En BBC Mundo analizamos por qué la Carta Magna chilena estuvo en el punto de mira durante la ola de protestas.
Herencia de Pinochet
Una de las principales razones por las que los manifestantes demandaron cambiar la Constitución tiene que ver con el origen de la misma.
«Una de las cuestiones que más se critican, y por lo mismo se quiere cambiar, tiene que ver con su ilegitimidad de origen: es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar», le dijo a BBC Mundo Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.
«La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo», coincidió Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Pero tal y como apuntan ambos expertos, la Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005.
Por ejemplo, en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.
Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, «lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado», dijo Aranda.
«Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios», opinó el doctor en Estudios Latinoamericanos.
«Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por lo tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen».
En las declaraciones de los manifestantes que participaron en las protestas se reflejó ese pensamiento.
«Yo no voy a parar de protestar hasta que se cree una nueva Constitución y se termine con la herencia de Pinochet», le dijo en noviembre del año pasado a BBC Mundo Nohlan Manquez, un fotógrafo que salió a las calles en aquellos días.
Pero más allá de su origen, también se cuestiona el contenido de la propia Carta Magna.
La rigidez y los «enclaves autoritarios»
Según Henríquez, la Constitución «fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo».
«Hay una desconfianza, que está presente en la Constitución, a la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo» y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.
En cuanto a contenido, otra de las cuestiones es que se trata de una Constitución «muy rígida»: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, la especialista discrepó de Aranda y consideró que la Constitución «persiste en lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones».
«Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan».
Los ciudadanos se echaron a la calle para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales.
Estado social
El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidiario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
«Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos», explicó Henríquez.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.
También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
Aranda coincidió en que la función social está «infrarrepresentada» en la Constitución, que le otorga solo «funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.»
«Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio», explicó el experto.
Ambos analistas coincidieron en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante.
Este fin de semana, casi 15 millones de personas están habilitadas para elegir a los 155 representantes de la convención constitucional que redactará la nueva Carta Magna.
En esta convención no participarán representantes del Congreso y sus miembros serán electos bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará que la asamblea esté compuesta mitad por hombres y mitad por mujeres.
Los 155 miembros tendrá 9 meses (prorrogables a tres más en una sola oportunidad) para presentar un nuevo texto constitucional.
Luego, ya en 2022, Chile vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.
*Esta nota fue publicada originalmente en noviembre de 2019, en pleno estallido social, y fue actualizada el 11 de mayo de 2021 con motivo de la elección de los miembros de la Convención Constituyente.
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