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Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.
Donald Trump, durante un mitin el domingo 27 de marzo en Georgia.HYOSUB SHIN / AJC (AP)

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado este lunes a John Eastman, uno de los abogados que asesoró a Donald Trump para tratar de revertir el resultado electoral de 2020, que entregue más de un centenar de correos electrónicos al Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. El magistrado David Carter, además, resalta que ateniéndose a las pruebas con las que cuenta, el tribunal considera más que probable que “el presidente Trump y el señor Eastman conspiraron” para evitar la certificación de votos en el Congreso de EE UU, que el 6 de enero de 2021 debía dar por vencedor al demócrata Joe Biden.

El importante fallo del juez Carter allana el camino para que el Comité de la Cámara obtenga correos electrónicos de Eastman que él consideró confidenciales y no entregó por ese motivo cuando proporcionó al ente investigador miles de páginas de comunicaciones electrónicas a mediados del pasado mes de febrero.

“La ilegalidad del plan era obvia”, escribe el juez Carter en su fallo. “Nuestra nación se fundó sobre la transición pacífica del poder, personificada por George Washington deponiendo su espada para dar paso a elecciones democráticas”, expone el magistrado. “Ignorando esta historia, el presidente Trump ejerció una fuerte campaña para que el vicepresidente decidiera cuál era el resultado de las elecciones de 2020″, añade.

Antes de entregar las casi 8.000 páginas de correos electrónicos, Eastman se había negado a proporcionar información a la Cámara cuando esta lo citó directamente para que prestara testimonio y presentara documentos. El abogado se refugió bajo la protección que le otorga la Quinta Enmienda de EE UU contra la autoinculpación. Eastman es un profesor de Derecho que ayudó a elaborar el falso argumento de Trump de que las elecciones de 2020 fueron un fraude, y que el auténtico vencedor fue el entonces presidente.

Entre los correos electrónicos que el juez ordenó a Eastman que entregara se encuentran mensajes que le envió el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, recomendando que Mike Pence, entonces vicepresidente, anulase las elecciones y diseñara un plan de acción diario que condujera hasta el 6 de enero.

El Comité creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura haber hallado pruebas que demuestran que Trump, Eastman y otros aliados de la causa del exmandatario podrían ser potencialmente acusados con cargos criminales, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.

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La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe. Ese departamento lleva una investigación sobre el asalto al Capitolio, pero no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando iniciar un caso penal contra Trump.

Eastman es una figura central en la investigación del comité de la Cámara, ya que escribió dos informes legales argumentando que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía la autoridad para rechazar unilateralmente los votos electorales o retrasar su recuento. Esto podría haber abierto la puerta a que las cámaras estatales lideradas por republicanos votaran por Trump, a pesar de que más votantes lo hicieron por Joe Biden, y dar así la vuelta al resultado electoral del 3 de noviembre.

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Virginia Thomas, esposa del juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, en una foto de archivo de 2020.
Virginia Thomas, esposa del juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, en una foto de archivo de 2020.Patrick Semansky (AP)

La esposa del juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, Virginia Ginni Thomas, supuestamente usó la influencia que otorga el alto cargo de su marido para presionar en repetidas ocasiones al entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, para que realizara todos los esfuerzos que fueran necesarios para lograr anular las elecciones presidenciales de 2020 que daban como vencedor al demócrata Joe Biden frente al republicano Donald Trump, según informa la cadena de televisión CBS y el diario The Washington Post, que han tenido acceso a los documentos que lo recogen en el marco de la investigación del asalto al Capitolio.

En uno de los 29 mensajes de texto intercambiados entre Thomas y Meadows, enviado el 10 de noviembre de 2020 —las elecciones fueron el 3 de noviembre—, Virginia Thomas escribe: “¡Ayuda a este gran presidente a mantenerse firme, Mark! Tú eres, junto a él, el líder que puede evitar que el Gobierno Constitucional de EE UU caiga por el precipicio”. “La mayoría es consciente de que Biden y la izquierda están intentando el mayor robo de nuestra historia”, se lee en el mensaje, según los reporteros del Post Robert Costa y Bob Woodward. Los intercambios de texto a través de teléfonos celulares prueban la fuerte conexión de confianza que existía entre Ginni Thomas y el principal asesor del entonces mandatario durante el tiempo en el que Trump y sus aliados amenazaban con llegar hasta el Tribunal Supremo para lograr dar la vuelta al resultado electoral que les era desfavorable. Ninguno de los mensajes hace referencia directa al juez Thomas ni a la Corte Suprema.

Entre los objetivos declarados de Thomas, firme activista de la causa emprendida por Trump para devolver la grandeza a América (Make American Great Again), estaba que el abogado Sidney Powell, quien estuvo detrás de afirmaciones incendiarias y sin fundamento sobre las elecciones, se convirtiera en “el líder y la cara” del equipo legal de Trump.

Pocos días después de las elecciones, el 6 de noviembre, Ginni Thomas enviaba un mensaje a Meadows animándole a que convenciera al presidente para que no aceptara la derrota. “¡Que no de se por vencido. Lleva tiempo que el Ejército se reúna para defenderle!” Meadows escribió a Thomas el 24 de noviembre invocando a Dios para describir el enorme esfuerzo que suponía anular la elección. “Esta es una lucha del bien contra el mal”, escribió Meadows. “El mal siempre parece vencedor hasta que triunfa el Rey de Reyes. No te canses de hacer el bien. La lucha continúa. He apostado mi carrera en ello. Bueno, al menos mi tiempo en DC [como se conoce a la capital de EE UU]”. La respuesta de la mujer de Thomas fue la siguiente: “¡Gracias! ¡Justo eso era lo que necesitaba oír! Bueno, eso y una conversación con mi mejor amigo hace un momento… Trataré de seguir aguantando. ¡América lo vale!”. No está claro a quién se refería Thomas por su mejor amigo.

Los mensajes, que podrían propiciar que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque contra el Capitolio curse una citación para que declare Virginia Thomas, forman parte de los 2.320 que Meadows entregó al dicho comité. Thomas envió 21 mensajes y Meadows ocho. Hasta que CBS y The Washington Post no los han hecho públicos se desconocía su existencia.

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El expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero tras su detención en Tegucigalpa.
El expresidente Juan Orlando Hernández, el pasado 15 de febrero tras su detención en Tegucigalpa.Elmer Martinez (AP)

Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha aprobado este miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, donde es señalado de estar vinculado al narcotráfico y de introducir en ese país miles de kilos de cocaína durante el periodo en que fue presidente de Honduras (2014-2022). “El juez de extradición de primera instancia, luego de haber escuchado los argumentos de prueba presentados por el equipo de la defensa y toda la documentación enviada por el Estado requirente, considera que es procedente declarar la extradición”, confirmó el portavoz del organismo judicial, Melvin Duarte, tras una audiencia inusualmente larga, que se extendió por más de 11 horas.

El exmandatario fue detenido el 15 de febrero, después de que el Gobierno de Joe Biden solicitara la extradición del exmandatario, que dejó su cargo en enero. Washington también le había retirado la visa estadounidense e incluido en el listado de “actores corruptos y antidemocráticos”. La defensa de Hernández tiene ahora un plazo de tres días para apelar ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, algo que harán según han adelantado sus abogados.

Sobre Hernández, quien mantuvo el poder en 2018 bajo fuertes protestas que se desarrollaron en las principales ciudades del país, pesan fuertes acusaciones de un fiscal de Nueva York, que lo señala de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su primera campaña presidencial. En las acusaciones, se afirma que Hernández ha dado protección a líderes “narcos” e incluso han publicado una supuesta cita del mandatario en la que afirma que quería “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”.

En marzo pasado, el juez Kevin Castel, de la corte federal de Manhattan, condenó a cadena perpetua, más otros treinta años de cárcel, Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente. En octubre de 2019, un jurado popular de Nueva York halló culpable a Tony Hernández de cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

La primera audiencia del expresidente ante un juez designado por la Corte Suprema se llevó a cabo el 16 de febrero en la sede de la Suprema y bajo un riguroso dispositivo de seguridad. De esta manera, Hernández se ha convertido el primer expresidente de Honduras que es exigido por la justicia de Estados Unidos. El mandatario gobernó de forma controvertida y autoritaria el país centroamericano durante ocho años, los últimos cuatro bajo una polémica reelección en noviembre de 2017, aún cuando la Constitución no se lo permitía. Hernández logró que el Tribunal Electoral aprobara en diciembre de 2016 su candidatura para participar en las elecciones. El expresidente forjó un fuerte control de las instituciones, principalmente en organismos clave como la Sala Constitucional, que en abril de 2015 declaró inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Se trata de las mismas ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009.

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La exprimera dama de Honduras y esposa de Hernández, Ana García, dijo el lunes que él es víctima de una venganza orquestada por parte de narcotraficantes hondureños “que fueron extraditados” (entre 2014 y 2021), de los que “en su mayoría se entregaron y negociaron allá en Estados Unidos” para lograr que les rebajaran sus penas. “Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura de que no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, ni tienen las pruebas, ni el soporte”, subrayó García al indicar que su esposo es inocente.

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Donald Trump está obligado a someterse a un interrogatorio y a responder bajo juramento en la investigación civil sobre los presuntos delitos fiscales de su emporio Organización Trump, liderada por la Fiscalía de Nueva York, según ha dictaminado este jueves el juez del Tribunal Supremo neoyorquino, Arthur Engoron. Los hijos del expresidente Ivanka Trump y Donald Trump Jr. también tendrán que atender las citaciones de la fiscal general del Estado, Letitia James, en un plazo máximo de 21 días.

Uno de los abogados de Trump ya adelantó que apelará el fallo. Si finalmente se enfrentan a las preguntas de la fiscalía, pueden responderlas o acogerse a la quinta enmienda de la Constitución para no testificar. Engoron negó la solicitud de la familia del expresidente de anular las citaciones de James en el caso civil o posponerlas hasta la conclusión de la investigación penal que lleva a cabo en paralelo la fiscalía del distrito de Manhattan.

Cuando otro hijo de Trump, Eric Trump, y el exjefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, acudieron en 2020 a una citación de la fiscalía, invocaron esa enmienda cientos de veces. La defensa del expresidente acusó que James, demócrata, intenta sacar información en la causa civil que pueda servir de material para la causa penal. Trump “tendrá derecho a negarse a responder a cualquier pregunta que, según ellos, podría incriminarlos, y esa negativa no podrá ser comentada ni utilizada en su contra en un proceso penal”, escribió el juez del Supremo neoyorquino.

Engoron ha dado a conocer el fallo después de una comparecencia de dos horas de los abogados de Trump y James. “En última instancia, una fiscal general del Estado comienza a investigar una entidad comercial, descubre abundante evidencia de posible fraude financiero y quiere interrogar, bajo juramento, a varios de los directores de las entidades, incluido su homónimo. Ella tiene todo el derecho de hacerlo”, rezaba el documento judicial de ocho páginas firmado por el juez.

La fiscalía de Nueva York lleva años investigando posibles delitos del conglomerado empresarial del magnate para determinar si la firma incurrió presentó declaraciones “fraudulentas o engañosas” de valor de varios inmuebles y propiedades, que sobrepreciaron para conseguir préstamos bancarios. Trump dijo el pasado martes que el trabajo de James es una “investigación falsa sobre una gran compañía que ha hecho un trabajo espectacular para Nueva York” y una “continuación de una caza de brujas por motivos raciales como nunca se ha visto” en Estados Unidos.

El pasado diciembre Trump presentó una demanda en un tribunal federal contra James por una supuesta violación de sus derechos constitucionales. La acusó de que su pesquisa está “guiada únicamente por la animadversión política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político”.

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La causa civil de James avanza en paralelo con la investigación penal que lidera la fiscalía de Manhattan para determinar si Trump o su organización falsificaron el valor de propiedades para tener acceso a potenciales prestamistas y así garantizar la financiación. El verano pasado, la Fiscalía de Manhattan acusó a la compañía de Trump de mantener durante 15 años una trama “aplastante y audaz” para defraudar al fisco, y al entonces jefe financiero Weisselberg de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares, lo que le permitió evadir unos 900.000 dólares en impuestos.

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A veces los cambios sirven para garantizar que, al menos, todo siga igual. El juez progresista del Tribunal Supremo Stephen Breyer tiene intención de jubilarse al término de este año judicial, en julio, según se ha conocido este miércoles. A sus 83 años, se trata del magistrado más veterano de los nueve que forman el alto tribunal.

Su retirada permitirá a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, nombrar a otro juez progresista, antes de las elecciones de medio mandato, que se celebrarán en noviembre, cuando presumiblemente los demócratas perderán la mayoría en el Senado. El mandatario ha expresado en varias ocasiones su intención de que el testigo lo tome, por primera vez, una mujer negra.

Ese nombramiento garantizará mantener el status quo actual del órgano judicial, con una supermayoría conservadora de seis contra tres, una situación que no se había dado en Estados Unidos en los últimos ochenta años.

Los cargos son vitalicios en el Tribunal Supremo y una determinada composición puede influir en el devenir del país durante décadas ―dada la capacidad de sus decisiones para sentar precedente constitucional e influir en la vida cotidiana de la gente― en asuntos como el aborto, los criterios para la admisión en las universidades o la tenencia de armas (tres temas que ahora mismo debaten). Activistas y analistas de izquierda y políticos demócratas habían presionado en los últimos meses a Breyer para que considerase echarse a un lado y evitar así un momento Ruth Bader Ginsburg.

La jueza progresista, icono del feminismo y lo más parecido a una estrella del pop que ha dado la judicatura de este país, aguantó en su puesto hasta el final, pese a su estado de salud. Murió víctima del cáncer a los 87 años el 18 de septiembre de 2020, semanas antes de las elecciones presidenciales, celebradas ese mes de noviembre. Eso permitió a Donald Trump nombrar a otra jueza conservadora (Amy Coney Barrett, entonces de 48 años, a día de hoy, la más joven de la corte), lo que disparó la brújula del Supremo, compuesta hasta entonces por cinco conservadores y cuatro progresistas, más a la derecha. Coney Barrett fue el tercer nombramiento de Trump en el alto tribunal (tras los de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh), lo que en cierto modo ha contribuido a perpetuar su legado.

La jubilación de Breyer permitirá a Biden evitar que la tendencia se acentúe (y el tribunal se divida en siete contra dos). El hecho de irse antes de las elecciones legislativas de noviembre garantiza a los demócratas, que cuentan en el Senado con 50 de 100 escaños, y el voto cualificado de la vicepresidenta, Kamala Harris, autonomía para decidir el nombre de quien lo sustituya. Eso será posible porque el nombramiento de los jueces del Supremo es una de las pocas decisiones del Congreso que no requieren de una mayoría de 60 asientos, que, de facto, es obligatoria en la mayor parte de las leyes de calado, debido a la práctica del filibusterismo, que permite al partido en minoría bloquear los avances de sus contrincantes.

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La presión sobre Breyer, que fue nombrado en 1994 por Bill Clinton, se ha desplegado en muchos frentes: desde el mundo académico (el profesor Erwin Chemerinsky, de la Universidad de Berkeley, le invitó en mayo desde una tribuna de The Washington Post a “poner la institución y el país que ama por encima de sus propios intereses”), hasta el activismo. Una asociación progresista llamada Demand Justice (Reclama justicia) alquiló un camión para que diera vueltas alrededor del edificio del Supremo con el siguiente mensaje: “Breyer, retírate. Llegó la hora de una mujer negra en el Tribunal Supremo”.

Y todo indica que eso es precisamente lo que sucederá. Biden ya expresó durante la campaña que le llevó a la Casa Blanca su deseo de hacer historia. Ahora tendrá la oportunidad al nombrar para el cargo a la primera afroamericana. “Es necesario que tengan representación de una vez, hace mucho tiempo [que es necesario]”, dijo en marzo de 2020. Tras conocerse la decisión de Breyer, los medios estadounidenses han corrido a echar sus quinielas. En todas ellas figura el nombre de Ketanji Brown Jackson, quien recibió el apoyo de los 50 demócratas y de tres republicanos cuando fue propuesta el año pasado para un cargo de jueza del Circuito del Distrito de Columbia.

En una entrevista, concedida en agosto a The New York Times, Breyer afirmó que se debatía sobre cuándo sería el momento idóneo para renunciar, y recordó unas palabras de Antonin Scalia, juez progresista fallecido en 2016 (y reemplazado por Neil Gorsuch al principio de la era Trump): ”Me dijo: ‘No quiero que nombren a alguien que revierta todo lo que he hecho durante los últimos 25 años”, recordó Breyer. “Así que no creo que me quede en el puesto hasta que muera, espero que no”, añadió.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, tuiteó a los pocos minutos de desvelarse la intención de Breyer, tal vez para despejar cualquier sospecha de presión por parte de Biden: “Siempre es decisión de cualquier juez del Tribunal Supremo retirarse. Así como el cuándo y cómo quieren anunciarlo. Así ha sido hoy”. En el mensaje agregaba que la Casa Blanca no tenía detalles adicionales o información para compartir.

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Felipe Muñoz, absuelto por la justicia colombiana.

El caso ocurrió en febrero de 2018.

Noticias Colombia.

«No se comprobó la participación de Muñoz en el caso de aborto consentido», a esta conclusión llegó el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, quien absolvió al músico Felipe Muñoz.

Una amiga suya acusa al baterista de la banda ‘Tr3s de CoraZón’ y barrista de Atlético Nacional, de haber sostenido relaciones íntimas con ella y luego haberle dado un jugo con una sustancia que le provocó la pérdida del bebé en febrero de 2018, de acuerdo a lo expuesto en su relato.

Lea: Es ley: aborto legal, seguro y gratuito hasta las 14 semanas, fue aprobado en Argentina

El músico fue absueto por el delito de aborto inducido, por el cual se le señalaba.

El caso

Los hechos ocurrieron en 2018 cuando en un centro médico la joven acusó a Muñoz de darle una bebida de caja que según describió «estaba abierta» y que terminó por causarle la pérdida de su bebé.

Ella bebió y minutos más tarde tuvo una emergencia por cuenta de un dolor en la parte baja del abdomen. El día 3 de febrero, Milena arribó al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín con un sangrado vaginal.

Los galenos de turno la examinaron y le diagnosticaron una amenaza de aborto. Finalmente esto ocurrió.

Según los análisis de Medicina Legal, el jugo tendría misoprostol, una sustancia de libre comercialización que puede ocasionar abortos.

Para la defensa de la joven en la decisión no se tuvo en cuenta el enfoque de género y por esto apelarán.

«Consideramos que el juez omite algo fundamental y es darle la aplicación al enfoque de género al caso. Ha estado circulando en medios una parte de lo que dijo el juez en la audiencia, donde queda claro, que es probado que Muñoz sostenía relaciones con Milena, que le pidió que abortada, que fueron a la clínica para comprobar el embarazo y que suministró las pastillas que comprueban una grave afectación física y que requirió una atención médica. Todo esto se dijo en juicio y son razones suficientes para que hubiera una condena», dijo Paola Duque, abogada de la víctima en diálogo con El Espectador.

«Este caso se constituye en una violencia sexual porque lo que hace es arrebatarle a ella la decisión sobre su maternidad», concluye.

Con la apelación, será el Tribunal Superior de Medellín quien tenga la última palabra en este proceso.

Pronunciamiento del baterista

A través de sus redes sociales, Felipe Muñoz, se pronunció sobre la decisión del juez en primera instancia de absolverlo de toda culpa:

«En términos concretos soy inocente. Estoy contento, estoy feliz, porque soy inocente, porque la justicia colombiana lo ha demostrado. Sin embargo, no quiero ser triunfalista y quiero mantener la serenidad que es la misma que le quiero pedir a todos los que me quieren, me respaldan y me apoyan», dijo.

«La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad, es un honor para mí contar con todos ustedes», agregó el hombre.

Foto de portada: @aletrabogota

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