Las primeras convocatorias serán las de Estímulos, Banco de Jurados y el programa de circulación nacional e internacional, informaron desde la Secretaría de Cultura.
Noticias Cali.
Artistas, gestores y organizaciones culturales serán quienes se beneficien con la denominada «bolsa de más de 7 mil millones de pesos», que como confirmó la Secretaría de Cultura de Cali, apalancara su agenda de convocatorias durante este primer semestre del año.
Precisan que durante este año se busca realizar un enfoque desde la inclusión a través de una perspectiva «diferencial, la democratización, la participación efectiva, la resignificación y la cultura del respeto.
Inclusión, clave en convocatorias culturales en Cali
Las primeras convocatorias serán las de Estímulos, Banco de Jurados y el programa de circulación nacional e internacional.
Del 31 de marzo al 1 de mayo
Teniendo en cuenta lo anterior, informaron que la convocatoria de Estímulos estará abierta desde este jueves 31 de marzo hasta el próximo 1 de mayo.
Buscando beneficiar durante este primer semestre a más de 400 proyectos culturales de Cali por medio de 73 estímulos y con una inversión cerca de $2.700 millones de pesos.
Desde la Secretaría de Cultura detallan que en total serán 16 áreas de la cultura en las que artistas y gestores tendrán la oportunidad de postularse con sus propuestas.
Todo esto podrá hacerse por medio del siguiente enlace: https://www.culturaenlineacali.co/convocatorias
De acuerdo a Ronald Mayorga, secretario de Cultura, “el mensaje para los artistas, creadores y gestores culturales caleños es que pueden participar de manera abierta y libre. Es una bolsa de recursos democrática de la que cualquier caleño puede hacer parte”.
Participación efectiva
De igual forma, durante este año se implementará un nuevo concepto denominado ‘participación efectiva’.
El cual pretende ampliar los espacios mediante «prácticas equiparadoras de disparidad, visibilizando los aportes de las organizaciones que llevan a cabo acciones reivindicadoras de derechos».
Los cuatro acciones puntuales son los siguientes:
Paridad de género: participación de mujeres en proyectos artísticos y/o culturales en cargos de liderazgos o participación en toma de decisiones.
Estrategias de participación e inclusión de diversos grupos poblacionales LGTBIQ+, etarios, personas con discapacidad.
Procesos amigables con el medio ambiente: estrategias que utiliza el proyecto artístico y/o cultural en las buenas prácticas medioambientales para reducir el impacto negativo en el ecosistema.
Reflexión de las problemáticas sociales: es la manera en cómo el proyecto artístico y/o cultural visibiliza, reflexiona y resignifica las problemáticas sociales y le da relevancia a la transformación de territorio y sus dinámicas.
¡Tenga en cuenta! que para este 2022 la convocatoria de Estímulos estará exenta de los impuestos de las estampillas, de Industria y Comercio y del IVA, lo que reduciría cerca de un 10 % las deducciones en los contratos de los artistas y organizaciones ganadoras de estos procesos.
«Hoy, lanzamos 73 líneas de incentivos en las que ustedes cómo gestores culturales pueden participar. Estamos abiertos a conocer propuestas, pero también a presentar más escenarios para que tengamos la oportunidad de explotar esa joya histórica que tenemos». @Rmayorgapic.twitter.com/lcg6ZuyGaM
— Secretaría de Cultura de Cali (@CaliCultura) March 31, 2022
¿Cómo participar en la convocatoria?
Para el proceso de registro e inscripción siga los siguientes pasos:
Para la participación en línea ingresa a www.cali.gov.co/cultura.
Descargue el documento y conozca los términos de referencia del Estímulo de tu interés.
Escriba su proyecto, puede hacer uso de los formatos anexos, que son documentos que sirven de guía para la escritura de la propuesta. Solicite los soportes y evidencias que requiera.
Seleccione el medio de participación habilitado para el Estímulo y envíela por medio de www.culturaenlineacali.co
Debe estar atento a las comunicaciones mediante correo electrónico en caso de subsanar o ser seleccionado.
Realizarán plantones en al menos 18 ciudades. Rechazan la decisión de la Corte Constitucional.
Noticias Colombia.
Son diferentes las instituciones religiosas que han llamado y convocado a manifestarse contra la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto en Colombia.
Una de estas organizaciones es la iglesia cristiana Ríos de Vida. Desde allí se denominó la iniciativa “Déjame nacer”.
«El pueblo colombiano, que es el constituyente primario, manifiesta su profunda indignación por el pronunciamiento de la Corte Constitucional donde anunció al país la Sentencia C-055 de 2022 con la cual violó el principio de cosa juzgada y despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación, además de habilitarlo bajo las 3 causales ya establecidas durante todo el embarazo», publican inicialmente en la convocatoria.
Agregan que mayoría de colombianos no acepta que 4 magistrados y 1 conjuez «le impongan al país una sentencia de muerte», lo que de acuerdo a lo que han manifestado, «destruye su presente y su futuro, al condenar al infanticidio a los seres más indefensos e inocentes, nuestros bebes que están por nacer».
En el documento denominado ‘Manifiesto por la Defensa de la Vida’ exponen su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional.
«En Colombia se legalizó la pena de muerte para inocentes», dicen.
Documento de la convocatoria.
Argumentando que está excediendo «nuevamente sus funciones dentro del Estado Social y Democrático de Derecho al suprimir, de manera ilegítima, la función legislativa del Congreso de la República quien ha negado en retiradas oportunidades el aborto, para establecer un supuesto derecho que atenta contra la vida de los niños por nacer en Colombia, sustituyendo así la Constitución Política donde se establece en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable».
Su arresto, hace un año, fue el precursor de otros muchos, el descorche de una oleada de represión a la disidencia y a la sociedad civil sin precedentes en la Rusia moderna. El líder opositor Alexéi Navalni lleva un año preso. El feroz enemigo del presidente ruso, Vladímir Putin, que sobrevivió a un gravísimo envenenamiento tras el que la inteligencia occidental aprecia la mano del Kremlin cumple casi tres años de condena por un polémico caso y está encausado en varios procesos más que pueden engrosar su tiempo en prisión.
La mayoría de los principales aliados de Navalni están hoy fuera de Rusia y los que no, afrontan serios procesos judiciales; sus organizaciones han sido declaradas “extremistas”, ilegalizadas y cerradas. Y la represión ha ido alcanzando, gota a gota, a multitud de otras voces y redes críticas y disidentes en un país con un régimen que no admite una oposición real. El Kremlin, embarcado ahora también en una crisis con Ucrania, la OTAN y la UE por la concentración de tropas junto a las fronteras de la vecina antigua república soviética y la sombra de una nueva agresión militar, liquida así a la oposición en casa.
Navalni, pese al desenlace, ha asegurado que volvería a recorrer el camino emprendido. “No le tengan miedo a nada”, ha dicho este lunes en un mensaje en sus redes sociales que sus abogados han pasado a su equipo. “Este es nuestro país, no tenemos otro”, ha añadido. El opositor está internado en una colonia penal —una prisión donde los reclusos trabajan— a unas tres horas de Moscú, conocida por su severidad y donde ha denunciado la falta de acceso a tratamiento médico y que se le sometió a privación del sueño. Navalni no lamenta, sin embargo, haber regresado a Moscú, donde sabía que con toda probabilidad sería detenido. “Hice todo lo que pude para tirar de mi extremo de la cuerda, tirando hacia mi lado a los que son honestos y ya no tienen miedo”, dice Navalni desde prisión. “No me arrepiento ni por un segundo”.
Abogado y activista anticorrupción, el disidente, de 45 años, estaba en busca y captura por haber violado los términos de la libertad condicional de una antigua condena por fraude —y que denunció como “motivada políticamente”— mientras estaba en Alemania. Navalni, que se hizo un nombre destapando y publicando en Internet investigaciones y escándalos de la élite política y económica rusa, había estado desde el verano en Berlín. Allí fue trasladado en agosto de 2021, en coma y de urgencia —y tras la mediación de la canciller Angela Merkel— desde Siberia, donde fue envenenado con una neurotoxina militar de la familia Novichok, como indican los informes de la Fiscalía alemana y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Se trata de la misma empleada con el exespía ruso Serguéi Srkripal en 2018 en suelo británico por espías de la inteligencia militar rusa, según Reino Unido.
Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas. DPA vía Europa Press (Europa Press)
Una investigación de varios medios señaló más tarde, cuando el opositor ya estaba en prisión, con nombres y apellidos a varios agentes del FSB (el servicio de inteligencia ruso, heredero del KGB) como responsables del ataque químico. El Kremlin ha negado su implicación, ha llegado a acusar a Navalni de ser un agente de la CIA y ha asegurado que Alemania no le ha entregado pruebas sobre el caso del opositor, galardonado el año pasado con el premio Sájarov a los derechos humanos del Parlamento Europeo.
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El arresto de Navalni hace un año sacó a decenas de miles de personas a la calle, recuerda el politólogo Alexander Morozov. No solo partidarios del opositor, indignados por su detención y el envenenamiento, también a una ciudadanía cansada, desencantada por la corrupción, la falta de renovación en las instituciones y la pérdida de poder adquisitivo, que se ha cebado con las clases medias en Rusia, donde los ingresos reales han caído casi un 13% desde 2013. Aquellas manifestaciones fueron duramente reprimidas, miles de personas detenidas. Y se inició el proceso contra el equipo de Navalni y sus organizaciones, declaradas en verano “organizaciones extremistas”.
La red de entidades que el opositor tejió en muchas regiones rusas —y que logró réditos políticos inéditos en algunas provincias— ha quedado desmantelada. Su cuartel general, finiquitado. Y las detenciones se suceden entre los activistas y políticos que se han quedado en Rusia, como Ksenia Fadeyeva, diputada provincial por Tomsk, arrestada a finales de año por “extremismo”. Aunque el núcleo duro de su equipo sigue manteniendo sus proyectos desde el exilio, explica Ruslan Shaveddinov. Investigaciones anticorrupción, proyectos de medios y la aplicación de “Voto Inteligente”. Con esta aplicación —que fue correspondientemente prohibida, y que las autoridades lograron incluso vetar de los buscadores de Internet y de Telegram—, trataron de arrebatar al partido de Putin, Rusia Unida, votos en las elecciones parlamentarias de septiembre al identificar a la persona candidata con más posibilidades de derrotar a la formación gubernamental. “No importa dónde estemos, podemos trabajar en cualquier lugar e interactuar con nuestros seguidores. Nuestro trabajo es muy necesario porque en Rusia ahora hay una gran demanda de cambios y de una opinión alternativa”, asegura Shaveddinov.
El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania. SERGEI ILNITSKY (EFE)
Con CNN y HBO han filmado un documental —Navalni: el veneno siempre deja rastro— que se estrenará pronto, ha contado María Pevchij, que lidera el grupo de investigación que hace casi un año, poco después del arresto del opositor, sacudió Rusia con la publicación en YouTube de una pesquisa sobre el supuesto palacio multimillonario de Vladímir Putin en un entorno protegido a orillas del Mar Negro.
Pero lo cierto es que con Navalni en prisión, sus principales aliados en el exilio o procesados y sus organizaciones liquidadas, el movimiento opositor ha perdido mucho fuelle en Rusia, pese a que el disidente nunca logró registrar un partido político. Su caso fue la espita y el aviso a navegantes que se ha ido repitiendo en un sistema político cada vez más controlado. “En el año transcurrido desde la detención de Aleksei Navalny en un aeropuerto de Moscú, el político, sus seguidores y otras organizaciones de la sociedad civil rusa han sufrido una implacable embestida de represión”, abunda Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. Más de 1.500 activistas y periodistas han abandonado Rusia por motivos “políticos”, según un informe de la Fundación Rusia Libre, que no incluye en su recuento a las familias de los exiliados.
Las autoridades han sofocado a la oposición y añadido a decenas de activistas, opositores, periodistas, medios de comunicación independientes y ONG a su lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta que tiene unas connotaciones muy negativas en Rusia y que dificulta a través de grandes trabas administrativas el trabajo; tanto que puede desencadenar, como ha sucedido, el cierre de las entidades. También ha ampliado su índice de “organizaciones extremistas”, una de las últimas, la reputada ONG Memorial, que se ocupa de los crímenes del estalinismo.
Según la sentencia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —que llegó a pedir en su momento que se indemnizase al activista por el fallo— declaró “arbitraria e injusta”, Navalni debería salir de prisión en otoño de 2023, a más tardar. Sin embargo, desde hace meses, las autoridades han encausado al opositor en otros procesos penales: desacato al tribunal, fraude a una escala especialmente grande, y lavado de dinero en relación con la supuesta malversación de donaciones a sus ONG. También ha sido acusado de crear una organización que “atenta contra los derechos de los ciudadanos”. “No sé cuándo terminará mi ‘viaje espacial’ ni si terminará en absoluto”, ironizaba el opositor en otra publicación de Instagram.
Los jefes de Estado de la Cedeao, el pasado domingo en Accra (Ghana).IVORY COAST PRESIDENTIAL PRESS S (via REUTERS)
La Comisión Económica de Estados de África del Oeste (Cedeao) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa) aprobaron este domingo durísimas sanciones económicas y financieras contra Malí y sus dirigentes en un intento de aislar a la junta militar que gobierna en este país desde agosto de 2020 y forzar la celebración de elecciones democráticas. Las autoridades malienses, que incumplieron su promesa de organizar los comicios para el próximo febrero y se dan de plazo hasta 2026, han calificado dichas sanciones de “ilegales”.
Las medidas adoptadas por la Cedeao, cuyos dirigentes se reunieron el domingo en Accra (Ghana), son inéditas: a partir de este momento Malí queda aislado del resto de África occidental. El organismo regional cierra sus fronteras y suspende sus intercambios comerciales con este país a excepción de los productos básicos y de primera necesidad, congela todos los bienes y fondos de Malí y de sus autoridades en los órganos financieros regionales y corta toda la ayuda económica. Además, retira a sus embajadores de Bamako, la capital del país, según un comunicado de la Cedeao en el que se considera “inaceptable” el cronograma electoral propuesto por la junta militar y se advierte del “impacto potencialmente desestabilizador de la [duración de la] transición maliense sobre la región”.
“Nos gustaría tener un espacio democrático en África occidental. No podemos tolerar esta historia de un golpe de Estado que se prolonga durante cinco o seis años, no es posible”, aseguró el presidente en ejercicio de la Cedeao, el ghanés Nana Akufo-Addo. A juicio del organismo regional, permitir a la junta castrense presidida por el coronel Assimi Goïta seguir en el poder hasta 2026 “significa simplemente que un Gobierno militar de transición ilegítimo tomaría al pueblo maliense como rehén durante los próximos cinco años”.
La reacción de las autoridades de Bamako no se ha hecho esperar. “El Gobierno de Malí condena enérgicamente estas sanciones ilegales e ilegítimas”, ha asegurado este lunes el coronel Abdoulaye Maïga, portavoz del Ejecutivo, quien ha leído un comunicado en la televisión pública en el que critica que “organismos regionales de África occidental se dejen instrumentalizar por potencias extrarregionales con intenciones ocultas”. La junta militar ha decidido, por su parte, cerrar también todas sus fronteras terrestres con Senegal, Níger, Burkina Faso y Guinea, además de prohibir la entrada por vía aérea a los ciudadanos de los 14 países que forman junto con Malí la Cedeao y retirar a todos sus embajadores en esos Estados.
Sin embargo, los militares no han mostrado ninguna intención de cumplir esta promesa y, en medio de tensiones crecientes con la Cedeao y organizaciones de la sociedad civil, el pasado mayo dieron un nuevo golpe de Estado para deponer a Ndaw y nombrar presidente al propio Goïta. Durante su investidura, el pasado 7 de junio, el líder de la junta castrense y nuevo jefe de Estado prometió cumplir sus compromisos internacionales y celebrar elecciones en los plazos previstos. En los meses siguientes convocó a partidos políticos, sindicatos y colectivos de la sociedad civil a un gran encuentro denominado Fundamentos Nacionales de la Transición con el objetivo de fijar un calendario electoral.
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En la práctica, los militares impusieron su criterio en dichas reuniones y lograron que el documento final propusiera una transición que se prolongaría “entre seis meses y cinco años”, lo que de facto abría la puerta a los militares a permanecer en el poder hasta finales de 2026. “Los participantes se han pronunciado a favor de prorrogar la transición con el objetivo de poder llevar a cabo las reformas institucionales estructurales y permitir la celebración de elecciones creíbles, justas y transparentes”, asegura el comunicado de los Fundamentos Nacionales de la Transición, publicado el 30 de diciembre.
Malí se enfrenta desde hace una década a la violencia de grupos yihadistas que han logrado hacerse con el control de amplias zonas del norte y el centro del país. Para contrarrestar el avance de los terroristas, que han logrado extenderse a Burkina Faso y Níger, Francia ha liderado dos operaciones militares, primero, Serval y en la actualidad, Barkhane, con el despliegue de hasta 5.500 soldados galos en los tres países. Sin embargo, la llegada al poder de los militares en Malí ha deteriorado las relaciones entre París, que ya está inmerso en una retirada parcial de sus efectivos de Malí, y Bamako, que ha virado hacia Rusia en busca de apoyo militar con unas supuestas negociaciones sobre la mesa con la compañía privada rusa Wagner para el despliegue de mercenarios en el país. Francia y sus aliados europeos han condenado con firmeza la intervención de esta empresa de seguridad que el Gobierno de Malí, sin embargo, niega oficialmente.
Los cuatro acciones puntuales son los siguientes:
