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El reconocido delincuente tiene orden de extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Se cree que ya podría haber salido del territorio colombiano

La Policía Nacional de Colombia ofrece $2 mil millones de pesos por información que permita la recaptura de Juan Castro Estupiñán, alias Matamba. El hombre se fugó el pasado viernes de la cárcel La Picota, en Bogotá.

El Director General de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, anunció la expedición de una circular naranja de Interpol. En 196 países, Interpol busca a alias Matamba. De la misma forma, el Director de la Policía ordenó la conformación de un grupo élite de la Dirección Antinarcóticos.

“Son 50 investigadores para adelantar la persecución de este delincuente que había sido capturado el 18 de mayo de 2021 por esa misma Dirección”, dijo Vargas.



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llamado este martes a mantener la calma en Córcega, una isla que ha pasado una noche en tenso duelo por el fallecimiento de Yvan Colonna. El nacionalista corso de 61 años, controvertida figura del independentismo de la isla, cumplía cadena perpetua por el asesinato de un prefecto en 1998 cuando, hace tres semanas, sufrió una brutal agresión en la cárcel que lo dejó en coma y, finalmente, la noche del lunes le causó la muerte. El ataque a Colonna provocó, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, una ola de disturbios e indignación en Córcega que llevó al Ejecutivo galo a proponer de forma inesperada un diálogo con vistas a una eventual autonomía de la isla, así como a autorizar el acercamiento de otros presos nacionalistas que cumplen condenas en diversos puntos del país.

“Lo más importante es que se mantenga la calma”, ha dicho Macron en la emisora regional France Bleu, en la que también ha pedido “responsabilidad” a las autoridades locales, mientras ha reiterado la promesa oficial de que se investigarán rápidamente las causas del ataque a Colonna.

El 2 de marzo, un preso condenado por yihadismo, el camerunés Franck Elong Abé, atacó al nacionalista corso en la sala de musculación de la cárcel de Arlés, en el sur de Francia, penal en donde ambos cumplían condena. Según las imágenes de videovigilancia, Abé se lanzó sobre Colonna, presuntamente indignado por una blasfemia del corso y, durante ocho minutos, le estranguló con las manos y trató de ahogarlo con una bolsa de plástico sobre la cabeza sin que intervinieran los agentes de seguridad. Algo que ha sido ampliamente considerado como un fallo de protocolo, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Colonna como Abé eran “detenidos particularmente señalados”, por lo que estaban sometidos a una vigilancia reforzada.

“Todos conocemos las razones que llevaron a Yvan Colonna a prisión, el asesinato a sangre fría del prefecto [Claude] Érignac, pero las circunstancias dramáticas en las que ha sido asesinado son, evidentemente, muy chocantes”, reconoció este martes el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, en la emisora Europe 1. Por ello, añadió, ”vamos a investigar qué pasó, cuáles son las responsabilidades”. Attal recordó que se ha abierto una información judicial, se está realizando una inspección e incluso se celebrarán audiencias parlamentarias al respecto.

Colonna (Ajaccio, 1960) era el independentista preso más famoso de Córcega. Hijo de un profesor y diputado que abandonó sus estudios para entregarse a la causa independentista de la isla, Colonna siempre negó ser responsable de la muerte de Érignac, el prefecto de Córcega asesinado de tres tiros la noche del 6 de febrero de 1998, cuando iba a un concierto de música clásica. Tras permanecer huido durante cuatro años, en los que se le creyó en Venezuela, Cerdeña, Vanuatu o Costa Rica, pero que en realidad pasó escondido como pastor cerca de Propriano, en el sur de Córcega, Colonna fue detenido y sometido a un largo proceso judicial hasta que, en 2011, se ratificó de manera definitiva su condena a cadena perpetua.

Los llamamientos de su familia y del movimiento nacionalista corso para acercarlo a la isla fueron desoídos hasta su agresión a comienzos de mes, que provocó fuertes protestas en Córcega. Los enfrentamientos más duros se produjeron el pasado domingo en Bastia, donde una manifestación violenta dejó 107 heridos, 77 de ellos, agentes del orden.

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En una visita de tres días la semana pasada, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, prometió abrir discusiones con las autoridades de la isla —el presidente del Ejecutivo local, el autonomista Gilles Simeoni, fue uno de los abogados de Colonna— sobre la posibilidad de una autonomía corsa. El diálogo comenzará en abril, según ha confirmado el portavoz del Gobierno este martes. No obstante, Attal ha recordado que París fijará varias “líneas rojas”: “Se trata, evidentemente, de mantener a Córcega en la República y el hecho de que jamás aceptaremos que haya dos categorías de ciudadanos en la República”, ha dicho.

La noticia de la muerte de Colonna hizo temer una nueva oleada de disturbios. Pero la primera noche ha pasado en calma, conforme al llamamiento de la familia que había pedido que se respete el “tiempo de duelo”. Una decena de personas se congregaron durante la noche en Bastia ante la verja del palacio de justicia donde colgaron banderas con el eslogan “Statu francese assasinu” (Estado francés, asesino, en corso), mientras que, en Ajaccio, varias personas se reunieron en silencio ante la catedral, informa Le Parisien.

Este martes, numerosos institutos de secundaria de la isla, así como la universidad, amanecieron bloqueados con contenedores y banderas, mientras muchos estudiantes rendían un homenaje, también por el momento sin violencia, a Colonna, según la emisora Franceinfo.

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Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.
Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.AFP

La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro, periodista de 68 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, y fue condenada por un juzgado penal de Managua, ha informado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.

Hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Chamorro es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero o traición a la patria. Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga; y el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro. También el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades y que ahora se transmite en plataforma de internet; el líder campesino Medardo Mairena y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.

El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos con el régimen sandinista, que fueron encarcelados antes de esos comicios y acusados en su mayoría de “traición a la patria” o lavado de dinero. Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

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Ana María Castro, joven asesinada.

«Se hizo justicia», madre de la joven asesinada.

Noticias Colombia.

A 41 años de cárcel fueron condenados Paul Naranjo y Julián Ortegón por la muerte de Ana María Castro, joven que murió en extrañas circunstancias en Bogotá luego de salir de una discoteca a bordo de una camioneta.

Ana María Castro, joven asesinada.

De acuerdo a la sentencia del juez, la pena que pagarán estos dos sujetos corresponde a «500 meses de prisión, en su condición de coautores, finalmente responsables, de la conducta punible de feminicidio agravado», señaló el togado.

Boletín de la Fiscalía Genral de la Nación.

Tanto Naranjo como Ortegón no serán cobijados con medida de casa por cárcel: «tampoco es viable la concesión de la prisión domiciliaria», es decir, tendrán que cumplir la pena «de manera física e intramural en el lugar de reclusión que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)».

Julián Ortegón, Ana María Castro y Paul Naranjo.

En el siguiente audio se escucha la sentencia:

La defensa de los acusados manifestó que apelarán la decisión del juez.

Los hechos

Según la investigación de la Fiscalía el día 4 de marzo del 2020, Ana María Castro se encontraba disfrutando en un bar del norte de la ciudad de Bogotá junto con Paul Naranjo y Julián Ortegón. Un tercer hombre también compartió con ella esa noche.

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En la madrugada del 5 de marzo, la víctima salió del sitio y «se ubicó en la parte de atrás de la camioneta, mientras que Naranjo y Ortegón iban en la parte de adelante del vehículo», indica el boletín del ente acusador.

«Se logró demostrar que, el día de los hechos, Paula Naranjo bajó del automotor al acompañante de la mujer, y unos metros adelante, fue lanzada de la camioneta en pleno movimiento, en la calle 80 con carrera 69», dice el comuniciado.

«Un testigo que pasaba por el lugar informó lo ocurrido a la línea de emergencia 123 y señaló que vio cómo Ana María Castro fue arrojada violentamente del vehículo y cayó con fuerza al suelo», agrega el comunicado.

Este finaliza indicando que Ana María Castro murió en el Hospital Simón Bolívar, a donde llegó remitida del Hospital de Engativá por la gravedad de sus heridas.

Nidia Romero, madre de Ana María Castro, se mostró muy animada porque se hizo justicia en el caso de su hija.

Agradeció la labor de los abogados que estuvieron al frente del caso:

Precisamente, Abelardo De La Espriella, fue quien estuvo a cargo de la defensa de Ana María Castro y calificó el veredicto del juez como un triunfo para que este tipo de casos no queden más en la impunidad.

Foto de portada: @rcnradio

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Martín Elías y Dayana Jaimes.

Este jueves se dio a conocer la sentencia de un juez.

Noticias Colombia.

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías Díaz, reveló este jueves las causas de la muerte del artista, quien falleció un 14 de abril de 2017 cuando la camioneta en la que se transportaba junto con otros músicos, sufrió un accidente en una vía en mal estado en el munincipio de San Onofre, Sucre.

Martín Elias y Dayana Jaimes.

La comunicadora social dio a conocer que el exceso de velocidad fue el determinante de la muerte de su esposo con quien tuvo una hija llamada Paula Elena.

«Un hecho de irresponsabilidad por no llevar cinturón», expresó Jaimes en un tweet.

Según el fallo de un tribunal, el conductor del hijo de Diomedes Díaz, viajaba a una velocidad de 157 kms/h el día de los hechos.

Vea: Dayana Jaimes se pronunció sobre acusación de la Fiscalía a conductor de Martín Elías
Camioneta en la que viajaba Martín Elías.

Por este motivo, un juez lo condenó a pagar 32 meses de prisión, es decir, un poco menso de tres años.

Armando Quintero, chofer que conducía el vehículo ese día, pagará esta condena bajo la medida de «casa por cárcel».

Sobre este fallo, la viuda de ‘El Terremoto’ se pronunció por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter:

«Martín dejó de estar con nosotros hace cinco años dejando una profunda tristeza a sus amigos, familiares, seguidores y un vacío en la música vallenata, dijo.

Por último, manifestó que no se pronunciará más sobre este tema.

«Hoy cierro un ciclo más en un proceso en el que tanto me señalaron y juzgaron. No daré declaraciones sobre el tema y espero lo entiendan», finalizó.

Por su parte, Óscar Sierra, abogado de Dayana Jaimes, calificó este día como «una fecha triste para la familia del artista y también su fanaticada»:

«Un aliento para su familia que se conozca la verdad de lo sucedido», concluyó.

Hasta el momento, Armando Quintero, conductor condenado, no ha emitido algún pronunciamiento al respecto.

Foto de portada: @eluniversal

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Con esta prueba se demostraría que muerte de Martín Elías fue un homicidio





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Pasto: a prisión el gerente Jaime Parra por presunto acceso carnal a una empleada

Los hechos se habrían presentado en medio de una celebración de la empresa.

Noticias Pasto

Voces de rechazo hay en el municipio de Pasto luego que las autoridades enviaran a prisión al gerente de una empresa de servicios domiciliarios por el presunto delito de acceso carnal.

Se trata de Jaime P., quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Los hechos se habrían presentado en medio de una celebración empresarial.

Los hechos se habrían presentado en medio de una celebración de la empresa, en la que estaban varios trabajadores y en donde señalaron que una de las empleadas ingirió licor y se embriagó.

Se habría aprovechado

De acuerdo con lo establecido, el gerente se ofreció a llevarla hasta su casa, pero al parecer se desvió de la ruta y se dirigió a su apartamento, ubicado en el barrio Capusigra, en Pasto.

Allí, se presume aprovechó el estado de alicoramiento de la víctima y por la fuerza, habría abusado sexualmente de ella.

Con base en las evidencias recaudadas, el ente acusador logró que el 2 de noviembre de 2021 se emitiera una orden de captura en contra del indiciado, la cual fue materializada el pasado 3 de febrero por servidores del CTI y de la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, el hombre no aceptó cargos y por disposición del juez será remitido a la cárcel de la capital nariñense.





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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.Rayner Peña R (EFE)

Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de dos diputados y dos alcaldes, pertenecientes al oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusados de los delitos de corrupción y narcotráfico, y de dos fiscales del Ministerio Público, junto a otros trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, por formar parte de una red de traficantes de gasolina. Las detenciones responden a una iniciativa anticorrupción denominada operación Mano de Hierro, que ha sido muy comentada estos días por el presidente Nicolás Maduro, y por otros mandos de la revolución bolivariana, como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Jorge Rodríguez.

El Gobierno ha dado a entender que se trata de un operativo en desarrollo, a gran escala, que busca combatir a las mafias enquistadas en el Estado venezolano que trafican con gasolina y sustancias ilícitas en algunas zonas del país. Estos grupos han sido responsabilizados de ser los causantes de la escasez de ciertos bienes en el pasado.

La alcaldesa judicializada es Keyrineth Fernández, del municipio Jesús María Semprún, y junto a ella dos diputados, Taína González y Luis Viloria. Fernández es una dirigente indígena juvenil del Estado Zulia con un discurso político comprometido e intransigente. La Policía Nacional Bolivariana informó tras detenerla de que portaba seis kilos de cocaína. Algunas versiones informativas han denunciado que Fernández ya había sido señalada por esas causas en el pasado y a pesar de eso estaba en libertad. Se acusa a los tres de formar parte de una red de narcotráfico que operaba entre los Estados occidentales de Zulia y Falcón.

Tarek El Aissami, actual Ministro de Petróleo –exministro del Interior y abogado criminalista-, está a cargo de esta operación y ha declarado que el Gobierno de Maduro “llevaba varios meses” trabajando para dar con los hilos de esta organización. “Presentamos este duro golpe al pueblo para que quede claro que no se aceptará ni se dará tregua a los funcionarios corruptos que fueron electos por voluntad soberana”, añadió.

Por su parte, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de Jorge Peña, Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, y Manoel Gil Da Silva, Fiscal Superior del Estado Bolívar, al oriente y sur oriente del país, acusados, junto al alcalde del municipio Independencia, Carlos Vidal, de traficar y contrabandear gasolina, un bien escaso en la Venezuela de Maduro en los últimos años. En el operativo fue apresado también Juan Carlos Barragán, un trabajador de Petróleos de Venezuela.

“El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia organiza”, ha declarado a su vez Diosdado Cabello, numero dos del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello ha confirmado que estas personas han quedado expulsadas de la organización.

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El agravamiento de la corrupción como un mal endémico en Venezuela ha sido uno de los argumentos más usados por la oposición venezolana cuando toca hacer un diagnóstico sobre las causas del derrumbe de la economía venezolana y el fracaso del modelo de desarrollo chavista. Lo habitual es que la dirigencia bolivariana no dé respuesta a estas acusaciones. El tono de algunos altos dirigentes del chavismo estos días, sin embargo, indica que esta operación está en desarrollo y que puede caer más gente, dirigentes políticos o funcionarios comprometidos en delitos graves.

“Si a algún otro diputado lo cazamos, no necesitará una carta astral para saber su futuro”, ha declarado en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Nicolás Maduro. “Yo se lo voy a decir de una vez: irá a la cárcel si se convierte en un nauseabundo traidor.”

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El 11 de enero de 2002, vestidos con monos color naranja y procedentes de un vuelo militar, llegaron a Guantánamo los primeros 20 detenidos de un nuevo centro de detención para sospechosos de terrorismo ideado por el Gobierno de Estados Unidos en plena conmoción por los atentados del 11-S. La ubicación, en una enorme base naval al sureste de Cuba, ofrecía un margen de maniobra extremo a sus custodios: las leyes y garantías estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no tenían acceso y, según advirtió el presidente George W. Bush al abrirlo, la Convención de Ginebra no cubría a sus reos. Estos eran, en palabras del Pentágono, “lo peor de lo peor” y el país estaba en guerra, así que todo valía.

Guantánamo se acabó convirtiendo en símbolo de abusos y torturas por parte del país que se precia de ser el faro de la democracia. Llegó a albergar a casi 680 presos. El propio Bush quiso cerrarlo; su sucesor, el demócrata Barack Obama, lo intentó durante años; Donald Trump frenó el proceso pero Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de hacerlo. Este martes, al cumplirse 20 años de la apertura, la prisión más infame sigue abierta con 39 presos, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno. Las dificultades para trasladar a los prisioneros, debido en buena medida a las restricciones impuestas por el Congreso, la han convertido en una mancha indeleble en la lucha de Estados Unidos contra el terror.

Policías militares trasladan a un detenido en la prisión de Guantánamo 
 (Cuba), el 6 de febrero de 2002.
Policías militares trasladan a un detenido en la prisión de Guantánamo
(Cuba), el 6 de febrero de 2002.
LYNNE SLADKY (AP)

Diez de los 39 internos están imputados por cargos, entre ellos, cinco acusados de ayudar a planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de 3.000 personas. Pero aún no han sido juzgados y eso incluye a Jaled Sheij Mohammed, que se declaró cerebro de los atentados. Otros dos presos sí han sido sentenciados y están cumpliendo condena: Ali Hamza Sulayman al Bahlul, un ayudante de Bin Laden que afronta cadena perpetua, y Majid Khan, un pakistaní residente en Maryland que participó en varios planes de Al Qaeda y termina su tiempo entre rejas el próximo mes.

El resto no ha sido acusado a lo largo de estos 20 años pero siguen en Guantánamo con el argumento de que son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al Qaeda y pueden permanecer allí por tiempo indefinido. Un panel que revisa su situación ha recomendado el traslado de alrededor de una docena de ellos, pero eso no es sencillo. En todo su primer año de Administración, Joe Biden solo ha sido capaz de transferir a un reo, Abdul Latif Nasir, que fue recibido -y detenido nada más llegar- por Marruecos.

El procedimiento para poder llevar a cabo un traslado es complejo y sujeto a restricciones clave. Primero, es necesaria la recomendación del Consejo de Revisión Periódico, un panel que reúne a seis agencias de seguridad diferentes del Gobierno. Luego, el Departamento de Estado tiene que llegar a un acuerdo con un tercer país y este no puede ser ninguno que no asegure el respeto a sus derechos humanos o no pueda garantizar el control de ese detenido. Una vez logrado el acto, el jefe del Pentágono debe informar al Congreso. Todo este proceso se puede llegar a eternizar. O peor. En el caso de Abdul Latif Nasir, el único al que ha podido trasladar Biden hasta ahora, la aprobación para el plan llegó en 2016, pero el Gobierno de Trump decidió dejar el caso en un cajón.

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El Congreso también prohíbe el traslado de estos presos a Estados Unidos con el argumento de su peligrosidad y, además de todo eso, prohíbe el uso de fondos públicos tanto para su traslado a países extranjeros o a suelo estadounidense, como para cualquier ampliación o construcción en las actuales instalaciones. Biden ha pedido con poco éxito que el Capitolio revoque estos condicionantes. En una sesión en el Senado en diciembre, los republicanos dejaron claro que no piensan cambiar una coma de la actual ley.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, lo expresó con estas palabras: “No estamos luchando contra un crimen. Estamos luchando en una guerra. No quiero torturar a nadie. Quiero someterlo a un proceso coherente con el estado de guerra y, si es necesario, mantenerlos detenidos tanto tiempo como sea necesario para mantenernos a salvo o llegar a la conclusión de que ya no son una amenaza”. En mayo, ocho senadores republicanos habían enviado una carta a Biden en la que se oponían al intento de cerrar el complejo a base de traslados.

El ahogamiento fingido (waterboarding), la privación de sueño o la exposición a temperaturas extremas fueron algunas de las técnicas de tortura utilizadas por Estados Unidos en Guantánamo. Trascendió de muchos modos, con la publicación de los documentos clasificados por parte de WikiLeaks en 2011 y en boca de abogados de derechos humanos o relatos sórdidos como el de Mohamedou Ould Slahi, el mauritano que escribió sus memorias en 2005 y fue liberado en 2016. Sin embargo, el paquistaní Majid Khan se convirtió en el pasado octubre en el primer recluso de Guantánamo que relató públicamente ante un jurado militar en esa base los métodos de interrogación. “Mientras más cooperaba, más me torturaban”, dijo ante un jurado militar en la base.

Bush trató de cambiar el paso al poco de abrir la prisión. Primero, admitió que los talibanes y afganos detenidos sí quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares diseñado por la Casa Blanca violaba las leyes internacionales. El presidente republicano excarceló a unos 500 arrestados y Obama, a cerca de 200. Cuando el demócrata llegó al cargo en 2009, se propuso cerrarlo en el plazo de un año. Mantenerlo supone un coste de unos 13 millones de dólares por prisionero y año para el erario público. También, deja en activo una “mancha moral” para Estados Unidos, según señaló la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

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Aung San Suu Kyi, en 2019 en Praga.
Aung San Suu Kyi, en 2019 en Praga.MARTIN DIVISEK (EFE)

Un tribunal militar de Naipyidó, la capital birmana, ha condenado este lunes a Aung San Suu Kyi a cuatro años de prisión por posesión ilegal de varios dispositivos de telecomunicaciones y por vulnerar las medidas contra la pandemia.

La líder de facto del Gobierno que depusieron los militares en febrero de 2021 y premio Nobel de la Paz, que ya cumple desde principios de diciembre una sentencia de dos años por incitación a la violencia y quebrantamiento de las leyes anticovid, ha sido hallada culpable de violar la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones tener sin licencia varios walkie-talkies y un inhibidor de señales.

La Policía encontró dichos dispositivos portátiles en el registro de su domicilio, cuando la detuvo tras el golpe de Estado perpetrado por el Tatmadaw, el Ejército birmano. Sus abogados han argumentado que los equipos no forman parte de sus pertenencias personales y que se utilizaban de manera legítima para garantizar su seguridad. Según fuentes cercanas al caso, las dos penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que terminarían reducidas a dos años.

En otro juicio, también celebrado este lunes, La Dama ―como también se la conoce― ha sido sentenciada a otros dos años en prisión por saltarse las medidas contra la pandemia durante la campaña electoral.

Varias asociaciones de derechos humanos consideran que los veredictos contra Suu Kyi ―acusada en total de once delitos que le podrían suponer más de un siglo entre rejas― no son más que un intento de apartarla de la política.

Las dos penas se suman a las condenas del pasado 6 de diciembre por incitación a las protestas y por infringir los protocolos para frenar la expansión de la covid-19. En un primer momento, el juez dictaminó que debería cumplir cuatro años de cárcel, pero horas más tarde la televisión estatal anunció que se reducían a dos por un indulto parcial concedido por el jefe de la junta militar golpista, Min Aung Hlaing.

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Suu Kyi, de 76 años, había permanecido en arresto domiciliario desde la asonada. Sin embargo, a las últimas audiencias judiciales ha asistido vestida con una camiseta blanca y una falda marrón, el uniforme de las presas del país. Se desconoce dónde cumple condena desde diciembre. En los 11 meses que han transcurrido desde su detención, el número de delitos de los que se le acusa no ha hecho más que aumentar, hasta alcanzar los 11. Entre ellos está el de corrupción –que conlleva una pena máxima de 15 años– y el de incumplir la ley de secretos oficiales de la era colonial, penado con hasta 14 años de prisión. De ser declarada culpable de todos, podría ser condenada a hasta 104 años de prisión.

A puerta cerrada

Todos los juicios se están celebrando a puerta cerrada y sin testigos. Las autoridades birmanas decretaron en octubre el secreto de sumario, por lo que sus abogados tienen prohibido conceder entrevistas. A pesar de la presión internacional, la junta militar no ha permitido que nadie se reúna con ella en todo este tiempo.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado los fallos de este lunes. Amnistía Internacional ha expresado en su cuenta de Twitter que las nuevas condenas son “la última actuación de un juicio que resulta una completa farsa”, mientras que Phil Robertson, vicedirector para Asia de Human Rights Watch, ha emitido un comunicado en el que sostiene que “el circo de la junta de Myanmar, en el que los procesos judiciales de los cargos inventados se tramitan en secreto, tiene como objetivo acumular más condenas contra Aung San Suu Kyi para que permanezca en prisión de manera indefinida. Es evidente que el general Min Aung Hlaing y los otros líderes militares continúan viéndola como una amenaza política que debe ser neutralizada”.

“Una vez más, Aung San Suu Kyi se ha convertido en un símbolo de lo que le está pasado a su país y vuelve a desempeñar el papel de rehén político de los militares, determinados a mantenerse en el poder mediante la intimidación y la violencia”, agrega Robertson. La Nobel de la Paz de 1991 ya pasó casi 15 años en prisión entre 1989 y 2010, por liderar el movimiento contra la dictadura militar que gobernó la antigua Birmania durante medio siglo (1962-2011).

El Tatmadaw justifica el golpe de Estado del pasado febrero por el presunto fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi, tal y como había hecho en las elecciones generales de 2015. Después de que los militares tomaran el poder, miles de personas salieron a las calles del país a modo de protesta. A pesar de que las manifestaciones pacíficas han continuado, en medio de la dura represión ejercida por las fuerzas de seguridad, también ha aumentado la resistencia armada, hasta el punto de que analistas internacionales advierten de que podría estallar una guerra civil. Según los datos compilados por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 1.400 personas han perdido la vida a manos del Ejército.

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🔴 EN VIVO: Corte de Apelaciones de San Miguel revoca prisión preventiva y decreta la medida de arresto domiciliario de 3 imputados por homicidio simple en el contexto de una detención ciudadana en Puente Alto.

🎥 https://t.co/d4ZzykIHcC

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 11, 2021

El hecho ocurrió el pasado 5 diciembre, cuando una mujer de 21 años que repartía volantes fue interceptada por un hombre en dicha comuna, robándole su teléfono celular.

Ante las peticiones de ayuda de la joven, los residentes del lugar acudieron a su llamado y detuvieron al hombre, propinándole una serie de golpes que le provocaron la muerte.

Según el Ministerio Público, los agresores no le habrían prestado asistencia a la víctima tras la golpiza en dicha detención, dejándolo fallecer en el lugar.



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El Comercio, el persecutor solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra Keiko Fujuimori Higuchi, candidata presidencial de Fuerza Popular, y se imponga prisión preventiva en su contra.

La petición judicial, a la cual tuvo acceso el citado medio, indica que Fujimori incumplió reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, indicó el documento consignado.

¿Quién es Miguel Torres? El medio indica que esta persona es vinculada «como abogado y vocero político de la persona jurídica Fuerza Popular», partido al cual representa Fujimori, en medio de acusaciones de supuestos aportes ilegales por parte de la constructora brasileña Odebrecht .



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Prisión preventiva para imputados que asesinaron a hombre en servicentro de Temuco

El homicidio ocurrió después de que la víctima mantuviera una discusión con los agresores mientras compraba un café.

24Horas.cl Tvn

08.06.2021

En prisión preventiva quedaron los dos imputados acusados del homicidio de un hombre de 30 años, quien fue apuñalado el pasado viernes 4 de junio mientras esperaba en la fila para comprar un café al interior de un servicentro de Temuco.

El asesinato ocurrió después de que la víctima mantuviera una discusión con los agresores que, según testigos, intentaron saltarse la fila, intercambiando una serie de golpes con la víctima.

Sin embargo, uno de los imputados sacó un arma blanca, propinándole diversas estocadas que terminaron con la vida de la víctima, dándose posteriormente a la fuga en un vehículo de color blanco.

De acuerdo a lo señalado por el abogado defensor de uno de los involucrados, el ataque habría sido en legítima defensa, dado que el fallecido «intentó asaltarlos».

Finalmente, Juan Manuel Rotten (57) y su yerno, Alexis Vargas (29) fueron formalizados por el delito de homicidio simple, quedando en prisión preventiva

Por el momento el tribunal determinó 5 meses de investigación, a modo de esclarecer los hechos.



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🔴 EN VIVO: Juzgado de Garantía de Puerto Varas decretó la medida cautelar de prisión preventiva para F.J.S.V., imputado como autor de homicidio simple de Richard Barría, perpetrado en Llanquihue. Plazo de investigación: 120 días.

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— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 6, 2021

Hay que recordar que Barría fue asesinado en su hogar ubicado en una parcela del sector Pichi Laguna, camino a Loncotoro, el pasado miércoles.

Su cuerpo fue hallado en el lugar con al menos 15 puñaladas, por lo que de inmediato se determinó que se trataba de un homicidio, mientras que horas más tarde un joven de 18 años se entregó inculpándose por el lo ocurrido.

Barria había sido elegido concejal en las pasadas elecciones por el partido Ciudadanos, en el cual también era presidente regional.



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Previo a esta audiencia había sido formalizado por porte ilegal de arma, ya que al momento de su detención llevaba esta arma adaptada. Por esa causa también se decretó la prisión preventiva y se fijo el plazo de 90 días que se mantuvo para la causa por encubrimiento. pic.twitter.com/5W6a8bcWOQ

— Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) May 13, 2021
 

El menor se mantuvo con vida por espacio de días, mientras batallaba con un trauma craneal en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, trauma que a la postre terminó produciéndole la muerte.

La resolución fue dictaminada por la jueza de Garantía Ivonne Cortés Mora, quien fijó además un plazo de investigación de 90 días.

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, fue capturado el presunto autor del fatal disparo, Freddy Díaz Quiroga, quien fue aprehendido en una vivienda de la comuna de Cerro Navia, en el marco de un operativo de la Brigada de Homicidios de San Antonio. El sujeto permanece también en prisión preventiva.



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— Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) May 3, 2021
 

En aquella jornada, varias personas protestaban en el recinto comercial, en contra de personal militar que se encontraba patrullando en el sector. En un momento, los efectivos del Ejército comenzaron a disparar y el joven cayó herido.

Dada la extensión de la audiencia de revisión de cautelares, que incluyó diversas réplicas y dúplicas, esta se extendió hasta hoy, dando por resultado la mantención de la medida.

El 20 de diciembre de 2020, el capitán de Ejército ya había pedido una revisión a la Corte de Apelaciones de La Serena, la cual también rechazó su solicitud, disponiendo su reclusión en el Regimiento Nº21 de Coquimbo.



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