El hacinamiento y las inadecuadas condiciones de los centros de reclusión en Cali, ciudades del Caribe y otras capitales del país es una alerta, advierte la Defensoría del Pueblo, «eso se traduce en riñas e intentos de amotinamiento».
Noticias Cali.
En una celda puede haber hasta 15 internos o más, si bien en el centro de detención transitoria en San Nicolás en el centro de Cali el lugar está más limpio y ordenado, el hacinamiento y las precarias condiciones, es evidente y así lo confirmó la Defensoría del Pueblo en su visita este jueves.
La capital del Valle hace parte de las ciudades con más hacinamiento de este tipo de carceletas en el país.
Cali tiene un 274%, las otras son: Bucaramanga con 835.6%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553.4%, Cúcuta con 491.4%, Riohacha con 333.7%, Medellín con 293.3%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, pidió solucionar de manera urgente «la crisis por hacinamiento» en estos lugares.
Allí, deberían estar solo los detenidos en proceso de judicialización y no pasar más de una semana, pero se han encontrado casos de reclusos que llevan meses esperando audiencias o decisiones judiciales.
El informe de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, se alertó sobre «la grave situación humanitaria».
- Violencia (por el mismo hacinamiento)
- Espacios inadecuados para dormir (en un celda hasta más de 15 y uno al lado del otro en colchonetas y hamacas)
- Problemas de salud: propagación de enfermedades, principales virales o infecciosas.
- Infraestructura inadecuada y poco sanitaria
- Aumenta el estrés entre la población privada de la libertad: se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento
Además, estas carceletas están en zonas muy pobladas, en barrios o espacios céntricos de las ciudades, lo que implica también un problema de convivencia y seguridad ciudadana.
Este problema se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19.
En marzo de 2020 el INPEC tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles, así que esa sobrepoblación de internos se disparó en las URI de la Fiscalía y estaciones de Policía.
Para el mes de agosto de 2021 estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad para su capacidad máxima de 6.727 personas, lo que representaba un 189% de hacinamiento, mientras que para el mes de marzo del año en curso, los privados de la libertad en estos centros ascienden a 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos.
Una alarmante cifra de 194% de hacinamiento.
La Defensoría del Pueblo advierte que hay que tomar «medidas necesarias de manera oportuna», y evitar una tragedia.
Para la entidad, está en riesgo no solo la vida e integridad de los privados de libertad, tamién de la Fuerza Pública, «que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”.
2/4 En la presentación del informe sobre la situación actual de los #DerechosHumanos de las personas privadas de la libertad, explicamos que la problemática de hacinamiento se agudizó por la emergencia sanitaria del #COVID19.
Consulta el informe aquí👉🏽https://t.co/Xq9qTAXEtY pic.twitter.com/Emhl54cZAL
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 31, 2022
