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Activistas a favor de la reforma electoral, este miércoles frente a la Casa Blanca.
Activistas a favor de la reforma electoral, este miércoles frente a la Casa Blanca.DANIEL SLIM (AFP)

Por quinta vez en los últimos seis meses, la bancada republicana votó de forma monolítica contra el intento demócrata de aprobar un proyecto de ley sobre la legislación del derecho al voto. Se necesitaba la cifra mágica de 10 senadores republicanos para alcanzar los deseados 60 votos que impone el arcaico filibusterismo para aprobar una norma por mayoría cualificada. Ni un solo senador republicano dio ese paso al frente. Para hacer posible, pero a la vez enredar más la explicación y el desarrollo de los acontecimientos, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, cambió su voto y se pronunció en contra de su propio partido para forzar así una nueva votación esta misma noche. El resultado fue 49-51.

La vicepresidenta Kamala Harris se encontraba en el Senado. Hasta allí se había desplazado por si era necesario su voto de calidad para inclinar la balanza del lado de los demócratas. No fue necesario. Primero porque Schumer cambió de filas. Segundo porque no era suficiente para tumbar el muro de los 60. “El presidente y yo no vamos a tirar la toalla respecto a este tema”, declaró Harris. “Este tema es fundamental para nuestra democracia”.

Como declaración de intenciones es irreprochable. Y sin embargo, por mucho que el presidente de EE UU, Joe Biden, exprese el peligro que supone que casi 20 Estados de la Unión hayan manoseado sus reglamentos estatales para hacer más difícil el acceso al voto de las minorías, sobre todo la población negra americana, la división partidista refleja con total claridad que no existe margen para hacer realidad la necesitada reforma.

La legislación que se sometió a voto combinaba disposiciones clave de dos proyectos de ley: la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis. Bien claro tenía Schumer lo que estaba por pasar cuando al iniciarse el debate reconocía que el proyecto tenía pocas probabilidades de salir adelante. Como el mejor de los generales que sabe cómo acabará el combate pero está obligado a dar la batalla, Schumer declaraba que “los ojos de la nación están pendientes de lo que suceda aquí esta semana”.

Lo sucedido es una repetición en bucle que esta noche intentará modificarse para cambiar el final al plantear a votación una normativa que circunvale la necesidad de la mayoría cualificada, conocida como “la opción nuclear”, se traduce en cambiar temporalmente las reglas del Senado, ignorando las objeciones de la minoría a un proyecto o un nombramiento y permitir que pueda aprobarse por mayoría simple.

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Pero entonces, los demócratas, además de ver los colmillos de los republicanos se enfrentarán a dos disidentes dentro de sus filas, la senadora de Arizona Kyrsten Sinema y el senador de Virginia Occidental Joe Manchin. Ambos políticos han dejado clara su postura desde que se planteó suprimir el filibusterismo, no importa cómo lo maquillen, ninguno de los dos votará a favor, ya que son conscientes de que es un caballo de Troya.

El controvertido proyecto de ley ampliaría el acceso al voto en un país que tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha visto cómo retrocedían los derechos de las minorías. La reforma restauraría las disposiciones clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, normativa que fue posible debido a la movilización de Luther King y el entonces presidente Lyndon Johnson en 1965. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley la semana pasada con solo el respaldo demócrata, y ahora enfrenta el gran -y casi imposible- desafío para aprobarlo en el Senado. El texto actual establecería, además, que el día de las elecciones sea festivo a nivel nacional, lo que podría aumentar la participación. En EE UU se vota siempre en el primer martes después del primer lunes de noviembre, un día laborable que dificulta acudir a las urnas.

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Manifestantes frente al Senado para pedir que se aprueba la reforma electoral.
Manifestantes frente al Senado para pedir que se aprueba la reforma electoral.LEAH MILLIS (REUTERS)

A la desesperada, con las crecientes críticas de los grupos de derechos civiles y la recalcitrante obstrucción de dos miembros dentro del propio partido, los senadores demócratas en el Congreso de Estados Unidos comienzan el ya eterno debate sobre la reforma electoral, que saben herido de muerte. Será esta la quinta vez que el Senado intente aprobar normas relativas al derecho al voto durante este Congreso, que se inició hace casi un año con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Poco importan los esfuerzos del líder de la mayoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, a la hora de hacer malabarismos para lograr circunvalar el férreo filibusterismo que impone una mayoría cualificada de tres quintos para aprobar una norma. Importan poco porque ya sea Schumer, los descendientes de Martin Luther King o el mismo presidente de la nación quienes llamen a proteger la democracia y blindarla con una ley electoral que no deje fuera a las minorías existen dos miembros dentro del Partido Demócrata que pulverizan cualquier intento de aproximación al voto con mayoría simple.

Kyrsten Sinema y Joe Manchin son la garantía de fracaso de la reforma electoral. Son dos deserciones clave que dañan más que incluso la férrea oposición republicana, donde ni siquiera uno de los 50 senadores que la componen ha movido un músculo para defender un solo estatuto. Lo anterior es sin duda consecuencia lógica de que en 2021, 19 Estados de mayoría republicana aprobasen 34 leyes que restringen el sufragio.

Para Martin Luther King III, hijo del líder de los derechos civiles del mismo nombre, Sinema y Manchin representan a aquellos moderados blancos de los que en la década de los cincuenta y sesenta predicaba su padre en sus sermones, que se definían partidarios de que los negros contaran con garantías para votar, pero luego eran incapaces de pasar a la acción para reclamarlas.

“La historia no los tratará con cariño”, dijo el descendiente del pastor asesinado en Memphis en 1968 respecto a Sinema y Manchin. Sin embargo, Sinema celebraba a través de su cuenta en Twitter la conmemoración del día de Martin Luther King, festejada en Estados Unidos este pasado lunes. “Hoy recordamos la vida y el legado del doctor Martin Luther King”, dijo. En puridad, la senadora de Arizona no tiene nada que objetar a la ley del voto. A lo que Sinema se opone es a obviar, cambiar o regatear la táctica parlamentaria del filibusterismo. Sinema quiere que las leyes se aprueben por 60 votos.

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Tanto ella como Manchin quieren que al menos 10 senadores republicanos se sumen al proyecto y acojan entre sus brazos el bipartidismo. Advierten, además, que si ahora se arrolla la mayoría cualificada nada impediría a los republicanos hacer lo mismo cuando tengan el poder, algo que podría suceder el próximo noviembre en los comicios de medio mandato. El propio Biden, que estuvo 36 años en el Senado, ha sido un firme defensor del filibusterismo. Hasta ahora. El presidente declaró en un importante discurso la semana pasada en Atlanta que se vive un momento determinante, al calificar el voto como un hito para una democracia norteamericana en crisis.

El controvertido proyecto de ley ampliaría el acceso al voto en un país que tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha visto cómo retrocedían los derechos de las minorías. La reforma restauraría las disposiciones clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, normativa que fue posible debido a la movilización de Luther King y el entonces presidente Lyndon Johnson en 1965. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley la semana pasada con solo el respaldo demócrata, y ahora enfrenta el gran -y casi imposible- desafío para aprobarlo en el Senado.

Se da por hecho que el miércoles o el jueves los republicanos bloqueen la aprobación de la legislación, argumentando que la normativa responde a intereses partidistas de control sobre las elecciones.

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El presidente Joe Biden visita este jueves el Congreso de EE UU.
El presidente Joe Biden visita este jueves el Congreso de EE UU.Oliver Contreras / POOL (EFE)

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, logró este miércoles que el proyecto de ley de la reforma electoral pasase a votación en la Cámara Alta y se anotó una victoria frente al filibusterismo, un anacronismo de la política estadounidense que impone la necesidad de una mayoría cualificada en las votaciones en esa cámara para aprobar una legislación. El veterano demócrata lo consiguió circunvalando esa figura con una treta parlamentaria. De poco valió. El rechazo de dos senadores demócratas, los centristas Joe Manchin y Kyrsten Sinema, a cambiar las reglas de juego y permitir que la reforma electoral saliera adelante con mayoría simple (y no 60 votos), dejó herida de muerte una de las reformas estrella de Joe Biden.

Schumer comunicó a las filas de su partido que iba a incluir en la votación para enmendar un proyecto de ley diferente —relacionado con la autoridad de la NASA para alquilar sus instalaciones— la Ley John Lewis de Avance de los Derechos Electorales y la Ley de Libertad para Votar. Antes del mediodía del miércoles, la Cámara daba el visto bueno a la enmienda y por tanto a pasar a votación la ley de reforma electoral, antes del próximo lunes, festividad que conmemora la vida de Martin Luther King.

La batalla quedaba entonces en manos del Senado, dividido al 50% entre demócratas y republicanos pero que cuenta con el voto de calidad de desempate de la vicepresidenta de EE UU, la demócrata Kamala Harris. Aunque, una vez más, el Partido Demócrata y la voluntad legislativa del presidente, estaba secuestrada por Manchin y Sinema. La artimaña utilizada por el veterano Schumer, quien de sobra sabe que no cuenta con 60 votos que aprueben esa legislación en el Senado, estaba diseñada para que cada senador tuviera que expresar su acuerdo o desacuerdo con la reforma del derecho al voto en EE UU y así constase en acta. La importancia de esa votación se reflejaba en las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi: “Está en juego nada menos que nuestra democracia”, dijo. El broche lo colocaba el astuto Schumer, al declarar: “Entonces, finalmente se llevará a cabo un debate sobre la legislación del derecho al voto por primera vez en este Congreso”.

Sin embargo, el ardid de Schumer resultaría baldío y dejó ver las costuras rotas del Partido Demócrata cuando los dos versos sueltos de ese partido en el Senado, Kyrsten Sinema y Joe Manchin, anunciaban que votarían en contra como denuncia a lo que consideraban un tejemaneje para esquivar el filibusterismo. Por la mañana, Schumer declaraba que, con su manejo de la frustrante situación que impone la necesidad de los tres quintos, se podía lograr “debatir por mayoría simple”, algo que, en su opinión, se ha negado “cuatro veces en los últimos meses porque los republicanos no querían avanzar”. “Cada senador tendrá que elegir si aprobar o no esta legislación para proteger nuestra democracia”, sentenció el demócrata.

Si el pasado miércoles la Casa Blanca trasladaba el escenario político a Georgia, para con todo el empaque que da la presidencia, promulgar un discurso de llamamiento a la defensa de la democracia a través del fortalecimiento de las leyes del voto, este jueves Joe Biden recorrió el corto espacio que separa la residencia oficial del Capitolio para poner presión a los senadores demócratas y hacer que todos estuvieran en la misma página. Tan simbólica visita no valió de nada. Antes incluso de que el mandatario pusiese un pie en el Congreso, Sinema aseguraba que votaría en contra. Tras su reunión, en unas breves declaraciones, el presidente de EE UU se vio forzado a salvar la cara limitándose a decir que creía que se podía llegar a un acuerdo pero que no estaba “seguro”.

Cuando falta una semana para que cumpla un año en el cargo, el índice de popularidad de Biden entre la opinión pública es inferior al 40% y los republicanos parecen cada día mejor posicionados para quitar el control del Congreso a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre. El desgaste presidencial en este asunto es monumental. Incluso a pesar de haber pasado a la ofensiva, las palabras de Biden de hace apenas dos días parecían este jueves vacías.

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“No me echaré atrás. No vacilaré. Defenderé vuestro derecho al voto y nuestra democracia contra los enemigos de dentro y de fuera”, declaró el demócrata el pasado martes en la Universidad de Clarke, en Atlanta. Biden, quien fue senador durante 36 años, se resistió durante toda su carrera en la Cámara Alta a tocar la enraizada costumbre parlamentaria del filibusterismo. Sin embargo, con 19 Estados de la Unión que aprobaron el año pasado 34 leyes que dificultan el acceso al voto de las minorías en general, pero especialmente de los negros, el presidente declaraba en julio la lucha contra las restrictivas normas de los republicanos como “la prueba más significante que enfrenta la democracia americana desde la Guerra Civil”.

Para el presidente norteamericano, “la batalla por el alma de América no ha acabado”. Con varias referencias al primer aniversario del asalto al Capitolio, que cumplió un año la semana pasada, el mandatario dejó claro en su discurso en la cuna de los derechos civiles que la democracia no está garantizada si no se protege el voto. “Este es el momento de decidir, de defender nuestras elecciones y nuestra democracia”, pronunció el demócrata. “No quedará otra opción que cambiar las normas del Senado, incluyendo terminar con el filibusterismo”, advirtió Biden, quien casi deletreando dijo: “Apoyo cambiar reglas del Senado”.

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La Cámara baja del Parlamento polaco, el Sejm, ha aprobado este jueves un proyecto de reforma de la ley educativa que refuerza el control del Estado sobre las escuelas y los contenidos educativos extracurriculares que se imparten en las mismas. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca eliminar de los colegios contenidos no conformes con las ideas del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco), y especialmente los relacionados con la educación sexual, según sus detractores. El ministro de Educación y Ciencia, Przemysław Czarnek, argumenta que el Estado debe poder bloquear todo lo que suponga “una amenaza a la moralidad de los niños”.

El borrador del texto, conocido como Lex Czarnek por el apellido del ministro, fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre, y tras varios retrasos, ha sido sometido este jueves a votación. La ley, que ha generado protestas de colectivos de docentes y organizaciones de defensa de los derechos LGTBI, confiere más poder a los superintendentes de las escuelas, unos gestores regionales que dependen directamente del ministerio. Con la reforma, esta figura del sistema educativo polaco podrá censurar contenidos y actividades extracurriculares que imparten ONG, sobre las que los directores de los centros estarán obligados a informarle y pedir autorización. Los superintendentes tendrán además competencias para influir en la elección de los directores y para despedirlos.

En el debate parlamentario de este miércoles en la víspera de la votación, el ministro defendió la centralización del sistema educativo. Sostuvo que por la “falta de supervisión se politizan las escuelas” y que la intención de la ley es “despolitizarlas”, según declaraciones recogidas por el periódico Gazeta Wyborcza. “El Estado tiene el deber de proteger al niño”, afirmó.

El ministro es conocido por sus declaraciones homófobas y machistas, como las que hizo en la televisión pública en un debate: “Dejemos de escuchar estas idioteces sobre los derechos humanos. Esta gente [en referencia a las personas LGTBI] no son iguales que la gente normal”. También ha llamado a las escuelas a centrarse en enseñar a las niñas “virtudes femeninas”, según la agencia Reuters.

Las escuelas pasan por un momento de crisis, como explica por teléfono Iga Kazimierczyk, pedagoga y presidenta de la fundación Espacio para la Educación. Los profesores están dejando sus puestos, los salarios son bajos y, tras la pandemia, los alumnos están experimentando problemas sociales, emocionales y de conducta. En el sistema educativo polaco, las ONG son clave al proporcionar actividades que complementan el currículo educativo con contenidos cívicos y ayuda en momentos de crisis y conflictos. La reforma de la ley, que estipula que el permiso a los superintendentes se debe tramitar con dos meses de antelación, dificulta la organización en las escuelas, que pierden su autonomía. Además, por más que los padres y los profesores estén de acuerdo en los contenidos, el intermediario del ministerio puede vetarlos.

“Puede no parecer algo grave o peligroso, pero con el Gobierno que tenemos, es un riesgo serio”, señala Kazimierczyk. “Lo que introduce la ley es un mecanismo, pero detrás está la intención de eliminar la enseñanza de los derechos humanos, la educación sexual y los derechos del colectivo LGTBI, y la no discriminación”, prosigue.

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A cambio, el ministerio quiere imponer una asignatura obligatoria llamada Historia y presente, con “contenido sacado de la narrativa del PiS”, que incluye asuntos como su visión de la UE, el catolicismo, Juan Pablo II, etc. “No es nada neutral, y la educación debe serlo”, dice la también activista del movimiento Ciudadanos por la Educación. “Las escuelas volverán a ser como en los 60 y los 70 [en la época comunista], un lugar donde se pasarán mensajes oficiales del Gobierno a los alumnos”, lamenta. “Servirán para aparcar a los niños, no para contribuir a hacer un mundo mejor”.

“Los alumnos que forman parte de la comunidad LGTBI tienen miedo porque se van a quedar solos, sin poder hablar con nadie”, afirma Dominik Kuc, un joven activista que elabora desde 2018 la clasificación de las escuelas inclusivas en Polonia y es miembro de una ONG que trabaja en el ámbito de la educación y la diversidad. “Será imposible ofrecer información sobre la no discriminación o intervenciones cuando sean necesarias”, denuncia en conversación telefónica, y subraya que en Polonia “la comunidad LGTBI está completamente borrada del currículo educativo”. Para Remy Bonny, de Forbidden Colours, una organización europea de defensa de los derechos LGTBI, “esta ley es una versión light” de las conocidas como leyes antipropaganda LTGBI de Hungría y Rusia.

Antes de que la ley, que lleva tiempo en el debate público, se aprobase, sus efectos empezaron a sentirse en el sistema educativo. El año pasado, a instancias de la superintendente de la región de Malopolska, y de las autoridades locales, despidieron a la directora de la escuela primaria de Dobczyce. Como publicó ONET, el motivo fue la organización de una charla sobre la Constitución del juez Waldemar Żurek, que se ha convertido en una figura en Polonia por su defensa del Estado de derecho, lo que le ha costado 12 expedientes disciplinarios.

Tras su paso por el Sejm, la norma deberá ser debatida y votada en el Senado, que se prevé que la rechace. La decisión final le corresponderá al presidente ultraconservador Andrzej Duda, que se espera que la apoye. Durante su campaña electoral, Duda prometió “defender a los niños de la ideología LGTBI”.

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Joe Biden, durante su discurso en el campus de la Universidad de Clark Atlanta, en Georgia.
Joe Biden, durante su discurso en el campus de la Universidad de Clark Atlanta, en Georgia.ERIK S. LESSER (EFE)

La Casa Blanca trasladó este martes hasta territorio sagrado de los derechos civiles su mensaje de apoyo a la reforma electoral, a la que se oponen los republicanos, y que languidece en el Senado por el rigor que impone la arraigada práctica del filibusterismo, lo que traducido en números supone la necesidad de reunir tres quintos (60 votos del total de 100) para que una ley pueda ser aprobada. Bajo enorme presión dentro de sus propias filas para actuar, Joe Biden pronunció en Atlanta (Georgia) un importante discurso con el que comenzó a forjar el escenario del cambio que, al menos, sirva para poder obviar de forma puntual ese anacronismo de la política estadounidense. “Estoy harto de permanecer callado”, declaró el presidente de Estados Unidos, para a continuación proclamar que estaba dispuesto a apoyar “cualquier” método que devolviera al Senado la función para la que estaba diseñado debatir: votar y aprobar legislación.

“No me echaré atrás. No vacilaré. Defenderé vuestro derecho al voto y nuestra democracia contra los enemigos de dentro y de fuera”, dijo el demócrata en la Universidad de Clarke Atlanta. Biden, quien fue senador durante 36 años, se resistió durante toda su carrera en la Cámara Alta a tocar esa enraizada costumbre parlamentaria. Sin embargo, con 19 Estados de la Unión que aprobaron el año pasado 34 leyes que dificultan el acceso al voto de las minorías en general, pero especialmente de los negros, el presidente declaraba en julio la lucha contra las restrictivas normas de los republicanos como “la prueba más significante que enfrenta la democracia americana desde la Guerra Civil”.

Para el presidente norteamericano, “la batalla por el alma de América no ha acabado”. Con varias referencias al primer aniversario del asalto al Capitolio, que cumplió un año la semana pasada, el mandatario dejó claro en su discurso que la democracia no está garantizada si no se protege el voto. “Este es el momento de decidir, de defender nuestras elecciones y nuestra democracia”, pronunció el demócrata. “No quedará otra opción que cambiar las normas del Senado, incluyendo terminar con el filibusterismo”, advirtió Biden, quien casi deletreando dijo: “Apoyo cambiar reglas del Senado”.

El discurso de Biden de este martes era importante porque daba respuesta a las preguntas que se planteó en su alocución de la semana pasada. “¿Vamos a ser una nación que acepta la violencia política como norma? ¿Una donde permitimos a cargos electorales partidistas anular la voluntad legalmente expresada de los ciudadanos? ¿Una que no se guía por la luz de la verdad, sino a la sombra de mentiras?”. El presidente recordó a los ciudadanos que existía una palabra que definía a Estados Unidos, libertad. Y de nuevo, el estadista unió ese concepto con el derecho al voto.

En manos de un Congreso partido por la mitad se encuentran dos iniciativas definitivas para crear un marco legislativo federal que frene la proliferación de lo que el fiscal general de EE UU, Merrick Garland, calificó como normativas que tiene como propósito “negar o reducir el derecho de los negros a votar”. A lo que aspira la Casa Blanca es a que, de una vez por todas, salgan adelante las normas conocidas como la Ley John Lewis de Avance de los Derechos Electorales y la Ley de Libertad para Votar. “Este es uno de esos momentos decisivos. Realmente lo es. Las personas serán juzgadas por la historia por su posición antes y después de estas votaciones”, declaró Biden. “La historia lo va a juzgar, por lo que es necesario asegurarse que la gente entienda cuán importante es lo que está pasando”.

El pasado marzo, Georgia aprobaba una ley estatal, impulsada por el gobernador republicano Brian Kemp, que incluye plazos más cortos para el sufragio por adelantado, endurecimiento de los requisitos para registrarse o menos horas para depositar la papeleta. Esos cambios, denuncian los activistas por la libertad del voto, están diseñados para privar de sus derechos civiles a las minorías. Minorías que suelen votar demócrata.

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Si todo se desarrolla según el calendario establecido por el líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer, la reforma electoral debería de votarse antes del próximo lunes 17 de enero, día festivo en EE UU, jornada en la que se celebra la vida y los logros de Martin Luther King. “Pretendo someter una vez más a debate un arsenal legislativo destinado a combatir las amenazas a la democracia y proteger el acceso de los ciudadanos al voto”, ha anunciado Schumer. La oposición republicana rechaza las leyes, ya que en su opinión, se trata de un intento de los demócratas de “tomar el control de las elecciones” en Estados Unidos, en palabras del líder conservador del Senado, Mitch McConnell. Sin embargo, al menos dos demócratas centristas, el senador de Virginia Occidental Joe Manchin y la senadora de Arizona Kyrsten Sinema se han dejado oír alto y claro hasta ahora en contra de cambiar las reglas del filibusterismo.

“Los próximos días, cuando estos proyectos de ley lleguen a votación, marcarán un punto de inflexión en esta nación”, planea decir Biden el martes, según declaraciones avanzadas por la Casa Blanca este martes por la mañana. “¿Elegiremos la democracia sobre la autocracia, la luz sobre la sombra, la justicia sobre la injusticia?”.

Con tan ingente labor por delante, una vez más, el frente demócrata no está unificado. Las ausencias en el discurso de Biden en Atlanta dejaban ver la disociación entre Washington y la política local o las organizaciones de activistas. Stacey Abrams, la abogada que se convirtió en el rostro del vuelco progresista que sufrió Georgia en las pasadas elecciones presidenciales, no estaba este martes junto a Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Oficialmente, un portavoz de Abrams alegaba “un conflicto de agenda” como excusa para no asistir. Oficiosamente, la afroamericana de 47 años necesita acción legislativa y no discursos.

Con su discurso en Georgia instando al Congreso a aprobar una legislación sobre el derecho al voto, Biden denunció una vez más los intentos de los republicanos seguidores de Donald Trump para anular las elecciones de 2020 y limitar el voto en los Estados. El presidente recuperaba también, viajando a ese Estado, una parte de la historia del movimiento por los derechos civiles. El presidente llegaba por la mañana al antiguo distrito en Atlanta del representante John Lewis, fallecido en julio de 2020 a los 80 años de edad. Figura monumental del Partido Demócrata, Lewis fue uno de los últimos supervivientes del círculo íntimo de Martin Luther King y del grupo de activistas que puso las bases del movimiento de los derechos civiles. Biden depositó una ofrenda floral en la cripta del reverendo Martin Luther King y su esposa, Coretta Scott King. Posteriormente visitó la Iglesia Baptista Ebenezer, donde King fue pastor.

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Además, pidió al gobierno que ponga urgencia a su proyecto. Aseguró que debatió la idea con senadores de oposición: «Ninguno quiso firmar, pero todos de alguna forma al oído me dijeron que estaban de acuerdo en que estos fondos no se nacionalizaran».

Gobierno le entregó discusión inmediata a proyecto de reforma previsional

similar a lo informado por su par de la UDI, Jorge Alessandri.

Según indicó la parlamentaria, la medida busca que todos los afiliados al sistema de las AFP puedan acceder al retiro con un topo máximo de 1.350 UF, esto es casi $40 millones.

Asimismo, indicó que la opción se podrá efectuar de manera voluntaria y excepcional, incluyendo montos que no serán objeto de retención o descuentos legales.

Cabe señalar que la instancia se suma a la planteada este miércoles por el diputado Alessandri, quien se abrió a la opción «si es que avanza el cuarto retiro del 10%» manifestado por el parlamentario Jorge Durán (RN).

Según indicó el parlamentario al matinal Buenos Días a Todos, el objetivo central de la medida es «evitar que los fondos sean estatizados», aludiendo a un posible futuro gobierno de Daniel Jadue o Yasna Provoste.

«Yo siento que actualmente hay tres candidatos: Provoste, Jadue y Lavín. Dos de los tres estatizarán los fondos de los trabajadores de clase media. Cuando el 66% va por eso prendo las alertas. Entonces, en vez de licuar el sistema con un cuarto 10%, mejor salvemos los recursos ahora», manifestó.

Alessandri explicó que, de acuerdo a la experiencia del tercer retiro, «estoy seguro que la mayoría ahorraría todos sus fondos en algún instrumento en Chile para que los dineros no estén al alcance de las garras del populismo».

QUÉ DICE LA PROPUESTA DE JILES

El proyecto, del cual dio cuenta la Cámara de Diputadas y Diputados este jueves, contempla lo siguiente:

  • Cualquier persona podrá retirar el 100% de sus ahorros de su AFP
  • Tendrá un tope 1.350 UF, esto es casi $40 millones
  • Se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa
  • No podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal del alimentario o su representante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias
  • Se podrá pedir que un deudor de pensiones de alimentos pague sus obligaciones haciendo uso de dichos montos
  • Los afiliados podrán solicitar este retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la reforma
  • El retiro se podrá hacer independiente de la vigencia del Estado de Catástrofe decretado por la pandemia
  • Los dineros se podrán pedir de forma digital, telefónica o presencial mediante un sistema que dispongan las AFP
  • Si el afiliado traspasa sus fondos a la Cuenta 2, estos no deberán tener comisión de administración o de seguros
  • Si se piden los dineros en cuentas bancarias, instituciones financieras o cajas de compensación tampoco deberán sufrir costos por mantención


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  • Un tecnócrata

    Carrasquilla, de 62 años y experto en temas tributarios, es un famoso economista de corte neoliberal cercano al sector privado y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo que ya había ocupado el cargo de Hacienda durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

    También fue decano de Economía de la Universidad de los Andes, de la cual se había graduado.

    Paradójicamente, su reforma tributaria en tiempos de pandemia tenía elementos progresistas que desafiaban su perfil ortodoxo: renta básica permanente para los más vulnerables e impuestos a la renta para clases medias y altas.

    Manifestantes protestan con una bandera de Colombia
    Se espera que las protestas continúen esta semana.

    Pero el momento para presentarla chocó con la grave situación social del país y le dio razones a los manifestantes de volver a las calles tras el paréntesis que significó la pandemia para el Paro Nacional que nació en noviembre de 2019.

    «Los gestos de Duque, un político en teoría dialogante y moderado, tienen como principales objetivos calmar a los mercados y buscar espacio para la negociación en el Congreso», explica Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia.

    La pregunta ahora es si el establecimiento político propondrá una reforma más o menos estructural que la de Carrasquilla.

    «En cualquier caso, esta discusión tributaria entre las elites políticas se tendrá que dar con las calles desbordadas por protestas, entre la desconfianza que Duque genera a manifestantes y millones de colombianos y en medio del peor pico de contagios y muertes por el covid-19 desde que empezó la pandemia», concluye Pardo.


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