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Bruselas, la capital de las instituciones europeas, se ha convertido este jueves en el gran teatro de Occidente, el buque insignia de una forma de concebir el mundo frente a la agresión de Rusia contra Ucrania. Es “el centro del mundo libre”, ha definido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, poco antes de adentrarse en la sede del Consejo Europeo, donde ha arrancado la cumbre de los líderes de los Veintisiete, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como invitado extraordinario. El estadounidense acude a la cita con la petición para sus aliados europeos de seguir torciendo el brazo a Moscú mediante un nuevo paquete de sanciones que acaben por asfixiar al régimen de Vladímir Putin: esta vez las importaciones de energía rusa se encuentran en el punto de mira. Biden llega también a Bruselas con una oferta jugosa que hacer a los europeos en forma de gas natural licuado (GNL). De algún modo, dos de los debates más calientes de la UE —las sanciones y la energía— parecen condenados a juntarse.

Los líderes se han movido por distintos escenarios de una ciudad atascada, surcada por caravanas de coches blindados y bajo el zumbido de los helicópteros. Los aliados internacionales que han plantado cara a Putin han cerrado filas con tres cumbres (OTAN, G-7 y Unión Europea) para coordinar los siguientes pasos de las represalias por la invasión rusa de Ucrania. Las citas han marcado el inicio de una cuenta atrás hacia el fin de las importaciones energéticas rusas, con el presidente de EE UU dispuesto a cubrir buena parte del gas consumido en Europa. Pero su presencia marca también la exigencia de un endurecimiento de las sanciones que podrían llevar a una ruptura casi total con Rusia.

“La idea de la unidad de Europa en su conjunto, no solo la OTAN, el G-7 y esta organización, realmente es lo más importante que podemos hacer para parar a este hombre que en nuestro país creemos que ya ha cometido crímenes de guerra”, ha asegurado Biden a su llegada al encuentro con los líderes de los Veintisiete.

El líder norteamericano lleva tiempo tratando de que los aliados europeos se le unan en los siguientes pasos de represalias frente a Moscú. Pero la UE parece reticente a seguir ese camino. Hasta la fecha se han aprobado cuatro paquetes de sanciones, algo que muchos países ya consideran un paso histórico y, algunos, incluso suficiente: de momento, se ha atacado a empresas estatales y vinculadas a lo militar; se ha golpeado la industria y el sector bancario; se ha cercado a las élites rusas vinculadas al Kremlin y hasta prohibido los productos de lujo. Ya no queda mucho más margen para golpear en la mesa con contundencia: el siguiente gran paso implicaría cerrar el grifo de las importaciones energéticas de Rusia, que le aportan unos 700 millones de euros diarios a las arcas rusas. La UE importa el 90% del gas que consume, del que Rusia proporciona más del 40%. Además, el 27% de las importaciones de petróleo y el 46% de las importaciones de carbón también proceden del vecino euroasiático.

Cerrar de un plumazo este comercio supondría un batacazo durísimo para Moscú. Y hay varios países, sobre todo los del Este, que sienten muy de cerca el aliento de la amenaza rusa en sus fronteras, dispuestos a darlo. El problema es que el zarpazo podría volverse un bumerán de consecuencias fatales para la UE. Y un buen puñado de países, con Alemania al frente, consideran que equivaldría a dispararse un tiro en el pie. Se corre el riesgo de provocar cierres de industrias y agravar aún más un escenario ya de por sí complicado. De momento, la unidad de los Veintisiete se encuentra cómoda en un escenario más tímido: profundizar en las sanciones ya existentes y cerrar posibles agujeros que haya encontrado Rusia para evitarlas.

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Tras la cumbre de la OTAN y del G-7, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha reiterado que el embargo de gas, petróleo y carbón no entra en sus planes de momento. Y prefiere moverse en un campo en el que las sanciones ya impuestas sigan haciendo efecto: “Las mantendremos el tiempo que sea necesario y revisaremos su efectividad una y otra vez”, ha dicho Scholz.

Aunque desde Bruselas se niega que ambos debates —sanciones y energía— estén conectados, sí parecen funcionar como vasos comunicantes. La Comisión Europea tiene previsto emitir dos comunicados conjuntos con la Casa Blanca. El primero mencionará cómo profundizar en las represalias contra Rusia; el segundo contendrá una oferta en forma de miles de millones de metros cúbicos de flujo de GNL estadounidenses hacia el bloque comunitario.

Los detalles de esta oferta que Biden trae bajo el brazo aún no han sido desvelados. Pero podría moverse en el entorno de las cifras que se han visto en enero y febrero: si tradicionalmente Estados Unidos aportaba en estos meses en torno a 2.200 millones de metros cúbicos de GNL, este año, mientras los soldados rusos cercaban Ucrania con sus botas, los envíos se han duplicado: se mueven en el entorno de los 4.400 millones de metros cúbicos mensuales. “La idea es seguir con esta tendencia”, reconoce un alto funcionario del Ejecutivo comunitario.

Von der Leyen ha asegurado que se ha abierto “un nuevo capítulo” en los lazos energéticos con el otro lado del Atlántico con el que se prevé sustituir el GNL de Rusia con el estadounidense. Las cifras, en cualquier caso, son bajas: el grueso de este combustible aún viaja de Rusia a la UE por tuberías.

EE UU ya es el principal suministrador GNL en Europa con un 44% de las importaciones europeas en enero de 2022, según datos de la Comisión Europea. La aportación se ha disparado un 2.418% desde el acuerdo de julio de 2018, suscrito por los entonces presidente de EE UU, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El volumen de exportaciones estadounidenses pasó rápidamente de 3.000 millones de metros cúbicos al año a más del doble. Y en 2021 se situaron en 22.100 millones de metros cúbicos, según la Comisión.

El GNL, sin embargo, es todavía una parte pequeña del mercado y solo representa el 18% del consumo total de gas, según cifras del centro de estudios Bruegel. De hecho, la Comisión calcula que las exportaciones de EE UU solo cubren el 6,6% del consumo energético en la UE, muy lejos del 45,6% que cubre Rusia.

La reunión del G-7 en Bruselas ha apostado por reducir esa dependencia de Rusia. Y las siete potencias industriales del bloque occidental se han comprometido “a apoyar activamente a los países que deseen eliminar progresivamente su dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos”.

Bruselas se ha propuesto prescindir de 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso antes de 2030, para lo que necesitaría, entre otras cosas, aumentar en 50.000 millones los metros cúbicos de GNL. La Comisión Europea considera que las importaciones de EE UU se pueden aumentar significativamente si se hacen a un precio competitivo y si Washington suprime procedimientos de licencia de exportación que complican y retrasan las compras.

Bruselas recuerda, además, que la UE ha aumentado sus infraestructuras de regasificación que este año (en enero de 2022) operaban al 74% de su capacidad. En 2021,según datos de la Comisión, 13 países de la UE importaron 80.000 millones de metros cúbicos, con España a la cabeza (21.300 millones), seguida de Francia e Italia.

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Todos los días limpian

Reportan que pese a que el personal que realiza labores de limpieza deja todo organizado, al pasar de las horas el reguero de desechos es impresionante.

Noticias Cali.

Son varias las denuncias que llegan desde el barrio Popular en el norte de Cali, la cantidad de basura y desechos sólidos que prácticamente se tomaron un separador y también la vía misma, tienen a la comunidad cansada.

La situación se presenta sobre la calle 44 con carrera 6n.

Zona desde la que manifiestan con frecuencia que hay colchones, icopor, cartón, botellas pet, costales y otra cantidad de basura que estaría siendo dejada por recicladores o habitantes en condición de calle.

La denuncia ha sido realizada a través de redes sociales:

La comunidad afectada asegura que lo que sucede en el sector está relacionado con la poca conciencia, falta de cultura, civismo, sentido de pertenencia y respeto que muchos no tienen.

Indican que por la vía pasan por frecuencia vehículos recolectores y personal de las empresas de limpieza, quienes dejan todo organizado, despejado y en orden; pero luego de varios minutos, «todo se convierte nuevamente en un desastre», denuncian.

«Basuras, desechos y poco civismo»: denuncian

Las denuncias por la mala deposición de residuos o basuras sigue generando debate en varias zonas de Cali.

Desde el año anterior se ha denunciado que en muchos lugares sacan los desechos en horarios que no corresponden o simplemente los tiran en medio de los andenes, esquinas o fuera de las canastas metálicas que en muchos lugares están dispuestas para arrojar la a basura de mano.

No hay civismo y tampoco respeto, es la queja que muchos exponen en medio de comentarios en redes sociales.

A diario retiran 200 toneladas de escombros y basuras en Cali

Desde la Loma de la Cruz por ejemplo, un sitio emblemático, icónico y de gran importancia turística informan «se está volviendo costumbre la misma vaina cada fin de semana».

Con varias imágenes han denunciado la situación. «Hasta escombros están dejando en cualquier tirados en cualquier parte de la calle».





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El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado de bruces, en el mismo periodo en que prometió que el Brexit ayudaría a recuperar el control de sus fronteras, con la tragedia inesperada de la inmigración masiva en aguas del canal de la Mancha. Las cifras empequeñecen frente al aluvión de personas que llegan cada año a las costas del continente europeo, pero con más de 29.000 migrantes que intentaron alcanzar el Reino Unido en 2021, según cálculos de diversos medios como la BBC, el Ministerio del Interior británico se enfrenta, sin experiencia ni mano izquierda, ante un inusitado problema para el que solo ofrece leyes más duras. “Los ciudadanos llevan dos décadas exigiendo una reforma, y eso pretende nuestro nuevo plan para la inmigración”, ha dicho el secretario de Estado de Justicia y Control de la Inmigración Ilegal, Tom Pursglove. La definición de su cargo ya da una idea clara de la estrategia de Downing Street frente a la inmigración irregular. “La Ley de Nacionalidad y Fronteras definirá como delito el intento deliberado de entrar ilegalmente en el Reino Unido, e impondrá penas de prisión permanente a aquellos que faciliten este acceso”, ha asegurado Pursglove.

El texto legal se encuentra actualmente en el estadio final de su tramitación, en la Cámara de los Lores, donde muy probablemente se verá sometido a enmiendas que la mayoría conservadora de los Comunes deberá rechazar, cuando regrese para su consideración definitiva. La propuesta, desarrollada por el ministerio de Priti Patel, juega con un doble discurso que apenas logra ocultar su intención de construir una respuesta de “ley y orden” ―más centrada en la seguridad que en el lado humanitario del asunto―; un lenguaje duro para contentar a las bases electorales que respaldaron el Brexit.

Aunque el discurso de Patel, responsable de Interior, carga las tintas contra las bandas criminales que promueven y organizan las travesías del canal, la idea de fondo es que, gran parte de las personas que intentan llegar al Reino Unido son “inmigrantes económicos” ―no huyen por causas políticas―, que no necesitan realmente ningún tipo de protección internacional y que, con sus acciones, lo único que hacen es “saltarse la fila” de los que aspiran legítimamente a lograr un estatuto de refugiado. “[Un 70% de las personas que han llegado en los últimos 12 meses] son hombres solteros (…). No son verdaderos solicitantes de asilo. Son capaces de pagar a las mafias y contactar con ellos, ya sea en el norte de Francia o en Alemania. Son ellos los que expulsan a codazos a mujeres y niños que sí están en riesgo y huyen de la persecución”, afirmaba Patel el pasado 27 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara de los Lores.

La ministra con mayor fama de dureza del Gobierno de Johnson pasa por horas muy bajas de popularidad en el Partido Conservador. Sus promesas redobladas de atajar las entradas irregulares se han visto desmentidas una y otra vez con las cifras que llegaban del canal de la Mancha, que en 2020, en pleno parón de la movilidad internacional, rondaron las 8.500 personas, según la organización británica Refugee Council (Consejo para los Refugiados). Su falta de tacto con las autoridades francesas, de donde provienen en la última travesía la mayoría de los inmigrantes, ha provocado un deterioro casi irreparable de las relaciones diplomáticas y de colaboración con el Gobierno de Emmanuel Macron. La muerte de una treintena de inmigrantes a finales de noviembre, al hundirse la embarcación que los transportaba, se convirtió en un amargo cruce de críticas entre Londres y París. El Gobierno de Johnson reprochó al francés que no hacía lo suficiente para impedir la salida de personas de sus costas, y amenazó incluso con retirar la ayuda financiera comprometida para reforzar la vigilancia policial.

Todo se agravó aún más al publicar el propio Johnson en Twitter la carta que había enviado a Macron, en la que pedía que el Reino Unido pudiera devolver a Francia sin problemas los inmigrantes que llegaran desde ese país, y sugería incluso que la policía británica patrullara conjuntamente con la francesa la costa al otro lado del canal. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, retiró de inmediato la invitación que había cursado a Patel para participar esa semana en una reunión de ministros europeos que debía abordar la crisis migratoria en el canal. Y Macron llegó a acusar a Johnson de poco serio. “Me sorprenden los métodos, cuando no son serios”, dijo el presidente de Francia. “Entre líderes no nos comunicamos a través de tuits, ni hacemos públicas las cartas que nos enviamos”.

Las verdaderas cifras de asilo

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Frente al argumento reiterado por el Gobierno británico de que las actuales leyes permiten un abuso en los trámites de solicitud de asilo y refugio, organizaciones como Refugee Council (Consejo para los Refugiados) han realizado una profusa tarea estadística para desmentir los prejuicios. El 70% del número total de personas que llegaron a las costas británicas, o fueron interceptadas en su intento de cruzar el canal, durante el año pasado, procedían de cinco países: Irán, Irak, Sudán, Siria y Vietnam. Uno de cada cuatro era iraní. Entre los diez países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes se encuentran también Afganistán o Yemen. El Consejo para los Refugiados señala que prácticamente el 98% de las personas que llegan a las costas británicas a través del canal acaban solicitando asilo. Y entre los refugiados que proceden de los diez principales países, hasta un 61% logra esa protección oficial, frente a una media del 52% del resto de nacionalidades que llegan por otras vías.

Los cálculos desmienten de ese modo que los inmigrantes que se lanzan al canal sean en su mayoría “inmigrantes económicos”. “El Gobierno aspira a dar rango legal a una política brutal y peligrosa, como la que representa su ley antirrefugiados, que solo logrará que más gente muera ahogada en el canal”, ha dicho Tim Naor Hilton, el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. Simplemente, el mayor control policial en otras vías habituales de acceso, como el transporte ilegal de inmigrantes a través de camiones y contenedores por el Eurotúnel, ha reducido drásticamente las cifras, y ha desviado el flujo de personas hacia el paso del canal de la Mancha, que hasta hace pocos años era una vía minoritaria. El Gobierno de Johnson se ha topado con una tragedia que la UE ya conoce desde hace tiempo, y su primera respuesta ha sido la de endurecer el discurso inmigratorio que alimentó el Brexit.

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