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La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.
La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.

La Justicia argentina ha condenado a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero aún queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a pagar hasta cinco millones de pesos (unos 43.300 dólares) a quien dé alguna pista que facilite su captura, según el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

Con el paso de los años, la búsqueda se vuelve cada vez más compleja y es necesario envejecer las escasas fotografías que se disponen de los prófugos. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.

Vildoza escapó del país por la frontera de Paraguay en 1986 junto a su esposa y a su menor apropiado en un automóvil de Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovechó el beneficio de la excarcelación que le había sido concedido y se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.

Entre los más buscados figura también el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esta fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.

La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay también civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.

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Una treintena de capturas

La unidad especial de búsqueda de prófugos en casos de lesa humanidad se creó en 2008 y se articuló un fondo de recompensas para quienes brinden información que permita localizar su paradero. Desde entonces se han capturado una treintena de represores.

Uno de los más recientes fue el exteniente coronel Roberto Brunello, de 72 años, que se encontraba prófugo desde el 22 de noviembre del 2013. Brunello, imputado por los delitos de secuestro, aplicación de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada de persona, fue capturado el pasado noviembre en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos presionan para que el Estado argentino intensifique la búsqueda de estos prófugos y también para que acelere los juicios en curso o en fase de instrucción, dada la edad cada vez más avanzada de víctimas y victimarios. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

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Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.
Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.BORIS ROESSLER / POOL (EFE)

Alaa M., un médico sirio de 36 años que fue capturado en 2020 en el Estado federado de Hesse (Alemania), y que es sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad, incluida la tortura de prisioneros en hospitales militares en Siria, ha comparecido este miércoles en un tribunal de Fráncfort, en el segundo caso de este tipo que lleva a cabo la justicia alemana. Hace una semana, un tribunal de Coblenza condenó a un exoficial de los servicios de espionaje sirios a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El acusado llegó a Alemania en 2015 para trabajar como médico, gracias a un visado expedido por este país para los sirios que trabajan en determinados sectores en los que falta mano de obra cualificada. Alaa M. trabajó como cirujano ortopédico en varios hospitales antes de ser reconocido por unos refugiados sirios. En el momento de su detención, en junio de 2020, ejercía en una clínica de rehabilitación en Bad Wildungen, una tranquila ciudad balneario de Hesse. Sus colegas desconocían su pasado.

La Fiscalía acusa a Alaa M. de “haber torturado e infligido graves daños físicos y psicológicos” a por lo menos 18 detenidos entre 2011 y 2012 en el hospital militar de la ciudad siria de Homs y en los calabozos de los servicios secretos en la misma localidad. Además, se le imputa un asesinato y otros cuatro de lesiones graves. El acusado, según dos testigos, estaba en formación médica en el hospital militar cuando, como médico asistente, vertió alcohol sobre los genitales de algunos prisioneros y luego les prendió fuego. Supuestamente golpeó, pateó, colgó del techo y azotó a varios detenidos.

“Alaa M. no es una excepción en Siria”, ha dicho Annsar Shahhoud, un refugiado sirio, a Tagesschau, el informativo de televisión con mayor audiencia en el país “Los médicos han participado sistemáticamente en la violencia desde 2011. Supervisan las torturas, los asesinatos y emiten certificados de defunción falsos”, ha señalado.

Alaa M. está en prisión preventiva desde su detención en 2020 y podría ser condenado a cadena perpetua. Los fiscales alemanes se han acogido a las leyes de jurisdicción universal que les permiten solicitar juicios para los sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. Alemania se ha convertido en un país pionero en juzgar los crímenes del régimen del presidente sirio, Bachar el Asad.

La acusación más grave a la que se enfrenta Alaa M. tiene que ver con la muerte de un opositor. Según la Fiscalía, un preso, que había sido detenido por participar en una manifestación contra el régimen, sufrió un ataque epiléptico al cabo de una sesión de tortura. Alaa M. fue llamado para prestarle auxilio, pero en lugar de ello le golpeó y pateó en al menos dos ocasiones. El preso murió al poco tiempo, sin que se determinase la causa exacta de la defunción.

Según informaciones del semanario Der Spiegel, que difundió en 2020 la verdadera identidad de Alaa M. en una investigación conjunta con la cadena catarí Al Jazeera, los dos testigos en cuyas declaraciones se fundamenta el caso se encontraban detenidos donde el acusado realizó sus torturas.

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Los fiscales consideran que Alaa M. es un partidario fanático de El Asad, que llamaba “cucarachas” a los opositores y participaba “de todo corazón” en la represión. “La apertura del segundo juicio en Alemania por crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria muestra que los esfuerzos para hacer justicia por las atrocidades cometidas en ese país están ganando impulso”, ha señalado en un comunicado la ONG Human Rights Watch antes de que comenzara la audiencia.

El abogado sirio Anwar al-Bunni, que dirige una organización en Berlín en defensa de los derechos humanos y que ayudó a preparar el caso contra Alaa M., dijo en vísperas de la apertura del juicio que la presencia del médico ante el tribunal arrojaría más pruebas de que el Gobierno sirio instigó la tortura para sofocar el levantamiento contra El Asad.

“Esperamos que se le condene a cadena perpetua”, dijo al-Bunni, quien añadió que el tribunal podría emitir un veredicto antes de que termine este año.

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Colombia: denuncian a Gobierno ante CPI por crímenes de lesa humanidad

Además de Iván Duque, señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, Jorge Luis Vargas, como los «máximos responsables».

Deutsche Welle

14.05.2021

Organizaciones sociales y el senador de izquierda Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, según trascendió este jueves (13.05.2021).

Además de Duque, los demandantes señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, como «máximos responsables».

La denuncia de Cepeda -fuerte opositor de Duque y de Álvaro Uribe- fue acompañada por varias ONG como Temblores; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.

En un comunicado, el grupo de querellantes dice que «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron». Igualmente, señalan al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como de ser uno de los «principales instigadores» de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas. Según el informe hay evidencias de delitos contra la población civil reflejado en «homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas».

«Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular», sostiene la denuncia.

El grupo expresa preocupación porque Cali -la tercera ciudad del país- ha sido «escenario de los más graves hechos» y remarca que las principales autoridades de Gobierno y Estado no condenan en «forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD. HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública».

En la misiva, piden que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el Estado colombiano «no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes».


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Ciper Chile.

Según señaló el propio Baltasar Garzón al medio mencionado, se trataría de hechos que «revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”.

En particular, la acusación pide la intervención por los casos que «erróneamente» son calificados como delitos comunes y cuya investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustarían al principio de igualdad ante la ley.

Al respecto se lee en el documento: «los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”.

En el detalle, se buscarían sanciones para la máxima autoridad del país, incluyendo a ministros del Interior y Defensa, y generales directores de Carabineros.

De acuerdo a Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”.

Ahora, la Corte Penal Internacional deberá definir si la acción es admisible para proceder a la investigación, proceso que puede incluso tomar años.

En la investigación la corte deberá analizar si los hechos son de su competencia, si hay motivos para sostener que hubo crímenes de lesa humanidad y, finalmente, si se cumplen los requisitos de admisibilidad, en especial el carácter complementario de este tribunal frente a la Justicia nacional.

Uno de los argumentos presentes en el texto es que “las conductas denunciadas no son aisladas o independientes entre sí, sino que se enmarcan en un plan destinado a llevar a claro un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disenso y contener las demandas sociales, ejerciendo intimidación política mediante el uso de la brutal violencia policial”.

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Sin embargo, el fondo del asunto sería la supuesta «impunidad» que habría en el país frente a las violaciones cometidas contra los derechos humanos durante el estallido social en la que se sumarían 8.510 denuncias y querellas ante el Ministerio Público.

En ese sentido, explican que «los hechos delictivos cometidos por los agentes del Estado chileno, principalmente miembros de la policía militarizada Carabineros de Chile, han sido calificados como delitos comunes, esto es como homicidios, mutilaciones o lesiones, violaciones o abusos sexuales, en circunstancias que debieran serlo, dado que concurren todas las exigencias, como crímenes de lesa humanidad. De esta manera, para orientar y fundamentar el principio de complementariedad invocado, podemos señalar que las actuaciones del Estado de Chile y sus diversos organismos, en relación con la ausencia de respuesta adecuada ante los ilícitos cometidos por sus agentes, han derivado en un grave comportamiento asimétrico y consecuencialmente, grave vulneración al principio de igualdad ante la ley, por parte de los distintos poderes del Estado encargados de la persecución penal, comportamiento asimétrico que es particularmente complejo en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado (Carabineros de Chile) contra manifestantes civiles”.

En definitiva, quienes acusan hablan de una falta de voluntad del sistema judicial chileno para investigar los hechos.

En sus antecedentes, aseguran que casi la mitad de las causas por violaciones de derechos humanos fueron terminadas sin avances: «unas 3.050 investigaciones en procedimientos por ‘violencia institucional’ fueron finalizadas por la vía administrativa en su inmensa mayoría y sólo marginalmente con la aprobación del correspondiente Juez de Garantía, lo que corresponde a un 46% del total de líneas investigativas por delitos cometidos en el período por agentes del Estado contra la población civil”.

Revisa el documento completo:

 



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