Carlos Antonio Videz ha sido el último en irse. El exfiscal especial contra la impunidad hizo público este domingo, a través de una carta, que salía de Guatemala debido al acoso del que es víctima por investigar casos de corrupción y crimen organizado en el país centroamericano. Su renuncia y exilio demuestra la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Según declaró recientemente el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, hasta la semana pasada eran al menos 13 exoperadores de justicia los que, como él, tuvieron que huir de su país debido a la persecución que enfrentan.
Videz acusa directamente en su comunicado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, quien ya había sido señalada por otros jueces y fiscales por obstaculizar su trabajo. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, acusa Videz, quien además denuncia una cruzada contra defensores de derechos humanos y activistas, quienes enfrentan procesos judiciales que sí avanzan con celeridad dentro del sistema judicial, “mientras que las investigaciones no avanzan contra ciertas personas”, dice el exfuncionario en relación a casos de corrupción pública y crimen organizado estancados.
“Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos, como ‘Construcción y corrupción’, en el que descubrimos maniobras complejas del saqueo al Estado guatemalteco. El avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron [sic] conforme la operación avanzaba”, explica el exfiscal. Videz afirma que, gracias a esta investigación, se pudo determinar un desfalco de al menos 125 millones de quetzales (más de 16 millones de dólares al cambio actual) y una red de corrupción y lavado de activos que involucraba a funcionarios dentro del Estado. “Diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados”, afirma.
El exfiscal especial es duro en su denuncia contra las autoridades guatemaltecas. “Lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma contra de los fiscales. A petición de los propios señalados de corrupción se utilizaron diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo realizado. Hay coordinación de los operadores en esas cuentas con la administración del Ministerio Público actual”, afirma.
La acusación contra la fiscal general Consuelo Porras no es nueva. Juan Francisco Sandoval fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la FECI, un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”. El abogado achacó su salida a varias pesquisas que dirigía, que incluyen supuestos casos de sobornos y corrupción, y que tocaban al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. “Me hicieron un llamado de atención con respecto a los perversos planes de la señora fiscal general por antecedentes que han tenido otros operadores de justicia contra quienes realizó conductas adversas y agilizó órdenes de captura. No es que yo no pueda responder ante algún señalamiento, el tema es lo manipulada que está la justicia y el riesgo que correríamos en un centro de detención por la cantidad de personas que han sido sometidas a [algún] proceso por virtud de mis acciones”, afirmó el funcionario exiliado en Washington.
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En la capital de Estados Unidos también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. Su denuncia es idéntica a la de Sandoval e incluye el señalamiento contra la fiscal general Porras por su manipulación de la justicia para evitar que avancen los casos por corrupción. Erika Aifán, integrante del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala, denunció también en una entrevista con EL PAÍS cómo la fiscalía emprende procesos contra los funcionarios de justicia que luchan contra la impunidad. “Como jueces de mayor riesgo, lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio”, afirmó la jueza.
El abogado Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, ha advertido en este diario sobre el peligro al que se enfrentan los jueces y fiscales en Guatemala. “Algo que debe ser seriamente investigado es cómo, y a través de qué personas, se mueven en los altos niveles del poder político estas redes de interferencia grosera en la justicia y de ataque artero y sistemático a la independencia judicial”, recomienda. “La información disponible indica que los altos niveles del poder político habrían demostrado tal grado de corresponsabilidad que parecería que poderes oscuros se han apropiado de poderosas herramientas de control y de sujeción del poder judicial”, advierte el experto.
El acoso contra los funcionarios de justicia ha despertado la atención de Estados Unidos, que la semana pasada expresó su “preocupación” por la persecución que sufren los fiscales en el país centroamericano. Washington criticó lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público. La fiscal general Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que la señala de obstrucción en las investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y organizaciones criminales. El Gobierno estadounidense decidió en julio pasado congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público después de que se conociera el cese del jefe de la FECI. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción.
La embestida contra los funcionarios independientes que luchan contra la impunidad se recrudece en Guatemala, país que se ahoga en un tsunami de denuncias de corrupción. El diario digital salvadoreño El Faro publicó a mediados de febrero que un “exhombre de confianza” del presidente Giammattei le ha acusado de haber recibido 20 millones de quetzales (2.6 millones de dólares) “provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019″. El diario afirma que “a cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras”. El Gobierno guatemalteco desmintió la denuncia y acusó a El Faro de orquestar “un ataque político” contra el mandatario.
El asedio contra los funcionarios que se han enfrentado al poderoso aparato criminal de Guatemala es tal que hasta algunos de ellos que han sido apresados han denunciado violencia en su contra dentro de los penales. Leily Santizo, exintegrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), denunció la semana pasada que fue víctima de agresiones por parte de dos abogados, sancionados por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio. “El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y, si no es por los policías del Sistema Penitenciario, no sé hasta donde hubieran llegado”, dijo la exfiscal, en declaraciones recogidas por Efe. Santizo cumple prisión preventiva desde el 10 de febrero por un caso sobre el que el Ministerio Público no ha querido dar detalles. Su detención es una muestra de la difícil situación que sufren quienes han plantado cara a la corrupción en Guatemala. “No sólo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, afirmó Santizo, quien además ha denunciado que teme por su vida.
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