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La durísima batalla de España y Portugal en Bruselas para bajar los precios de la luz ha dado sus frutos. La UE se abre a dar carta blanca para adoptar medidas para frenar la crisis de los precios de la energía a nivel nacional, aunque la Comisión se reserva la última palabra para aprobarlas. Ambos países han logrado que el resto de socios comunitarios entiendan su particularidad como “isla energética” y que se incluya un cambio de texto en el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra este viernes en Bruselas que permitirá a España y Portugal poner topes de forma temporal al precio del gas que se usa para generar electricidad, de manera que se espera que baje rápidamente la factura para consumidores y empresas, en menos de un mes.

“Por fin se reconoce la excepción ibérica”, ha señalado un Sánchez eufórico aunque visiblemente agotado en una comparecencia conjunta con el portugués Antonio Costa. “La Comisión Europea permitirá a España y Portugal una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no altera los incentivos a las energías renovables, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía”. Sánchez, que llegó a levantarse de la reunión temporalmente en el momento de mayor tensión para forzar un desbloqueo, logró así superar las resistencias sobre todo de Alemania, que rechazaba de plano la idea de la excepción ibérica. “Sanchez ha representado de forma muy exitosa los intereses de su país con su colega Costa”, admitió el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, cuando le preguntaron por la discusión con España.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que jugará un rol fundamental en los próximos pasos a dar, ha enfatizado las características concretas de España y Portugal: “La península ibérica tiene una situación muy específica”, ha dicho en una comparecencia tras la cumbre. “Tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy poquitas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial”.

“Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, recoge la última versión del texto a la que aludía Sánchez. Las medidas tendrán que ser temporales y España tendrá que demostrar que no distorsionan excesivamente la competencia. La Comisión Europea, por su parte, se compromete a evaluar las intervenciones con un procedimiento de urgencia y a tener en cuenta para su veredicto el volumen de interconexión de los mercados, una variable que favorece a España, que solo llega al 2,8%.

Esta redacción final, según el Gobierno español, permitirá a España y Portugal plantear en poco tiempo una propuesta a la Comisión Europea en la que se ponga un tope al precio del gas que se usa para producir electricidad en la península Ibérica, y solo para uso interno, de manera que baje rápidamente la factura porque ese precio está condicionando todo el resto del mercado que se produce con energía renovable o nuclear, mucho más barata.

El gas solo ocupa el 15% del mercado español pero marca el precio de todo. El pacto que se ha logrado en la cumbre incluye una cierta garantía de que la Comisión Europea aceptará estas propuestas españolas y portuguesas cuando lleguen, porque así se lo permiten las conclusiones aprobadas después de una larguísima negociación.

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Por eso es tan relevante la frase “se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”. Como España y Portugal lo tienen muy bajo, eso permitirá a la Comisión Europea que les aprueben esa fórmula rápidamente. España ha tenido que garantizar que su solución no toca el mercado europeo, es excepcional y consistirá finalmente en unas ayudas para compensar el tope al precio del gas que se pondrá para las centrales de ciclo combinado que producen electrictidad. El Gobierno español asegura que esto bajará rápidamente la factura de la luz y tendrá un coste muy inferior al beneficio que producirá para los ciudadanos.

La propuesta de compromiso ha llegado al filo de las seis de la tarde, después de varios recesos, entre ellos uno que ha forzado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a mediodía, marchándose de la sala y obligando al presidente del Consejo, Charles Michel, a realizar una pausa técnica.

“En el contexto actual de precios muy elevados de la electricidad, la Comisión está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad [con la normativa comunitaria] de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros”, asegura el nuevo texto de conclusiones. “Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión también se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, de que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de electricidad al contado para las empresas y los consumidores y no afectan a las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Al realizar esta evaluación, se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”.

La cumbre de la guerra —con Bruselas reconvertida en el “centro del mundo libre”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— ha mudado la piel en su segunda jornada. Una vez se ha marchado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y zanjados ya los asuntos de Ucrania y las sanciones contra Rusia, la reunión de los Veintisiete se ha reconvertido en un encuentro monotemático sobre la crisis de los precios de la energía. España ha jugado en esta ocasión el papel protagonista, y finalmente ha logrado buena parte de sus objetivos.

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Hay días en que los parlamentarios y los políticos hablan para los libros de Historia, no para el diario de sesiones. Este martes ha sido uno de esos días en el Parlamento Europeo. El que más lo ha subrayado ha sido el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. “Estamos peleando por la libertad que ustedes tienen”, ha proclamado en su comparecencia por videoconferencia ante los eurodiputados reunidos en pleno. En su emotiva intervención ha recordado a las víctimas del ataque de Rusia —este lunes murieron 16 niños— y ha reivindicado su incorporación a la Unión Europea. “Luchamos para ser miembros de pleno derecho de Europa. Demuestren que la UE está con nosotros y que no nos dejarán solos”, ha añadido vestido con una camiseta de un inconfundible color verde militar. Sus palabras han sido acogidas por el hemiciclo con una gran ovación, que ha durado un minuto justo, el tiempo que ha estado escuchándola antes de levantarse y salir del objetivo de la cámara.

El respaldo a su petición en la Eurocámara lo tiene asegurado. La expresión más escuchada al comienzo o el final de la cincuentena de discursos previstos es “Gloria a Ucrania”. La resolución que se votará al final de la sesión contiene un punto que “solicita a las instituciones de la Unión que trabajen para conceder el estatuto de país candidato a la Unión a Ucrania”. En un relevante gesto de unidad, populares, socialistas, liberales, verdes, ultraconservadores e izquierda, han suscrito un texto común. Además, nueve países de Europa central y del Este apoyan reconocer ya una candidatura de Ucrania a la UE.

Las apelaciones a la lucha de la democracia contra la autocracia, la libertad contra la sumisión o el Estado de derecho frente a la tiranía han salpicado todos los discursos de los líderes de la Unión Europea que se han escuchado en un hemiciclo plagado de banderas de Ucrania y lazos con la misma enseña en las solapas. “No miraremos a otro lado. Estamos ante una amenaza existencial de la Europa que conocemos”, ha clamado la primera oradora, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. “Proteger nuestra libertad tiene precio. Vamos a pagarlo porque la libertad no tiene precio”, ha advertido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Zelenski firmó el lunes la solicitud de esa candidatura, convencido de que el futuro de Ucrania, ahora más que nunca, depende de su integración europea. La aproximación de Ucrania a la UE en 2013 fue, precisamente, el desencadenante de la primera agresión rusa contra ese país. Zelenski lo hizo tomando la palabra a Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europa, que días antes había pronunciado una frase que ha repetido este martes: “Los ucranios son de los nuestros y los queremos dentro”. Una frase que explica mucho de lo sucedido estos días, incluso la diferente respuesta a los refugiados que está produciendo este conflicto bélico frente al de Siria en 2015, cuando varios países rechazaron la acogida de las personas que huían de la guerra.

En 2014, la intención de Kiev de firmar un acuerdo de asociación comercial con el club comunitario fue boicoteada por el presidente ruso, Vladímir Putin. Y poco después lanzó un ataque encubierto para anexionarse la península ucrania de Crimea y alentó militarmente el separatismo de las regiones del Donbás en el este de Ucrania. Zelenski aboga ahora por consumar la integración en la UE mediante un procedimiento acelerado de adhesión. Ocho países de Europa central y del Este, con Polonia a la cabeza, secundaron este lunes la petición y abogan por reconocer de inmediato la candidatura de Ucrania ―Hungría se ha sumado este martes—, un estatus que colocaría al país en la antesala de la entrada y le facilitaría el acceso a cuantiosos fondos europeos para impulsar la convergencia política y económica.

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Pero la mayoría de las capitales consideran que el debate sobre la candidatura ucrania es prematuro e, incluso, podría ser contraproducente porque la imposibilidad de colmarla a medio y largo plazo generaría frustración en la opinión pública de ese país.

El vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, resumía el sentir de muchos líderes europeos ante la posible candidatura. “Tenemos que trabajar en cosas más prácticas”, apuntaba el lunes el jefe de la diplomacia europea. “La membresía sería algo que, en cualquier caso, tardaría muchos años en producirse y lo que necesitamos son respuestas para las próximas horas, no para los próximos años”. Borrell cree que “Ucrania tiene una perspectiva que es claramente europea, pero ahora lo que toca es luchar contra la agresión”.

La experiencia de Turquía, con su candidatura estancada desde hace, al menos, más de una década, y el lento avance de los candidatos procedentes de la antigua Yugoslavia (como Serbia y Montenegro) impone la prudencia en las principales capitales europeas.

Ucrania, además, está lejos de cumplir los llamados criterios de Copenhague, que fijan los baremos políticos (democracia estable y Estado de derecho), económicos (una economía viable y competitiva) y legales (capacidad de asumir el acervo normativo de la UE) que deben cumplirse para iniciar la negociación previa al ingreso. Además, a petición de Francia se ha endurecido recientemente el examen previo y el proceso de negociación para evitar que se repitan casos como los de Hungría o Polonia, que una vez dentro del club han rebajado la calidad de su Estado de derecho y han adoptado políticas discriminatorias o xenófobas que Bruselas considera incompatibles con el Tratado de la UE.

Aun así, los principales grupos parlamentarios europeos consideran conveniente el reconocimiento de la candidatura solicitado por Zelenski como gesto de apoyo frente al ataque del gigante ruso. El partido liberal europeo (ALDE) incluso admitió el lunes el ingreso en la formación del partido del presidente ucranio.

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El socialista António Costa ha ganado las elecciones en Portugal con una mayoría absoluta, que se puede considerar histórica en un país poco dado a dar victorias aplastantes a un solo partido. Es la segunda vez que el socialismo logra superar los 116 escaños, la barrera de la mayoría absoluta en una Cámara de 230. La anterior ocurrió en 2005, bajo el liderazgo de José Sócrates, y nadie del actual equipo de Costa tiene interés en recordarla. Sócrates está pendiente de ser juzgado por varios delitos relacionados con la corrupción durante su mandato. “Una mayoría absoluta no es el poder absoluto, no es gobernar solos, es una responsabilidad para gobernar para todos los portugueses”, proclamó Costa en su discurso en el hotel de Lisboa donde celebraron el triunfo este domingo. “Uno de mis objetivos es reconciliar a los portugueses con la mayoría absoluta y con el hecho de que son buenas para la democracia”, dijo casi al final de su intervención. En ese momento, el Partido Socialista (PS) ya daba por seguros los 117 diputados.

Aunque están pendientes de escrutarse parte de los sufragios procedentes del exterior (más de 1,55 millones de portugueses emigrados pueden participar), con el 99% ya computado, el PS había logrado el 41,6% de los votos frente al 27,8% del Partido Social Demócrata (PSD, conservador). Una diferencia entre ambos de 734.000 apoyos, que ninguna de las encuestas de los últimos días pronosticó. Casi todas daban un empate entre sus líderes y alguna llegó a colocar al candidato del PSD, Rui Rio, por delante del socialista. Lo que ninguna vaticinó fue que el respaldo a Costa sería tan contundente que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta que le dará la estabilidad parlamentaria que buscaba. A título personal, el triunfo es un hito que le convertirá en el primer ministro que más tiempo permanezca en el cargo desde la Revolución de los Claveles. Superará así al conservador Aníbal Cavaco Silva, que gobernó 10 años, entre 1985 y 1995.

“Se han juntado a los socialistas muchos portugueses de distintas ideas que entienden que en este momento somos el partido que puede garantizar las condiciones de estabilidad”, señaló en un guiño hacia los votantes que ha podido captar tanto en los caladeros de la izquierda, porque les han decepcionado los dos partidos de la geringonça ―los socios parlamentarios minoritarios del PS, Bloco de Esquerda (BE) y Partido Comunista Portugués (PCP)―, como del centro. Ofreció diálogo a todos los grupos parlamentarios, pero también avisó de que gobernará con fidelidad al programa socialista y a las medidas que figuraban en el proyecto de Presupuestos de 2022, tumbados en la Asamblea por sus aliados, BE y PCP.

La tercera legislatura de Costa, que ha ido creciendo en cada cita en las urnas (como ya le ocurrió en los tres mandatos que se presentó a la Cámara Municipal de Lisboa), será mucho más cómoda que las dos anteriores, aunque enfrente tendrá una Cámara más hostil, con dos formaciones de derechas en ascenso más beligerantes que el PSD, el ultraderechista Chega y la Iniciativa Liberal. Ambas fuerzas han crecido a costa de las fugas del PSD, que ha perdido ocho escaños (de 79 a 71), y de la extinción del Centro Democrático Social (CDS), una formación de largo historial en Portugal y experiencia de gobernación. Por vez primera en 47 años de democracia se quedó fuera del Parlamento, lo que llevó a su líder, Francisco Rodrigues dos Santos, a dimitir y reprochar el escaso apoyo interno: “Nunca tuve tregua de mis opositores”.

El candidato del PSD, Rui Rio, tras el discurso donde reconoció su derrota, en Lisboa.
El candidato del PSD, Rui Rio, tras el discurso donde reconoció su derrota, en Lisboa. STRINGER (REUTERS)

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También el presidente del PSD, Rui Rio, abrió la puerta a su salida aunque sin ser muy explícito: “Si se confirma que el PS tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, un horizonte de gobierno para cuatro años, no veo cómo puedo ser útil en este marco, pero el partido decidirá”. Rio reconoció al Partido Socialista como el gran vencedor al movilizar el voto útil de la izquierda. “En la derecha no hubo la misma unión, se dispersó. Y nosotros no alcanzamos, ni de lejos ni de cerca, los objetivos que queríamos”, sostuvo.

Las dos fuerzas tradicionales de la derecha, PSD y CDS, pierden peso empujadas por dos partidos nuevos, que entraron por vez primera a la Asamblea en 2019 con un solo escaño y un discurso más radical. El Chega logró convertirse en la tercera fuerza, con el 7,15% de los votos, que le dieron 12 parlamentarios. El salto le permitió desbancar al Bloco de Esquerda, que era uno de los principales objetivos de su líder, André Ventura. Del otro, sobrepasar el listón del 10%, se quedó lejos. En una noche de euforia, Ventura criticó al PSD, su partido hasta 2018, y avisó a los socialistas: “La derecha no ha sabido estar a la altura de sus responsabilidades. Pasó todo el tiempo diciendo que no haría acuerdos con el Chega y el resultado está ahí. ¡António Costa, ahora voy a por ti!”. La consolidación de Ventura acaba con la excepcionalidad portuguesa en Europa, ya que ha sido uno de los últimos países en asistir al crecimiento de un partido de extrema derecha.

Iniciativa Liberal, que ha pasado de uno a ocho diputados, se convierte en la cuarta fuerza y da un gran espaldarazo a su líder, João Cotrim de Figueiredo, que defiende un liberalismo a ultranza en la economía (propone eliminar la progresividad fiscal en favor de una tasa única del 15%, entre otras medidas). La diferencia con Chega reside más en la posición ante nuevas reivindicaciones sociales, como la eutanasia o la gestación de vientres de alquiler, que los ultras rechazan.

Los votantes han castigado duramente a los socios minoritarios del Partido Socialista que habían formado en 2015 la geringonça, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués. Ambas formaciones votaron en contra del Presupuesto de 2022 por discrepancias con el PS en materias como la subida del salario mínimo o el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, y parecen haber sido responsabilizados por los electores. El Bloco, que se mantenía como tercera fuerza desde 2015, con 19 diputados, ha sufrido un varapalo mayúsculo y solo ha logrado retener cinco escaños, su peor resultado desde 2002. Tras una sangría de 252.000 votos, pasa a ser la sexta fuerza, por detrás de la coalición formada por comunistas y Los Verdes (CDU), que pierde la mitad de los representantes (de 12 a 6), aunque su fuga de votos es más contenida que la del Bloco. Al retroceso comunista también ha podido contribuir que su candidato, Jerónimo de Sousa, se tuvo que retirar de la campaña para someterse a una intervención de urgencia y solo se reincorporó en los últimos días.

Lo cierto es que a los comunistas les ha ido mal en las urnas cuando han apoyado a los socialistas, como en la primera legislatura de la geringonça, y cuando los han dejado en la estacada, como ahora. El electorado del Bloco, sin embargo, se ha comportado de forma distinta. En 2019 le concedió el mismo apoyo que en 2015, cuando sumaron fuerzas al Partido Socialista y al Partido Comunista Portugués para presentar una moción de censura contra Pedro Passos Coelho (PSD), que había ganado las elecciones con un margen estrecho. Esa primera legislatura, Costa contó con la complicidad permanente de sus socios para dar estabilidad institucional y presupuestaria al país.

El entendimiento se torció a partir de la segunda legislatura, en 2019, hasta llegar a la ruptura final del pasado noviembre, cuando el Gobierno no pudo aprobar los Presupuestos. La incertidumbre política decidió al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas. A partir del martes, Rebelo de Sousa comenzará a recibir a los líderes políticos en el palacio de Belém antes de encargar la formación de Gobierno.

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Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).
Boris Johnson visitaba este jueves un centro médico de diagnósticos en la localidad de Taunton (Inglaterra).POOL (REUTERS)

Hay una razón evidente por la que los principales responsables de coordinar a los diputados de una u otra bancada en el Parlamento británico se llaman whips (látigos). La disciplina de grupo en Westminster no tiene la rigidez de las cámaras legislativas de otros países, y los representantes políticos del partido en el poder —sobre todo los que no ocupan cargo en la Administración— profesan más lealtad a los votantes de su circunscripción que al Gobierno. Conviene apretar las tuercas para mantener la coherencia política, y para eso están los whips. No es lo mismo, sin embargo, presionar a los diputados para que respalden una ley, que para salvar el cuello de un primer ministro en apuros. El diputado William Wragg ha declarado este jueves, al iniciar una de las sesiones de la Comisión de Administraciones Públicas y Asuntos Constitucionales, presidida por él, que “en los últimos días, varios parlamentarios han sufrido presiones e intimidaciones por parte de miembros del Gobierno por su intención, declarada o presumida, de perseguir que se vote una moción de censura interna al liderazgo del primer ministro”. Wragg ha sido uno de los primeros en exigir públicamente la dimisión del primer ministro, Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street. “La intimidación de un diputado es un asunto muy serio, y las informaciones recibidas apuntan a un caso de chantaje. Como consejo general a mis colegas, deberían reportar estos incidentes al presidente de la Cámara de los Comunes y a la Policía Metropolitana”, ha sugerido Wragg.

Un portavoz del Gobierno británico ha negado la acusación: “No somos conscientes de ninguna prueba que sostenga una acusación tan seria. Si aparece alguna, la estudiaremos cuidadosamente”, ha dicho.

Es el penúltimo episodio que viene a demostrar la enorme tensión existente entre Johnson y los diputados rebeldes, a pesar de que el primer ministro lograra ganar algo de tiempo después de la sesión de control del miércoles. En parte, gracias a una actitud defensiva y desafiante que contrastaba con su tono bajo y resignado de las horas previas. Pero sobre todo, gracias a la torpe explotación por parte de la oposición laborista de la deserción del diputado conservador Christian Wakeford. Después de ganar en las elecciones generales de 2019, por apenas 400 votos, el escaño de la circunscripción de Bury South, que sostuvo durante años la izquierda británica, Wakeford era uno de los nuevos parlamentarios tories que veían su futuro político en peligro por los desmanes de Johnson. Y decidió saltar a la bancada de enfrente. Pero no existe partido político en el mundo al que no desagrade el transfuguismo en sus filas, y la decisión del diputado de Bury South sirvió para recuperar cierta unidad entre los conservadores. Muchos de los que habían decidido ya presentar su “carta de retirada de confianza”, para activar la moción contra el primer ministro, optaron por esperar. Para la semana que viene se espera que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, presente su informe definitivo sobre las fiestas en Downing Street. Johnson ha implorado a sus críticos que le den una tregua hasta que se publique el resultado de esa investigación. Confiaba en un principio en que, a pesar de su previsible dureza, el informe no incriminaría penalmente ni señalaría la responsabilidad directa del primer ministro. De ese modo, calculaba el equipo de Johnson, sería posible que rodaran algunas cabezas para mostrar ejemplaridad y contrición, y poder pasar página.

Pero sobre la mesa de Gray se han ido acumulando los indicios. Según la cadena ITV, ya ha encontrado el correo electrónico que un exasesor mandó al secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, el hombre que envió la invitación a una de las fiestas a cerca de cien personas. Era una carta de advertencia, por la aparente ilegalidad del evento. El mismo aviso que Dominic Cummings asegura que le dio en persona a su entonces jefe, el primer ministro. La alta funcionaria ha decidido interrogar también al exasesor estrella de Johnson, y cada vez va a resultarle más complicado presentar una conclusión que exculpe al político conservador.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, se ha convertido en el tercer miembro del Gobierno que no solamente da por sentado, sin el menor asomo de dudas, que hubo fiestas en Downing Street durante el confinamiento, sino que ha exigido que se proceda cuanto antes a la expulsión de los responsables. Y, como el ministro de Economía, Rishi Sunak, tampoco ha querido poner la mano en el fuego por Johnson. Si se demuestra que mintió al Parlamento, al asegurar que no sabía que estaba asistiendo a una fiesta, también tendría que irse. “El Código de Buen Gobierno es muy claro. Si un ministro, incluido el primer ministro, se salta la ley, debe renunciar. Es una regla general que vale para todos, sin excepciones”, ha dicho Javid.

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Pulso Ciudadano: Pamela Jiles logra nuevo peak en encuesta presidencial
 

En segundo lugar fue ubicado Daniel Jadue (10,3%) y Joaquín Lavín (7,8%), siendo este último quien tuvo una fuerte caída, llegando al índice más bajo desde noviembre del 2019.

Asimismo, ante la consulta ‘¿Y quien crees tú que será el próximo presidente de Chile, excluyendo a Sebastián Piñera?’, Jiles volvió a subir, llegando al 19,1%.

Pulso Ciudadano: Pamela Jiles logra nuevo peak en encuesta presidencial 

Lavín quedó en segunda posición con un 13%, pero nuevamente disminuyó su aprobación hasta el nivel más bajo desde enero del 2020.

Jadue, por su parte, fue especificado en tercera ubicación con el 12,2% de las preferencias.

EL 52,8% DICE QUE VOTARÁ

Pulso Ciudadano: Pamela Jiles logra nuevo peak en encuesta presidencial 

La encuesta también señaló que el 52,8% del padrón electoral iría a votar en las próximas elecciones, universo donde Jiles también lidera, pero Jadue le sigue más de cerca.

Bajo este contexto, la diputada llegó al 21%, Jadue al 17,1% y Lavín al 6,9%.



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