El Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, Dagma, es la primera entidad ambiental del país en contar con un tomógrafo y un escáner de raíces que permiten diagnosticar las condiciones de salud de los árboles de la ciudad y tomar determinaciones sobre posibles intervenciones.
Una de ellas fue el caso de un samán de 16 metros de altura y 106 centímetros de diámetro, ubicado en la carrera 2a oeste # 7 – 30 del barrio Arboleda, el cual luego de la evaluación con esta avanzada tecnología denominada ‘Arboradix’, tuvo que ser talado.
Cabe anotar que las acciones sobre este árbol estaban cobijadas por una Sentencia del juzgado décimo laboral del Circuito de Cali, que amparaba “el derecho a la vida digna, la integridad personal, la seguridad y la vivienda digna” de un ciudadano que interpuso una acción de tutela por los perjuicios que el mal emplazamiento de dicha especie le estaban generando.
El ingeniero Pablo José Prieto, del equipo operativo de Flora del Dagma confirma que “el análisis de raíces realizado con el ‘Arboradix’ indica un desarrollo de la raíz anormal con baja densidad de madera, en donde se observan medidas de distribución irregular. Se recomienda la erradicación del individuo arbóreo ya que el sistema radicular analizado, localizado en la zona blanda del edificio Claudia Isabel, es deficiente y podría generar desestabilidad y posible volcamiento”.
Se conoció también, gracias a los estudios técnicos adelantados con el tomógrafo y el scanner de raíces, que lamentablemente el árbol había perdido resistencia a vientos lo cual indicaba peligro de fracturas en sus ramas.
El Dagma recomienda a los ciudadanos realizar siembras con acompañamiento técnico y tener siempre en cuenta el Plan de Silvicultura Urbana de Cali que define las especies y condiciones apropiadas para el emplazamiento adecuado de árboles en el entorno urbano, respetando por ejemplo las redes eléctricas, las zonas de anden, infraestructuras de servicios públicos, etcétera.
Y recuerda además que su personal operativo tiene como función la elaboración de los diagnósticos técnicos, los operadores de aseo son los encargados de las podas y talas y en los casos de emergencias por caídas de árboles, la responsabilidad de atenderlos es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.
La Universidad Icesi y la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas invitan el próximo seis de abril a las 2:00 p.m., al conversatorio: ¿Cómo construir país a través de consensos? a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.
El funcionario hablará sobre la reactivación económica del país y del departamento del Valle del Cauca, y la importancia de construir consensos en el diseño e implementación de las políticas públicas.
La cita es en el auditorio Manuelita.
Inscripciones en https://peewah.co/events/construir-pais-consensos?fbclid=IwAR3Ot_RzMMABIjD-ilmKhPus8jA8UFC48Tvurnxvd28YM9yyGGaYDaUZaDQ
Hacinamiento e inadecuadas condiciones de los centros de reclusión en Cali, ciudades del Caribe y otras capitales del país, es una alerta.
El hacinamiento y las inadecuadas condiciones de los centros de reclusión en Cali, ciudades del Caribe y otras capitales del país es una alerta, advierte la Defensoría del Pueblo, «eso se traduce en riñas e intentos de amotinamiento».
Noticias Cali.
En una celda puede haber hasta 15 internos o más, si bien en el centro de detención transitoria en San Nicolás en el centro de Cali el lugar está más limpio y ordenado, el hacinamiento y las precarias condiciones, es evidente y así lo confirmó la Defensoría del Pueblo en su visita este jueves.
La capital del Valle hace parte de las ciudades con más hacinamiento de este tipo de carceletas en el país.
Cali tiene un 274%, las otras son: Bucaramanga con 835.6%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553.4%, Cúcuta con 491.4%, Riohacha con 333.7%, Medellín con 293.3%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.
Desde la Defensoría del Pueblo advierten el riesgo que significa tener este hacinamiento en estos centros de reclusión.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, pidió solucionar de manera urgente «la crisis por hacinamiento» en estos lugares.
Allí, deberían estar solo los detenidos en proceso de judicialización y no pasar más de una semana, pero se han encontrado casos de reclusos que llevan meses esperando audiencias o decisiones judiciales.
El informe de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, se alertó sobre «la grave situación humanitaria».
Violencia (por el mismo hacinamiento)
Espacios inadecuados para dormir (en un celda hasta más de 15 y uno al lado del otro en colchonetas y hamacas)
Problemas de salud: propagación de enfermedades, principales virales o infecciosas.
Infraestructura inadecuada y poco sanitaria
Aumenta el estrés entre la población privada de la libertad: se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento
Además, estas carceletas están en zonas muy pobladas, en barrios o espacios céntricos de las ciudades, lo que implica también un problema de convivencia y seguridad ciudadana.
Este problema se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19.
En marzo de 2020 el INPEC tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles, así que esa sobrepoblación de internos se disparó en las URI de la Fiscalía y estaciones de Policía.
Para el mes de agosto de 2021 estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad para su capacidad máxima de 6.727 personas, lo que representaba un 189% de hacinamiento, mientras que para el mes de marzo del año en curso, los privados de la libertad en estos centros ascienden a 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos.
Para la entidad, está en riesgo no solo la vida e integridad de los privados de libertad, tamién de la Fuerza Pública, «que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”.
2/4 En la presentación del informe sobre la situación actual de los #DerechosHumanos de las personas privadas de la libertad, explicamos que la problemática de hacinamiento se agudizó por la emergencia sanitaria del #COVID19.
María Keznutsova tiene 24 años y ya vive como exiliada. Desde Tiflis, capital de Georgia, esta activista rusa trabaja como portavoz de OVD Info, una organización de derechos humanos que se ha convertido en el altavoz contra la represión del Kremlin y que ha adquirido especial relevancia tras denunciar los atropellos cometidos contra los ciudadanos rusos desde que se inició la invasión en Ucrania. El portal nació del trabajo de varios activistas, que decidieron denunciar los actos de brutalidad policial durante las protestas por un presunto fraude electoral a finales de 2011. Keznutsova explica que la organización se constituye como un proyecto mediático independiente, que además brinda asistencia legal a los detenidos. OVD Info opera con ayuda de donantes independientes y recibe apoyo de la Comisión Europea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
La activista expone a diario la situación de los más de 15.100 ciudadanos que han sido detenidos por manifestarse en contra de la guerra en las calles de su país. Reconoce que solo desde fuera puede hablarse de lo que ha supuesto en Rusia la guerra en Ucrania y de los abusos del régimen de Vladímir Putin. Mientras narra los pormenores de las detenciones y la labor de OVD Info, María lidia con un diagnóstico de depresión, producto de su salida de Rusia hace cerca de un año y del impacto que le ha generado la guerra. El miedo a ser apresada por las autoridades de su país al ejercer su trabajo la alejan todos los días de la posibilidad de regresar a su natal Novokuznetsk (ciudad ubicada en el distrito de Siberia), pero está convencida de que ahora no hay que callarse.
Pregunta. ¿Por qué hay tal persecución de las Fuerzas del Estado contra quienes se manifiestan?
Respuesta. Básicamente, estamos en una dictadura. Todo lo que digas puede resultar un problema, todo está prohibido. Incluso la palabra “guerra” está criminalizada. Si se dan cuenta de que la dices una vez ya es una falta administrativa, y si lo repites se convierte en un caso criminal que podría acarrear hasta cinco años de prisión. Las referencias al ejército ruso pueden terminar en penas de 15 años. Ya conocemos unos siete casos de este tipo. Uno de ellos es el periodista ucranio Dimitriv Gordon.
P. ¿Cuáles han sido los peores casos de brutalidad policial en Rusia?
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R. Hay muchos casos en los que la policía abusa del poder y golpea a los ciudadanos. Hace poco me sorprendió uno en Vladivostok. Una joven contó que la metieron a un autobús de la policía y luego entró un oficial a agredirla. La llamó “perra”, golpeó su cabeza y comenzó a asfixiarla. Luego, otros policías entraron al autobús y su atacante se fue. La mujer entró al hospital con una posible conmoción cerebral. En la organización hicimos un pronunciamiento sobre el caso, el nombre de la víctima es Anastasia Kotlyar. Además, tuvimos un caso con uno de los abogados que trabaja con nosotros. A él lo esposaron en San Petersburgo y lo amenazaron con un proceso penal por hacer su trabajo. Empezaron a acusarlo de “defender a los nazis”.
P. La información que ofrecen sobre estas arbitrariedades circula sobre todo a través de las redes sociales. ¿Cómo combaten el bloqueo que hay en Rusia con estas plataformas? Instagram y Facebook ya están prohibidos.
R. Ahora estamos muy activos por Telegram y Twitter, y desde ahí compartimos información todo el tiempo. Hemos recibido apoyo de las plataformas y ya contamos con el sello de verificación en nuestras redes. Somos una fuente de información de lo que pasa en el país para el mundo. De todas maneras, dentro de Rusia muchas personas usan las plataformas sociales a través de distintas VPN (redes privadas virtuales) que les permiten acceder. En cuanto crecen los bloqueos, la gente empieza a crear más VPN para poder seguir navegando. También tenemos una red social rusa que se llama VKontakte (VK). A pesar de que esa plataforma apoya a Putin, ya ha habido publicaciones en contra de la guerra de muchas personas allí. La gente lucha contra la censura como puede.
P. Gran parte de su equipo trabaja desde la distancia ¿Cómo operan para obtener la información de las detenciones y brindar asistencia legal a los ciudadanos afectados?
R. Tenemos una línea abierta las 24 horas para que las personas que lo necesiten reporten su caso. Luego, nuestro equipo en el terreno verifica la información suministrada por la persona. Es muy complicado dar seguimiento a todos los casos por la cantidad de detenciones que ha habido, pero intentamos que dentro de lo posible nuestros abogados puedan acudir a los centros de detención rápidamente para brindar la asistencia legal a los afectados.
P. ¿Desde cuándo ha tenido que exiliarse?
R. Desde hace mucho estaba involucrada con organizaciones que se oponían al régimen. En 2017 participé en la campaña [presidencial] de Alexéi Navalni y luego trabajé en organizaciones de derechos humanos opositoras como Rusia Abierta, que es considerado un movimiento indeseable. El año pasado mi jefe en esa organización acabo en prisión por liderar el movimiento. Yo estaba en Georgia cuando lo detuvieron y supe que no podría volver. Podía ser procesada como testigo del caso o simplemente terminar arrestada por trabajar en la organización. La policía se comunicó conmigo aquí para que volviera a Rusia a testificar, y yo decidí no hacerlo. Sé que tan pronto ponga el pie en un aeropuerto ruso puedo terminar en prisión. Ya me he hecho a la idea de que quizá nunca pueda regresar.
P. ¿Qué le cuentan su familia y amigos de la vida en Rusia ahora?
R. Muchos de mis amigos se han ido. Los que quedan me dicen que no hay suficientes productos en los supermercados. He visto videos de gente agolpada peleando para poder comprarse un paquete de azúcar. Tampoco quedan medicamentos. Tengo una amiga que tiene un padre con diabetes y me dijo que estuvo buscando insulina por una semana en Moscú y no encontró. También es muy difícil encontrar compresas. Me han dicho que un paquete está costando unos 30 euros, y eso que estoy hablando de Moscú. Parece una broma, pero no lo es. Mis amigas han tenido que usar otro tipo de cosas durante su periodo.
P. ¿Qué piensa su familia de lo que hace?
R. Mi familia es un tanto apolítica y no hablan mucho del tema. Los rusos no son ricos y gastan gran parte del tiempo tratando de sobrevivir. Mi abuela es mayor y mi madre tiene que cuidarla. Ellos saben que algo está mal, pero tienen que continuar con su vida. De todas formas, están muy preocupados por mí. Mi mamá siempre me dice que no debería mostrar mi rostro, ni compartir mi nombre públicamente, pero a mí no me importa. Sé que hay gente que me ayudará y dirá lo que paso si algo me sucede.
P. ¿Qué cree que viene para su futuro y el de su país?
R. Mi vida está estancada en esta guerra. Trabajo más de 15 horas al día para que se sepa lo que está pasando en Rusia. Lo hago para imaginar que es posible un cambio, pero no sé qué pasará después. Incluso si se acaba la guerra no hay garantías de que Putin no ataque a otro país. Él vive en su propia realidad, una que no tiene que ver nada con la nuestra. Así que es muy difícil hacer pronósticos. La guerra nos tomó por sorpresa a todos.
Las delegaciones de Rusia y Ucrania han iniciado este martes en Estambul una nueva ronda de negociaciones presenciales bajo los auspicios del Gobierno turco, tras dos semanas de discusiones por videoconferencia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido a ambos equipos negociadores “una paz justa” en la que, según ha afirmado, “no debería haber un perdedor”. El objetivo fundamental de este nuevo diálogo entre asesores presidenciales rusos y ucranios es alcanzar un alto el fuego. Sin embargo, aunque ambas partes se han mostrado dispuestas a acercar posturas, un abismo sigue separando las exigencias del país invasor, Rusia, de las demandas que Kiev ha asegurado estar dispuesto a aceptar; especialmente en cuanto a la reclamación de que Ucrania reconozca la soberanía rusa de Crimea —que Moscú invadió y se anexionó ilegalmente en 2014— y la independencia de la región de Donbás. El ministro de Asuntos Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, ha resumido la postura de su país respecto a esta negociación con una frase: “[A cambio de la paz] no estamos dispuestos a intercambiar personas, territorio o soberanía”.
¿Qué exige Rusia para parar la guerra?
Las principales exigencias de Rusia para parar la guerra que inició hace cinco semanas no han variado sustancialmente de las que el presidente Vladímir Putin enumeró justo antes de lanzar la invasión de Ucrania del 24 de febrero, según confirmó el ministro de Exteriores ucranio Kuleba en una entrevista con este diario. Estas demandas rusas son, primero, que Ucrania acepte un estatus de neutralidad, es decir, que renuncie a unirse a la OTAN, y además lo blinde inscribiendo este compromiso en su Constitución, que ahora recoge la meta de sumarse a la Alianza Atlántica. En segundo lugar, que Kiev reconozca como territorio ruso a la península de Crimea, que Moscú se anexionó hace ocho años con un referéndum celebrado en ese territorio bajo presencia militar y no reconocido por la comunidad internacional.
Otra reclamación de Rusia a Ucrania es el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, en el área oriental ucrania de Donbás, como estados independientes. Entre las demandas iniciales de Rusia figuraban inicialmente la “desnazificación” de Ucrania —Putin sostiene que el Gobierno y el ejército de ese país están controlados por neonazis y grupos de extrema derecha—, la desmilitarización y la protección de la lengua rusa en la exrepública soviética.
¿Cuáles son las condiciones de Ucrania?
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Las principales condiciones de Ucrania para un posible acuerdo de paz son tres: la primera es la obtención de garantías de seguridad. La segunda es el reconocimiento de su integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas —lo que incluye a Crimea y el Donbás— y la tercera es un alto el fuego y la retirada del Ejército ruso. Kiev exige además la apertura de corredores humanitarios para evacuar a la población de las zonas asediadas por las tropas rusas con un compromiso expreso de Moscú de que no se va a atacar a los civiles que huyen.
¿A qué se refiere Ucrania cuando pide garantías de seguridad?
En su conversación con EL PAÍS, el ministro Kuleba precisó que su Gobierno aspira a “algo similar” al artículo 5 de la OTAN; es decir, un compromiso de los Estados que se hagan garantes de la seguridad de Ucrania de defender el país si alguien lo ataca. Kuleba detalló que esas garantías obligarían a “aquellos países que brindan sus garantías de seguridad a proveer a Ucrania en 24 horas de todas las armas necesarias, adoptar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo parar la agresión e imponer sanciones”. El ministro aseguró que Kiev está “en conversaciones con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía sobre su potencial participación en este modelo”.
¿Cuáles son los principales escollos para las negociaciones?
Las cuestiones en las que las posturas de Moscú y Ucrania siguen siendo más irreconciliables son la cuestión territorial y los aspectos ligados a la soberanía nacional ucrania. En su alocución televisada del domingo, el presidente Zelenski remarcó que quiere la paz pero precisó que ambas cuestiones constituyen líneas rojas para su país: “La soberanía y la integridad territorial de Ucrania están fuera de cualquier duda”. Frente a ello, Rusia insiste en su exigencia de que Ucrania acepte el hecho consumado de su anexión unilateral de Crimea en 2014 y reconozca la soberanía rusa sobre esa parte de su territorio. Moscú reclama también que Kiev renuncie a las regiones de Donetsk y Lugansk, en Donbás, y reconozca a las dos provincias de esa región ucrania como estados independientes. En 2014, poco después del referéndum ilegal en Crimea, los separatistas prorrusos, apoyados por el Kremlin, hicieron una votación en parte de esos territorios para reclamar la independencia. Antes de la invasión, Putin las reconoció como repúblicas, asumiendo además su reclamación de todo el Donbás (área donde está, por ejemplo, Mariupol) aunque solo controlaban en ese momento una tercera parte.
¿En qué se han acercado las posiciones por parte de Ucrania?
Zelenski ha reiterado que su país está dispuesto a discutir sobre un estatus de neutralidad para su país y a renunciar a formar parte de la OTAN, la última vez este domingo, en una entrevista con varios medios de comunicación independientes rusos. Sin embargo, el presidente ucranio condiciona esta discusión a una retirada de las tropas rusas y a que esta cuestión se someta a referéndum, ya que se requeriría un cambio constitucional. Como ha hecho durante todo su periodo de Gobierno, Zelenski insistió en su entrevista con los medios rusos —vetada para su emisión en Rusia— que Kiev no tiene planes de recuperar por la fuerza todo el territorio de Donetsk y Lugansk. El presidente ucranio aludió a un “compromiso” sobre el Donbás y dejó entrever que aceptaría una vuelta al statu quo previo a la invasión; es decir, una retirada de las fuerzas rusas a la línea de demarcación que, antes del 24 de febrero, separaba la zona de Donbás bajo control de Moscú, a través de los separatistas prorrusos, del área dominada por el Ejército ucranio.
¿Y por parte de Rusia?
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró el lunes que veía “posible” un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Moscú podría haber renunciado a algunas de sus exigencias iniciales a Ucrania, sobre todo en tres aspectos: la desmilitarización del país, la protección legal del ruso —cerca del 30% de ucranios tienen ese idioma como lengua materna— y lo que Putin definía como “desnazificación”, de acuerdo con Financial Times, que asegura haber accedido al borrador del alto el fuego sobre el que trabajan las delegaciones rusa y ucrania en Estambul. Rusia podría estar dispuesta a aceptar también que Ucrania ingrese en la Unión Europea, siempre según el documento citado por ese periódico.
Cuando la madrugada del 24 de febrero impactaron los primeros misiles rusos sobre territorio ucranio, María R. Sahuquillo, corresponsal de EL PAÍS en la zona, llevaba un mes en Ucrania siendo testigo de la escalada política y militar de un conflicto que se remonta a 2014. De inmediato, este periódico envió a un equipo de reporteros a la región, que ha ido relatando momento a momento la realidad de una tragedia que tiene al mundo en vilo. Los periodistas de EL PAÍS desplazados a la zona cuentan el drama humano en las ciudades bombardeadas y en las fronteras que cruzan estos días oleadas de refugiados.
Su primera guerra. Su primer bebé. Todo a la vez. La evacuación de civiles de Irpin, una localidad del extrarradio de Kiev, unió durante unos minutos a la recién nacida y al joven soldado.
Me encontré a Natalia Skivina entre los cascotes, el polvo denso y la destrucción de los edificios de la plaza central de Járkov. Un humo pegajoso lo envolvía todo y ella caminaba rápido con dos compañeros por una zona objetivo de los ataques rusos.
Hay muchas señales que indican que un país se halla en guerra: una de ellas son los cajeros automáticos. Cuando dos de cada tres oficinas bancarias no tienen billetes para expedir, quiere decir que la población tiene urgencia por llevar consigo dinero en metálico. La incertidumbre se paga en efectivo.
Es imposible no pensar que tú podrías ser una de ellas. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? He conocido en estos días un trocito de las historias de las ucranias que han dejado su hogar huyendo de la barbarie de la guerra.
Los periodistas solemos hablar sobre las personas: sus palabras, sus gestos, sus silencios. A veces, sin embargo, los objetos cuentan muchas cosas. Lo hacen los peluches a los que se aferran los niños para un viaje que ni entienden demasiado ni saben cuánto durará.
Familiares de víctimas desaparecidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori se manifiestan en contra del fallo del Tribunal Constitucional.Paolo Aguilar (EFE)
El tribunal penal que lleva el juicio contra el autócrata Alberto Fujimori por el asesinato de seis campesinos —perpetrado por militares durante su Gobierno— ha prohibido su salida del país durante un año y medio. La medida se ha concedido a petición del fiscal, ante la inminente excarcelación del reo tras la decisión del Tribunal Constitucional el jueves pasado, que aprobó un hábeas corpus. Fujimori tiene pendiente, entre otros casos, comparecer en el juicio oral del caso Pativilca como autor mediato de homicidio calificado, que se considera delito de lesa humanidad, cometido al norte de Lima en enero de 1992 por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte del Ejército peruano que cometió decenas de ejecuciones extrajudiciales a civiles bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo al inicio de la década de los 90.
El fiscal Luis Javier Ramírez pidió además comparecencias con restricciones para asegurar que Fujimori se presente al juicio, en vista de que en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos no ha pagado la reparación civil a las víctimas y sus familiares. El reo tiene una deuda de 13,6 millones de dólares con el Estado por reparación civil, según el procurador anticorrupción. La tarde del jueves, la jueza Miluska Cano señaló que cuando Fujimori sea excarcelado debe informar a su despacho de cuál será su domicilio en la ciudad de Lima, y “presentarse ante el tribunal cuando este lo requiera, salvo que su situación de salud —debidamente documentada— se lo impida”.
Entre los fundamentos de su decisión, la jueza comentó que este viernes 25 de marzo el Estado peruano remitirá sus observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas provisionales que tomará ante el fallo del Tribunal Constitucional peruano. “Se debe advertir el impacto sobre el derecho a la verdad y el derecho a la reparación, más cuando el procesado no ha pagado la reparación civil en los casos Barrios Altos y La Cantuta”, afirmó Cano. En noviembre de 1991 el Grupo Colina asesinó a 15 personas —entre ellos un niño de ocho años— en un inmueble de Barrios Altos, en el centro de Lima, y, en julio de 1992, secuestró a nueve estudiantes y un profesor de la universidad nacional de educación La Cantuta a quienes luego ejecutó extrajudicialmente. Al año siguiente, algunos de los cuerpos fueron encontrados calcinados al este de la capital.
En 2009, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por ambos casos, después de haber sido extraditado desde Chile. La sentencia llegó después de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las víctimas y sobrevivientes ante la imposibilidad de encontrarla en el fuero peruano. La CIDH halló responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigación y sanción de los delitos, entre otras medidas. Fujimori ha cumplido 15 años de dicha condena.
Bajo el argumento de que Fujimori, de 82 años, no representa un peligro para la sociedad y tiene la salud resquebrajada, el recurso que el abogado Gregorio Parco presentó al Constitucional pidió anular la resolución del juez supremo Hugo Núñez que en 2018 invalidó el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en la nochebuena de 2017.
En el debate del jueves pasado, del habeas corpus, los jueces quedaron empatados tres a tres, pero el presidente del Constitucional, Augusto Ferrero, definió con el voto dirimente. Ferrero llegó a la corte en 2017 apadrinado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular y la líder de ese grupo político, Keiko, la hija mayor del expresidente.
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Aunque el Constitucional no ha difundido la sentencia —con los argumentos a favor y en contra— el jueves comunicó que la decisión con los tres votos a favor del hábeas corpus “restituye los efectos de la resolución del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”. El juez Núñez anuló en octubre de 2018 el perdón presidencial debido a que fue producto de una negociación política de Kuczynski con Kenji —el hijo menor de Fujimori, congresista en ese momento— para evitar su destitución.
El magistrado demostró que el trámite del indulto ocurrió en un lapso extraordinariamente breve y que hubo irregularidades en los informes médicos sobre el reo. A petición de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, el juez evaluó si el indulto infringía las obligaciones del Estado peruano ante el sistema interamericano de justicia y concluyó que era incompatible con ellas. Para el juez Núñez, los vicios procesales del indulto de 2017 evidenciaron la falta de debido proceso, independencia y transparencia que el caso exigía. “No procede otorgar beneficios en forma indebida que puedan conducir de algún modo a la impunidad”, dijo en su resolución.
De aquel episodio, Kenji Fujimori enfrenta desde enero un juicio por cohecho y tráfico de influencias debido al canje del indulto de su padre a favor de votos para salvar la presidencia de Kuczynski. El fiscal ha pedido once años de prisión para el hijo menor de Fujimori.
Tras el fallo de los tres magistrados del Constitucional, la semana pasada, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el incumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas recordó que las normas internacionales restringen los indultos en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El martes, los expertos en derechos humanos de la ONU también rechazaron el fallo del Constitucional, en un comunicado. “Las víctimas de violaciones a los derechos humanos esperaron justicia por un largo tiempo, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas”, plantearon Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación; Morris Tidball Binz, relator especial sobre ejecuciones judiciales; y cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
“La decisión del Tribunal Constitucional de liberar al señor Fujimori y de restablecer un indulto presidencial que le había sido concedido en 2017 parece ser inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad”, añaden los especialistas de procedimientos especiales de Naciones Unidas.
Este viernes, un procurador debe informar a la Corte Interamericana de la posición del Estado peruano acerca de lo decidido por el Constitucional, mientras a las puertas del recinto donde Fujimori cumple su condena la prensa espera la excarcelación que podría ser efectiva alrededor del día 28, fecha límite que tienen los magistrados para entregar la argumentación de sus votos en la cuestionada sentencia.
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El general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de EE UU, en su comparecencia este jueves ante un comité del Senado.Jose Luis Magana (AP)
La agencia de espionaje militar de Rusia (GRU) tiene en estos momentos desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo con el objetivo final de influir en las decisiones que toma Estados Unidos. Así lo ha advertido este jueves el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck. El general ha hecho estas declaraciones durante una sesión del Comité de Servicios Armados del Senado, en la que ha añadido que lo que busca el Kremlin es lograr acceso a EE UU desde el país vecino. La información ha surgido prácticamente al paralelo que los reclamos que el embajador estadounidense, Ken Salazar, ha hecho después de que se celebrara el miércoles un acto en la Cámara de Diputados para inaugurar el grupo de amistad México-Rusia con la presencia de diplomáticos del Kremlin, justo a punto de cumplir un mes del inicio de la invasión a Ucrania. “Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia”, ha dicho Salazar en el Congreso. “El embajador de Rusia estuvo ayer y dijo que México y Rusia son cercanos, eso nunca puede pasar”, ha agregado.
En Washington, VanHerck ha puesto la mira en las operaciones de Moscú desde México, donde Rusia tiene una de sus embajadas más grandes en Latinoamérica. “En la actualidad, la mayor parte de efectivos de la GRU en el mundo está en México. Se trata de personal de inteligencia ruso”, ha asegurado. El militar ha querido dejar muy claro que esos agentes están al “acecho de cualquier oportunidad a través de la que puedan influir en Estados Unidos”. El general de cuatro estrellas respondía así ante las preguntas de senadores del Comité de Servicios Armados. “Hay actores como China y Rusia que son muy agresivos y activos en toda el área de responsabilidad del Comando Norte incluido Bahamas y México”, dijo VanHerck en su respuesta al senador republicano Mike Rounds.
No es la primera vez que el militar hace afirmaciones en ese sentido. En septiembre pasado, VanHerck señalaba que Rusia implicaba el mayor peligro para Estados Unidos. “Rusia es la principal amenaza militar para mi patria. No es China, es Rusia”, dijo el militar, para quien China era una “amenaza a largo plazo”, pero Rusia tenía mayor poderío militar.
El Departamento Central de Inteligencia ruso, también conocido como GRU, ha sido vinculado con algunas de las acciones más polémicas atribuidas a Rusia por Occidente en los últimos años y cuenta con sus propias brigadas de fuerzas especiales en el extranjero. La organización, que forma parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, y antes de la Unión Soviética, es uno de los diferentes grupos autorizados para espiar para el Gobierno ruso junto con otras agencias que sucedieron a la KGB.
In today’s testimony to the SASC, Gen VanHerck highlighted the multiple simultaneous challenges @NORADCommand & USNORTHCOM face from strategic competitors who have openly declared their intent to hold our homelands at risk in an effort to advance their own interests. pic.twitter.com/6neoRxdv4S
En opinión del jefe del Comando Norte estadounidense, la inestabilidad que crean en México los cárteles del narcotráfico tiene como consecuencia que espías rusos o chinos puedan amenazar con facilidad a la seguridad nacional estadounidense. “En este hemisferio, las organizaciones criminales transnacionales operan casi sin oposición y abren un camino de corrupción y violencia que crea una brecha que permite que China y Rusia se inmiscuyan en estos países”, ha comentado.
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La GRU fue creada en 1918 por orden del Consejo Militar Revolucionario del Ejército Rojo bajo la dirección de León Trotsky y su objetivo inicial era coordinar las acciones de las agencias de inteligencia del Ejército, pero durante varias décadas su existencia fue desconocida para los servicios secretos extranjeros. La agencia sobrevivió a la disolución de la Unión Soviética en 1991. Se desconoce el número de agentes que la GRU tiene en nómina y se le acusa, entre otras cosas, de interferir en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Donald Trump en 2016, intentar un golpe de Estado en Montenegro, lanzar ataques cibernéticos a la Agencia Mundial Antidopaje y envenenar al ex espía ruso Sergei Skripal en Reino Unido en 2018.
EE UU critica las muestras de solidaridad con Rusia en el Congreso mexicano
En México, Salazar ha cuestionado la decisión de algunos diputados de Morena (la formación política de Andrés Manuel López Obrador), del Partido del Trabajo (PT, también parte del bloque gobernante) y el Partido Revolucionario Institucional de instalar un grupo prorruso en plena invasión a Ucrania. “Recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial no había ninguna distancia entre México y Estados Unidos, estuvimos unidos contra Hitler, que estaba matando a inocentes por dondequiera”, ha dicho el embajador estadounidense en la inauguración de otro grupo de amistad en la Cámara baja, el de México y Estados Unidos.
Los llamados grupos de amistad probablemente hubieran pasado desapercibidos en otras circunstancias, camuflados como actos puramente protocolarios. En medio de la guerra en Ucrania, la creación del grupo con Rusia ha estado empapada de polémica y ha sido duramente criticado por la oposición que ha tildado la decisión de “imprudente” y “aberrante”. La inauguración supuso la puerta de entrada al Congreso mexicano, en un acto oficial, a la versión rusa del conflicto armado, tildada de propaganda en Occidente y repudiada por 140 países en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México, que condenó “enérgicamente” la agresión rusa a finales de febrero.
“Rusia no empezó esta guerra, la está terminando”, aseguró Víktor Koronelli, el embajador ruso. Koronelli sostuvo que el Ejército ucranio “usa mujeres y niños como escudos humanos”, condenó “las noticias falsas” que imperan en Occidente y insistió en la necesidad de “desnazificar Ucrania”. “Agradecemos la información tan pertinente que se nos da del conflicto en Ucrania”, dijo Alberto Anaya, diputado del PT y presidente del grupo prorruso. Miembros de la oposición dejaron vacante su lugar en el llamado grupo de Amistad con Rusia y otros justificaron que era una muestra de solidaridad entre pueblos y no entre Gobiernos. “Respetamos la posición del Gobierno mexicano”, señaló Koronelli. “Nuestra relación con México tiene un carácter estratégico y se basa en el respeto mutuo de intereses nacionales”, agregó.
Mientras algunos políticos mexicanos se resisten a compartir la postura oficial de repudio a la guerra ordenada por el Gobierno de Vladímir Putin, la Casa Blanca aprieta para que no hay fisuras en la posición mexicana. Para Washington, México es un país clave en Latinoamérica, una región donde Rusia ha encontrado el respaldo internacional que no tiene en otras regiones del mundo y que sí le dan aliados como el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, de Miguel Díaz-Canel en Cuba o la Nicaragua de Daniel Ortega.
Entre sospechas de espionaje y acusaciones mutuas de propaganda, dos actos protocolarios en México han levantado la polémica y desatado la indignación a miles de kilómetros del conflicto armado. En una región acostumbrada a mirar el juego de las potencias desde lejos. Y en un país que hasta ahora no había dejado lugar a dudas sobre su posición frente a la ofensiva rusa.
La iniciativa es liderada por una organización de 33 productores en proceso de reincorporación a la vida social y civil.
Noticias Nariño
Orgullosos se mostraron los excombatientes de Tumaco, que lograron conformar una asociación para la comercialización de productos como el coco al resto del país.
Se trata de la Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico, una organización con 33 productores de los cuales 6 son mujeres y que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida social y civil.
De acuerdo con los integrantes, la iniciativa fue posible a través de una alianza para la venta formal de coco con AOL Colombia, una comercializadora de frutas y verduras con sede en Atlántico.
Comercializaron coco
“Este es un buen comienzo para nosotros, porque logramos un acuerdo comercial para la venta de diez toneladas de coco mensuales con la compañía AOL Colombia. Es solo el primer paso y se requerirá de un esfuerzo diario y constante para mantener la alianza”, relataron.
El acuerdo se dio a través del acompañamiento del Centro de Comercio Internacional por medio de “Colombia PUEDE: Paz y unidad a través del desarrollo productivo y el comercio”.
Enfatizaron en que es un proyecto financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz.
Expectativas por las ventas
“Estas ventas traerán grandes beneficios a Nueva Esperanza, de una u otra manera, tendremos mejores precios de comercialización en el territorio. Seremos visibilizados y con las ganacias mejorararemos las fincas para aumentar la producción de coco”, añadieron.
Manifestaron que las 10 toneladas mensuales de coco serán enviadas desde Tumaco hasta la planta de AOL en Barranquilla; luego pasarán por un proceso de repelado para luego ser comercializado, como fruta fresca, en las cadenas de supermercados de la región Caribe.
Cuando Maria Semionova escuchó las noticias sobre los primeros ataques de las fuerzas de Vladímir Putin contra Ucrania se echó a temblar. Después, rompió a llorar. Tiene casi 86 años y con la invasión del Kremlin ya ha vivido tres guerras. Ahora, esta técnica comercial que siente algo de nostalgia por la “seguridad” de la Unión Soviética teme que la violencia que ya asola ciudades del este del país y del sur llegue con fuerza a Dnipró, en el centro. Tiene pánico a padecer otra ocupación como la que vivió de niña, cuando los soldados de la Alemania nazi y sus aliados tomaron su pueblo, muy cerca de Krivói Rog, la ciudad del presidente Volodímir Zelenski. Los recuerdos de aquella época, cuenta, le revuelven el estómago. “¿Qué más puede sufrir este país? Es tan injusto. Yo he vivido guerras, mi hija y mi nieto también. Cuántas generaciones más”, se lamenta.
En menos de 100 años, Ucrania ha vivido una hambruna planificada por el régimen comunista de Iósif Stalin —el Holodomor, “muerte por hambre” en ucranio—; la Segunda Guerra Mundial; la guerra del Donbás, en el Este, con los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin; y la invasión de las tropas enviadas por el jefe del Kremlin. Putin cree que la antigua república soviética es en realidad un país ficticio que quiere mantener bajo su órbita, y que rusos y ucranios encarnan un “mismo pueblo” al que proteger del Gobierno de Kiev, al que ha acusado de ser una panda de “nazis y drogadictos”. La guerra de Putin contra Ucrania rebasa las dos semanas y, a medida que las tropas rusas se adentran en el corazón del país, de 44 millones de habitantes, un Estado geoestratégico entre Rusia y Occidente, los ataques se vuelven más violentos y el número de bajas civiles y de refugiados no ha dejado de aumentar.
En casa de Semiónova y de su hija Svetlana Svetlova, una foto ya antigua en blanco y negro de su nieto, Igor, entonces un crío mofletudo con gorrito y bufanda, y de su esposo, metalúrgico fallecido hace siete años, ocupan un lugar de honor en la vitrina del salón. Los cuadros que ha pintado Svetlova, de 60 años, empresaria inmobiliaria y apasionada de los pinceles, adornan las paredes de la vivienda, en un barrio al este de Dnipró, una ciudad con una importante comunidad judía. “Somos una familia mixta, laicos y judíos. El argumento de Putin de que esto está gobernado por nazis es tan ridículo que ni merece un suspiro”, dice Svetlova. “Queremos democracia, liberalismo, valores europeos. El Kremlin y su propaganda trabajan de acuerdo con los manuales de entrenamiento de la Alemania nazi. Aquí queremos vivir en paz, con calma”, insiste.
Semiónova, menuda y de aspecto frágil, ha pedido a su hija que preste especial atención a la despensa estos días. No olvida nunca las historias sobre el Holodomor, que empezó en 1932, que escuchó en casa de pequeña. Tampoco Svetlova. “Mi abuela me contó que hubo una época en la que literalmente no había nada que comer, los comisarios de seguridad [soviéticos] se llevaron la cosecha. Cuando llegó la primavera al menos comían hierba”, cuenta la empresaria mientras sirve un té negro en una taza de loza en la mesita del salón.
En 2006, Ucrania declaró el Holodomor como un acto de genocidio. La hambruna, ignorada y silenciada en la URSS y también por gran parte de la comunidad internacional, fue “creada deliberadamente” por Stalin entre 1932 y 1933 para eliminar cualquier idea de autonomía en Ucrania, considerada el granero de Eurasia y percibida como una amenaza por el poder central, escribe la periodista Anne Applebaum, que ha investigado a fondo el Holodomor en su libro Hambruna roja. Applebaumcree que la hambruna unida a la represión de los intelectuales y de cualquier elemento que tuviese que ver con la cultura ucrania fue un intento del aparato de Stalin para evitar una contrarrevolución. Las autoridades ucranias estiman que 3,8 millones de personas murieron de hambre. Y después, Stalin prohibió hablar de ello.
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Fallecidos en Járkov por la hambruna en 1933. La fotografía pertenece a la colección del Museo del Holodomor de Kiev.Alexander Wienerberger
Menos de una década después, en 1941, narra Semiónova, los nazis invadieron Ucrania y tomaron prácticamente todo el país bajo su control. Los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial se han avivado estos días en su memoria. El ternero que nació muerto y cuya piel hubo que entregar a los ocupantes nazis, que llevaban un control estricto de todo; cómo su padre se fue a luchar con el Ejército Rojo y su madre fue destinada a cavar zanjas, mientras su hermano y ella quedaron a cargo de su abuelo, de 70 años. La imagen de su hermano mayor, muy alto para su edad, vestido con ropas de mujer para evitar que los nazis le obligasen a una movilización obligatoria. “Qué terribles eran las batallas. Solo quedaron las chimeneas de un pueblo, lo destruyeron todo”, relata con los ojos llorosos. “Y ahora nos enfrentamos de nuevo a fascistas, fascistas desde el Kremlin”, apostilla Svetlova.
Unos 1,5 millones de judíos ucranios fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores (una de cada cuatro víctimas de la Shoah), la mayoría a manos de escuadrones de la muerte. En solo unos días, más de 33.000 fueron fusilados en Babi Yar, un barranco de Kiev hoy convertido en memorial contra el Holocausto y que fue alcanzado por los efectos de un ataque contra la antena de televisión de Kiev, que el Gobierno ucranio ha atribuido a Rusia. Entre cinco y siete millones de ucranios perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial.
Después, analiza Timothy Snyder, profesor de la Universidad de Yale y especializado en Europa Central y Oriental, llegó la represión soviética que consideró a muchos ucranios como sospechosos de colaborar con los nazis. Empezó de nuevo la política de rusificación, dice Snyder. Y durante las cuatro décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el poder central de Moscú trató de borrar la lengua y la cultura ucranias.
Hoy, en casa de Semiónova y Svetlova hacen planes por si tienen que huir. Ese escenario nunca estuvo sobre la mesa en 2014, cuando Rusia se anexionó la península ucrania de Crimea con un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional, ni cuando estalló la guerra en el este contra los secesionistas alzados por Moscú que se ha cobrado en ocho años unas 14.000 vidas. Pero ahora, las tropas rusas avanzan y codician también Dnipró, de casi un millón de habitantes —antes de que empezase el éxodo por la guerra en todo el país que la ONU cifró este martes en dos millones de refugiados— y un enclave estratégico en el centro el país por su localización para el paso de suministros y sus industrias.
Mientras, la ciudad se prepara para la llegada del invasor. Hay barricadas, controles, patrullas y trampas antitanque prácticamente en cada esquina. Svetlova ha aparcado los pinceles y ahora se dedica a preparar cócteles molotov con otras voluntarias. De momento, pese a la insistencia de su hijo Igor, que vive en Israel, no se irán. “Nos esconderemos del bombardeo en un refugio antiaéreo, prepararemos cócteles molotov que los hombres les tirarán, haremos algo, lucharemos. Nosotros no vamos a ninguna parte. Mi madre sobrevivió a Hitler, mi familia sobrevivió al nazismo y ahora también sobreviviremos al fascismo y a Putin”, asegura.
En un reciente caso en la capital del país se enfrentaron a cuchillo. Hay preocupación generalizada por el comportamiento de los menores en muchas instituciones educativas de diferentes departamentos.
En un reciente caso en la capital del país se enfrentaron a cuchillo. Hay preocupación generalizada por el comportamiento de los menores en muchas instituciones educativas de diferentes departamentos.
Noticias Colombia.
Durante las últimas semanas han sido varios los casos en donde se reportan y denuncian fuertes enfrentamientos entre estudiantes de diferentes instituciones educativas del país.
Las más recientes han tenido lugar en Cali, municipios de Nariño y en Bogotá.
En la mayoría de los casos son peleas entre niñas, jóvenes, compañeros de curso agreden a sus compañeras y como en el caso de Bogotá, se enfrentan con cuchillos.
«Van a matar al chino, ñero»: Inem de Kennedy
Uno de los recientes casos en Bogotá tuvo lugar el jueves 10 de marzo a la afueras del colegio Inem de Kennedy.
Allí, de acuerdo a lo informado por las autoridades, tres menores de edad terminaron en medio de una violenta riña.
De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos dejaron tres menores lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados hasta un centro médico para ser atendidos.
El lamentable episodio quedó registrado en varios vídeos que han circulado en redes sociales.
Las imágenes dejan apreciar cuando varios de los alumnos rodean a un compañero que había sido apuñalado.
Grave lo que pasa en los colegios de la capital. Una riña con arma blanca, dejó varios heridos, uno de gravedad en el Inem de Kennedy. Dicen los papás que no hay vigilancia oportuna, no hay requisas, entran armados. Dónde quedó el plan de la Policía y Secretaria de Educación?. pic.twitter.com/SBM2WoRRaR
Uno de los hechos bochornosos sucedió hace a principios del presente mes de marzo, se ven involucrados varios estudiantes de un reconocido colegio del norte de la ciudad de Cali.
Se trató de un enfrentamiento, disputa, riña o pelea en donde participan dos niñas.
Ellas se encuentran en medio de un circulo realizado por otros compañeros que las alientan a continuar con el conflicto y además las graban con sus teléfonos celulares.
La niñas portaban uniformes del colegio y peleaban ante los gritos de sus otros compañeros que las grababan.
Según lo que se ha conocido, el inconveniente se presentó entre alumnos de la Institución Educativa Inem Jorge Isaacs.
Cuentan que los menores se habrían citado en uno de los parques del barrio Calima.
En redes sociales circulan videos donde estudiantes del colegio INEM se están citando a las fueras de la institución, en el parque del barrio Calima para tener peleas entre los mismos estudiantes. pic.twitter.com/WK33UNBrql
El pasado lunes, se registró una fuerte gresca a la salida de una institución educativa oficial en La Buitrera.
La pelea.
La alumna con el arma en la mano.
Una estudiante peleando con otro joven, ella incluso, tendría una especie de arma blanca en su mano derecho y con ella, intentó ‘puntear’ al rival.
Joven golpeó en el rostro a su compañera
Todo se conoció gracias a un vídeo que empezó a circular en redes sociales, las imágenes fueron grabadas por otros de los compañeros.
En ellas se observa a un joven que está frente a otra menor, se encuentran discutiendo y él se nota en postura desafiante.
Los estudiantes discutían
La menor se sentó y otra compañera trataba de retirar del lugar al joven
Se escuchan varias voces que le gritan como en tono de ‘barra’: «Parátele, parátele, rompéle esa jeta«.
Mientras que otras compañeras de curso, piden al joven detenerse y no continuar con su accionar: «Deje la estupidez Daniel«.
Por momentos el joven parase reflexionar y se dirige a su asiento, la parte de atrás del salón de clases.
Sin embargo de un momento a otro decide regresar a la parte de adelante en donde se encuentra su compañera.
Él se acerca y de repente lanzó un violento puño que golpea a la joven en el rostro.
De inmediato una compañera que se encontraba al lado de la niña agredida se pone de pie y lo enfrenta, así como otro joven que se abalanza sobre él reprochando lo que hizo.
«Qué le pasa Daniel, está loco«: Le decían:
Un estudiante del colegio Lancaster de #Cali golpeó a su compañera de clase, al parecer por una discusión que estaban sosteniendo.
En redes sociales se han viralizado varios videos de peleas y violencia entre estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. pic.twitter.com/u1SwmGCf6Y
Luego de conocerse las indignantes imágenes, desde el Colegio Bilingüe Lancaste publicaron un pronunciamiento de manera oficial sobre lo sucedido.
Fue a través de un comunicado en el que informaron lo siguiente:
«El día de ayer se presentó una situación reprochable entre estudiantes en nuestras instalaciones. Al respecto rechazamos firmemente estos hechos y reiteramos el compromiso con el respeto, los principios y valores«.
«Estas acciones son aisladas y de ninguna forma representan la solidez y responsabilidad con la que desarrollamos nuestra actividad educativa. Este acto ya fue reportado a los entes de control pertinentes (Policía de infancia y adolescencia y Personería Municipal).
Comunicado del colegio
Además, «de ser tratado por el comité escolar de acuerdo al Manual de Convivencia».
Casos en Nariño
El primero de los casos en Nariño fue el pasado mes de febrero, en el municipio de La Unión.
En vídeos que circularon a través de redes sociales, se ha logrado apreciar las peleas entre estudiantes de los colegios Normal Superior y de la Institución Educativa Juamambu.
Grabaron el momento en que las jóvenes se lanzan al piso y empiezan a halarse del pelo.
Sin embargo, lo más preocupante es que los compañeros de las jóvenes, en vez de evitar la pelea, alentaban más a las estudiantes para que la riña no parara.
“Eso mona, dale. No se dejen, Dale duro», manifiestan algunos de los alumnos, mientras las estudiantes caen al piso.
Por otro lado se escucha una voz en donde dicen que ya estarían llamando a la Policía, sin embargo la pelea continuaba.
El Gobierno de Boris Johnson ha ampliado los criterios de acogida a los ciudadanos ucranios que huyen de la guerra en su país, pero su oferta sigue estando muy por detrás de la realizada por la UE, que ha permitido a todos los refugiados una estancia de hasta tres años sin necesidad de solicitar visado. La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha anunciado este martes planes de reunificación familiar que, en teoría, podrían suponer la recepción de hasta 200.000 ucranios. Frente al esquema anunciado el pasado domingo, que solo contemplaba a los “familiares directos” (esposos o esposas, parejas de hecho con al menos dos años de convivencia, hijos menores de dieciocho años, o adultos que necesiten cuidados especiales), el Gobierno de Johnson ha acabado cediendo a parte de las críticas y ampliado el criterio, para incluir a padres, abuelos, hijos mayores de edad y hasta hermanos de los ciudadanos ucranios residentes en el Reino Unido.
Aun así, Patel se ha resistido a la petición de muchas organizaciones de ayuda al refugiado y hasta de diputados de su propio partido de eliminar completamente los trámites de visado y de solicitud de asilo. La ministra ha señalado el temor del Gobierno británico a que los “extremistas sobre el terreno” que hay en Ucrania acaben infiltrándose entre los refugiados, después del historial de violencia de algunos agentes rusos en territorio británico. “Sabemos muy bien todo lo que la Rusia de [Vladímir] Putin es capaz de hacer, incluso en nuestro propio terreno, como vimos con los atentados de Salisbury”, ha dicho Patel. En 2018, dos miembros de las fuerzas especiales rusas intentaron asesinar, con el agente nervioso Novichok, a Serguéi Skripal y a su hija Yulia. El exmilitar ruso y agente doble residía entonces en territorio británico. “No podemos suspender los controles de seguridad o biométricos de todos aquellos a los que damos la bienvenida a nuestro país”, ha advertido la ministra.
Downing Street permitirá a los ucranios que lleguen al Reino Unido por la vía de reagrupamiento familiar una estancia de hasta un año, en la que podrán acceder al mercado laboral y disfrutar de beneficios públicos y sociales. Además, el Gobierno agilizará una ruta de patrocinio para que organizaciones caritativas o empresas pueden solicitar visados para ciudadanos procedentes de Ucrania.
“Estamos viendo a la gente huir de su país, y debemos hacer lo que históricamente hemos hecho siempre, que no es otra cosa que darles todo el apoyo que necesiten. Lo que están pidiendo es una simple ruta hacia un santuario de refugio, y no creo que el Ministerio del Interior haya ido todo lo lejos que podía ir en este asunto”, ha protestado el líder del Partido Laborista, Keir Starmer. La oposición, sin embargo, no ha ido tan lejos como pedir una política de puertas completamente abiertas, consciente de las sensibilidades que ha desatado en el país durante los últimos años la cuestión de los refugiados.
Muy diferente de la actitud mostrada por cuatro decenas de diputados conservadores, que escribieron a finales de la semana pasada una carta al primer ministro en la que le pedían que siguiese el ejemplo de Bruselas: “No es simplemente una crisis migratoria. Es una crisis bélica. No deberíamos conformarnos con la respuesta habitual, necesitamos un apoyo urgente y sincero al pueblo de Ucrania. El Reino Unido no puede flaquear, y su mensaje debe ser muy claro: las víctimas de la guerra que buscan refugio son bienvenidas”, decía la carta. De hecho, según una encuesta exprés realizada por YouGov, dos terceras partes de los británicos respaldan sin ambages la puesta en marcha de un plan de acogida de refugiados ucranios.
“Como medida temporal, pedimos al Gobierno que permita viajar hasta aquí a los ciudadanos ucranios sin necesidad de solicitar un visado”, ha reclamado el director de Cruz Roja del Reino Unido, Mike Adamson. “No hay problema en seguir haciendo controles de seguridad a la gente que llega al país, pero la medida estaría mucho más en consonancia con la estrategia adoptada por la UE”. De hecho, el Gobierno francés ha reclamado a Londres que relaje sus normas de entrada para los ucranios que huyen de la guerra. Según el diario Le Parisien, que cita a un asesor presidencial de Emmanuel Macron, la resistencia británica está reteniendo a muchos refugiados en el norte de Francia. “Hemos señalado a las autoridades británicas las dificultades que están provocando tanto la falta de información como la naturaleza excesivamente restrictiva de su sistema [de visados]”, ha dicho el asesor.
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El conflicto ha causado ya cerca de un millón de desplazados internos, según ha estimado este martes la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), y al menos otras 660.000 han abandonado en pocos días el país. El Gobierno de Johnson ha anunciado, además de sus planes de acogida de refugiados, que destinará más de 260 millones de euros a ayuda humanitaria y de emergencia para Ucrania.
