en el Congreso en la cual ésta le aseguró que Guaidó fue informado previamente de toda la operación mientras Rubio se lo negaba.

El propio Joe Biden ha declarado que Guaidó estaba al tanto del paso dado, y que lo siguen reconociendo como presidente legítimo del país. “Pero aquí hay un cambio de conducta”, sostiene Castillo, “Estados Unidos podría estar tentado a escuchar otros factores, a valorar otros puntos de vista, a proponer una ampliación de la representación opositora en el diálogo con el chavismo en México.”

Aunque en estos encuentros se ha conversado sobre la necesidad de procurar un adelanto de elecciones, el acercamiento de Estados Unidos a Miraflores, y el horizonte y objetivos inmediatos de la mayoría de las organizaciones opositoras del momento, sugiere que, en lo tocante a una cita electoral o un acuerdo con el chavismo, todos los caminos conducen a 2024, fecha en la cual el cuestionado Gobierno de Maduro debe terminar su período.

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El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, en una sesión de la Asamblea Nacional el 23 de enero.
El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, en una sesión de la Asamblea Nacional el 23 de enero.STRINGER (REUTERS)

El líder opositor venezolano Juan Guaidó se ha abierto a debatir una relajación de las sanciones impuestas por Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro. La iniciativa que el político plantea a Washington abarca especialmente las medidas económicas adoptadas contra dirigentes chavistas y tiene el propósito de fijar cronograma electoral pactado para Venezuela. Este giro, adelantado por Bloomberg, busca reanudar el diálogo en México, suspendido luego de la extradición y encarcelamiento de Alex Saab. El empresario colombiano, una figura muy cercana a Maduro y al Palacio de Miraflores, afronta varias acusaciones por corrupción y lavado de activos y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos.

Hasta este momento, fuentes de la mesa de negociación vinculadas a la oposición aseguran que Maduro no ha querido escuchar ninguna propuesta de la acera adversaria y que condiciona cualquier decisión de volver al diálogo a la liberación de Saab. En los últimos días se ha conocido, además, que una delegación negociadora del Reino de Noruega, que propició estas conversaciones, visitará al país en los próximos días para tantear el terreno.

La noticia del replanteamiento de las sanciones fue negada inicialmente por el entorno de Guaidó. Los políticos opositores no quieren hablar de “flexibilización” porque no les parece un término adecuado, sino de un “levantamiento progresivo” que sea fruto de la dinámica de las conversaciones en un marco compartido de garantías. Algunos cargos consultados, como Freddy Guevara, han insistido en que la supresión las sanciones internacionales al régimen chavista se irá levantando únicamente si es posible concretar un acuerdo político que permita la convocatoria a unas elecciones limpias que le abra las puertas al regreso a la democracia en Venezuela. No más que eso, en su opinión.

El propio Juan Guaidó ha emitido un pronunciamiento en su cuenta personal de Twitter. De esta línea no han querido salirse los demás portavoces: “Ratificamos nuestra posición, y la de nuestros aliados internacionales, de volver lo antes posible al proceso de México para lograr un Acuerdo Integral. El levantamiento progresivo de las sanciones sigue sujeto a cumplir los puntos del acuerdo. Estamos listos para lograrlo”.

Esta información se conoce en un momento en el cual Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y parte de la plana dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela han endurecido con elocuencia su tono amenazante frente a los dirigentes de la oposición, particularmente los del llamado Gobierno interino, una vez concretado el resultado electoral del Estado Barinas, cuna de Hugo Chávez y uno de sus feudos simbólicos más preciados, en el cual se produjo un triunfo electoral de los partidos antichavistas.

A eso se añade que el envalentonamiento de Vladimir Putin en contra de Occidente en la crisis ucraniana está dejando sentir su influencia también en el comportamiento de Caracas. Las amenazas han incluido a políticos como Henrique Capriles Radonski y Stalin González, resueltos partidarios del diálogo con el chavismo, y puertas adentro, adversarios internos de Guaidó en la oposición. Hace pocos días, una comisión de diputados oficialistas, encabezada por Pedro Carreño y Tania Díaz, fue a la Fiscalía General de la República para pedirle al fiscal, Tarek William Saab, celeridad en la aplicación de justicia en contra de “Juan Guaidó y sus cómplices”, bajo la acusación de atentar contra los bienes patrimoniales de la nación, quebrar el tesoro público y confabularse contra la democracia y el estado de derecho. Saab ha prometido cumplirles y en un tuit llegó a afirmar que los expedientes judiciales de su despacho “comprometen a cientos de personas.” La Asamblea Nacional celebró una sesión en la cual respaldó las investigaciones de la Fiscalía.

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En las redes sociales, algunos voceros del chavismo han formulado por cuenta propia acusaciones más amplias, destinadas a asediar a sectores profesionales, y activistas de la sociedad civil. Guaidó respondió a las amenazas de Maduro enrostrándole las averiguaciones en su contra en la Corte Penal Internacional y asomó la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones internacionales a su régimen. A continuación, formuló un nuevo llamamiento al diálogo en México. El propio presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, declaró hace poco que su partido, el PSUV, “se reservaba las acciones legales” en contra de los ciudadanos que intentaron proponer infructuosamente un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, y llamó “estúpido” e “imbécil” a Guaidó por una declaración en la cual éste manifestaba su potencial disposición a acompañar la iniciativa del revocatorio si tomaba vuelo como una posibilidad entre la población.

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El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que llegará a La Moneda el próximo 11 de marzo, con 36 años recién cumplidos, tendrá a la derecha como adversaria política en sus cuatro años de Gobierno (2022-2026), pero en paralelo deberá hacer frente a grupos que, desde su izquierda, no comulgan con la moderación que ha mostrado el futuro mandatario. “Fue electo el 19 de diciembre tras dar un fuerte giro en su discurso en la segunda vuelta, después haber obtenido solo un 25% en la primera. Fue un giro hacia la moderación, desde un programa claramente de izquierda hacia uno socialdemócrata. Le sirvió para ganar con 55% y él ha ratificado que será fiel a ese giro. Pero en sectores de su coalición –sobre todo en el Partido Comunista (PC)– ese cambio fue tolerado solo como un recurso táctico para ganar las elecciones y van a empujar por aplicar al máximo posible el programa original”, asegura Cristián Bofill, director de Exante, un medio especializado en información política. Para el analista, en Chile “ya estamos viendo algo de eso, pero todo indica que se va a acentuar después de la designación del Gabinete”, que Boric anunciará antes de que acabe enero “y, sobre todo, de la toma de posesión del nuevo Gobierno”.

Manejar este conflicto, dice Bofill, será una prueba de fuego para el nuevo presidente que liderará el Ejecutivo con el respaldo de la coalición Apruebo Dignidad, conformada fundamentalmente por el Frente Amplio de Boric y el Partido Comunista. Todavía no se resuelve del todo, pero parece altamente posible que incorpore a su Gabinete al Partido Socialista–parte de la extinta Concertación de centroizquierda–, aunque no se conocen las condiciones de dicho acuerdo.

“Sabemos que Boric tiene una oposición a su izquierda hace ya tiempo y una buena muestra la dieron las reacciones (incluso en su propio partido) a su firma del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que impulsó el actual proceso constituyente”, dice por su parte la historiadora Josefina Araos. En esa jornada histórica, en medio de las semanas más álgidas del estallido social, Boric tomó la decisión política de buscarle una salida institucional a la violencia en las calles, incluso con la resistencia de parte de su formación.“No se trata entonces de la amenaza exclusiva de un Partido Comunista más radical, sino del mismo sector del que proviene el presidente electo, así como de ciertos movimientos sociales con los que Apruebo Dignidad siempre intenta mantener sintonía”, explica Araos, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). “Y llegando al poder eso se vuelve más difícil de manejar”, añade la historiadora.

Recuerda que esta oposición a la izquierda de Boric se ha dejado ver en otras ocasiones. “Están las declaraciones amenazantes del excandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, sobre la posibilidad de cambiar algo del programa de Gobierno o las reacciones frente a los rayados [las pintadas] que hace pocos días hicieron a las oficinas que por ahora ocupa Boric. Ahí el problema no estuvo solo en el vandalismo, sino también en que su vocera, la comunista Camila Vallejo, fuera incapaz de condenarlo. Eso generará dificultades en el futuro que veremos cómo las enfrentan”.

Araos se refieren a los rayados con que fue vandalizada la oficina de transición del presidente electo, llamada La Moneda chica. El pasado 6 de enero amaneció con varias pintadas, entre ellas “Boric Amarillo” –en referencia a su moderación, lo que determinados grupos consideran una especie de tibieza y poca radicalidad– o “Libertad a los presos de la revuelta”, una de las demandas que han empujado diferentes grupos desde la izquierda y que se refiere al proyecto de ley que busca beneficiar con un indulto a quienes están en prisión preventiva por saqueos, lanzamientos de bombas mólotov y desórdenes en la vía pública en el contexto del estallido (unas 144 personas). La diputada Vallejo, que tuvo un papel crucial en la campaña de Boric y seguramente en su Gabinete –se especula con que podría asumir la vocería o el Ministerio de la Mujer–, aseguró que los rayados eran una “legítima forma de expresión”, pero que la sede en que trabaja el presidente Boric era prestada por una institución pública, la Universidad de Chile.

La oposición a la izquierda de Boric, por lo tanto, está en distintos lados, asegura la historiadora Araos. “En el Partido Comunista, en el propio Frente Amplio y en la calle que muchas veces los partidarios de Boric romantizan”. También, dice, en la convención constitucional, el órgano de 154 miembros dominado por la izquierda, que tiene hasta comienzos de julio para redactar una nueva carta fundamental para Chile, que será plebiscitada en el segundo semestre. La semana pasada, por ejemplo, la constituyente eligió a su presidenta y vicepresidente y el Frente Amplio de Boric sufrió una fuerte derrota, porque no consiguió instalar a alguien de sus filas en alguno de estos cargos con miras a la crucial segunda etapa de trabajo, cuando se comenzarán a votar las normas. Finalmente, la presidencia quedó en manos de la candidatura apoyada por el PC, que ha mostrado su preocupación porque el “centrismo” termine dominando la convención.

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Araos caracteriza a los grupos instalados a la izquierda de Boric con los que el presidente deberá lidiar: “Los define cierta vocación por tratar los intentos de negociación de Boric (ni siquiera su moderación) como cesiones y señal de debilidad”. El académico Max Colodro, director del Magister en Comunicación Política en la Universidad Adolfo Ibáñez, coincide en que “sin duda Boric tiene y tendrá durante su Gobierno una oposición a su izquierda”. “Es más, esa oposición de izquierda estará fuera y también dentro de su propio Gobierno. Fuera estará un universo de actores que miran con desconfianza y rechazo los cambios institucionales que pretende llevar adelante la nueva Administración”, asegura el columnista. Describe que “son sectores que fueron parte de las expresiones más radicales y violentas del estallido social; grupos anarquistas, de ultra izquierda, antisistémicos, que han rechazado desde el primer día el curso institucional del proceso constituyente y que no confían en el Gobierno ni en el sistema democrático. Son, por ejemplo, los grupos mapuche que defienden públicamente la lucha armada y los sectores que exigen la liberación de los presos de la revuelta, entre otras cosas”, asegura Colodro. Identifica en este espacio, además, a los dirigentes estudiantiles que mantienen hace seis meses tomada la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Pero el analista apunta su mirada, sobre todo, a la oposición de izquierda que, según él, está al interior del propio Ejecutivo que debutará en marzo. “Entre los sectores que harán oposición de izquierda se encuentran, desde dentro del futuro Gobierno: el PC y los grupos más radicales del Frente Amplio”. Explica que “el PC y otras fuerzas rechazan toda posibilidad de moderación del programa de Gobierno, no aceptan hacer concesiones en función de las complejidades del contexto económico o por no contar con mayorías sólidas en el Congreso”. “Esos sectores presionarán desde dentro para que se mantengan los compromisos programáticos originales y serán un factor de tensión permanente al interior del Gobierno, del mismo modo como ya lo son al interior de la convención constitucional”, analiza.

Desde fuera y desde dentro del Ejecutivo, por tanto, esta oposición de izquierda “buscará forzar una agenda de cambios más radical que la que impulsará el Gobierno, que se verá obligado, como ya está ocurriendo, a moderar, matizar y negociar cambios más moderados y graduales”, asegura Colodro sobre el Ejecutivo de Boric, que esta semana reafirmó su moderación en su primer cara a cara con el gran empresariado chileno.

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El gobernador electo del Estado Barinas, Sergio Garrido, habla a los medios de comunicación este lunes 10 de enero.
El gobernador electo del Estado Barinas, Sergio Garrido, habla a los medios de comunicación este lunes 10 de enero.Rayner Peña R. (EFE)

Con el triunfo electoral obtenido en los nuevos comicios convocados en el Estado Barinas, la oposición venezolana se anota un inesperado logro cargado de enormes simbolismos, que remoraliza sus filas y le permite arreglar parcialmente las resquebrajaduras internas producto de una desastrosa gestión.

El panorama de las fuerzas que compiten frente a Nicolás Maduro sigue siendo confuso y poblado de graves dilemas frente a un Gobierno que, con todos sus problemas, ocupa con comodidad el poder, mantiene aceitada la disciplina militante y está organizado en las regiones con el apoyo del estado revolucionario. Pero la holgura de la ventaja obtenida por el opositor Sergio Garrido sobre el excanciller Jorge Arreaza ofrece a la militancia democrática, al menos, motivos inspiradores para levantarse y elementos de juicio para transitar un nuevo comienzo.

La victoria opositora ha puesto fin a una larga dinastía en el mando regional de la familia del finado comandante –gobernada desde 1999 por Hugo de los Reyes Chávez, padre del expresidente; y luego por sus hermanos, Adán y Argenis-, y ha sido labrada con el concurso de la mayoría de los partidos que le hacen frente a Maduro. Con esta derrota, el chavismo pierde uno de sus feudos emblemáticos a pesar de haber movilizado masivamente a efectivos militares, ministros y dirigentes nacionales bajo el inocultable amparo del Palacio de Miraflores en Caracas. Por lo demás, la magnitud de la ventaja dificultó enormemente el desconocimiento del oficialismo frente a sus rivales.

“Del discurso del comandante Chávez, en el cual remachaba que volvería anciano a su natal Barinas luego de gobernar indefinidamente Venezuela, se alimentó esta aberración de feudalismo castrense, que se mezclaba con toda naturalidad en los anales patrios”, opina Elías Pino Iturrieta, prominente intelectual, autor e historiador. “De todo lo cual se desprende, grosso modo, la trascendencia de este triunfo apabullante en Barinas, una patada histórica a la antirrepública y el desenfreno del personalismo”, agrega.

El desenlace de estas elecciones produce, además, un importante despeje en el debate interno de los partidos opositores: cobra de nuevo fuerza la tesis de acordar una estrategia electoral conjunta para las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse en 2024, y debilita aún más la intención de doblar las resistencias de los factores del poder del chavismo a través de un quiebre político, como se ha sostenido entre los años 2017 y 2021.

“Estoy convencido de que esta es una auténtica segunda oportunidad para que la oposición recobre definitivamente el camino electoral frente a quienes detentan el poder de manera autoritaria en el país”, sostiene Nicmer Evans, politólogo, activista y director del portal informativo Punto de Corte. “La victoria de Rafael Garrido sobre Jorge Arreaza ha sido posible, en parte, gracias a las contradicciones internas del oficialismo dentro de Barinas, y porque se pudo concretar la mayor unidad posible de partidos democráticos, aunque esta no haya sido necesariamente absoluta. Sería un gran error que regrese el sectarismo, o que el G4 (como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) se quiera atribuir la tutoría de esta victoria.”

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Para Laure Nicotra, conocida periodista, comentarista y locutora radial de Barinas, el chavismo cometió un craso error táctico al empeñarse en desconocer los resultados de las elecciones del 21 de noviembre y forzar su repetición, porque con ello trocaron una derrota muy ajustada por otra con más de 14 puntos de diferencia. “Jorge Arreaza no es de Barinas ni vive aquí. La aplastante derrota chavista se explica por la forma como apartaron a Argenis Chávez y las divisiones internas. Fue muy evidente la desproporcionada inyección de dádivas y recursos. El ventajismo fue demasiado burdo, todo el poder central se vino para acá. Rafael Garrido no pudo hacer publicidad en los medios, ni siquiera pegar un afiche. Este Estado tiene demasiados problemas con los servicios públicos, que no se han resuelto y se han agravado. El descontento ha crecido mucho”, afirmó.

Todas las facciones de la oposición han querido acercar la victoria de Barinas hacia cada uno de sus postulados. Leopoldo López ha saludado la proeza en su cuenta de Twitter, afirmando que “ganó la democracia ante la dictadura”. “Fuimos unidos, organizados y movilizados con un objetivo común”, justificó. Henrique Capriles ha afirmado que la circunstancia “es una ratificación de la importancia de los liderazgos regionales para avanzar en el anhelado cambio que pide el país”. El moderado Henri Falcón, por su parte, ha destacado la validez del imperativo electoral, que ha defendido en todo momento, como único camino posible. “Nadie sobra, todos hacemos falta en la misión de recuperar a Venezuela.”

La victoria electoral opositora en Barinas ha logrado filtrarse incluso en el ánimo de las filas más radicales de la oposición política, parte de la cual está en el exilio, que tradicionalmente considera todos los comicios fraudulentos y siempre ha juzgado un imposible derrotar al chavismo ante tal desequilibrio en las condiciones electorales.

“Estos resultados no determinan necesariamente nada”, matiza Benigno Alarcón, analista político, abogado y académico de la Universidad Católica Andrés Bello. “Dependerá de lo que haga la oposición en adelante. Ante sí tiene una tarea que no es imposible, pero sí muy compleja. Cada sector tratará de hacer valer sus tesis con lo que acaba de suceder. Ahora mismo yo veo difícil la reunificación de la oposición. Las diferencias que tienen algunos sectores entre sí lucen irreconciliables”.

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La oposición venezolana volvió a ganar en el estado de Barinas. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, resultó electo gobernador en la repetición de los comicios que ordenó el Tribunal Supremo tras anular la victoria del opositor Freddy Superlano en las regionales del pasado 21 de noviembre, una juagada que le ha salido mal al chavismo. El triunfo lo obtuvo con 57,6% de los votos, una ventaja de 16 puntos y una participación de más de la mitad del electorado, según el escueto reporte que dio el Consejo Nacional Electoral.

El resultado se conoció inicialmente por la declaración del perdedor Jorge Arreaza, exyerno de Hugo Chávez que fue promovido por el Gobierno. “Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios”, escribió en un tuit pasadas las 10 de la noche, cuando el CNE todavía no anunciaba los resultados.

Luego del reconocimiento de Arreaza, Sergio Garrido y Freddy Superlano dieron una conferencia de prensa en la que confirmaron su victoria. “Barinas ha dado un ejemplo de cómo podemos salir de los obstáculos en unidad”, dijo Superlano, quien asumió como jefe de breve campaña luego de que le despojaran el triunfo en noviembre y lo inhabilitaran.

La oposición venezolana logra una importante victoria, frente al apabullante poder del chavismo. No solo ha puesto fin a la dinastía de los Chávez, que gobernaban el Estado desde hace 20 años, sino que también ha desafiado al Gobierno en todas sus maniobras para intentar torcer los resultados que comenzaron con la anulación de la victoria de Superlano. Sergio Garrido ganó contra todo el derroche de recursos del Estado dirigido por varios ministros de Nicolás Maduro, que se instalaron en Barinas para empujar a su candidato. Las nuevas elecciones se celebraron un enorme despliegue militar y policial de más de 25 mil funcionarios para poco menos de mil mesas de votación, que fue considerado una intimidación. El chavismo repartió neveras y electrodomésticos y abasteció a la región con la gasolina y el gas que escasean en todo el país.

Barinas se suma a Zulia, Guárico y Nueva Esparta entre las gobernaciones ganadas por la oposición, más un tercio de las alcaldías. La elección en Barinas se convirtió en un objetivo común para la oposición, en medio divergencias en la plataforma de apoyos al liderazgo de Juan Guaidó. Dirigentes nacionales de distintos partidos opositores se sumaron a la campaña de Garrido.

Ahora el resultado sirve de base para un cambio de dirección en la estrategia opositora, debilitada por sus fracasos en la búsqueda de una transición política en Venezuela y desdibujada por abstenerse en los comicios de los últimos años. El triunfo de Barinas en un segundo intento los fortalece de cara al escenario electoral de las presidenciales de 2024 o un posible revocatorio a Maduro que algunos sectores promueven para este año.

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La nueva votación en esta región llanera a 500 kilómetros de Caracas se convirtió en asunto nacional. El derrotado en noviembre fue Argenis Chávez, hermano del expresidente y parte de la dinastía que ha gobernado este Estado por dos décadas. Chávez optaba a la relección y renunció al cargo luego de que el Tribunal Supremo suspendiera el recuento de los votos y ordenara repetir los comicios. También declinó a ser candidato en esta nueva oportunidad. El Gobierno de Nicolás Maduro puso sobre él todas las responsabilidades de una derrota que tiene una lectura nacional, pues expresa el nivel de rechazo que existe en Venezuela al chavismo y a Maduro, con menos de15% de aprobación y un cada vez más reducido caudal de votos.

Por Barinas, como un símbolo político, el Gobierno ha decidido echar por la borda los pequeños avances logrados durante el año pasado en las negociaciones con la oposición para encontrar una salida a la larga crisis política venezolana.

En los comicios de noviembre se logró la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea, algo que no ocurría desde hace 15 años, aunque esta fue expulsada tras presentar un informe preliminar del proceso electoral en el que reconocía una mejora en las condiciones, pero denunciaban varias irregularidades y abusos gubernamentales. Esta fue una de las concesiones dadas por Maduro para que sus adversarios aceptaran concurrir de nuevo a unos comicios, luego de mantenerse en la abstención como un boicot en los últimos años. También se cambió al árbitro electoral y por primera vez se incorporaron dos rectores sin vínculos con el chavismo. Maduro también se comprometió a eliminar la figura de los “protectores”, plenos de poderes y recursos, que han sido designados en los territorios controlados por la oposición. Está por verse si en este reñido territorio cumplirá su promesa.

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La noticia del acuerdo opositor esta semana para prorrogar por un año más la presidencia interina a Juan Guaidó durante 2022 ha pasado desapercibida en la sociedad venezolana. El labrado consenso logrado entre los partidos democráticos, la decisión de reducir su aparato burocrático y el empeño por hacer una interpretación constitucional de sus confines, no han mitigado la sensación de intrascendencia.

Para parte importante de la opinión pública nacional, la presidencia interina es una abstracción sin contenido que ya no va a poder impulsar ninguna transición a la democracia: una entelequia que sólo se justifica para mantener los empleos y garantizar los salarios del personal que la ocupa, salpicado de acusaciones de irregularidades administrativas. Pero, a pesar del pesimismo, el desinterés y el distanciamiento emocional que se vive también en parte de los partidos opositores, el acuerdo anunciado parece indicar que, de momento, no existe un planteamiento estratégico con el cual sustituirla. Todos, incluyendo sus críticos, terminaron aprobando esta prórroga el lunes.

Pero pese a renovar su mandato un año más como presidente interino, Juan Guaidó afronta hoy su momento político más comprometido. Se ha enfriado el entusiasmo de la ciudadanía; aumentan los críticos dentro de sus propias filas; carece de instrumentos para hacerle frente al chavismo y enfrenta acusaciones por malos manejos de los recursos que administra el gobierno interino. Luce, además, particularmente expuesto frente al aparato judicial oficialista.

La extensión del mandato a Juan Guaidó, expresado en la reforma del Estatuto de Transición aprobado en 2019, fue posible gracias a que Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó) y Primero Justicia (el de Julio Borges y Henrique Capriles) se vieron forzados por las circunstancias a buscar un acuerdo para llegar a un punto de equilibrio que los obligara a deponer en sus aspiraciones mutuamente excluyentes.

El acercamiento es producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por los aliados internacionales de la oposición, en particular por Estados Unidos, con la activa intermediación del resto de los partidos aliados del G-4, como se conoce a los principales grupos opositores presentes en la anterior legislatura: Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.

Luego de agotar varias rondas de consultas a juristas y especialistas en derecho constitucional, Primero Justicia desistió de su intención de subordinar la gestión de Guaidó al Parlamento, controlado por la oposición en las elecciones de 2015, que hoy funciona en condiciones de semiclandestinidad.

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Voluntad Popular tuvo que transigir en que la presidencia interina siga regulada por los lapsos que contempla el Estatuto, abandonando la aspiración de mantener el cargo indefinidamente. Las delegaciones diplomáticas del Gobierno interino quedaron reducidas, de las 60 iniciales, a 10, que son las naciones actuales que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El diagrama construido dejó satisfechos a los diputados opositores. Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, quien manifestó su inconformidad con los primeros borradores, después pasó al beneplácito y declaró: “La Asamblea Nacional electa en 2015 es la única institución legítima que le queda al país, reconocida por el mundo democrático. No podemos dejar a Venezuela sin instituciones. Venezuela no puede desaparecer, no podemos entregar la República. Sabemos que esto es muy arriesgado y nada sencillo, pero primero son los intereses del país”, dijo.

Pero pese a los esfuerzos en la búsqueda de consensos, que contaron con la asesoría de varios abogados reconocidos, no impidieron que le lluevan las críticas. Eglée Gonzalez Lobato, politóloga y doctora en derecho de la Universidad Central de Venezuela, considera que la reforma del estatuto “amalgama escandalosamente funciones ejecutivas y legislativas en una sola persona”. “Se ha tomado una medida extrema para garantizar la continuidad de Guaidó, que está plagada de irregularidades. Con el argumento de que están defendiendo la democracia, han confiscado el Estatuto para garantizarse su permanencia en el poder, bajo el argumento de que este es un problema más político que legal. Cuando se desprecian los mecanismos legales y se pervierten los procedimientos, corremos el peligro de que los partidos democráticos asuman que están en una zona supraconstitucional”, opina.

González Lobato prevé que este paso “va a aumentar la hostilidad de Maduro. Es una circunstancia que dificultará el entendimiento. Minará las vías pacíficas que debemos buscar para salir sin traumas adicionales de esta tragedia nacional”.

El laberinto opositor

La extensión de un nuevo mandato a Guaidó no puede ocultar las claras grietas anímicas e interpretativas que en este momento surcan el panorama de la oposición venezolana, inmersa hoy en un nuevo extravío. En particular, en sectores de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática crecen las voces disidentes que cuestionan la obsolescencia del interinato y el agotamiento de la ruta trazada en 2019 para hacer posible el regreso de la democracia plena a Venezuela.

Argelia Ríos, analista política, considera que “el gobierno interino como proyecto ha colapsado. El único objetivo que lo fundamenta es la protección de los activos venezolanos en el exterior, salvarlos de las manos de Maduro, protegerlos para fundamentar una eventual transición a la democracia en el país”.

Ríos, que también es periodista y escritora, considera que el esfuerzo hecho por Guaidó ha sido titánico y debe ser reconocido: “El debilitamiento de Guaidó tiene mucho que ver con la falta de apoyos internos. Ha sido difícil concretar en torno a él un movimiento de unidad nacional. Mucha gente lo ve con recelo, como un enemigo que se transforma en un obstáculo para el sueño de llegar a la Presidencia en unas elecciones en 2024. Hay muchas personas con aspiraciones presidenciales que están decididas a sacárselo de encima”.

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PPD también requirió a la Contraloría

El jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, junto a otros diputadas y diputados de la tienda, también realizaron un requerimiento a la Contraloría por lo ocurrido durante esta jornada con Joaquín Lavín.

Junto con recordar dictámenes previos del órgano sobre el tema, aseguran que el alcalde de Las Condes «no sólo realizó la actividad como Alcalde de la respectiva comuna, sino que también, como ha quedado consignado en diversos medios de prensa, realizó declaraciones en su calidad de precandidato presidencial, lo cual demuestra una infracción clara al principio de probidad y de no discriminación en razón de que a dicha actividad no fueron invitados a participar otros precandidatos de la misma coalición política del Alcalde Lavín, Chile Vamos, ni de ninguna otra de aquellas que han proclamado candidatos presidenciales en sus Consejo Generales».

Por eso, piden «iniciar una investigación a fin de determinar si en las actividades señaladas en las consideraciones precedentes se han cometido eventuales infracciones a los deberes de probidad administrativa, de no discriminación  y de velar por el adecuado resguardo de los bienes y recursos públicos, persiguiendo las responsabilidades administrativas que de ello deriven y aplicar las sanciones que nuestro ordenamiento jurídico establece».



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    El cambio de Constitución fue una de las principales demandas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 en Chile.

    La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.

    Así, en octubre de 2020 los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría (casi el 80%) cambiar esta Constitución.

    La asamblea que salga de las urnas contará con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad.

    Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional propuesto.


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    Además, indicó que la propuesta de la oposición «tiene una innovación de un 30% adicional a la línea de la pobreza que nos parece que es una suficiencia que nos permite abordar esta crisis con dignidad para las familias».

    Por otra parte, Provoste aclaró que la instancia «está absolutamente financiada» justificando el efecto de la mayor recaudación adicional por el alza del precio del cobre.

     

    «La propuesta de emergencia se financia con buena parte de la recaudación adicional que tiene el Estado para los mayores ingresos del cobre. Lo dijo la propia Dirección de Presupuesto en el Congreso, en donde hoy, producto del súper ciclo del cobre, vamos a tener ingresos que nadie esperaba y pueden ir en ayuda y financiar cerca de la mitad de este paquete que va en ayudas sociales, a las pymes y mejorar las medidas sanitarias», destacó.

    Además, otros puntos de financiamiento llegarían desde el mayor espacio de endeudamiento y desde los bonos en fondos soberanos, descartando un alza de impuestos.

    Consultada sobre una candidatura presidencial tras liderar este paquete de «mínimos comunes» desde la oposición, la senadora dijo que hoy está dedicada a «responder a la responsabilidad que me han colocado nuestros pares de presidir la mesa del Senado en un momento que es complejo para nuestro país»

    «Nosotros esperamos que hoy el Gobierno acoja la propuesta de mínimos comunes y que podamos a partir de eso pasar a otros niveles de conversación que son parte del debate parlamentario como el impuesto a los súper ricos, royalty minero, por ejemplo. Hoy estamos dedicados a la emergencia que viven nuestras familias», remató.



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    «Agenda de Mínimos Comunes», con la cual busca enfrentar las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia de coronavirus en las familias más afectadas.

    En detalle, la instancia plantea una Renta Básica Universal de Emergencia, destinada para el 100% del Registro Social de Hogares (RSH), equivalente a 6,7 millones de viviendas.

    Sin embargo, la propuesta indicó que «aquellos que estén en el RSH, pero tengan altos ingresos -correspondientes al décimo decil de ingresos del país-, podrán ser detectadas y excluidas del beneficio, a partir de la información sobre ingresos que conste en otros registros administrativos, por ejemplo, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos».

    LOS MONTOS

    La agenda incluyó montos dependiendo de los integrantes del hogar, considerando el monto de la línea de la pobreza por persona más el 30%, variando entre los $229.061, para hogares con un integrante, hasta $1.148.025 para las familias con 10 o más personas.

    De tal manera, los montos por hogar quedaría así:

    • $229.061 (1 integrante)
    • $372.111 (2 integrantes)
    • $494.238 (3 integrantes)
    • $604.495 (4 integrantes)
    • $706.692 (5 integrantes)
    • $802.892 (6 integrantes)
    • $894.375 (7 integrantes)
    • $982.006 (8 integrantes)
    • $1.066.402 (9 integrantes)
    • $1.148.025 (10 o más integrantes)

    ¿Por cuánto tiempo se entregaría el dinero? Se planteó que, al menos, durante junio, julio, agosto y septiembre de 2021, pero este período «deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen».

    Asimismo, los pagos debiesen ser lo más «simples» posibles, siendo la CuentaRUT o cuentas personales como el mecanismo de transferencia más esperable.

    «Lo óptimo es que con el cruce de datos administrativos se verifiquen las cuentas de los beneficiarios a las que hacer depósito, optando por que el pago sea vía Cuenta RUT o mecanismos similares preferentemente electrónicos, en instituciones bancarias y cooperativas, en lugar de pago presencial», especificó el documento.

    Revisa el detalle de la propuesta:


     



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    Lamentable que el PPD hoy cierre la puerta a primaria presidencial amplia en la oposición, de la misma manera que el FA y el PC lo hicieron en la lista unitaria para la constituyente.

    Así solo avanza la derecha!

    — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) May 11, 2021
     

    A su vez, desde su cuenta de Twitter el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se lamentó por la no inclusión de Pablo Vidal en esta eventual primaria, señalando que «es lamentable que el PPD hoy cierre la puerta a primaria presidencial amplia en la oposición, de la misma manera que el FA y el PC lo hicieron en la lista unitaria para la constituyente. Así solo avanza la derecha».



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    Por otra parte, el diputado DC, Daniel Verdessi, entregó más detalles, asegurando que la iniciativa tendría una extensión «hasta septiembre (…) y puede ser prorrogado de acuerdo a las condiciones en que se encuentre el país en ese momento».

    También dijo que la idea también tiene un plan de apoyo para las pymes. Indicó que es una «extensa» agenda «de apoyos de condonación de deudas, postergación de pagos y apoyos directos que está elaborado por grupos especializados».

    Finalmente, aseveró que en el tema sanitario «nos preocupa el apoyo a la atención primaria».

    Respecto a cómo llegará este documento al Ejecutivo, el diputado Verdessi fue enfático en señalar que se tratará de un «un documento elaborado con un consenso general» y con claras «fuentes de financiamiento».


     



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    Pdta. Senado @ProvosteYasna explicó detalles de la propuesta de la oposición donde se establece la Renta Básica Universal de Emergencia.

    El monto se basa en la “línea de suficiencia”, esto es, línea de la pobreza + el 30%.

    Ej:Flia. 4 personas recibiría $604.495@24HorasTVN pic.twitter.com/yL8XeCwI88

    — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) May 12, 2021
     

    Agregó que el 30% que se suma a este nuevo concepto, es para hacerse «cargo del encarecimiento de la vida, el alza en medicamentos», pero con una visión realista.

    La senadora también expresó que este monto es para «que el Gobierno no diga ‘mire, es que la oposición nos plantea algo que excede con creces lo que se puede financiar’, esta es una agenda realista», enfatizó.

    Provoste explicó, que si ahora la línea de la pobreza para una persona «está en $176.201, nos parece que con este 30% tenemos que llegar a $229.061». Para una familia de 4 personas, el aporte del Estado sería $604.495

    renta básica  

    Recordemos que durante la jornada los jefes de bancada de oposición, que están detrás de los acuerdos por «mínimos comunes con el Gobierno», anunciaron que llegaron a un acuerdo por los montos a negociar con el Ejecutivo para nuevas ayudas sociales.

    El diputado DC Daniel Verdessi, ya había comentado que esta iniciativa «tendría una extensión hasta septiembre (…) y puede ser prorrogado de acuerdo a las condiciones en que se encuentre el país en ese momento».



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    Oposición llamará a La Moneda a flexibilizar postura respecto a mínimos comunes

    A lo largo de la mañana de hoy, las bancadas y comités políticos de diversos partidos de la oposición se reunieron en un cónclave telemático denominado «Encuentro político y social por Chile«, en el cual debatieron respecto a los temas pertenecientes a la denominada «agenda de mínimos comunes» negociada entre el Gobierno y sectores de la oposición.

    En la instancia, se incluyó la emisión de un informe acerca de la renta básica universal de emergencia, sostenida por la oposición, así como también se trataron temas referidos a las pymes y sectores abandonados de la economía, medidas sanitarias y derechos humanos.

    Dentro del debate, diversos personeros defendieron sus puntos de vista respecto a una renta básica universal para ir en ayuda de las familias, contra la idea del Gobierno de ampliar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al 100% de quienes forman parte del Registro Social de Hogares, medida estimada como insuficiente.

    En ese sentido, el diputado PPD, Rodrigo González, sostuvo que «tenemos que ir un por un lado de suficiencia y por un lado de legitimidad. Desde el ámbito de la política yo creo que nos lincharían si llegamos a una propuesta que solamente contemple un poco ampliar el IFE, llegar con una línea que sea menor».

    «Lo importante es que la línea de suficiencia es aquella que hoy la sociedad nos está exigiendo y es la única que va a resolver el mínimo de ingreso que de verdad una familia necesita», manifestó el parlamentario, agregando además que «cuando tomemos una resolución tenemos que contemplar que existen estos dos grandes lineamientos gruesos y yo por lo menos estoy por la suficiencia, la de la legitimidad, de abarcar el 90% de los hogares y calcular los montos que eso pueda significa, aunque signifique una propuesta que pueda parecer muy elevada, pero yo creo que no es suficientemente elevada, los recursos están».

    Por su parte, el planteamiento de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, Ricardo Lagos Weber y el senador Carlos Montes propone «asegurar que el instrumento llegue al mayor número de beneficiarios posibles, para lo cual se propone simplificar el modo de acceso al Registro Social de Hogares, junto con ampliar la cohorte de beneficiarios», según reportó Emol.

    Asimismo, se planteó que dicho beneficio «debe ser universal y llegar al 100% del Registro Social Hogares, que significa beneficiar a 6.602.059 millones de familias».

    Por otra parte, la líder del encuentro y presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), aseguró que la tarea es la de generar un mecanismo rápido para ayudar a las familias que no se encuentran en el registro tomado por el Gobierno.

    «Tampoco podemos esperar, un mes y medio duran los recursos de enrolarse por así decirlo (…) Tener una ventana de permitir que muchas de esas personas que hoy no están en el Registro Social de Hogares y que es una clase media empobrecida pueda ingresar de una manera expedita y que se haga este cruce por las declaraciones de renta de este año, con mecanismos que el Estado tiene para rápidamente cotejar», dijo.

    El presidente Sebastián Piñera se refirió al cónclave: «Le pido a mis compatriotas, especialmente a quienes tienen cargos de responsabilidad, unidad, buena voluntad, capacidad de diálogo, capacidad de acuerdo«.

    Por su parte, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, «lo que esperamos nosotros de eso es recibir propuestas que nos permitan acordar en el corto plazo ayudas a las familias, ayudas a las pymes, algunas formas de mayor recaudación para financiar estas ayudas».

    Detalles de la propuesta

    La propuesta de la oposición contempla un cálculo de la renta básica que «se estimará en torno a un criterio de suficiencia por hogar basado en instrumentos formales de medición, los que consideran la línea de la pobreza, más otros gastos familiares esenciales no considerados en la estimación actual de la línea de la pobreza. El criterio definitorio debe ser la mantención de los ingresos de las familias en condiciones de dignidad y que ello permita hacer frente a las restricciones de movilidad».

    Asimismo, se espera que el beneficio dure por «tres meses prorrogables según sea la evolución de la emergencia sanitaria», privilegiando el pago a través de Cuenta RUT por sobre el presencial.

    En cuanto al financiamiento de la propuesta, se señaló que se recurriría a fondos soberanos, recursos procedentes de incrementos en el precio del cobre, endeudamiento público y de fondos de contingencia estratégicos.
     

    Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton



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    Este fenómeno se suma al afán de cierto sector de la oposición a agregar más temas a la agenda. Ayer, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) oficializó que junto a los senadores de oposición de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Adriana Muñoz (PPD) y Alejandro Navarro (PRO), pretendían hacer constar la necesidad de incluir un capítulo sobre reparaciones a las víctimas del estallido social, hecho que no generó consenso dentro de la oposición respecto a la agenda tratada con el Gobierno.

    «Esa es una conversación de más largo plazo, no forma parte de estos mínimos comunes. Los pilares de estos mínimos comunes convenido con el Gobierno, tienen que ver con ayudas sociales muy concretas para enfrentar una situación muy dramática que viven millones de familias», manifestó Provoste.

    Asimismo, otros sectores de oposición intentaron incluir dentro de la agenda de ayuda social, la posibilidad de obtener el respaldo oficialista en la inclusión del royalty a la minería y al impuesto a los súper ricos, temas que serán vistos hoy en la reunión.

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