Ucrania reduce el reclutamiento de soldados por la saturación de tropas y la falta de armas | Internacional

Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficientes recursos para formar y armar a los cientos de miles de personas que han querido alistarse para combatir al invasor ruso. El Ejército ucranio evita aportar cifras concretas sobre el total de soldados en activo, pero estimaciones de expertos consultados por EL PAÍS indican que estos serían hoy unos 500.000, el doble respecto a los que estaban en servicio justo antes de iniciarse el conflicto. Las autoridades ucranias optan ahora por distribuir a los voluntarios en otras áreas que no son las estrictamente militares.

Al inicio del conflicto, las Fuerzas Armadas de Ucrania contaban oficialmente con 250.000 profesionales en activo, de los cuales 190.000 eran militares. Sobre el papel, Ucrania tenía, además, cerca de 200.000 reservistas y voluntarios en las Fuerzas de Defensa Territorial, una división militarizada que se encarga de la protección y control local. Hay que sumar los 130.000 agentes de policía y batallones de origen paramilitar que estaban bajo el paraguas de la Guardia Nacional —el equivalente a la Guardia Civil— y ahora, con la ley marcial, a las órdenes del Ministerio de Defensa. Rusia tiene 900.000 soldados en servicio, medio millón de unidades policiales o paramilitares y dos millones de reservistas, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

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Mijailo Samus, director del centro de estudios de defensa ucranio New Geopolitics, indica que el contingente movilizado por Ucrania es hoy mucho mayor que hace un mes: hay 300.000 veteranos de la guerra que provocó Rusia en 2014 en la región de Donbás (este del país) incorporados de inmediato a unidades en el frente. A ello hay que añadir 100.000 voluntarios más, según la prensa ucrania, que fueron aceptados en las Fuerzas de Defensa Territorial en las dos primeras semanas de la invasión. Estas unidades son fundamentales en los controles de carretera y de acceso a municipios, en la búsqueda de saboteadores rusos, pero también en el enfrentamiento armado, según explica Samus: “Las Defensas Territoriales fueron clave en el primer golpe contra Kiev, cuando operativos especiales rusos intentaron infiltrarse en la capital y tomar puestos estratégicos, porque son ágiles en la movilización y conocen mejor la ciudad”.

Hace un mes que la guerra azota a Ucrania y una de sus consecuencias inmediatas es la falta de munición y armamento para las fuerzas de defensa nacionales. Así lo ha hecho saber a sus aliados de la OTAN el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. No solo lo advierte el gobernante. En primera línea de fuego, en Járkov, el miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial Vlad Hrishenko confirma lo mismo en una entrevista telefónica: “Soldados ya tenemos muchos, lo que necesitamos es material de protección y armas”.

Hrishenko tiene 35 años y es uno de los 400.0000 ucranios que trabajaban en el extranjero y que han vuelto a su país por la guerra, según datos de la Guardia Estatal de Fronteras. Él estaba empleado desde hacía dos años como agente de seguridad en una compañía naviera de cruceros. La guerra le sorprendió en Panamá y pidió una excedencia para regresar a Ucrania. Está sirviendo en una unidad de patrullas de las Fuerzas de Defensa Territorial. Andrei Demchenko, portavoz de la Guardia Estatal de Fronteras, afirmó el pasado lunes en rueda de prensa que la mayoría de estas 400.000 personas son hombres que, una vez llegados a su provincia de origen, se han ofrecido para incorporarse a filas.

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Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa aseguran que no son mayoría los que se ofrecen para incorporarse a filas una vez retornados a Ucrania, y que muchos regresan sobre todo para estar con sus familias. Se trataría de una exageración con una finalidad propagandística. Pese a ello, Samus está convencido de que hay una mayoría de hombres que están dispuestos a combatir. Su valoración se basa en encuestas previas a la invasión y en las que se estimaba que un 65% de los adultos decían que tomarían las armas en caso de ataque ruso. “Ahora seguro que son más”, opina, e ilustra que, aunque fueran solamente un 10% los hombres entre 18 y 60 años que se hubieran ofrecido como voluntarios, esto supondría un millón de potenciales combatientes. Los adultos en esta franja de edad no pueden abandonar el país ante la posibilidad de ser movilizados por el Ejército o requeridos para otras tareas de primera necesidad.

Anexionada por

Rusia en 2014

Nota: ¿Qué es control? Mantener influencia física sobre un área para evitar su uso por el enemigo. Puede lograrse ocupándola o dominándola con armas. No implica gobernanza ni legitimidad. Fuentes: Institute for the Study of War y American Enterprise Institute’s Critical Threats Project (para avances y zonas controladas); Inteligencia del Reino Unido (ciudades cercadas); EL PAÍS y otras fuentes (combates y bombardeos).

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Rusia en 2014

Nota: ¿Qué es control? Mantener influencia física sobre un área para evitar su uso por el enemigo. Puede lograrse ocupándola o dominándola con armas. No implica gobernanza ni legitimidad. Fuentes: Institute for the Study of War y American Enterprise Institute’s Critical Threats Project (para avances y zonas controladas); Inteligencia del Reino Unido (ciudades cercadas); EL PAÍS y otras fuentes (combates y bombardeos).

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Rusia en 2014

Nota: ¿Qué es control? Mantener influencia física sobre un área para evitar su uso por el enemigo. Puede lograrse ocupándola o dominándola con armas. No implica gobernanza ni legitimidad. Fuentes: Institute for the Study of War y American Enterprise Institute’s Critical Threats Project (para avances y zonas controladas); Inteligencia del Reino Unido (ciudades cercadas); EL PAÍS y otras fuentes (combates y bombardeos).

Andrei Shevchenko es un militar retirado y diplomático del Ministerio de Exteriores ucranio. Hasta 2021 era embajador en Canadá y ahora dirige el centro de prensa de su Gobierno en Lviv, la capital de la retaguardia ucrania. Shevchenko confirma que el reclutamiento se ha ralentizado, e incluso se ha frenado en seco en Kiev, porque ya se produjeron suficientes incorporaciones en los primeros compases del conflicto. “Lo que necesitamos ahora es un periodo de entrenamiento para los futuros relevos de unidades en el frente”, resume Shevchenko. “Lo que no haremos es, como hacen los rusos, enviar a la guerra a gente sin formación como carne de cañón”, destaca.

Entrenamiento militar sin armas

Maksim Kozitskii, jefe de la región militar de Lviv, aportó el pasado jueves en una conferencia de prensa una cifra que es sintomática de la movilización más allá del Ejército regular: la provincia ha aportado 30.000 nuevos soldados y cuenta, además, con 20.000 solicitudes para incorporarse a las Fuerzas de Defensa Territorial. Kozitskii reiteró que están destinando a los nuevos solicitantes a realizar entrenamiento militar sin armas, formación de primeros auxilios o preparación en sectores económicos estratégicos. El alcalde de Lviv, Andrei Sadovii, expuso que para los 200.000 desplazados que hay en la ciudad será necesario construir urgentemente nuevas viviendas. “Ahora hemos entrado en una nueva normalidad, ya hay suficientes soldados y lo que necesitamos es retomar la actividad productiva”, dijo el 15 de marzo a EL PAÍS Igor Shevchenko, director de relaciones internacionales de la Cámara de Comercio de Vinnitsia.

Medio centenar de reclutas cargados con petates esperaban el pasado sábado frente a la sede en Lviv de la Fiscalía Militar de la Región Occidental de Ucrania. Estas oficinas se han habilitado como uno de los centros de inscripción. Varios sargentos llamaban a los hombres en pelotones de ocho o diez para trasladarlos al centro de entrenamiento. Las colas de los reclutas que eran aceptados eran más largas a principios de marzo, según corroboró un oficial encargado de atender a la prensa.

Aquel mismo fin de semana, pero en Kiev, a 500 kilómetros de Lviv, Vladislav Greenberg completaba su primera semana de entrenamiento. Horas de maniobras y clases de práctica militar diarias, sin tiempo para nada más. Greenberg se incorporó a uno de los batallones de voluntarios de nuevo cuño que han sido regularizados desde 2014 en la Guardia Nacional y que ahora están en la esfera de las Fuerzas Armadas. Llegó desde Finlandia, donde está empleado como jardinero. Allí dejó a su mujer y a un hijo de cinco meses. “Mi mujer no me habla, cree que los he abandonado, pero no podía quedarme en casa mientras mi país ardía”, dice por teléfono este joven de 31 años durante una pausa de su instrucción, resoplando por el cansancio. Estará entrenando hasta que le destinen a combatir, a pocos kilómetros de su base. En el peor de los casos eso será en una o dos semanas, “como les ha sucedido a otros compañeros”, dice Greenberg con tono de preocupación. Sabe que cuanto más tiempo tenga de adiestramiento, más opciones tendrá de volver a casa.

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El reclutamiento de indígenas en la selva venezolana | Internacional

La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las FARC en el Estado de Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro de dos hechos: no solo de que los grupos armados colombianos se habían desplazado al sur de Venezuela, sino que, además, contaban entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.

La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente Décimo de las disidencias de las FARC —comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte— cerca de la población de La Victoria, sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia, en el Estado de Apure.

La escalada puso en evidencia un nuevo elemento en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente —o bien dispuesto a la convivencia— con la presencia cada vez más patente de los grupos armados colombianos.

En cualquier caso, la campaña militar coincidió con las noticias de que las disputas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates. Y la intervención de las fuerzas armadas venezolanas ha sido, en el mejor de los casos, opaca. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC —Jesús Santrich, El Paisa y Romaña—, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.

El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China en 2010.

Comandantes de la Zona Operativa de Defensa Integral #31, presentan armamento incautado en la Operación Jiwi, el 11 de febrero de 2021, en Apure, Venezuela.ZODI APURE

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Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del Estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia el interior del Amazonas. De acuerdo con la información oficial, la muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes.

La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en un teatro de operaciones de guerra, ha sido la culminación de un proceso iniciado en 2016.

N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días.

Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.

Apoyado sobre el fogón, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mariño cuenta que los guerrilleros llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la montaña y allí permanecieron durante cinco años.

Los guerrilleros se identificaron como miembros de la FARC ante los habitantes de Santo Rosario.Sergio González

“En un principio veíamos a hombres vestidos de militar caminando por las calles de la comunidad a la montaña, pero asumimos que se trataba de militares venezolanos”, dice. La confusión suena verosímil: a escasos cuatro kilómetros del asentamiento indígena, sobre la carretera principal que conecta con Puerto Ayacucho, se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana.

Un día, cuenta Mariño, un uniformado que se identificó como miembro de las FARC llegó a su casa. “Nos dijo que necesitaban permanecer escondidos en la selva porque su gobierno los persigue para matarlos, que su presencia no iba a alterar la dinámica de la comunidad y que, por el contrario, nos querían apoyar con la seguridad y que podíamos confiar en que no se iban a meter o abusar de las mujeres, ni con los conucos”, refiriéndose a las parcelas de cultivo de supervivencia de los campesinos.

Y en efecto: transcurrieron cinco años de una convivencia pacífica que solo fue interrumpida por las bombas.

Alistamiento de jóvenes

El reclutamiento forzoso de menores y de indígenas no es noticia en el contexto de la guerra interna colombiana. Pero en Venezuela no se había reconocido nada semejante. Hasta ahora.

“Aquí hay chamos de hasta quince años que se han ido a trabajar con los guerrilleros”, dice A.Q., una madre de 23 años que trabaja en un comercio ubicado a las orillas del río Orinoco, en el cruce de chalana que conecta Puerto Nuevo —sector del municipio de Atures también conocido como El Burro— con Puerto Páez, en el Estado de Apure.

Vendedores de pescado, esperan a la orilla del río Orinoco, en la ciudad amazónica de Puerto Ayacucho, Venezuela.FERNANDO LLANO (AP)

Junto a su madre, A.Q. atiende un negocio que se dedicaba a la venta de víveres y alimentos, pero que a causa del aumento del precio de la gasolina subsidiada en Venezuela y las fallas en el suministro en los Estados al sur del país, debió mutar a la venta clandestina de gasolina proveniente de Colombia. Una actividad que se ha convertido en fuente de sustento para muchos en la entidad.

“La mayoría de los comercios en El Burro trabajan con contrabando de gasolina. Por ahí pasan los autobuses que vienen de Ciudad Bolívar y de Caicara cargados de vendedores bachaqueros que cruzan a Puerto Carreño a comprar mercancía colombiano al por mayor para luego venderla en Venezuela. Ayer llegaron tres autobuses”, detalló.

La joven madre asegura que en ese paso desde Los Llanos al Estado de Amazonas “todos conocen quién es quién. Todos sabemos quiénes son la gente del monte”, señala, en referencia a los guerrilleros. “Ellos tratan con uno, con la gente normal, no nos piden vacuna [o cobro extorsivo de protección]. Ellos en su mundo. Pero sí ayudan. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo enfermo y recurre a ellos, le ofrecen apoyo económico”.

Una de sus hermanas tiene 16 años y está embarazada de un muchacho venezolano que se sumó a las filas de la guerrilla, relata. Y una amiga de la infancia también trabaja para ellos.

En Amazonas las fuerzas irregulares colombianas controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del Estado.Sergio González

“A mi amiga se la llevaron a Cabruta [población situada sobre la margen norte del Orinoco, en el estado Guárico] Allí las mujeres hacen lo mismo que los hombres: cargan armas, montan guardia, lavan, cocinan. Yo no lo haría. En eso es fácil entrar, lo difícil es salir”.

“La guerra vino por mí”

A M.L. su mamá la fue a buscar al campamento guerrillero. Pidió hablar con el comandante jefe para exigirle que su hija regresara a la comunidad. No fue fácil, relató E.R., uno de los profesores de la joven, pero la madre se plantó en el campamento decidida a no abandonar el lugar sin su hija. Lo consiguió.

M.L. fue, junto con la joven muerta en el bombardeo y una tercera compañera, una de tres mujeres indígenas de la comunidad Coromoto que optaron por unirse a la guerrilla. E.R., que le dio clases, es un docente de una comunidad vecina, llamada Rueda.

E.R. relata que le preguntó a M.L. por qué había corrido el riesgo de irse con la guerrilla. La respuesta que quedó grabada en su memoria no parece sorprenderle: “Creí que trabajando para ellos podría ayudar a mi familia, estamos pasando mucha necesidad”, recuerda el docente que le dijo la muchacha.

La pobreza y la presencia de grupos irregulares en sus territorios está empujando a los indígenas a migrar a Colombia.Sergio González

Una encuesta socioeconómica aplicada por la Delegación de la Red de Defensores Indígenas en esa comunidad de Rueda, así como en otra aldea cercana, Platanillal (a casi cinco kilómetros al oeste de Coromoto, la residencia de M.L.), reveló que 80 de las 286 personas que participaron en el estudio presentaban algún nivel de desnutrición.

A.S., un indígena jiwi que vive en Platanillal y que forma parte de la Red de Defensores, explica que la ausencia del Estado y la crisis humanitaria que azota al país son las causas principales de la dramática situación que viven las comunidades indígenas. Y no pueden paliar sus necesidades ni siquiera con la caza y pesca tradicionales porque la presencia de grupos irregulares en su territorio les ha vedado el acceso.

“Los indígenas no quieren ir al conuco a pescar porque en el camino se encuentran con los guerrilleros, tienen miedo. La bolsa CLAP llega, con suerte, cada dos meses”, explica A.S. en referencia al programa gubernamental de distribución de alimentos y productos de la canasta básica a precios subvencionados.

Un informe presentado por el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), en abril de 2021, alerta sobre el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas desde Venezuela a Colombia. Los indígenas migran sobre todo a los departamentos fronterizos del Vichada y Guainía. “De las 34 comunidades del eje carretero sur, seis fueron abandonadas completamente, todos se fueron”, detalla A.S.

“De las comunidades de Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, sabemos que 350 indígenas migraron a Puerto Carreño, y 400 a Cumaribo [poblaciones del lado colombiano]. Solo entre octubre y noviembre del 2020, un estimado de 200 indígenas, jóvenes y adultos, han salido del Estado por vía fluvial”, explica el defensor indígena.

Sentado en una minúscula oficina, Michelle Beath Zurfluh, secretario del despacho de la Gobernación de Vichada, reconoce que la entidad enfrenta un problema con la migración de indígenas provenientes de Venezuela. Explica que los jiwi completan ahora un segundo éxodo, pues muchos habían cruzado el Orinoco años antes rumbo a Venezuela.

Ahora, a la inversa, los hijos y nietos de esos migrantes están regresando a Colombia. Allí ocupan asentamientos con precarias viviendas hechas de láminas de zinc, plástico y telas que no cuentan con ningún tipo de servicio público. Según datos recopilados por Griam, producidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de la Gobernación de Vichada, existen 25 asentamientos jiwi en la capital de ese departamento colombiano.

Los hijos de la guerrilla

Desde que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instaló en 2017 tres campamentos cerca de Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas Piaroa al norte de Puerto Ayacucho, las cosas empezaron a cambiar de formas inesperadas.

El ELN llegó a la comunidad indígena Betania Topocho en el 2017, allí instalaron tres campamentos a apenas cinco kilómetros de distancia.Sergio González

Con el tiempo, los forasteros se fueron mezclando con la comunidad. Captaron a jóvenes indígenas para trabajos menores. Entre una cosa y otra, mientras entablaban relaciones con los muchachos locales, empezaron a conocer a las chicas solteras de la comunidad.

“Poco a poco los jóvenes empezaron a hablar como los guerrilleros, se expresaban y comportaban como los guerrilleros”, cuenta J.S., un poblador.

De forma voluntaria, algunos se sumaron a sus ejércitos: “Se les veía portando el uniforme y en muchas ocasiones iban armados”.

El vínculo entre los guerrilleros y los jóvenes de la comunidad cobró otra dimensión, y comenzó a normalizarse en cierta medida, con el nacimiento de los primeros niños producto de relaciones entre combatientes irregulares y las mujeres piaroa de Betania. Según testimonios de los lugareños, al menos siete hijos de miembros del ELN integran hoy la comunidad.

En una oportunidad se vio a un uniformado haciendo fila en un operativo especial llevado a la comunidad por la Alcaldía del municipio de Atures venezolano para el registro de identidad de un hijo.

Vista aérea del bosque cerca de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, Venezuela.DEA / P. JACCOD (De Agostini via Getty Images)

Dividida en dos polos —el de quienes apoyan la presencia de los irregulares y hasta trabajan para ellos, contra aquellos que la rechazan de plano—, en Betania Topocho ya son varios los debates comunitarios que se han dado para sopesar y atenuar el impacto que están teniendo los vecinos recién llegados sobre sus formas tradicionales de vida.

En agosto de 2021 se dio una situación así. Entonces se identificó a una muchacha de la comunidad que servía de intermediaria para organizar citas amorosas y encuentros íntimos entre insurgentes y chicas piaroa. La asamblea exigió, sin éxito, que los guerrilleros se quedaran en sus campamentos y no volvieran a poner pie en el caserío.

Para J.S. la precariedad de la vida cotidiana es solo la base anímica sobre la que la guerrilla encuentra sustento para seducir a los jóvenes de la comunidad. “Les prestan las armas, las gorras, les hablan de una nueva vida llena de aventuras, de dinero y de poder. Se aprovechan de la inmadurez de los menores”, lamenta.

La Fundación Conflict Responses (Core) asegura que las narrativas simplistas según las cuales estos grupos únicamente están formados por quienes no dejaron las armas en Colombia no reflejan la realidad. En su informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, publicado en marzo del 2021, Core afirma que los grupos disidentes se han nutrido, en gran medida, de nuevos reclutas. Esto sería cierto a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

Agentes federales venezolanos montan guardia mientras cinco hombres acusados ​​de ser miembros de los paramilitares colombianos son mostrados a la prensa en Puerto Ayacucho, en abril de 2005. LESLIE MAZOCH (AP)

En la Defensoría del Pueblo del Estado de Amazonas reposa una denuncia formal por el reclutamiento de siete indígenas por parte de miembros de las FARC en el Municipio Maroa, en el suroeste del estado. En la denuncia, señalan como responsables de la presunta esclavitud y extorsión “a mineros extranjeros ilegales y grupos armados colombianos al margen de la ley (desertores de las FARC), quienes ejercen el control total de la zona minera del Rio Siapa”.

Familiares de los siete jóvenes dijeron que estos “fueron llevados con falsas promesas y no les permiten la salida de las zonas mineras”, según señala el documento, registrado en marzo del 2021 en la ciudad de Puerto Ayacucho.

Los familiares acudieron a los puestos militares, pero no recibieron apoyo, relata la denuncia. Tuvieron por lo tanto que movilizarse al campamento guerrillero y solicitar que los adolescentes fueran liberados, sin obtener respuesta. “Presumimos que estos adolescentes fueron captados para realizar trabajos en zonas mineras. Es un caso que apenas estamos iniciando las investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo”, detalló Gumercindo Castro, responsable de la Defensoría del Pueblo en el Estado de Amazonas, al momento de la denuncia.

(*) Esta es la cuarta entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.

(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.

Créditos

Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser
Dirección de arte: Fernando Hernández
Diseño: Ana Fernández
Edición: Eliezer Budasoff
Maquetación: Alejandro Gallardo
Infografía: Nacho Catalán | Jorge Moreno
Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).

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