Además de Iván Duque, señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, Jorge Luis Vargas, como los «máximos responsables».
Organizaciones sociales y el senador de izquierda Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, según trascendió este jueves (13.05.2021).
Además de Duque, los demandantes señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, como «máximos responsables».
Denunciamos hoy ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, el ministro de Defensa, el exsenador Uribe, los generales Zapateiro y Vargas, por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones: pic.twitter.com/uAKOx5Nemg
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 13, 2021
La denuncia de Cepeda -fuerte opositor de Duque y de Álvaro Uribe- fue acompañada por varias ONG como Temblores; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.
En un comunicado, el grupo de querellantes dice que «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron». Igualmente, señalan al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como de ser uno de los «principales instigadores» de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas. Según el informe hay evidencias de delitos contra la población civil reflejado en «homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas».
«Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular», sostiene la denuncia.
El grupo expresa preocupación porque Cali -la tercera ciudad del país- ha sido «escenario de los más graves hechos» y remarca que las principales autoridades de Gobierno y Estado no condenan en «forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD. HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública».
En la misiva, piden que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el Estado colombiano «no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes».
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