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El senador líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una comparecencia en el Capitolio, Washington.
El senador líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una comparecencia en el Capitolio, Washington.TOM BRENNER (REUTERS)

La brecha entre los republicanos estadounidenses después de que el comité del partido describiera el asalto al Capitolio como un “discurso político legítimo” se ha ensanchado. Su líder en el Senado, Mitch McConnell, se sumó a otros compañeros de bancada para condenar la postura del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés). “Todos lo vimos, fue una insurrección violenta”, aseguró el senador, quien también cargó contra la decisión sin precedentes del comité de censurar a los congresistas Liz Cheney y Adam Kinzinger por participar en la comisión del Congreso que investiga lo ocurrido el 6 de enero de 2021.

McConnell afirmó que el ataque perpetrado por simpatizantes de Donald Trump tenía “el propósito de impedir la transferencia pacífica del poder tras una elección legítimamente certificada de una Administración a la siguiente”. La turba que irrumpió en el Capitolio lo hizo azuzada por el discurso de Trump sobre un supuesto fraude electoral. Las declaraciones de McConnell sacuden el tablero. Se trata del miembro del partido de mayor rango en pronunciarse contra de la postura de la RNC y de la narrativa trumpista. En el segundo juicio político (impeachment) a Trump por su responsabilidad en el asalto, el senador de Kentucky votó que no era culpable.

La resolución del RNC adoptada el pasado viernes en su reunión de invierno en Salt Lake City (Utah) no se debatió públicamente, pero fue aprobada por la gran mayoría de los miembros del partido. La frase “discurso político legítimo” no aparecía en el borrador original del texto redactado por el asesor de Trump, David Bossie, según una copia obtenida por The Washington Post. Aún no ha transcendido quién y cuándo decidió incluirla.

En el escrito, denuncian que la investigación del comité del Congreso impulsado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es “una persecución liderada por los demócratas contra ciudadanos corrientes”. El asalto al Capitolio dejó cinco muertos y más de 150 heridos. Cerca de 750 manifestantes han sido acusados.

Los líderes republicanos, que llevan meses intentando sacudirse el ataque del 6 de enero, ven con preocupación que el conflicto interno los perjudique de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde se juegan recuperar ambas Cámaras. La senadora republicana Susan Collins, que calificó de “absurda” la defensa del RNC a los insurgentes, aseguró: “Cada momento destinado a litigar una elección perdida o defender a quienes han sido condenados por conducta delictiva nos aleja más de la meta de la victoria este otoño”.

La censura contra Cheney y Kinzinger, los únicos dos republicanos miembros del comité de investigación del Congreso sobre el asalto, supuso la primera vez en la historia que el Partido Republicano reprende a uno de sus miembros en activo en el Congreso. Bill Palatucci, miembro del RNC, aseguró este martes que planea presionar al comité para que derogue el castigo -más simbólico que práctico- contra Cheney y Kinzinger. “Como mínimo, deberían eliminar la frase “discurso político legítimo’ de la resolución. Pero deberían derogarlo todo”, afirmó el abogado, que trabajó en la campaña de Trump.

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La Unión Europea se ha mostrado este lunes dispuesta a mantener su presencia diplomática en Kiev a pesar de que EE UU y Reino Unido han anunciado la retirada de Ucrania de parte de su personal civil por razones de seguridad. Bruselas considera de momento innecesario ese movimiento de precaución e, incluso, quiere aumentar su apoyo económico y empresarial para contrarrestar la desestabilización que están provocando en el país las continuas amenazas bélicas de Rusia.

La UE ha reiterado que cualquier ataque de Moscú desencadenará represalias económicas sin precedentes. Y la OTAN ha hecho recuento del despliegue de fuerzas de los aliados en el flanco oriental, un gesto de fuerza que ha llevado al Kremlin a asegurar que la probabilidad de un conflicto es más alta que nunca.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un paquete de asistencia macrofinanciera de 1.200 millones de euros para ayudar al gobierno de Volodimir Zelenski “a afrontar las necesidades financieras originadas por el conflicto”. Von der Leyen confía en que el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo aprueben rápidamente la propuesta “para proceder rápidamente a un primer desembolso de 600 millones de euros”.

Bruselas casi doblará, además, las subvenciones a fondo perdido que ofrecerá a Ucrania este año, añadiendo 120 millones de euros a los 160 millones ya previsto, según ha detallado la presidenta de la Comisión.

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha descartado por su parte secundar la decisión de Washington de comenzar a reducir la presencia diplomática en Kiev a menos que EE UU facilite información que justifique la alerta. “No vamos a hacer lo mismo [que EE UU]”, ha señalado Borrell a su llegada a la reunión del consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. El jefe de la diplomacia europea considera que “mientras las negociaciones [con Moscú] continúen, y de momento continúan, no pienso que sea necesario salir de Ucrania”.

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La UE parece apostar así por una escalada de tensión a medio plazo pero sin un desenlace armado inmediato. Washington, en cambio, asegura que el ataque de las fuerzas rusas contra Ucrania podría producirse en cualquier momento. Y Moscú acusa una y otra vez a Kiev, este mismo lunes de nuevo, de estar preparando un ataque militar contra las provincias ucranianas del Donbás que están en manos de rebeldes prorrusos, una amenaza que, real o no, podría brindar al Kremlin la excusa para irrumpir en el territorio de su país vecino.

Los ministros de Exteriores de la UE han analizado la posibilidad de ese ataque en una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Y después, a puerta cerrada, los europeos han abordado los planes de represalias y contingencia que se adoptarían en caso de que el presidente ruso, Vladímir Putin, consume una invasión del territorio ucraniano.

Los ministros de Exteriores de la UE han aprobado por unanimidad un texto en el que reiteran la advertencia a Moscú de que “cualquier nueva agresión militar de Rusia contra Ucrania tendrá consecuencias enormes y costes elevadísimos”. El documento detalla de manera oficial por primera vez que las represalias económicas de la UE y de sus aliados occidentales no afectarán solo a altos cargos rusos sino también “a una amplia gama de sectores”.

Los 27 consideran innegociables ni susceptibles de revisión los textos fundacionales de la seguridad europea tras la Guerra Fría, como el acta de Helsinki o la carta de París. Y señalan que su violación por parte de Moscú sería “una amenaza para la paz y la estabilidad en nuestro continente”.

El documento, cargado de párrafos muy duros contra la Rusia de Putin, mantiene la oferta de diálogo como la mejor vía para resolver el conflicto. Y ofrece un apoyo sin fisuras a la integridad y la soberanía de Ucrania frente a las agresiones que viene sufriendo.

“Cualquier forma de agresión por parte del Gobierno ruso tendrá una postura clara, una respuesta clara por parte de los europeos junto con los estadounidenses y en el marco de la OTAN”, ha señalado la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, a su llegada a Bruselas. Pero ha añadido que mientas se contemplan todos los escenarios, la prioridad debe ser la ayuda económica al país asediado.

“Es importante que vigilemos la la situación económica de Ucrania, su estabilización”, ha afirmado Baerbock antes de la reunión de los ministros europeos. Y ha añadido que “estamos trabajando muy estrechamente con Ucrania, tanto en términos de apoyo financiero como de asistencia económica”.

Baerbock también se ha desmarcado de la retirada de personal diplomático anunciada por Washington y ha insistido en que la presencia diplomática y empresarial en Ucrania puede contribuir a estabilizar la situación y a propiciar una desescalada de la tensión. La ministra ha asegurado que la seguridad del personal es la prioridad absoluta “pero también es importante que no contribuyamos a aumentar la incertidumbre de la situación, sino que sigamos apoyando claramente al gobierno ucraniano y, sobre todo, que mantengamos la estabilidad del país”.

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