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La vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en noviembre de 2021.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en noviembre de 2021.MATIAS BAGLIETTO (Reuters)

Argentina padece las consecuencias de un divorcio. Un divorcio no consensuado, de esos que llegan a los tribunales y la pasión de antaño es ahora gasolina para las más amargas disputas. El país sudamericano sufre las miserias políticas de una dirigencia que dirime sus peleas a viva voz. El presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, ya no se hablan. El mar de fondo es la rivalidad por el poder, pero también las diferencias del rumbo que ambos pretenden para Argentina. Y una pecado de nacimiento: Alberto Fernández fue ungido por Cristina Kirchner como candidato a la presidencia y a ella debe su sillón en la Casa Rosada. El experimento funcionó para evitar un segundo mandato de Mauricio Macri en octubre de 2019; pero la anomalía política que supone una vicepresidenta con más poder que un presidente ha sido un fracaso una vez en el Gobierno.

El jueves pasado, Argentina conmemoró el 46 aniversario del golpe militar contra Isabel Perón. El presidente Fernández realizó un pequeño acto protocolar, mientras que Cristina Kirchner y su agrupación política, La Cámpora, movilizaron a 70.000 hacia la Plaza de Mayo, la quintaesencia del poder político en Argentina. Al frente de la movilización estuvo Máximo Kirchner, hijo de la vice. La Cámpora mostró músculo callejero y mandó un mensaje claro a la Casa Rosada: nosotros somos el pueblo, la verdadera base electoral del Gobierno, los acreedores del poder presidencial. Fernández, mientras tanto, llama a la unidad, convencido de que la única posibilidad de vencer en las generales de 2023 está en un peronismo alineado tras un solo candidato.

La sangre entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner llegó a finales del año pasado, cuando el oficialista Frente de Todos sufrió un duro varapalo en las elecciones primarias obligatorias. La vicepresidenta achacó a su delfín político la derrota. Los ministros que le responden presentaron su renuncia y forzaron a Fernández a un cambio de Gabinete que no estaba en sus planes. Dos meses después, las elecciones confirmaron la derrota de los candidatos del Gobierno al Congreso. Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, pero el amor con Fernández, su exjefe de Gabinete, ya había terminado. El acuerdo que Argentina cerró esta semana con el FMI por una deuda de 45.000 millones de dólares fue la gota que rebalsó el vaso. El kirchnerismo votó en contra del texto en el Congreso, con el argumento de que un ajuste de la economía, como acordó Fernández, sentencia de muerte cualquier posibilidad de triunfo en las generales de 2023.

“Hay dos grupos que creen tener el derecho a tomar las decisiones, dos líderes que reclaman tener el poder de decidir en última instancia”, dice Sergio Morresi, politólogo de la Universidad del Litoral. “Y aunque la Constitución argentina dice que el poder ejecutivo recae de forma exclusiva en el presidente, lo cierto es que esta vicepresidenta tiene poder propio más allá de su lugar institucional. Y es desde ese poder propio desde donde exige que se considere que el presidente está allí para cumplir un mandato popular del que ella (y quienes la apoyan) se sienten mejores intérpretes”, dice. Andrés Larroque, hombre fuerte del kirchnerismo, lo dijo con claridad durante la marcha del 24 de marzo. Fernández, dijo, “fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la elección de la provincia de Buenos Aires. El frente lo convocó por iniciativa de Cristina”.

En el entorno del presidente no están de acuerdo con esta lectura de “poder prestado”. Si Cristina Kirchner lo ungió como candidato fue porque sabía que no podía ganar por sí sola. Alberto Fernández es, bajo esta lectura, condición necesaria para el triunfo del Frente de Todos frente a Macri en 2019. Por lo tanto, argumentan, tiene derecho a ejercer el poder como mejor le plazca. Se tata, en el fondo, de lecturas diferentes de la realidad. La crisis económica es acuciante. La inflación está disparada (ya supera e 50% anual), y el presidente considera que el acuerdo con el FMI es el primer paso hacia la salida. El kirchnerismo, en cambio, sostiene que nada buevo se puede esperar del FMI, y que es mejor alejarse lo más posible de Fernández mientras la Casa Rosada insista en avanzar sin remedio hacia el abismo. Si el Gobierno que integran fracasa, mejor estar lejos de la onda expansiva.

¿Está Argentina, entonces, encaminada hacia una ruptura definitiva de la coalición de Gobierno? “No lo creo” dice Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía. “No le conviene a ninguna de las partes, porque fragmentaría el voto peronista y aseguraría, desde ya, una derrota electoral en 2023″, dice. Pablo Touzón, politólogo y director de la Consultora Escenarios, sí ve la posibilidad de una crisis terminal. “Hay una decisión tomada por parte del cristinismo: considera que desde las PASO [primarias] y la derrota de las legislativas la figura de Alberto Fernández no tiene liderazgo”, explica. Sergio Morresi coincide en que la crisis es “muy grave”, pero considera que “más allá de la voluntad de una parte de la dirigencia para que se terminen de romper lanzas, hay otros sectores, incluso en las bases, que están pujando por mantener la unidad del Frente de Todos”.

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Entre esos sectores está el propio Alberto Fernández. Durante la última semana, la estrategia del presidente ha sido difundir la idea de que una fractura abre las puertas a un regreso de la derecha al poder, representada por Mauricio Macri. Macri es, para el peronismo, la consumación de todos los males. Fernández no habla con su vice, pero hace llamados desde los medios de comunicación. “Quien cree que eso tendrá algún efecto no tiene ni la más remota idea de cómo piensa la vicepresidenta”, dicen desde el entorno de Cristina Kirchner. La manifestación multitudinaria del 24 de marzo fue una evidencia de eso: el verdadero poder está en la calle y se puede exhibir. Y el rechazo al FMI fue la bandera.

En la Argentina, sin embargo, nadie tiene muy claro donde está la salida del atolladero. “El cristinismo tiene un enunciado, pero no tiene un proyecto real de país”, aclara Pablo Touzón. “Por eso prefiere irse, porque carece de una solución alternativa a esto que propone el FMI. Lo que quiere preservar es una especie de núcleo de valores y de sentidos”, dice.

Ese núcleo es la última esperanza de la Cristina Kirchner y su movimiento, que ve como irremediable un fracaso del Gobierno qué ella misma concibió. Alberto Fernández, mientras tanto, recibe la presión de su entorno para crear “el albertismo”, un movimiento que rompa amarras con el kirchnerismo apoyado en el poder de los gobernadores peronistas y los sindicatos que lo apoyan.

“No le otorgo muchas posibilidades a Alberto Fernández, aunque él y su grupo más próximo creen que puede aspirar a la reelección”, dice Eduardo Fidanza. “En la actual situación económica y social sus chances son muy reducidas”, dice. Sergio Morresi coincide. “En primer lugar, el presidente Fernández no parece decidido a lanzar un movimiento propio y prescindir de sus socios, aun si algunos de ellos quieren prescindir de él y se mueven para socavar su capacidad de acción. En segundo lugar, me parece que se está atravesando un momento social y económico muy delicado, y las condiciones para lanzar un movimiento político propio no son precisamente óptimas”, dice. Al gobierno de Alberto Fernández le restan dos años de mandato, y deberá navegar en el desierto.

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Las autoridades rusas castigarán con hasta 15 años de cárcel cualquier afirmación sobre sus acciones en Ucrania que califiquen como falsa. Las dos cámaras del Parlamento validaron con apenas cinco horas de diferencia el proyecto de ley que sancionará tanto la “desinformación” como el apoyo a las sanciones internacionales contra Rusia por su ofensiva sobre Ucrania. En ese lapso de tiempo, Moscú también bloqueó el acceso de sus ciudadanos a varios medios occidentales, entre ellos la británica BBC y la alemana Deutsche Welle.

“Es posible que desde literalmente mañana (sábado 5 de febrero) las normas castiguen, y muy severamente, a aquellos que mintieron e hicieron declaraciones que han desacreditado a nuestras fuerzas armadas”, advirtió Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, según recoge un comunicado de la Cámara Baja.

“Hacemos esto para proteger la verdad. Si Rusia no hubiera lanzado una operación especial de mantenimiento de paz, en Ucrania habría arrancado una guerra desatada por la OTAN”, añadió Volodin. Aproximadamente al mismo tiempo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, negó categóricamente que la organización planee intervenir tras nueve días de guerra. “La OTAN no toma parte en el conflicto, es una alianza defensiva”, subrayó en un encuentro de los países miembros en el que también se rechazó crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

No está claro si la nueva ley rusa tendrá efectos retroactivos. La difusión de información “deliberadamente falsa”, según el criterio de Moscú, se castigará con hasta tres años de cárcel, pero existen agravantes que pueden multiplicar hasta cinco veces la duración de la condena. También contempla multas que pueden alcanzar los 1,5 millones de rublos, (unos 12.000 euros).

El texto aprobado pone en el punto de mira cualquier crítica sobre el ejército. Esto se sancionará con hasta tres años de prisión y 300.000 rublos de multa (2.400 euros) a “quienes desacrediten en público a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”. Asimismo, en el caso de que la información difundida tenga “consecuencias graves” para los militares o para el desarrollo de la guerra, la pena de prisión alcanzará los 15 años.

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Si la “falsedad” la difunde un cargo oficial por “enemistad política, ideológica, nacional o religiosa”, la pena puede ser de hasta 10 años de prisión. La ley ha sido impulsada días después de que se pronunciase en contra de la guerra un alto cargo del Kremlin, el director del Consejo de Exteriores, Andréi Kortunov, quien dijo en una entrevista de Sky News que el conflicto es “una vergüenza”.

La nueva norma rusa tampoco tolera las críticas, ni las protestas contra la guerra. Apoyar las restricciones de otros Estados a la economía rusa o a sus altos cargos se castigará con hasta tres años de prisión o trabajos forzosos, además de una multa. Igualmente penalizado estará el llamar a manifestarse.

Silencio informativo

A la dureza de esta ley se une el cierre de numerosos medios en Rusia. El supervisor ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, bloqueó desde este viernes el acceso a varios medios occidentales “por la difusión sistemática de materiales que contenían información falsa sobre la esencia de la operación militar especial en Ucrania”.

Aleksei Venediktov, director de la histórica emisora Eco de Moscú, el jueves 3 de marzo de 2022 tras anunciarse el cierre definitivo de la cadena después de que fueran vetados de las ondas por las autoridades del Kremlin.
Aleksei Venediktov, director de la histórica emisora Eco de Moscú, el jueves 3 de marzo de 2022 tras anunciarse el cierre definitivo de la cadena después de que fueran vetados de las ondas por las autoridades del Kremlin.– (AFP)

El supervisor en ningún momento plantea la nueva ordenanza como una respuesta al bloqueo en Occidente de las cadenas del Kremlin, Sputnik y Russia Today. Entre otras supuestas “falsedades” de los medios occidentales, Roskomnadzor menciona publicaciones sobre soldados rusos fallecidos y sobre el bombardeo de zonas civiles. Hasta ahora el Ministerio de Defensa ruso solo ha publicado una vez una cifra de militares muertos, 498, y lo hizo en el séptimo día de ofensiva.

“Acceso bloqueado. La dirección web forma parte del registro de sitios de información cuya difusión está prohibida en la Federación de Rusia”, se anuncia desde hoy al intentar acceder a medios como la británica BBC, la alemana Deutsche Welle, o las estadounidenses Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty. Tampoco es posible conectar con Meduza, un medio creado por periodistas rusos con sede en Riga, Letonia.

“Me voy. Espero volver un día y seguir informando de Rusia”, han anunciado varios periodistas de los medios vetados por Twitter, adelantando que dejan el país debido a las restricciones. BBC, la cadena estatal británica cuya independencia llevó al primer ministro Boris Johnson a congelar su financiación tras años de amenazas, explicó que su rechazo a cambiar una coma ha sido lo que ha provocado su bloqueo.

“Los editores del servicio ruso de la BBC recibieron notificaciones de Roskomnadzor exigiendo eliminar material”, explicó el canal en un artículo, “porque alegaban que son una amenaza para la vida”. “El bloqueo al acceso a las webs de la BBC es otro paso en la campaña de las autoridades rusas contra los medios independientes”, advirtió en el reportaje de despedida.

Tampoco se libran de la censura los medios rusos. El canal independiente Dozhd cesó el jueves sus emisiones tras haber sido bloqueado por el mismo motivo. En su despedida emitió El lago de los cisnes, el ballet de Tchaikovski que se retransmitió una y otra vez en la televisión rusa durante el golpe de Estado de la cúpula comunista el 19 de agosto de 1991.

La radio Eco de Moscú, un histórico medio con 32 años de historia, anunció este jueves su liquidación tras haber sido vetada en las ondas y en internet. Su portal no solo recogía opiniones críticas, sino también ensayos y columnas afines al Kremlin. Un día después, rescindió todos sus contratos. “No está claro cómo van a trabajar los periodistas, o quienes van a seguir”, dijo su director, Alexéi Benedíktov, que no descarta nuevos proyectos. “No sé qué forma tomará. Lo principal para mí son las personas, son más importantes que las noticias”, lamentó el periodista.

Eco de Moscú ha desaparecido del mapa totalmente. No así Dozhd o la BBC, que aún son accesibles a través de Twitter o YouTube. Sin embargo, los precedentes apuntan a que Roskomnadzor exija su eliminación, como ya hizo con las publicaciones del equipo del opositor Alexéi Navalni por considerarlas “contenido extremista”.

De no hacerlo, las plataformas también podrían correr la misma suerte que los medios y acabar siendo vetadas o multadas. Las autoridades rusas, que cuentan con una ley para desconectar internet del resto del mundo, ya han comenzado a ralentizar redes como Twitter e Instagram porque sus usuarios protestaban allí contra el ataque a Ucrania.

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Quema de un camión en El Burro- Tamalameque.

Tras el bloqueo el departamento del Cesar quedó incomunicado con el Magdalena.

Noticias Colombia.

Este viernes continúa la ofensiva del Paro Armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en varias zonas del país donde tiene presencia este grupo armado al margen de la ley.

Varios hombres armados, encapuchados con banderas alusivas a esta organización guerrillera prendieron fuego a un camión en una carretera principal del corregimiento El Burro vía a Tamalameque, Cesar.

Vea: ELN amenaza con paro armado nacional y el gobierno le responde: «Habrá ofensiva total»
Camión incinerado en el corregimiento de El Burro, Cesar.

Los sujetos que portaban ametralladoras y otros armamentos y municiones, obligaron a descender del autormor al chofer.

El conductor no tuvo más remedio que seguir las órdenes de los encapuchados y acto seguido, estos procedieron a quemar el vehículo de carga.

 

Esta no ha sido la única ofensiva del ELN en ese sector del país. En la tarde del jueves, el grupo armado quemó tres camiones que iban cargados con verduras.

La incineración de estos vehículos se produjo en la trocha de la vereda La Paz, Cesar. Los vehículos venían desde Ocaña, Norte Santander.

Es de anotar, que esta vía era utilizada por transportadores como alternativa para el paso de los vehículos que se vieron afectados por la destrucción por parte del ELN del puente Los Trujillos de Pailitas, Cesar, hace un par de días.

 

Puente destruido en Pailitas.

Dicha carretera es de gran importancia para el páis ya que conecta los departamentos del interior con la Costa.

Se prevee que el Paro Armado finalice a las 56 de la mañana del sábado 26 de febrero fecha que dispuso el ELN para el término de su ofessniva guerrillera y su acciones hostiles.

Foto de portada: Captura de video

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André Ventura, presidente del Chega, partido portugués de extrema derecha, ha vuelto a quedarse sin altavoz en Twitter. La red social ha bloqueado su cuenta por novena vez, aunque en esta ocasión han informado a Ventura de que se trata de una suspensión definitiva.

La explicación facilitada por Twitter al político ultra, enviada por él mismo a la agencia de noticias Lusa, fue que la cancelación de la cuenta se debía a su vulneración “de los términos de uso de Twitter, en especial aquellas reglas contra la propagación y las conductas de odio”.

El mensaje que provocó la suspensión, según Ventura, ha sido uno del domingo 20 de febrero en el que compartía una fotografía del atentado en 2015 contra la revista francesa Charlie Hebdo con un texto que decía: “Solo Chega comprende los riesgos de la inmigración islámica descontrolada”. El mensaje añadía esto: “Europa corre un gran peligro y solo el Chega tiene el coraje de decirlo. ¡Los otros se esconden, se refugian en lo políticamente correcto y nos colocan a todos en peligro!”

Es la novena vez que el fundador del Chega, que se ha convertido en tercera fuerza parlamentaria tras las elecciones del 30 de enero tras pasar de 1 a 12 diputados, es bloqueado en Twitter, aunque en las anteriores habían sido decisiones temporales. En mayo de 2021 fue suspendido por escribir que el entonces ministro del Interior, Eduardo Cabrita, “debía ser decapitado” y en agosto por proponer que los pirómanos fuesen “arrojados a las llamas”.

En declaraciones al semanario Expresso, Ventura criticó su bloqueo y anunció que estudia recurrirlo ante los tribunales. En anteriores ocasiones también avisó de que llevaría a Twitter ante la justicia, aunque nunca llegó a hacerlo.

Twitter también ha bloqueado a Pedro Frazão, vicepresidente del partido y nuevo diputado, por utilizar “múltiples cuentas para fines abusivos”.

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La tensión aumenta en la crisis provocada por la protesta de camioneros en Ottawa, capital de Canadá. En la mañana de este jueves, una caravana de manifestantes a bordo de sus vehículos ha marchado haciendo sonar sus bocinas y enarbolando banderas canadienses hacia el cercano aeropuerto internacional, entre gritos de “¡Libertad!” y “¡Fake news!”. Lo han retransmitido en directo por Facebook para una audiencia que ha alcanzado los 11.500 espectadores, y después han subido a YouTube los vídeos de la protesta, que ha provocado atascos y enormes retrasos en una ciudad asomada al caos desde hace dos semanas por la concentración de centenares de conductores que protestan por la obligación de vacunarse para atravesar la frontera con Estados Unidos y por otras medidas diseñadas para contener la pandemia. Poco después de esos incidentes, la policía del Estado de Manitoba, al Oeste del de Ontario, ha alertado del bloqueo de un tercer paso en la frontera sur.

Se trata del paso Emerson, que une ambos países a la altura, al otro lado, de Dakota del Norte. La acción coordinada de decenas de vehículos de grandes dimensiones ha ocasionado el cierre de esa vía de comunicación internacional. Hasta ahora, otras dos puertas de entrada, el puente Ambassador (que conecta Detroit, en Estados Unidos, con Windsor) y el cruce Coutts (entre los Estados de Montana y el canadiense de Alberta) han corrido parecida suerte.

Las autoridades de Ottawa han anunciado, en un intento de aplacar las críticas por su inacción en los primeros días, que podrían realizar detenciones “sin necesidad de orden judicial”. “Es una ofensa criminal construir, interrumpir o interferir en el uso y disfrute legítimo de la propiedad. […]. Bloquear las calles o ayudar a otros a que las bloqueen puede ser una conducta constitutiva de delito”, dijeron en un comunicado hecho público el miércoles. “Deben cesar inmediatamente en esa actividad ilegal o podrían enfrentarse a la ley”, asegura el escrito, titulado Mensaje de la Policía de Ottawa a los manifestantes.

De momento, según datos ofrecidos por The Washington Post, se han producido al menos 23 arrestos y se han iniciado 80 investigaciones criminales durante esta crisis. La policía también ha alertado de sabotajes de la línea telefónica de emergencias. En su Twitter ha colgado el siguiente mensaje: “Somos conscientes de un esfuerzo concertado para inundar [de llamadas] nuestro 911 con asuntos que no son urgentes. Eso pone vidas en peligro y es completamente inaceptable”.

En el decimocuarto día de las protestas, los vecinos de Ottawa han reducido sus desplazamientos a los viajes esenciales, por recomendación de las autoridades. En la ciudad, se han producido enfrentamientos entre manifestantes y transeúntes y dueños de comercios, cuya paciencia se halla al límite.

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El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, bestia negra de las protestas por su gestión de la pandemia, criticó en Twitter los bloqueos de los accesos fronterizos y los disturbios en la capital, donde se declaró el estado de emergencia durante el fin de semana. ”Están poniendo en peligro empleos, impidiendo el comercio, amenazando la economía y paralizando nuestras comunidades”, ha dicho Trudeau, a quien esta crisis ha sorprendido confinado después de anunciar que se había infectado con coronavirus a finales de enero.

Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos, y una media de 8.000 camiones atraviesan cada día el puente Ambassador, a unos 765 kilómetros de Ottawa. Mercancías por valor de 323 millones de dólares (282 millones de euros) toman ese camino a diario, mientras que el 80% del suministro del Estado de Manitoba cruza por el paso Emerson. Los analistas no dudan de que estos incidentes agravarán aún más la crisis de desabastecimiento que están sufriendo este invierno ambos países, como parte de una emergencia global.

El autodenominado convoy de la libertad se citó en Ottawa el 28 de enero para oponerse a la norma del gobierno federal, adoptada el 15 de ese mes, de exigir la pauta completa de vacunación a los camioneros canadienses que cruzan la frontera de Estados Unidos, país que impuso una obligación similar una semana después. La protesta ha acabado convertida en una enmienda a la totalidad sobre las medidas de salud pública destinadas a combatir la pandemia. Sus organizadores insisten en que no cesarán en su empeño hasta que no se eliminen todas las medidas. Las autoridades de Estados Unidos están enviando estos días señales de que obligaciones de la nueva normalidad pandémica, como las mascarillas en interiores, están cerca de su final.

Las protestas han hallado su eco en lugares como Nueva Zelanda, Australia o Francia. El Departamento de Seguridad Nacional filtró esta semana a algunos medios estadounidenses un informe que alerta de un posible sabotaje al estilo del de Ottawa durante la Super Bowl, que paralizará este domingo la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades sospechan que de ahí podría partir una caravana rumbo a Washington, con la vista puesta en el Discurso sobre el Estado de la Unión, que Joe Biden tiene previsto pronunciar el próximo 1 de marzo.

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La protesta de cientos de camioneros canadienses contra la vacunación obligatoria contra la covid-19 para viajes transfronterizos que mantiene semiparalizada la capital, Ottawa, por undécimo día consecutivo se extendió el lunes al principal paso fronterizo con Estados Unidos, tras haber prendido en otras ciudades de Canadá, como Toronto y Quebec, e incluso más allá de las fronteras entre estos dos países. En Nueva Zelanda y Australia, grupos radicales y antivacunas han mostrado su solidaridad con la movilización de un sector de los transportistas canadienses. Camioneros neozelandeses bloquean desde el martes las calles aledañas al Parlamento de Wellington, según radio New Zealand. Tres manifestantes han sido detenidos este miércoles durante las protestas ante la sede de esta institución.

Mientras manifestaciones similares a la que provocó el lunes la declaración del estado de emergencia en Ottawa germinan de forma más modesta a miles de kilómetros, el bloqueo que padece la capital de Canadá —que ya ha llevado a la detención de más de 20 personas, según fuentes oficiales— se ha amplificado en los últimos días y amenaza incluso la cadena de suministros básicos del país. Camiones y furgonetas de la llamada Caravana de la Libertad bloquean desde el lunes el principal paso fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, el que discurre por el puente Ambassador, que une la ciudad de Windsor, en la provincia canadiense de Ontario con Detroit, en el estado de Michigan, en EE UU.

Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos, y una media de 8.000 camiones atraviesan cada día ese paso fronterizo, a unos 765 kilómetros de Ottawa. Más de 40.000 personas y mercancías por valor de 323 millones de dólares (282 millones de euros) transitan cada día por él. Pese a la reapertura parcial en el lado canadiense, el paso sigue bloqueado pues el Departamento de Transporte de Michigan mantiene cerrada la frontera estadounidense.

El martes por la noche, la policía de Windsor informó en sus redes sociales de que solo un número limitado de vehículos privados podía transitar en dirección a Estados Unidos. En su cuenta de la red social Twitter, la policía de esa ciudad canadiense exhortó al resto de conductores a buscar rutas “alternativas”, como el puente Blue Water, que conecta Sarnia, también en la provincia de Ontario, con Port Huron (Míchigan). Este largo desvío motivó las protestas de varios usuarios en las redes sociales. El 60% de los canadienses se opone a la movilización del sector antivacunas de los camioneros del país, de acuerdo con un sondeo difundido el lunes.

En una sesión de urgencia convocada el lunes en la Cámara baja del Parlamento del país, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había declarado que, tras más de una semana de ocupación del centro de Ottawa, la protesta de los camioneros “tenían que parar” e instó a los transportistas y a los miles de miembros de los grupos antivacunas que los apoyan a que regresaran a sus casas. Trudeau afirmó también que la protesta está “bloqueando” la democracia y la economía canadienses. Tras la paralización del tráfico en el paso con Estados Unidos, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, afirmó, por su parte, que las autoridades “seguirán trabajando” para “mantener las cadenas de suministro a través del puente Ambassador, así como las ruedas de nuestra economía en marcha”.

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El subjefe de la policía de Ottawa, Steve Bell, informó ese mismo día a los medios de comunicación de que los agentes han inmovilizado muchos de los vehículos pesados que participan en la protesta en las calles de Ottawa. Bell reveló también que, en una cuarta parte de los 418 vehículos contabilizados en la capital, la policía ha constatado la presencia de niños, expuestos al frío intenso del invierno canadiense, el ruido constante de las bocinas, la inhalación de monóxido de carbono y la falta de acceso a servicios de higiene y saneamiento. El alcalde de Ottawa pidió a principios de esta semana 1.800 policías más para contener la protesta.

Descontento de los residentes

Mientras cerca de 500 camiones siguen obstaculizando el tráfico en Ottawa, los residentes del centro de la capital han mostrado su indignación por las molestias ocasionadas por la protesta. Algunos habitantes de Ottawa han denunciado que los miles de manifestantes que invadieron el centro el fin de semana obligaron incluso a cerrar las tiendas. “Todos estamos hartos”, dijo a la agencia Reuters Marika Morris, una vecina del centro. “No tienen derecho a tomarnos como rehenes”, zanjó.

Los nervios de los residentes también se han visto alterados por el constante sonido de las bocinas. El lunes, un juez de Ottawa dictaminó que los camioneros debían dejar de tocarlas durante 10 días.

“Aquí no ha habido más que amor, unidad y paz”, declaró, por su parte, John Van Vleet, un camionero de Ontario. “Para mí es importante venir aquí a luchar por mis libertades”, afirmó este transportista, que negó las acusaciones de violencia contra el colectivo.

Las manifestaciones también se han extendido a otras ciudades canadienses, como Toronto y Vancouver. Desde el lunes, la protesta de los camioneros ha suscitado incluso el apoyo más allá de las fronteras canadienses con las concentraciones de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y en Canberra, Australia, bautizadas a su vez como caravanas de la libertad.

La protesta empezó el 29 de enero cuando unos 3.000 transportistas de todo Canadá llegaron con sus vehículos a la capital. A ellos se sumaron entre 10.000 y 15.000 manifestantes, entre los que figuran miembros de organizaciones radicales de extrema derecha. Dos semanas antes, el 15 de enero, el Gobierno canadiense había impuesto la vacunación obligatoria contra la covid-19 a los camioneros transfronterizos.

Aquellos choferes extranjeros que no se hayan vacunado tienen prohibida la entrada al país. En el caso de los camioneros canadienses sin pautas de inmunización, deben hacer una cuarentena de 14 días a su regreso a Canadá. Estados Unidos puso en marcha la misma medida el pasado 22 de enero. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, señaló entonces que la aplicación de esta política representa una de las mejores maneras de mantener bajo control las nuevas infecciones relacionadas con los viajes. La Alianza canadiense de camiones, que se opone a la Caravana de la Libertad, calcula que unos 16.000 camioneros que cruzan a suelo estadounidense con regularidad no están vacunados (un 15% del total).

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Facebook bloquea por un mes la cuenta de Maduro por «desinformar» sobre el Covid-19

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