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La durísima batalla de España y Portugal en Bruselas para bajar los precios de la luz ha dado sus frutos. La UE se abre a dar carta blanca para adoptar medidas para frenar la crisis de los precios de la energía a nivel nacional, aunque la Comisión se reserva la última palabra para aprobarlas. Ambos países han logrado que el resto de socios comunitarios entiendan su particularidad como “isla energética” y que se incluya un cambio de texto en el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra este viernes en Bruselas que permitirá a España y Portugal poner topes de forma temporal al precio del gas que se usa para generar electricidad, de manera que se espera que baje rápidamente la factura para consumidores y empresas, en menos de un mes.

“Por fin se reconoce la excepción ibérica”, ha señalado un Sánchez eufórico aunque visiblemente agotado en una comparecencia conjunta con el portugués Antonio Costa. “La Comisión Europea permitirá a España y Portugal una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no altera los incentivos a las energías renovables, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía”. Sánchez, que llegó a levantarse de la reunión temporalmente en el momento de mayor tensión para forzar un desbloqueo, logró así superar las resistencias sobre todo de Alemania, que rechazaba de plano la idea de la excepción ibérica. “Sanchez ha representado de forma muy exitosa los intereses de su país con su colega Costa”, admitió el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, cuando le preguntaron por la discusión con España.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que jugará un rol fundamental en los próximos pasos a dar, ha enfatizado las características concretas de España y Portugal: “La península ibérica tiene una situación muy específica”, ha dicho en una comparecencia tras la cumbre. “Tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy poquitas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial”.

“Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, recoge la última versión del texto a la que aludía Sánchez. Las medidas tendrán que ser temporales y España tendrá que demostrar que no distorsionan excesivamente la competencia. La Comisión Europea, por su parte, se compromete a evaluar las intervenciones con un procedimiento de urgencia y a tener en cuenta para su veredicto el volumen de interconexión de los mercados, una variable que favorece a España, que solo llega al 2,8%.

Esta redacción final, según el Gobierno español, permitirá a España y Portugal plantear en poco tiempo una propuesta a la Comisión Europea en la que se ponga un tope al precio del gas que se usa para producir electricidad en la península Ibérica, y solo para uso interno, de manera que baje rápidamente la factura porque ese precio está condicionando todo el resto del mercado que se produce con energía renovable o nuclear, mucho más barata.

El gas solo ocupa el 15% del mercado español pero marca el precio de todo. El pacto que se ha logrado en la cumbre incluye una cierta garantía de que la Comisión Europea aceptará estas propuestas españolas y portuguesas cuando lleguen, porque así se lo permiten las conclusiones aprobadas después de una larguísima negociación.

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Por eso es tan relevante la frase “se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”. Como España y Portugal lo tienen muy bajo, eso permitirá a la Comisión Europea que les aprueben esa fórmula rápidamente. España ha tenido que garantizar que su solución no toca el mercado europeo, es excepcional y consistirá finalmente en unas ayudas para compensar el tope al precio del gas que se pondrá para las centrales de ciclo combinado que producen electrictidad. El Gobierno español asegura que esto bajará rápidamente la factura de la luz y tendrá un coste muy inferior al beneficio que producirá para los ciudadanos.

La propuesta de compromiso ha llegado al filo de las seis de la tarde, después de varios recesos, entre ellos uno que ha forzado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a mediodía, marchándose de la sala y obligando al presidente del Consejo, Charles Michel, a realizar una pausa técnica.

“En el contexto actual de precios muy elevados de la electricidad, la Comisión está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad [con la normativa comunitaria] de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros”, asegura el nuevo texto de conclusiones. “Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión también se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, de que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de electricidad al contado para las empresas y los consumidores y no afectan a las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Al realizar esta evaluación, se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”.

La cumbre de la guerra —con Bruselas reconvertida en el “centro del mundo libre”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— ha mudado la piel en su segunda jornada. Una vez se ha marchado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y zanjados ya los asuntos de Ucrania y las sanciones contra Rusia, la reunión de los Veintisiete se ha reconvertido en un encuentro monotemático sobre la crisis de los precios de la energía. España ha jugado en esta ocasión el papel protagonista, y finalmente ha logrado buena parte de sus objetivos.

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La batalla de España y Portugal en Bruselas empieza a dar sus frutos. La UE se abre a dar carta blanca para adoptar medidas para frenar la crisis de los precios de la energía a nivel nacional, aunque la Comisión se reserva la última palabra para aprobarlas. Ambos países han logrado que el resto de socios comunitarios entiendan su particularidad como “isla energética” y que se incluya un cambio de texto en el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra este viernes en Bruselas.

“Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, recoge la última versión del texto. Las medidas tendrán que ser temporales y España tendrá que demostrar que no distorsionan excesivamente la competencia. La Comisión Europea, por su parte, se compromete a evaluar las intervenciones con un procedimiento de urgencia y a tener en cuenta para su veredicto el volumen de interconexión de los mercados, una variable que favorece a España, que solo llega al 2,8%.

La propuesta de compromiso ha llegado al filo de las seis de la tarde, después de varios recesos, entre ellos uno que ha forzado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a mediodía, marchándose de la sala y obligando al presidente del Consejo, Charles Michel, a realizar una pausa técnica.

“En el contexto actual de precios muy elevados de la electricidad, la Comisión está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad [con la normativa comunitaria] de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros”, asegura el nuevo texto de conclusiones. “Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión también se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, de que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de electricidad al contado para las empresas y los consumidores y no afectan a las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Al realizar esta evaluación, se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”.

La cumbre de la guerra —con Bruselas reconvertida en el “centro del mundo libre”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— ha mudado la piel en su segunda jornada. Una vez se ha marchado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y zanjados ya los asuntos de Ucrania y las sanciones contra Rusia, la reunión de los Veintisiete se ha reconvertido en un encuentro monotemático sobre la crisis de los precios de la energía. España juega en esta ocasión el papel protagonista, y sus argumentos amenazan con dilatar las negociaciones hasta el final de la jornada. De momento, la UE se resiste a ir tan lejos como para aceptar las peticiones de España, que reclama ser tratada como una “isla energética” y poder actuar a corto plazo en el mercado de la luz por su cuenta, invocando un artículo previsto por los tratados europeos para situaciones extraordinarias.

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Con todos estos ingredientes, el guiso de un texto de Conclusiones pactado por los Veintisiete se anticipaba muy complejo: “Todo revuelto por ahora”, señala durante el fragor de las negociaciones una fuente del Ejecutivo comunitario, tras más de cinco horas de debate de los líderes este viernes. Otras fuentes son algo más optimistas: “Hay una zona de aterrizaje”, aseveran desde el Consejo. Pero esa pista no contempla, de momento, la iniciativa española, sino compras conjuntas de gas, al estilo de las usadas para la compra de vacunas contra la covid, coordinación en el almacenamiento de combustible y una posible mención de último recurso a límites de precios, pero a nivel comunitario.

Sánchez ha llegado a la cita con sus homólogos con una propuesta rotunda y complicada de negociar: que los Veintisiete permitan a España y Portugal, los dos países de la Península Ibérica, actuar como una “isla energética”, argumentando su escasa interconexión energética con el resto de la UE (por la reticencia de Francia). Pero los Veintisiete no parecen dispuestos a ir tan lejos como para dar soluciones a la medida de cada país: “Estamos buscando una solución que sea válida para los Veintisiete”, indican fuentes del Consejo.

Madrid reclamó en un principio que se pudiera aplicar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo texto asegura que el Consejo, a propuesta de la Comisión, “podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía”.

Alemania y Países Bajos se resistían a dar su brazo a torcer. La idea de una excepción española no les gusta: se corre el riesgo de que, por una situación coyuntural, se fragmente el mercado y se rompa un sistema que, según argumentan, ha funcionado para todo el mundo y ha permitido energía barata y el desarrollo de las renovables. Los holandeses, además, temen que España se quiera acoger al segundo punto del citado artículo, que menciona “una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”. La delegación española asegura, sin embargo, que las medidas que querrían tomar no supondrían ninguna carga económica para la UE. La referencia al artículo 122 se cayó del texto finalmente.

Pero después de meses, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha logrado al menos ganar una parte de la batalla: ha colocado la factura de la luz en el debate comunitario. Sánchez ha liderado desde el pasado verano una especie de entente de países golpeados por el alza disparada de los precios del gas y su irremediable contagio al resto de la energía. Mientras, las instituciones comunitarias han cambiado su discurso: si hace unos meses aseguraban que se trataba de una cuestión coyuntural y que el mercado energético europeo funcionaba a la perfección, ahora se han abierto a discutir medidas extraordinarias de emergencia para aplicar en el corto plazo.

En estos momentos las cifras del zarpazo energético ya se sienten en todo el bloque comunitario: en los últimos 12 meses, los precios al por menor del gas natural y la electricidad han subido respectivamente un 65% y un 30%, según cifras del Ejecutivo Comunitario. Y la situación parece agravarse por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, de donde vienen tradicionalmente más del 40% de las importaciones de gas a la UE, que necesita traer de fuera de sus fronteras el 90% del gas que consume.

El panorama ha cambiado en esta cita. Un creciente número de capitales han ido sumándose a una corriente que aboga por intervenir de algún modo los mercados energéticos de forma urgente. A España le acompañan otros como Italia, Portugal y Grecia, o incluso Bélgica, cada uno con propuestas específicas, en función de su mix energético y las particularidades de su mercado.

La Comisión Europea, además, ha aportado combustible al debate al presentar esta semana un menú con seis opciones posibles con las que se podría actuar “a corto plazo” a nivel comunitario o nacional sobre los precios: desde poner un precio de referencia en el mercado mayorista a establecer límites a estos precios o crear “agregadores” (proveedores que negocien precios ventajosos de forma conjunta y en nombre de otros). Todas ellas con beneficios y un buen número de inconvenientes para el mercado interior, el suministro o la competencia. Pero la propuesta ya está sobre la mesa, para que la estudien y quizá le den el visto bueno las capitales. Muchas de estas medidas, hace tan solo unos meses, eran consideradas poco menos que una aberración del libre mercado.

Los tiempos son otros. “Estamos viviendo una guerra”, asevera una fuente del Consejo al tanto del debate. “Son circunstancias excepcionales”. Y muchos de los líderes parecen haber entendido que esas circunstancias extraordinarias también requieren medidas adicionales. Fuentes diplomáticas añaden que el debate sobre la energía ha arrancado precisamente con una presentación de Von der Leyen en la que ha pasado revista a alguna de estas opciones. Al acabar su intervención ha enumerado, a modo de guía, lo que el Ejecutivo comunitario considera una aproximación razonable a la crisis: ir hacia compras conjuntas de gas, al almacenamiento coordinado. Y finalmente: “Si fuera necesario, podrían considerarse límites a los precios”.

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Separados por una enorme mesa —casi tan grande como la distancia que hoy aleja a Moscú de la OTAN—, los presidentes de Rusia y Francia trataron este lunes de buscar una respuesta al avispero ucranio. Vladímir Putin ejerció de anfitrión y escuchó el intento de Emmanuel Macron de lograr una desescalada que aleje la amenaza de guerra. “Una respuesta útil es la que permita evitar la guerra y construir elementos de confianza y estabilidad para todo el mundo”, dijo Macron a su interlocutor al inicio del encuentro.

“Sé que tienes tus propias ideas sobre este asunto”, dijo el mandatario ruso. “Tenemos una preocupación común sobre la seguridad en Europa, y quiero agradecerte que Francia siempre haya tomado una posición muy activa en las principales decisiones”, añadió Putin tuteando a Macron, como ya hizo la semana anterior con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de sus principales aliados en la Unión Europea.

Sin embargo, la visita comenzó con cierta hostilidad hacia la delegación francesa. Al aterrizar, nadie acudió a recibir a Macron, que tuvo que andar bajo el mal tiempo hasta la terminal del aeropuerto de Vnúkovo. Después, el líder francés fue saludado desde lejos, pero con efusividad, por Putin, con quien se sentó a dialogar durante horas.

Tras su visita a Moscú, Macron viajará el martes a Kiev, donde abordará la crisis con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Mientras, las negociaciones continúan en todos los niveles. Una portavoz del Gobierno alemán confirmó a la agencia Interfax que esta semana se encontrarán los asesores de los países que constituyen el Formato de Normandía (Ucrania, Rusia, Alemania y Francia) a la búsqueda de avances en un proceso de paz que lleva estancado desde 2015.

Macron ya intentó en 2019 establecer un diálogo directo con Putin con el fin de “anclar” a Rusia en Europa. El acercamiento, que topó con la incomprensión de algunos socios de la UE, no fructificó. Esta vez, el presidente de la República se ha esforzado en dejar claro que antes de hablar con Putin había consultado con los principales socios y aliados de la OTAN y de la UE. En particular, con el estadounidense Joe Biden y los vecinos europeos de Ucrania y Rusia que podían desconfiar de la iniciativa francesa. No ha quedado claro, sin embargo, en nombre de quién hablaba el presidente —si de Francia, de la UE, de la OTAN o de Occidente— ni cuál era su mandato exacto. La crisis ucrania coincide con la presidencia rotatoria de Francia en la UE y con la campaña para las elecciones presidenciales de abril en las que Macron buscará la reelección.

Macron explicó en una entrevista a Le Journal du Dimanche su visión del conflicto. “Claramente, el actual objetivo geopolítico de Rusia no es Ucrania, sino aclarar las normas de coexistencia con la OTAN y la UE”, respondió el líder francés, unas declaraciones polémicas dado el masivo despliegue ruso en torno a Ucrania y las alertas cada vez más alarmistas de Washington. Este lunes, el consejero de seguridad Jake Sullivan aseguró en la cadena Fox que el ataque ruso es factible “cualquier día de estos”.

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El ministro de Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, compartió por Twitter que esta será “otra intensa semana diplomática” y quiso dejar claras las líneas rojas de su país: no hará ninguna concesión territorial a Rusia ni dialogará directamente “con las administraciones de ocupación rusas en Donetsk y Lugansk”, las regiones donde se prolonga una guerra que ya dura casi ocho años.

Mientras, la amenaza sobre Ucrania continúa. El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, advirtió en una entrevista en un canal de YouTube que su país y Rusia atacarán a Ucrania juntos si Kiev, animada por Estados Unidos, intenta lanzar una ofensiva sobre la zona separatista de Donbás. Las fuerzas armadas bielorrusas y rusas tienen previsto realizar unos ejercicios militares masivos del 9 al 20 de febrero, aunque Lukashenko advirtió de que podrían alterar su misión si sucediese algo en Donbás. Asimismo, varios navíos de guerra de la Flota del Báltico cruzaron el lunes el Estrecho de Gibraltar rumbo al Mar Negro.

Subir la apuesta

Todas las miradas están puestas en el próximo lunes. El Parlamento ruso debatirá el 14 de febrero, según fuentes de la agencia RIA Novosti, el posible reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas. En opinión de Intigam Mamédov, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, la inclusión de este punto en la Duma Estatal por primera vez “es una demostración del arsenal de Rusia y de su disposición a subir la apuesta en el futuro”. El experto considera “muy interesante” la resurrección en el discurso político de “la asistencia a las dos repúblicas”. “Está claro que los diputados de la Duma Estatal no actuarán en contra de la política del Kremlin”, añade.

“La posición oficial de Rusia se basa en la necesidad de implementar los acuerdos de Minsk”, recalca Mamédov. Esto implicaría que Kiev conceda un estatus especial a la región del Donbás, algo que el Gobierno ucranio rechaza mientras Moscú no se retire de la zona porque, de lo contrario, podría bloquear su política interior y exterior.

Ucrania es uno de los dos ejes de esta crisis. El otro son las exigencias rusas de un nuevo sistema de seguridad. “EE UU se retiró en 2019 del tratado para eliminación de misiles de medio y corto alcance, y el último acuerdo en el campo de la seguridad estratégica, el START III, solo se firmó gracias a la llegada al poder de Biden”, remarca Mamédov.

Este experto recuerda que el 2 de febrero se cumplieron 30 años del encuentro en Camp David de George Bush padre y Boris Yeltsin, donde los mandatarios anunciaron el final de la Guerra Fría y una nueva era de amistad. “La principal amenaza es la falta de confianza entre las élites políticas de Rusia y EE UU. La histeria que crece en Europa y Rusia es lo más peligroso. No hay que subestimar el impacto de la histeria de los medios y políticos en la toma de decisiones en la política exterior”, advierte.

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Aclaró que, hoy en día, la presencia de militares en la zona sur y patrullajes mixtos entre las diversas autoridades refiere al Estado de Catástrofe por la pandemia.

No obstante, sostuvo que la intervención directa de militares solo ha sido concretada para colaborar en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras terrestres.

Las palabras de Bellolio surgieron luego de que La Tercera informara la intención del Ejecutivo de publicar un decreto que «permita la colaboración logística, tecnológica y apoyo de transporte por las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur del país, una vez que concluya el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe (que tiene vigencia hasta este 30 de junio)».



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