Desde la Secretaría de Educación del Valle emitieron la advertencia.
Noticias Valle del Cauca.
Inescrupulosos siguen haciendo de las suyas en el departamento. Esta vez, están usando el nombre de la Secretaría de Educación para ofrecer trámites para supuestos nombramientos de docentes en la región.
La alerta fue emitida en las últimas horas por Mariluz Zuluaga, jefe de esta dependencia. Y quien indicó que las personas que se encuentran detrás de dicho uso indebido del nombre de la Secretaría, están exigen dinero.
«Hacemos un llamado a la comunidad para que no caiga en este tipo de engaños», expresó inicialmente Zuluaga.
Agregando que la dependencia «no cobra por estos trámites», razón por la cual «invitamos a los afectados a denunciar ante los organismos competentes».
Solo medios autorizados
De igual forma, recordaron a los docentes que desde el Gobierno nacional por medio del Ministerio de Educación ha establecido la plataforma denominada ‘Sistema Maestro’.
Por medio de la cual «Entidades Territoriales Certificadas ofrecen los cargos a los que pueden acceder los docentes para provisión transitoria de las vacantes definitivas».
Otras alertas de las autoridades:
Así pues, tenga en cuenta que «para ingresar al sistema es necesario que los interesados se registren o actualicen sus datos en la plataforma y se postulen al cargo disponible»:
«Una vez se cierra el proceso de la oferta, el sistema preseleccionará por mérito los tres mejores candidatos y las Secretarías de Educación verificarán el cumplimiento de los requisitos para hacer la selección definitiva».
¡Es importante saber!
🛑Atención. La secretaria de #Educación@MariluzZuluagaS advierte que inescrupulosos estarían cobrando dinero para nombramientos a docentes.
Con el ánimo de fortalecer el trabajo institucional, en la sede Manuel Antonio Sanclemente, se llevó a cabo, una jornada de capacitación, con los docentes del centro educativo.
Con la idea de sumar al trabajo en equipo, en la I.E Manuel Antonio Sanclemente, fue programada una capacitación, en pro de mejorar la relación entre docentes y estudiantes.
Cada uno de los docentes dio a conocer, en esta jornada, la labor que desarrollan con sus educandos, lo que está permitiendo consolidar el proceso que se debe cumplir con la educación y en este caso, con los estudiantes de la I.E. Manuel Antonio Sanclemente
La actividad desarrollada con los docentes de las sedes que hacen parte de la I.E. Manuel A. Sanclemente, da paso a consolidar lo que quedó de la educación virtual, que se realizó en el marco de la pandemia.
Con este tipo de conferencias y capacitaciones, se espera, seguir fortaleciendo el quehacer académico, tanto en beneficio de los educadores, como el de los educandos.
Los integrantes de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Valle del Cauca USDE, estuvieron reunidos en Buga, con el objetivo de proyectar las acciones que se realizarán en el marco del regreso a la presencialidad académica.
A la ciudad señora, llegaron los directivos docentes de los municipios certificados del Valle, quienes inicialmente, hicieron una evaluación de lo realizado, y se habló de lo que viene para la educación.
De acuerdo con la presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Valle del Cauca USDE, habría deficiencia en cuanto al personal docente, se refiere.
Pese a que se dio inicio a la presencialidad en los municipios certificados, al parecer, en algunas instituciones, se hace necesaria una intervención estructural.
Para Erika Marcela Escobar, el hacer parte, de la Unión Sindical de Directivos Docentes, trae unos beneficios.
Con las experiencias vividas en la pandemia, por los rectores, coordinadores, directores de núcleo, directores rurales y supervisores, en cada municipio, se espera consolidar, un buen trabajo para el presente calendario académico.
Un grupo de personas espera para recibir alimentos gratuitos en una iglesia de Caracas en mayo de 2020.Ariana Cubillos (AP)
Mientras los bomberos intentaban abrir la puerta del apartamento del profesor universitario Pedro Salinas, se escuchaban sus quejidos de fondo en un video que circuló en redes sociales. Al ingeniero de 83 años en estado de deshidratación le diagnosticaron desnutrición y depresión. Estaba junto al cadáver de su esposa, Ysbelia Hernández, de 74 años, bioanalista y abogada de la comunidad de la Universidad de Los Andes, en Mérida, al occidente de Venezuela. El cuerpo de la mujer también tenía signos de desnutrición. Había muerto de un infarto, según las primeras declaraciones de los rescatistas.
La noticia de encontrar a dos profesores universitarios muertos o a punto de morir por desnutrición es verosímil en la Venezuela de 2022. Por ello, pese a que algunos familiares de la pareja desmintieron desde el extranjero que los ancianos estuvieran en situación de abandono y aseguraron que había comida en la despensa de su casa, el caso de Hernández y Salinas, que se recupera en un hospital, se convirtió en el amargo retrato de todo un gremio que sobrevive con salarios de hambre.
Un profesor universitario en Venezuela percibe un salario de entre 3 y 11 dólares mensuales, la remuneración más baja de América Latina. Los de mayor rango, como Salinas, que es una eminencia en ecología, estudios forestales y planificación de áreas naturales protegidas, con formación en el Imperial College de Londres y director de revistas arbitradas, la remuneración puede alcanzar a 20 dólares al mes, una cifra muy lejana al precio de la canasta de alimentos en Venezuela que al cierre de 2021 superó los 400 dólares mensuales para una familia. “Nos han reducido a la indigencia”, reconoce Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, la casa de estudios de la que la pareja se jubiló. “Estamos consternados”.
La Universidad de Los Andes es una de las más importantes del país y es el corazón de la ciudad de Mérida. Mirar sus números da una idea de cómo el sector universitario público ha sido arrinconado. Bonucci procesa a diario una o dos renuncias de personal de la casa de estudios. En cinco años, ha visto reducir a la mitad el número de estudiantes. Con el presupuesto que recibieron en 2021 del Estado cada dependencia de la universidad contó con apenas 295 dólares para funcionar durante un año. No hay comedor, ni transporte, ni becas estudiantiles, ni cobertura médica para los profesores. Hay áreas del campus cerradas por la imposibilidad de mantenerlas. Bonucci señala que están por medir nuevamente la deserción en la planta profesoral, no solo los números, sino el tipo de personal calificado que han perdido, un problema común en todas las universidades venezolanas.
En una reciente publicación de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales, el investigador Jaime Requena advierte que son más los científicos que se jubilan y abandonan la profesión que los que cada año ingresan a ella en Venezuela. A la fuga de talentos que ha vivido Venezuela en los últimos años le pone un número: más de dos mil investigadores han dejado el país en dos décadas, refiere el estudio. En medio de la masiva migración que ha empujado a más de 6 millones de venezolanos a cruzar las fronteras huyendo de la crisis, las aulas se han vaciado y han quedado los más viejos, los profesores jubilados, como el relevo, una de las consecuencias menos visibles de la crisis humanitaria que atraviesa el país petrolero.
El Observatorio de Universidades evaluó en 2021 las condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela y encontró que 8 de cada 10 docentes de 60 años o más sufre de enfermedades crónicas y a 9 de cada 10 se le dificulta adquirir medicamentos. Dentro de este grupo, 35% come menos de tres veces al día y otro 35% no recibe ningún ingreso extra a su salario del Ministerio de Educación Universitaria. Asimismo, 26% tiene más de tres años sin hacerse un chequeo médico o examen de rutina y 21% nunca logró comprar sus medicamentos.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
En la ULA, con ayuda de egresados, se ha recolectado ropa y zapatos para profesores y trabajadores que no tienen ni cómo vestirse. “Cuando se asigna un sueldo como el que tienen los profesores venezolanos, el Estado se desentiende de las universidades”, apunta Bonucci. Desde el año pasado, la organización Brigadas Azules también recoge regularmente comida y enseres básicos para profesores de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en situación de vulnerabilidad. Esta misma semana corrió una solicitud de ayuda a otro profesor que requería desde medicamentos hasta jabón para su aseo y comida. La solidaridad y las campañas de recolección de donaciones y la ayuda humanitaria internacional que entra a cuenta gotas, son lo que sostiene a gran parte de los venezolanos. Cuando se habla de que 96% de los venezolanos vive en pobreza y de los 9,3 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada y severa —datos de Encovi y del Programa Mundial de Alimentos, respectivamente—, también se habla de estos casos, profesionales que se han empobrecido por la voraz pérdida de valor del bolívar en Venezuela.
Al menos cinco millones de pensionados y casi dos millones de empleados públicos, entre los que se cuentan los universitarios, pertenecen al grupo más golpeado por la crisis y escapan a la burbuja de la dolarización que ha permitido la recuperación de algunos sectores económicos el último año. Un duro ajuste ha recaído sobre esta población en los intentos de Nicolás Maduro por maniobrar contra el alza de los precios. En los últimos dos años, el Gobierno ha sacrificado el gasto fiscal y mantiene un salario mínimo integral en 10 bolívares, que llega apenas a dos dólares mensuales, para contener el tipo de cambio y ponerle frenos a la hiperinflación de la que finalmente saldrá el país este 2022, sin que esto signifique un alivio total al alto costo de la vida en Venezuela. Aunque el Gobierno asigna bonificaciones mensuales, son insuficientes para alzar la cabeza en medio de la pobreza.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
Walter Velásquez durante la entrega de Jovam a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. INPE
En los Andes de Perú, el profesor rural de secundaria Walter Velásquez no ha dejado de pensar en cómo desde la tecnología se puede hacer mucho por la educación. En 2020, en el peor momento de la pandemia, creó a Kipi, una robot que habla quechua y complementa la eduación de escolares en comunidades campesinas que no pueden tomar clases a distancia porque no tienen acceso a internet ni televisión. Esta vez, a pedido de una ONG, ha dado a la luz a un nuevo robot: Jovam. El nuevo aparato, cuya creación tomó seis meses, ayudará en el trabajo de los maestros que educan en las cárceles, donde internet está prohibido para los reos.
”[La organización] DVV International nos presentó un reto, así que para crear a Jovam hemos fabricado una placa madre huancavelicana, tiene su propio chip y sus sensores”, explica el maestro vía telefónica desde Colcabamba, en la región Huancavelica, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. “En Perú no hay una industria que genere pantallas, cables y altavoces, entonces hemos reciclado partes de móviles y desechos electrónicos; y para el cuerpo, impresión 3D con fibra de maíz, por lo tanto, si lo entierran es biodegradable”, detalla.
Velásquez fundó hace 13 años un laboratorio de ciencia en la escuela pública Santiago Antúnez de Mayolo, en una provincia pobre y aislada enclavada en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), conocido por su producción de café y cacao pero también por la coca.
El nuevo robot fue posible gracias a DVV International, que trabaja desde hace diez años en Perú y que, según cuenta su director en este país, Walter Quispe, promueve la educación en adultos, sobre todo a quienes están encarcelados.
El profesor Velásquez destaca que Jovam va a ser el primer robot que entra a una cárcel y lo describe como un complemento didáctico, una herramienta motivadora. “Todos los profesores necesitamos recursos para enseñar: todos los días sopa de pollo, cansa. Estamos desarrollando la capacidad de Jovam de grabar canciones o poemas y estudiando varios algoritmos que le permitan reconocer si quien le habla es hombre, mujer, niño o adulto”, señala.
Jovam fue donado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en vísperas de Navidad. Puede desplazarse autónomamente hacia adelante y atrás, mueve las manos, responde a preguntas sobre objetivos de desarrollo sostenible y también habla alemán. “A diferencia de los niños que son más acumuladores en el proceso de enseñanza, el adulto es más analítico e interpreta”, refiere Velásquez, sobre algunas diferencias con Kipi, su anterior creación.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
“Es un desarrollo interesante porque conecta digitalmente su cerebro con la cara: cuando habla, abre y cierra sus ojitos y la boca, hemos logrado una conexión sináptica, una especie de red neuronal: ha salido humo del laboratorio para lograrlo”, cuenta el profesor, que ha sido distinguido con varios premios desde 2012 por su innovador trabajo.
Para la enseñanza con Jovam, hay diez cartillas de preguntas que facilitan la interacción con los profesores y alumnos, pero el maestro del colegio rural ha recibido el pedido de las autoridades penitenciaria de dotar al robot de un proyector multimedia. Y a ello se dedica en estos días. El robot va a tener su experiencia piloto en el penal más grande de Perú, Lurigancho, que alberga a 9.270 reos, de los cuales 1.110 estudian, señala el vicepresidente del INPE, Omar Méndez. De estos, 330 tienen clases de educación básica y 780 de educación técnico-productiva, es decir, en cerámica al frío y de horno, carpintería, metal-mecánica y confección de ropa. En total, trabajan 48 profesores. ”Jovam puede ser muy útil en la educación técnico-productiva, como un repositorio de diseños e imágenes para mejorar la capacidad de producción que tienen y despertar el impulso al ver que se está vendiendo hoy en el mercado. No solo va a ser una novedad, además será útil”, asegura el vicepresidente del INPE.
Futura fábrica de robots
Según el director de DVV en Perú, la capacitación a los profesores para incorporar al robot en las aulas del penal de Lurigancho se desarrollará en las próximas semanas de cara al anunciado regreso a clases presenciales programado para marzo. Quispe estima que luego de la experiencia piloto en la prisión de Lurigancho, la ONG encargará al laboratorio del profesor Velásquez otros robots para la educación de jóvenes y adultos en cárceles de Ecuador y Colombia. Para el especialista, la paradoja de que el robot educativo para adultos no haya surgido en el país sede de su organización, Alemania, se debe a que “donde se ven más necesidades es donde salen más ideas”. “Jovam se ha creado en una zona donde no hay mucha tecnología y eso ha sido importante para que el robot, a pesar de que no opere con internet, tenga calidad de contenidos”, agrega.
”Quizá allá la educación de adultos está bien cubierta y abastecida, pero ya hay una invitación a Jovam para que visite Alemania”, cuenta Quispe, quien destaca que unos 18 millones de adultos no tienen acceso a servicios de educación en Perú. Mientras tanto, el profesor Velásquez mantiene el sueño de abrir “una fábrica de robots”, una empresa educativa con sus exestudiantes que no encuentran oportunidades de empleo en la región Huancavelica. Al momento ya patentó a Kipi y busca fondos para hacer lo mismo con el hermano mayor, Jovam.
”Yo veo la pedagogía para el bien común y en Jovam hemos puesto una mirada social porque estar privado de libertad no significa que van a dejar de educarse o de tener una misión en la vida. Quizá luego de esta experiencia (los reos) ya no solo fabriquen carritos, sino que se conviertan en programadores o añadan valor agregado a sus productos”, anhela Velásquez.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
