En el barrio Siloé, ubicado en la comuna 20 de Cali, territorio donde convergen múltiples culturas y donde muchas personas cada mañana se levantan con la ilusión de salir adelante en busca de un mejor futuro, ha visto crecer y formarse como persona y deportista a Daniel Campáz, un guerrero de la vida que hizo de su inesperada discapacidad una gran fortaleza para seguirse superando.
Daniel llegó primero al tenis convencional a sus 13 años de edad, disciplina que practicó hasta los 19 años, momento en que en su barrio, una bala perdida lo impactó en la columna, provocándole la no movilidad en sus piernas.
Después de pasar por momentos de crisis, terapias, recuperación y mientras aceptó que la discapacidad está en la mente y que estar en silla de ruedas no le supondría límites, su padre, quien trabaja hace años en la Liga Vallecaucana de Tenis, llegó con la propuesta que le despertó nuevamente la vena deportiva, practicar tenis, pero esta vez desde una silla de ruedas.
Daniel Campáz, llega cada día a sus entrenamientos, gracias al apoyo de su familia, quien le ayuda a bajar las empinadas gradas del sector Tierra Blanca en Siloé, para que él pueda seguir su ruta hasta llegar al lugar de entreno, “Gracias a Dios mi familia siempre ha estado ahí, antes, durante y después de lo que me pasó, siempre firmes, fieles a ayudarme a cumplir mis metas y sueños junto a Indervalle a quien agradezco enormemente todo lo que me ha apoyado en mi carrera”.
Este deportista desde el 2018 lleva la camiseta rojiblanca, con la que siente agradecimiento y orgullo, porque con ella representa el nombre del departamento, y además tienen un equipo interdisciplinario a su disposición que le ha ayudado a su desarrollo integral gracias al programa “Valle Oro Puro” donde ya ha sido múltiple campeón nacional y ahora se prepara para traer la medalla dorada en los Juegos Paranacionales 2023.
Entre sus sueños a largo plazo Daniel quiere implementar un club de tenis en su barrio, para que los niños del sector vean en el deporte una opción de vida.
Vendaval en el frente exterior del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: después de que su embajador Arturo McFields se les rebeló en la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, el Gobierno sufrió una nueva deserción este domingo 27 de marzo, cuando el abogado Paul Reichler renunció a su cargo de asesor internacional, a través de una carta en la que expresó que el mandatario sandinista ha instaurado una dictadura en Nicaragua.
“Usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años”, dijo Reichler. El abogado estadounidense sirvió como asesor legal internacional de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, primero en los años ochenta, durante la guerra, cuando Managua denunció a Estados Unidos por el financiamiento a la contrarrevolución. Un fallo que fue considerado histórico y favorable para los sandinistas en ese entonces. Reichler volvió al cargo a partir de 2007, cuando Ortega retornó al poder.
Reichler culpa a Ortega de destruir la democracia y establecer una dictadura con “elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.
Reichler ha estado involucrado en los principales litigios internacionales de Managua. Primero fue parte del equipo en los conflictos limítrofes del país por la soberanía del río San Juan contra Costa Rica y el límite marítimo del meridiano 82 en el Mar Caribe con Colombia, cuando Nicaragua recuperó su Mar Caribe.
En la carta, Reichler dice que le “resulta inconcebible que ese Daniel Ortega (que conoció en el pasado) hubiera reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadadamente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018″. La declaración del abogado es un claro golpe a la narrativa que ha impulsado el régimen desde la crisis de 2018, que insiste en que la rebelión ciudadana fue un “intento de golpe de Estado”.
Acusa a Ortega de “asesinar” a Hugo Torres
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Reichler es el segundo funcionario internacional del régimen que se le pone en contra en menos de una semana, después de que el embajador de Nicaragua ante la OEA diera un discurso ante el Consejo Permanente el pasado miércoles 23 de marzo en el que calificó al régimen como “dictadura”. El asesor internacional Reichler señala en la carta que le “resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones intolerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados —de la política, los medios de comunicación, las universidades y los negocios— con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición”.
Reichler sostiene además que Ortega asesinó al exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, quien falleció en manos de la policía, después que en la temible cárcel de El Chipote, donde permanecía como preso político, no tuvo atención médica oportuna. “Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte”, sostuvo el abogado.
El hasta hace poco asesor internacional considera “inconcebible” que el Daniel Ortega al que sirvió en su día pudiera forzar al exilio a “ilustres ciudadanos”, como Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos, y “muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas, cuya libertad ha sido negada o amenazada”.
En la carta, Reichler dice haber servido a Ortega desde hace más de 40 años. Dice que también fue el enlace entre los sandinistas y el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter para que este fuera a Nicaragua en calidad de observador internacional en las elecciones de 1990.
El abogado cuenta también que fue en enero de 1984, en la casa del padre Miguel D’Escoto, que el caudillo sandinista le pidió que formara parte del equipo legal de Nicaragua para demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar a ese país “por la guerra, agresión y terrorismo que había lanzado contra la soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua”. Sin embargo, de aquellos días épicos solo queda nostalgia y decepciones que, según la carta, lleva a Reichler a “rezar para que Nicaragua vuelva a ser libre”.
“Seguiré respetando, admirando y queriendo al primer Daniel Ortega, aunque sienta desesperanza y dolor por culpa del que ha tomado su lugar. Siempre atesoraré mi servicio al primero, aun cuando, por las razones expuestas anteriormente, mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el segundo y negarme a servirle. Mientras tanto, rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre”, dice la misiva.
Aunque la renuncia de Reichler y la rebelión de McFields en la OEA resultan, según analistas internacionales, un golpe duro a la narrativa del régimen, sobre todo de cara a sus bases políticas, en Managua la diplomacia dirigida por la vicepresidenta Murillo se reacomoda y busca sustitutos. De acuerdos a fuentes sandinistas consultadas por EL PAÍS, tras el discurso de McFields se desarrolla una “cacería de brujas” en el interior de las instituciones, en especial Cancillería, que mantiene aterrados a los servidores públicos.
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A inicios de la semana pasada, la justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. A la que fuera candidata presidencial se le achacó el cargo de “lavado de dinero”. Dos días más tarde, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Ortega y ha abogado por la liberación de los más de 170 presos políticos del régimen. El periodista de EL PAÍS experto en Nicaragua, Carlos Salinas Maldonado, disecciona los puntos clave de la crisis nicaragüense.
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“Siempre la violencia se lleva las personas más amables”, las palabras de los compañeros de colegio del menor de 12 años.
Noticias Bogotá.
Lo sucedido durante la noche del pasado sábado, 26 de marzo, en la ciudad de Bogotá ha generado un dolor incomparable. En el atentado terrorista contra el CAI de Arborizadora Alta, de Ciudad Bolívar hubo más de 35 personas heridas, entre ellas 7 niños (una menor de 5 años en estado crítico) y una pérdida irreparable, la de Daniel Duque.
Él era un menor de 12 años que falleció luego de las graves heridas provocadas cuando se presentó la explosión.
El atentado fue pasadas las 9 de la noche del sábado 26 de marzo
35 personas resultaron heridas
Frente a lo sucedido con el pequeño, durante este domingo 27 de marzo su madre reveló detalles de lo que sucedió.
Lo hizo a través de Noticias Caracol, en donde destacó que su hijo era un niño reconocido y querido en el sector.
Había salido a hacer un mandado
Doña Gloria dijo al noticiero que “Daniel era un niño alegre, muy buen estudiante, siempre ocupaba los primeros lugares en el colegio».
Daniel tenía 12 años de edad
Además era un buen líder al que destacaban los docentes entre sus compañeros, «siempre estaba ahí lleno de alegría, llenaba muchos vacíos, era mi hijo menor”.
Su madre contó que el niño el día de la tragedia salió de su casa porque iba a hacerle un mandado en un tienda frente al CAI.
“Estaba en el lugar y en el momento en el que no debía”, dijo.
Le han hecho homenajes
Luego de lo sucedido, compañeros del pequeño han adelantado diferentes actos en los que han homenajeado al niño.
Durante la mañana de este lunes por ejemplo, se reunieron a las afueras del colegio para recordarlo y pedir justicia.
“Siempre la violencia se lleva las personas más amables”:
Compañeros de colegio de Daniel Steven Duque, víctima mortal de atentado en Ciudad Bolívar, rinden un homenaje a su vida. “Siempre la violencia se lleva las personas más amables”, reflexiona con dolor uno de sus amigos – https://t.co/LueeASgQvIpic.twitter.com/zfvkAFO3sQ
La condena por lavado de dinero contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa —el más longevo de Nicaragua— es el último golpe del régimen que lidera Daniel Ortega contra uno de los clanes familiares más importantes de Nicaragua, cuya historia ha estado ligada al poder político, el control de medios de comunicación y el enfrentamiento a la larga dictadura somocista. Los Chamorro le han dado a Nicaragua al menos seis presidentes —algunos tristemente célebres— y un héroe nacional, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, durante la dictadura de Somoza.
Unos días antes de la condena contra Holmann Chamorro, la periodista y exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue sentenciada a ocho años de prisión, después de un proceso judicial considerado “espurio” por la oposición y defensores de derechos humanos, y en el que las autoridades leales a Ortega no pudieron demostrar los delitos que se le imputan. Los integrantes de este clan han sido condenados a la cárcel, el exilio o el ostracismo, en una cacería que puede ser interpretada como venganza personal largamente cultivada por Ortega después de perder las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios Chamorro, ahora de 92 años, quien enferma y sola se apaga poco a poco en su casa de Managua, en una bruma de recuerdos. El odio hacia su familia ha quedado patente en las palabras de la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ha calificado a los Chamorro como “una casta entreguista, aprovechada y saqueadora”.
Ha valido de poco que haya condenas de organismos internacionales por los juicios contra Juan Lorenzo, Juan Sebastián Chamorro —otro candidato opositor—, Cristiana y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también integrante de la directiva de La Prensa. Como el resto, él fue apresado en la orgía de detenciones contra opositores que Ortega desató el pasado verano para acallar a cualquier figura que pretendiera hacerle sombra en las elecciones de noviembre, que el mandatario dio por ganadas con el 75% de los votos. Las encuestas mostraban que Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con más probabilidades de vencer a Ortega en unos comicios justos. Los juicios contra los Chamorro han movilizado a organizaciones periodísticas de todo el continente, que rechazaron de forma pública las condenas. “Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, han advertido un grupo de 18 organizaciones periodísticas de Latinoamérica. “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, ha afirmado Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho”, ha pedido.
Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.AFP
Mientras sus hermanos y familiares han sido apresados y condenados por el régimen, Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense más reconocido a nivel internacional, marchó al exilio en Costa Rica por la persecución y amenazas en su contra. Chamorro es el director del diario digital independiente Confidencial y del programa de reportajes y entrevista Esta Semana, y quien ha mantenido una línea editorial crítica con el Gobierno desde que Ortega regresó al poder en 2007. Confidencial había denunciado, a través de reportajes de investigación con Ortega recién instalado en el poder, que personeros del Frente Sandinista mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista. Tras la explosión de masivas manifestaciones en abril de 2018 —que Ortega reventó a fuerza de balas, con un saldo de más de 360 muertos— el régimen ordenó el asalto y confiscación de la redacción de Confidencial y aumentó el asedio contra su director y periodistas, obligados también al exilio.
“Las sentencias de culpabilidad contra mi hermana Cristiana y mi hermano, Pedro Joaquín, no son el resultado de un juicio, porque en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. Hubo una simulación de juicio en la cárcel, donde se les fabrican delitos. Estas condenas no tienen ningún valor jurídico, tienen un valor político, que consiste en que Daniel Ortega está confirmando que se robó las elecciones del 7 de noviembre, porque no podía aceptar la competencia política en esa elección. Ortega pretende legalizar esa eliminación de la competencia electoral alegando que ha existido un juicio en el que se han probado delitos. Estamos en un momento de radicalización de una dictadura totalitaria, que pretende aferrarse en el poder a cualquier costo”, afirma Carlos Fernando Chamorro en entrevista desde su exilio en Costa Rica. “Todos los presos políticos de Nicaragua son inocentes, no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es reclamar elecciones libres, democracia, justicia. Aquí se ha criminalizado la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho a elegir. Ortega está lanzándose hacia el vacío, porque lo que está haciendo es agravar la crisis nacional”, ha agregado.
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Para Ortega y sus leales, Carlos F. Chamorro es un “traidor”. Chamorro apoyó la lucha clandestina de la guerrilla del Frente Sandinista contra la dictadura somocista. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 ocupó cargos dentro de la nueva estructura del Estado, hasta ser nombrado director de Barricada, el diario oficial del Frente Sandinista. La familia Chamorro, entonces, quedó dividida. Pedro Joaquín, el hermano mayor, dejó Nicaragua para apoyar la oposición armada que se formaba contra el sandinismo. Cristiana mantenía una línea crítica contra el régimen desde La Prensa, el diario de la oposición, mientras Claudia Chamorro apoyaba al Gobierno revolucionario. Claudia es la única de los hermanos que no ha sido detenida por el régimen. Amigos de la familia cuentan que Violeta Chamorro, la madre, era una suerte de árbitro entre las diferencias políticas familiares y que cuando invitaba a sus hijos a cenar en casa exigía que nos se hablara de política. A Carlos Fernando Chamorro se le reprochaba haber apoyado al Gobierno sandinista, liderado por excombatientes guerrilleros convertidos en militares y que se convertiría en un régimen que no permitía las libertades civiles y perseguía a las voces críticas.
El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.STR (AFP)
Chamorro se vería obligado a hacer una autocrítica en los años noventa, tras el triunfo electoral de su madre, Violeta Chamorro. Ella se convirtió en una improbable candidata de la oposición para plantar cara a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Los sandinistas no imaginaron ni en la peor de sus pesadillas una derrota electoral, a pesar del hartazgo de la gente por la guerra y la escasez. Ortega se daba baños de masas en los que se presentaba seguro del triunfo, como “el gallo ennavajado” —como decía la canción de su campaña— que derrotaría prácticamente sin esfuerzo a Violeta, quien había basado su candidatura con promesas del fin de la guerra y la reconciliación de un país amargamente dividido. El susto vino la misma noche de la elección, cuando el presidente del Tribunal Electoral, Mariano Fiallos, leyó los primeros resultados: el Frente Sandinista perdía frente a la candidata de la Unión Nacional Opositora (ONU). Con su madre en el poder, Carlos Fernando se convirtió desde Barricada en una fuerte oposición al Gobierno, pero el afán de Daniel Ortega de controlar el Frente Sandinista a toda costa hizo que muchas figuras del partido se distanciaran, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y Chamorro. Ortega se guardó por muchos años esa “traición”, que haría pagar a Carlos Fernando con la persecución en su contra, cuyo resultado ha sido su exilio.
Un clan vinculado a la historia política de Nicaragua
Es prácticamente imposible contar la historia política de Nicaragua sin mencionar a la familia Chamorro. El clan, forjado en las filas del conservadurismo, ha dado al país seis presidentes, entre ellos el considerado el primer presidente de la Nicaragua republicana, el general José Chamorro Pérez, y el tristemente célebre Emiliano Chamorro, quien firmó en 1914 el llamado Tratado Bryan-Chamorro, con el que le concedía a Estados Unidos el derecho a perpetuidad para construir un canal interoceánico a través del país centroamericano. Ortega haría lo propio un siglo más tarde, cuando en 2011 entregó una concesión de 100 años a un oscuro empresario chino para la construcción de un canal en Nicaragua, un proyecto valorado en 50.000 millones de dólares del que no se ha colocado una sola piedra. A Emiliano Chamorro también se le recuerda por su inmensa ambición política, por la que arrebató el poder a través de un golpe de Estado perpetuado en 1926.
El personaje de este clan que tal vez es más querido y respetado en Nicaragua es Pedro Joaquín Chamorro, el padre de Carlos Fernando, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Él fue el gran opositor de la dictadura somocista, quien desde las páginas de La Prensa lanzaba feroces críticas a la dictadura, que lo tenía como la voz más incómoda. Sus textos eran leídos con avidez y su programa de radio era sintonizado todas las tardes. “La Prensa para Pedro era su vida. No por beneficio propio, sino para el beneficio del pueblo de Nicaragua”, dijo su esposa, Violeta. Por su valentía y beligerancia, Chamorro fue asesinado en 1978 por sicarios cuando conducía su vehículo hacia la redacción del diario. Su asesinato conmocionó al país y sentenció a la dictadura. Los funerales del periodista y opositor fueron apoteósicos y terminaron en una manifestación que exigía la caída del dictador, quien respondió ordenando una dura represión. Pedro Joaquín Chamorro es considerado un héroe nacional y es llamado mártir de las libertades.
A pesar de la trágica historia de Nicaragua, nadie podía imaginarse que menos de medio siglo después, los Chamorro estarían nuevamente en el foco de los desmanes del poder. Y menos que el hombre al frente de la cacería en su contra fuera un hombre que luchó para derrocar al somocismo. La historia vuelve a colocar entre sus protagonistas en esta nueva tragedia a la familia Chamorro, perseguidos por el “delito” de defender la libertad de expresión, denunciar la corrupción y atreverse a aspirar a derrotar a Daniel Ortega a través de las urnas. Por ello han pagado con cárcel y exilio. “En Nicaragua hay un Estado policial, un estado de miedo, de control, de vigilancia”, denuncia Carlos Fernando Chamorro, cuya voz, como en su momento fue la de su padre con Somoza, es la que más incomoda al régimen de Daniel Ortega.
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El Gobierno de Daniel Ortega ha expulsado este jueves de Nicaragua a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha confirmado el organismo. El Gobierno no ha informado el motivo de esta expulsión, que se da en medio de una cacería contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El CICR es la única organización a la que se le permite inspeccionar las condiciones en las que están los presos políticos del régimen, al menos 179 personas que, según sus familiares, sufren maltratos, no tienen acceso a atención médica y están en difíciles condiciones en las cárceles del régimen.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, ha confirmado a este diario una fuente del organismo internacional.
El CICR logró el permiso del Gobierno en 2019 para visitar las cárceles del país e inspeccionar la situación de los detenidos por el régimen, aunque los resultados de sus gestiones son confidenciales. La revista Confidencial, de Managua, ha informado de que los familiares de presos políticos informaron que el CICR solicitó al Gobierno de Ortega el ingreso a las celdas de ‘El Chipote’ —prisión considerada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— para conocer la situación de los detenidos, pero las autoridades negaron el acceso. “La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso al CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones”, informó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, citada por Confidencial.
Para los familiares de los presos políticos, el CICR es una de las pocas esperanzas que tienen para conocer las condiciones de salud de sus allegados, dado que el Gobierno es renuente a permitir visitas, dar atención médica o distribuir medicinas para los detenidos, principalmente unas 20 personas consideradas de la tercera edad y otros que sufren enfermedades crónicas. La represión se ha convertido en uno de los pilares para mantenerse en el poder de Ortega, que ha desatado una cacería brutal contra quienes expresen alguna crítica contra el régimen. Los más de 170 presos políticos han sido detenidos, juzgados y sentenciados bajo acusaciones relacionadas a lavado de dinero, menoscabo a la soberanía o crimen organizado.
Los juicios son considerados espurios y en ellos no se han podido probar los delitos que se le imputan a los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Cristiana Chamorro, candidata opositora condenada a ocho años de cárcel. Otros presos políticos han recibido condenas de hasta 15 años por delitos inexistentes.
Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian que estas personas detenidas por criticar al régimen están en condiciones inhumanas en las cárceles, incomunicados y muchos sufren delicadas condiciones de salud. El pasado 12 de febrero falleció en una de estas prisiones el exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba recluido en una celda de la cárcel de ‘El Chipote’.
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La expulsión de Thomas Ess se suma a las decisiones del Gobierno de echar de Nicaragua en 2018 a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a la misión de expertos la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Estos organismos han denunciado en sucesivos informes que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.
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A comienzos de marzo de 2012, en un parque del centro de Santiago de Chile, una pandilla neonazi le dio una golpiza a Daniel Zamudio, de 24 años, por ser homosexual. La agresión fue tan brutal que el joven murió tras 27 días de agonía. Uno de los homenajes en el décimo aniversario de su muerte consistió en un mural en la plaza donde ocurrió el suceso. En la obra aparecían escenas explicitas de sexo entre hombres, que generaron una ola de rechazo liderada por la Defensoría de la Niñez. Por orden del municipio, el mural apareció este martes tapado de pintura blanca después de que una banda que se define como anticomunista escribiese sobre él. La acción de las autoridades llenó de indignación a los artistas, quienes denuncian censura.
Las imágenes de felaciones y hombres con los ojos vendados y encadenados practicando sexo escandalizaron a varios vecinos de la Plaza San Borja, por la que circulan las familias del barrio residencial. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, fue alertada del contenido por redes sociales y se puso en contacto con el municipio para solicitar que borraran el mural. “Estamos hablando de pornografía. [El mural] tiene que ver con un ámbito privado, donde las personas elijan ir a verlo. Aquí se imponen imágenes pronográficas que no toman en cuenta a los niños, sujetos de derechos que tenemos que integrar y proteger”, apunta. “Todavía no tenemos claro si el mural fue autorizado o no”, agrega Muñoz, poniendo en duda la versión oficial del municipio liderado por la alcaldesa comunista Irací Hassler, que asegura no haberlo autorizado.
El estupor ante la obra del colectivo de artistas eróticos Ojo Porno llegó hasta la casa de los Zamudio. Iván Zamudio, padre de uno de los iconos de la comunidad LGTBIQ chilena, critica que el mural “no era un homenaje”. “Este tipo de expresiones no son de respeto, para mí es pronográfico”, afirma por teléfono. “Es contraproducente para nuestra lucha, que es que se respete a estos chiquillos. [Los autores de la obra] se están expresando de una manera que me parece inadecuada”, agrega.
Desde el asesinato del joven gay, algunos vecinos y activistas hablan de la “plaza Daniel Zamudio” en vez de “plaza San Borja”. Uno de los deseos de su padre es que esa costumbre oral se oficialice: “Sería un orgullo, doloroso, pero un orgullo”. La muerte de Daniel impulsó la creación de la ley antidiscriminación, popularmente conocida como ley Zamudio.
Los muros, estatuas y bancos del centro de Santiago se convirtieron en los lienzos de los manifestantes que participaron de las protestas de octubre de 2019 contra las desigualdades sociales. Desde entonces, la fachada del corazón de la capital se ha limpiado y vuelto a rayar en reiteradas ocasiones. “El espacio público es de todos y no es de nadie”, plantea Ignacio Szmulewicz, historiador especialista en arte contemporáneo. “El Estado tiene que hacer lo mejor posible para preservarlo y cuidarlo. Si alguien raya un monumento, hay que restaurarlo, pero lo van a volver a rayar. Lo quieras o no. Con educación o no, porque el disenso se expresa en el espacio público”, agrega.
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Josefina Andreu, directora de Metro 21, una galería de arte urbano, considera que lo grave de lo ocurrido en relación al mural no es que mostrara de manera explícita el erotismo, sino “la violencia con que fueron atacados y censurados en redes sociales y en el espacio público” los creadores de la obra. “Se perpetúa la violencia que ha marcado ese lugar”, lamenta. Andreu le quita hierro a que las imágenes hayan sido explícitas porque, considera, los menores están constantemente expuestos a imágenes súper gráficas.
“Que eso sea traspasado al espacio público, personalmente y como mamá, no creo que violente a los niños sino que naturaliza el tema, que es algo que falta mucho en Chile. Si las obras incitaran a la violencia sexual o la pedofilia, estaría de acuerdo con la defensora de la Niñez, pero mostraba un tipo de sexo, el homoerótico, y creo que eso es lo que generó tanta polémica”, concluye.
Sobre el mural, Szmulewicz remarca que el ADN del arte es empujar las fronteras de lo convencional y recuerda las obras de la brigada Ramona Parra, icono de la Unidad Popular, que fueron censuradas durante la dictadura y que hoy son parte de la tradición chilena. “Ahora están moviendo las fronteras de la disidencia sexual, que tienen muy poco espacio para la visibilidad alrededor de la esfera pública”. “Este debate lo estamos teniendo gracias a que es una obra de arte hecha por un colectivo de la que unos dicen ‘no quiero ver’ y otros que sí”, añade.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto al representante permanente de Nicaragua ante ese organismo, Arturo McFields Yescas, en una imagen de archivo.Juan Manuel Herrera (EFE)
El periodista se mueve libremente, micrófono en mano, por la casa súper vigilada de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, para documentar para la televisión cómo celebra la familia presidencial la Navidad. El reportero, sonriente, se acerca a la pareja, que rodeada de familiares se muestra feliz ante las cámaras. El escenario ha sido montado para demostrar beatitud cristiana: enormes piñatas que representan ángeles coronados, manteles con flores de pascua, villancicos de fondo, lucecitas que centellean para adornar nacimientos con níveos y rechonchos Niños Dios e imágenes cristianas mezcladas con otras más místicas, de Buda y Sai Baba, que forman parte del “evangelio” propio de Murillo. El reportero se acerca a la pareja para sacar las primeras declaraciones de la noche:
—¿Qué significa la Navidad para ustedes?— pregunta zalamero a Rosario Murillo.
—Para mí la Navidad siempre ha significado la oportunidad de hacer renacer en el corazón de cada uno el nacimiento de Cristo— responde complacida.
Quien hace las preguntas esa noche es Arturo McFields Yescas, un periodista del Canal 12 de la televisión local, que años más tarde sería premiado con varios cargos dentro de la diplomacia nicaragüense, hasta convertirse en octubre de 2021 en embajador del régimen ante la OEA. Y desde ese cargo, este miércoles, ha lanzado una bomba sobre aquel búnker donde disfrutó hace ya varios años la Navidad: ha denunciado vehementemente lo que ha calificado como una “dictadura” que viola los derechos humanos y ha abogado por la liberación de los presos políticos. “La gente de adentro del Gobierno está cansada de la dictadura”, ha dicho durante una comparecencia ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Aquella noche navideña, Rosario Murillo, por lo general de carácter volcánico en sus apariciones públicas, se mostraba abierta y amable. Explicaba a McFields el significado de las esculturas de Buda que resguardan su casa, en una cita que hoy puede sonar profética, dado el aislamiento internacional al que está sometido el régimen y el rechazo de la mayoría de los nicaragüenses, cansados de los desmanes de la pareja presidencial que gobierna con mano de hierro Nicaragua. “El Buda significa el desapego, el desprendimiento, el no apegarse a nada. Porque uno no es eterno, uno es movimiento. La vida es movimiento y uno debe fluir con ese moviendo y debe ser desprendido y saber que un día estás aquí y otro día estás allá, pero lo único que cuenta es que tu espíritu prevalezca”, dijo la primera dama y vicepresidenta. “Muy bonito todo”, le respondió el periodista.
La joya de la noche, sin embargo, es el momento en el que Daniel Ortega, vestido con camisa blanca de paz y no con su vieja vestimenta militar (una transformación que también es obra de Murillo) abre un enorme cordero que es la cena de la Nochebuena. “Esto yo lo he comido allá en Libia, en los países árabes. Esto se come con la mano allá. La gente se sienta en el piso, se pone el cordero en medio y la gente come. Esto lo hemos hecho con el coronel Gadafi”, le comenta Ortega al periodista, mientras deshuesa el animal recién asado. “Haga una prueba de cómo está”, le pide el reportero, mientras Ortega se engulle un trozo del animal. Y McFields, tras invitación del comandante, hace lo propio. Corre 2006 y Ortega, reconvertido en candidato de la reconciliación, aspira a retornar al poder.
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Desde aquella cena libia en pleno trópico, la carrera del reportero despegó. En 2011, fue nombrado como agregado de prensa de la embajada de Nicaragua en Estados Unidos. En sus redes sociales agradeció al Gobierno esa oportunidad y el apoyo para perfeccionar su inglés. Años más tarde ascendería al cargo de ministro consejero de la misión permanente de Nicaragua ante la OEA, hasta convertirse, en 2021, en el embajador del régimen en ese organismo. Durante su permanencia en el cargo y hasta este miércoles había defendido los desmanes de Ortega y rechazado las consecutivas resoluciones que el Consejo Permanente había votado contra el Gobierno de Nicaragua, incluyendo una en la que se desconocen los resultados de las elecciones de noviembre, en las que Ortega se declaró vencedor con el 75% de los votos. Los comicios fueron denunciados como “ilegítimos” por la comunidad internacional, después de que Ortega ordenara el arresto de los siete aspirantes a la Presidencia por la oposición, incluyendo a Cristiana Chamorro, quien, según las encuestas, tenía las mayores probabilidades de vencer al exguerrillero.
El video donde Arturo McFields presenta la residencia de Ortega y Murillo en la navidad del 2006.
Arturo McFields Yescas es hijo del poeta nicaragüense David McFields, quien es amigo de Murillo. Junto a ella fundó en los años setenta el llamado Grupo Gradas, conformado por artistas e intelectuales que organizaban de forma improvisada conciertos y lecturas de poemas en las gradas de las iglesias en Nicaragua para denunciar los tormentos de la dictadura somocista. Debido a ese activismo, Murillo fue detenida en 1977 por el régimen y, tras ser liberada, se exilió en Caracas. El ahora exdiplomático se graduó como periodista por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) —bastión estudiantil rebelde perseguido por el régimen—, y trabajó como reportero en radios evangélicas. Más tarde se integró a la redacción del diario La Prensa —cuyas instalaciones han sido confiscadas por el régimen— y luego pasó a formar parte del equipo del Canal 12, una televisora cuyos informativos evitaban criticar la deriva autoritaria de Ortega.
McFields Yescas se ha convertido inesperadamente en un héroe para los nicaragüenses que se oponen a Ortega. Desde el exilio, se ha aplaudido este viernes la valentía del exreportero, que ha dado al traste con su futuro diplomático. “Admirable Arturo McFields denunciando a la dictadura de Nicaragua en la OEA. La historia recordará su gesto y el pueblo de Nicaragua se lo agradece. Esperamos que muchos otros sigan su ejemplo. ¡Dios te cuidará, Arturo! Gracias por tu gesto en favor de la vida y de la verdad”, ha tuiteado el obispo Silvio Báez, la voz más crítica de la Iglesia y a quien el Vaticano sacó de Nicaragua por las amenazas que recibía.
“Saludamos la valentía que ha tenido el embajador McFields. Es esperanzador que funcionarios del Gobierno de Nicaragua empiecen a hablar y a ventilar en estos espacios tan importantes, como la OEA, lo que está pasando dentro de la configuración de la dictadura Ortega-Murillo”, ha dicho a Efe Marlon Caldera, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha pronunciado este viernes a través de Twitter, donde ha afirmado: “Valoramos el coraje del Embajador de Nicaragua y su compromiso con los valores de la OEA”.
Admirable Arturo McFields denunciando a la dictadura de Nicaragua en la OEA. La historia recordará su gesto y el pueblo de Nicaragua se lo agradece. Esperamos que muchos otros sigan su ejemplo. ¡Dios te cuidará, Arturo! Gracias por tu gesto en favor de la vida y de la verdad.
En Managua, sin embargo, la acción de McFields Yescas ha caído como una bomba. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores afirman que, tras las declaraciones del embajador en la OEA, “se ha apoderado una paranoia en el ministerio”. Están a la espera, aseguran las fuentes, de una investigación “de parte de una furibunda Rosario Murillo para ver quién sabía” de la decisión del diplomático, informa Wilfredo Miranda. “Hay revisión de todo: administrativa, informática y política. Quieren ver si alguien sabía”, reafirman las fuentes. En un escueto comunicado publicado horas después de la intervención del embajador, la Cancillería nicaragüense ha afirmado que McFields no les representa, “por lo cual ninguna declaración suya tiene validez”. Una reacción esperada de un régimen cada vez más aislado por la comunidad internacional. Mientras en Managua comienza una cacería de brujas, en Washington McFields, que en su declaración ha reconocido que su testimonio puede tener repercusiones para él y su familia, sabe que los lejanos días cuando visitaba la casa de Ortega y comía cordero a la Gadafi son ahora una vieja fantasía.
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Sebtián fue hallado en la desembocadura de rio Jamundí con el río Cauca, labores que realizaron familiares y lanchero.
Mientras que en la vía a La Reforma, una mujer murió tras ser arrastrada por la creciente. El cuerpo lo encontraron este mismo domingo. Son 4 muertos en 15 días, ahogados en ríos de Cali y Jamundí.
Noticias Cali.
Este domingo finalmente, tras ocho días de búsqueda, el cuerpo de uno de los jóvenes desaparecido en el río Pance fue hallado, siguen buscando al otro y mientras esas labores se cumplían, en La Reforma reportaban otro deceso por la creciente del río, la víctima era una mujer.
Finales de febrero y principios de marzo, en ríos de Cali Jamundí, han muerto cuatro personas arrastradas por las crecientes súbitas.
Sebastián y Daniel
Durante toda la semana y desde el pasado domingo, se hizo la intensa y angustiosa búsqueda de Daniel Gutiérrez (22 años) y Sebastián Martínez (24), estaban de paseo en el río Pance.
Sebastián y Daniel estaban de paseo el domingo, cuando una creciente del Pance los arrastró.
En el sitio, familiares, amigos, voluntarios y organismos de socorro han hallado algunas prendas y elementos que los jóvenes tenían cuando al parecer, fueron arrastrados por la creciente súbita.
Este domingo, a las 9 de la mañana «se recibe llamado de la comunidad para la recuperación del cuerpo de un masculino», luego se confirmó que era el de Sebastián Martínez.
Fue hallado en la desembocadura de rio Jamundí con el río Cauca, labores que realizaron familiares y lanchero.
Apareció el cuerpo de uno de los dos jóvenes desaparecidos, ahora deben seguir buscando el de Daniela. Foto: captura vídeo Cali Informa.
Ahora, siguen la búsqueda de Daniela, el amigo de Sebastián.
Otra mujer muerta
La comunidad en la vía a La Reforma, llamó a bomberos para informar de la emergencia causada por el río Meléndez, «se llevó a una señora».
Ocurrió en el sector de La Fonda, la adulta mayor que era vendedora informal en la zona.
«Fue arrastrada por la corriente del río al encontrase lavando mesa a orilla del mismo», el informe.
La policía en la búsqueda, halló el cuerpo en el sector de Parcelaciones Canta Claro. Bomberos sacaron el cadáver y fue llevado a Medicina Legal.
Con este caso, serían cuatro los fallecidos por inmersión en medio de la ola invernal, arrastrados por crecientes súbitas de los ríos, tanto en Cali como en Jamundí.
Autoridades piden precaución a los ciudadanos, evitar paseos en zonas de riesgo; ríos como el Cali, Pance, Meléndez, Aguacatal son de crecientes súbitas.
The controversy surrounding the financial statements of the recall committee of the mayor of Medellín, Daniel Quinterowhich must be certified by the National Electoral Council (CNE), as a procedure for voting to be called to define whether or not the president continues in office.
This Saturday, February 27, Mayor Quintero spoke on his Twitter account about this procedure and assured that the recall “was dead.”
“As we warned, the recall is dead, the National Financing Fund of the CNE, through official letter I-2022-001385-FNFPCE-900 refrained from certifying recall accounts due to irregularities in financing and audios that revealed corrupt practices of promoters,” tweeted the local president.
However, This official document has not been released by the CNE, which has not made a statement on the matter either.
(Also read: This will be the peak and environmental plate for trucks and dump trucks in Medellín)
As we warned, the revocation is dead, the National Financing Fund of the CNE, through official letter I-2022-001385-FNFPCE-900, refrained from certifying revocation accounts due to irregularities in financing and audios that revealed corrupt practices of promoters.
For his part, Andrés Felipe Rodríguez, spokesman for the Pact for Medellin, questioned whether Mayor Quintero knew the filer’s number, a fact that ensures that they did not even have it.
“The only true thing about that tweet is the filing number, but we as promoters of the recall have not even sent us the document, but a question does arise: do you have the document? who gave it to him? Why are you assuring things that are not true?” Rodríguez said.
And he ended with the following statement: “Do you know what is dead? Your administration, that is dead.”
(Keep reading: Alert in Antioquia for three trucks burned in less than 24 hours)
Days before, the recall committee had assured, also via Twitter, that the financial statements had been approved.
“It seems that yesterday we were taken into account in the full room and according to a call I just received, the financial statements were approved. I warn: I still do not have an official confirmation from the CNE, I know that it goes to electoral management“says the trill.
Thus, the only thing left to do is wait for the CNE to make an official statement to find out whether or not a vote will be called to remove the mayor of Medellín.
Quintero has made several complaints about irregularities in financing. Among them, resources from the Medellin Council were used to pay for a meter.
The controversy surrounding the financial statements of the recall committee of the mayor of Medellín, Daniel Quinterowhich must be certified by the National Electoral Council, as a procedure for voting to be called.
This Saturday, February 27, Mayor Quintero spoke on his Twitter account assuring that the recall “was dead.”
“As we warned, the recall is dead, the National Financing Fund of the CNE, through official letter I-2022-001385-FNFPCE-900 refrained from certifying recall accounts due to irregularities in financing and audios that revealed corrupt practices of promoters,” tweeted the local president.
However, this official document has not been released by the CNE, which has not made a statement on the matter either.
(Also read: This will be the peak and environmental plate for trucks and dump trucks in Medellín)
As we warned, the revocation is dead, the National Financing Fund of the CNE, through official letter I-2022-001385-FNFPCE-900, refrained from certifying revocation accounts due to irregularities in financing and audios that revealed corrupt practices of promoters.
For his part, Andrés Felipe Rodríguez, spokesman for the Pact for Medellin, questioned whether Mayor Quintero knew the filer’s number, a fact that ensures that they did not even have it.
“The only true thing about that tweet is the filing number, but we as promoters of the recall have not even sent us the document, but a question does arise: do you have the document? who gave it to him? Why are you assuring things that are not true?” Rodríguez said.
And he ended with the following statement: “Do you know what is dead? Your administration, that is dead.”
(Keep reading: Alert in Antioquia for three trucks burned in less than 24 hours)
Days before, the recall committee had assured, also via Twitter, that the financial statements had been approved.
“It seems that yesterday we were taken into account in the full room and according to a call I just received, the accounting statements were approved. I warn: I still do not have an official confirmation from the CNE, I know that it goes to electoral management,” says the trill.
Thus, the only thing left to do is wait for the CNE to make an official statement to find out whether or not a vote will be called to remove the mayor of Medellín.
As he had announced, the mayor of Medellín, Daniel Quintero Calle, visited the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in Washington to request precautionary measures to protect his life and that of his family, and his political rights.
During the visit, the president met with Joel Hernández García, commissioner of the IACHR and rapporteur for Colombia; María Claudia Pulido, Deputy Executive Secretary of the IACHR; and Fernanda dos Anjos, coordinator of the Precautionary Measures Section.
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In the first instance and urgently, the mayor told the IACHR about the threats he has received since before beginning his mandate and since he took office as mayor of Medellín.
He especially referred to the increase in these events in recent months through emails, messages on social networks and the construction of plans to attempt against his life that were revealed by human sources.
“As everyone knows, the demands and complaints that we have made about Hidroituango have put my life and that of my family at serious risk. That is why today, before the Inter-American Commission on Human Rights, we have exposed these threats. Unfortunately, the Colombian State continues to fail to comply with the ruling of the Inter-American Court of Human Rights and the Attorney General’s Office has been violating the American Convention on Human Rights,” said Quintero Calle.
(You can also read: Quintero recall promoters announced demonstration)
Before the @IACHR we made known the threats against my life and that of my family. In addition, we denounce the violation of the American Convention on Human Rights by the Attorney General’s Office. We request guarantees in both cases. pic.twitter.com/hghdVFc9I5
Parallel, the mayor requested that his political rights and freedom of expression be protected in the recall process that he is currently facing and which coincides temporarily with the legislative elections in the country, for which the Colombian State must guarantee balance in its decisions in administrative or judicial processes.
In this regard, it also argued that the Colombian State has not complied with what was stated by the Inter-American Court of Human Rights that no administrative authority can prevent the defense of a democratically elected authority, which states that it has not complied with the sentence of the same IACHR in July 2020 in the case of Gustavo Petro and that requires taking legal measures to prevent the repetition of violations of political rights.
On this last point, this newspaper consulted the professor at the University of Antioquia, Alejandro Gómez Restrepo, a specialist in human rights issues, and explained that the mayor of Medellín could indeed request a precautionary measure (it is requested when there is an imminent risk or a violation of a human right) before the commission for his personal security with a technical document that is raised through a system, through a web page, but he could not do the same for the revocation process because, in simple words, this has not happened, that is, the citizenry has not voted whether or not to continue in office.
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Under this scenario, as the professor explained, the revocation could not be paused because for a precautionary measure to operate, three elements are required: urgency, necessity and irreparable damage.
“As long as the recall does not occur, we are neither in a state of emergency, nor need, nor irreparable damage. If eventually the revocation dismisses him, he could file an individual petition but he would have to first exhaust the internal resources (for example guardianships)”, explained the teacher.
MEDELLIN
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The promoters of the recall of the mayor of Medellín, Daniel Quintero, announced that they will exert more pressure so that the process continues and citizens can go to the polls.
“If today, Wednesday, there is no response from the National Electoral Council, more precisely from the plenary chamber and its magistrates, regarding the approval of the accounting statements of the collection of signatures, we will proceed to hold a sit-in from 7:00 am at the main headquarters of the Registrar’s Office in the Bomboná Towers, next Friday, February 25,” said Andrés Felipe Rodríguez, one of the leaders of the recall.
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He added that the demonstration will last until 7:00 pm and will be attended by significant groups in favor of the recall, political, business, social and cultural leaders, as well as activists and citizens in general.
On the other hand, the councilman of Medellín, Alfredo Ramos Maya, asked the Electoral Observation Mission (EOM) and the European Parliament, as delegates for the electoral monitoring of Colombia, their participation in the process of revocation of the mandate in the capital of Antioquia. .
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“This is due to the obvious and unjustified delays in the process. In addition, surveillance and control regarding the improper use of public resources and pressure from public servants for the development of it, “said Ramos.
It should be remembered that the revocation process has been flooded with guardianships and the CNE has yet to review the accounting or the money invested for the collection of signatures that were made in the capital of Antioquia in 2021.
MEDELLIN
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Yesterday, Monday, the mayor of Medellín Daniel Quintero reported that he will travel to Washington (USA) and that there he will report to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) the increase in threats against him and irregularities in what he called his dismissal.
“They tried to kill me 10 days before the elections (of the Medellín Mayor’s Office), that information also has the Prosecutor’s Office. These threats have been increasing in recent days and as the elections get closer, more threats have come,” said the local president.
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For Quintero it was necessary that his security scheme not be changed and he gave as an example Luis Carlos Galán, a candidate for the presidency of Colombia who was assassinated in 1989.
“Here they killed Galán after changing the security scheme. So for the same reason, it is necessary to bring to the attention of the Inter-American Commission on Human Rights two important requests that I ask. First, that there are no changes in the security scheme because we know what happens in the country when people change their security scheme; second, that the control bodies be reminded that the only way in which a mayor can be removed is with a final criminal ruling,” said Quintero.
These declarations and denunciations of the mayor were criticized by his opponents and promoters of his revocation.
According to Andrés Felipe Rodríguez, the mayor is the one who has really harassed the opposition.
“Let us remember that it is Daniel Quintero who has harassed us, persecuted us, infiltrated us, has espionaged us, has illegally recorded us, has profiled us,” Rodríguez added.
(In context: Daniel Quintero will denounce threats and persecution against him before the IACHR)
Mayor @QuinteroCalle You have every right to go to the @IACHR@CorteIDHnothing else was missing. Just as those who promote the recall (I’m not there) have every right that the @CNE_COLOMBIA make a decision on expenses and accounting in a timely manner.
For him, making opposition in the city is already a “sin” and that there is a “municipal microdictatorship” in which the recall is sought to be avoided at all costs.
“He is free to go and say whatever he wants, what makes me curious is that he go out and say that, that he goes to the IACHR. Could it be that he already has information that we are going to recall and the vote is invertible and is he using the same petrista manual to avoid the recall?”, the leader of the recall questioned.
For his part, the councilman of Medellín, Julio González, said that said complaint regarding the recall is “absurd and what he wants is to violate the National Constitution, ignoring the fundamental constitutional right of the people.”
“The revocation is a political right, it is not a sanction,” he added.
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It should be remembered that Quintero had said that he is seeking before the IACHR that “stop the persecution by some control agencies, and Colombian authorities are reminded that democratically elected mayors can only be suspended through a final criminal ruling, thanks to the ‘Petro ruling’ that prevented the breakdown of democracy in Colombia. What the Inter-American Commission on Human Rights does is protect democracy and we hope that it will do so in our case,” added the mayor.
MEDELLIN
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With the current mobility scenario, Medellín would return to the peak and plate every other day, said the mayor, Daniel Quintero.
This would happen, said the local president, before the end of his government in 2023.
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However, the mayor said that several alternatives are being studied to avoid this situation and it is estimated that a thousand vehicles are registered daily in the city, including motorcycles and cars.
“The bill and plate is one of the measures, easy because many people, before giving up the car, what they do is buy another one or buy a motorcycle (…) That is a big deal for the dealers and the big deal is the introduction of the bill and plate”, said Quintero.
That is why the payment pilot was implemented to avoid the peak and license plate and the result was that 2,000 cars a day made use of this benefit, which, as previously reported, will end on March 1.
“During the next two months we will be measuring and analyzing the data, the results to propose to the city just do not leave the car at home, because it is not the most effective. Perhaps the most effective thing is to remove the bearing tax, which is a national tax and 80 percent of which is done by the Government and we have already become a District and that money remains in the city and the bearing no longer goes to the Government but rather stays in the district,” added the president.
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This is the new peak and plate rotation for 2022.
Photo:
Courtesy of the Mayor’s Office of Medellin
Under this scenario, in the coming months in the city and in the other nine municipalities of the Aburrá Valley there would be new announcements about mobility in individuals because congestion is high, since it is estimated that there are 1 million 718 thousand vehicles in this subregion alone.
For now, on March 1 the beak and plate for taxis will return and the measure continues, once a week, for cars and motorcycles.
MEDELLIN
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