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Hugo Torres, en una imagen los días previos a su detención en junio de 2021.
Hugo Torres, en una imagen los días previos a su detención en junio de 2021.RR.SS UNAMOS

El preso político y exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, falleció este sábado en la cárcel, preso como estaba por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fuentes allegadas a la familia confirmaron el deceso, aunque se desconocen más detalles, ya que el comandante crítico del actual Gobierno estaba recluido en la cárcel de El Chipote, que organismos defensores de derechos humanos consideran un centro de tortura.

Torres, de 73 años, es el primer preso político que muere en manos de la Policía Nacional, de los 47 que fueron arrestados el año pasado previo a las elecciones. Murió sin que se le haya procesado en un juicio. El general en retiro era uno de los más de 20 presos políticos de la tercera edad, varios de ellos valetudinarios, que se encuentran en El Chipote sometidos a torturas. Desde hace un par de meses, organismos defensores de derechos humanos iniciaron una campaña para conocer el paradero del general en retiro quien tuvo problemas de salud en prisión. Era figura clave del sandinismo. En 1974, el exguerrillero, conocido como Comandante Uno, arriesgó su vida en un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos el mismo Daniel Ortega. También dirigió junto a Dora María Téllez, actual presa política y condenada por el supuesto delito de “conspiración”, el asalto al palacio, hazaña registrada en una crónica clásica del escritor Gabriel García Márquez.

Tras conocerse su muerte, comenzó a recircular el vídeo que Torres grabó antes de ser detenido por la policía de Ortega hace ocho meses en el que dice: “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos (…) pero así son las vueltas de la vida, y los que algún día acogieron principios hoy los han traicionado”.

Desde inicios de este año el movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos) inició una campaña para conocer sobre la salud de Torres, quien era el vicepresidente de esta organización. La exguerrillera Mónica Baltodano escribió en un artículo de opinión en Confidencial que Torres fue sacado de su celda desde 17 de diciembre de 2021 porque había enfermado rápidamente y sus compañeros lo habían auxiliado varia veces “por el grado de inflamación de sus piernas, casi no podía moverse por sí mismo. Fue atendido por médicos del penal, pero no lograron aliviar su situación. Ese día, Hugo sufrió un largo desmayo. De su celda fue sacado con rumbo desconocido”, escribió Baltodano.

Aunque luego se conoció que fue trasladado a un hospital de Managua para ser atendido, el paradero de Torres fue tratado con total hermetismo, hasta la noticia de su fallecimiento. “Él padecía cáncer, pero todo es muy raro porque él entró súper sano a El Chipote y las noticias iniciales tras su arresto era que estaba saludable, pero de repente se descompensó. Así que ahora queda la duda de si fue una negligencia en la cárcel”, dijo una fuente allegada a la familia de Torres.

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Los hijos del comandante guerrillero han tratado el caso de su papá con cautela, pero la tarde de este sábado se espera que emitan un comunicado al respecto. Las alarmas sobre la salud de Torres saltaron después de la cuarta visita que el régimen permitió a familiares de presos políticos, entre el 30 de diciembre y el 2 de enero pasado, cuando los familiares no pudieron verlo porque no estaba en su celda, según relataron otros presos políticos.

Torres nació en 1948, en El Espino, Madriz, al norte de Nicaragua. A los cinco años su familia se trasladó a León, donde vivió y estudió. Vivió en el barrio El Calvario, cerca de donde vivía Rigoberto López Pérez, a quien conoció antes de que este ejecutara a Somoza García en 1956, según Mónica Baltodano. Su madre fue Isabel Jiménez y su padre, Cipriano Torres, subteniente de la Guardia Nacional (G.N.).

Con el triunfo de los sandinistas, Torres llegó a convertirse en General del Ejército, del cual se retiró hasta 1998. Sin embargo, en el comunicado de la Policía Nacional sobre su captura se le tildó como “ciudadano”, negando su cargo militar. “A los seguidores más sensatos del Frente Sandinista mi mensaje es que abran los ojos que los están llevando al despeñadero”, dijo Torres previo a su captura. El estupor ha cundido este sábado en Nicaragua, en especial en los familiares de los presos políticos. “Es un gran golpe para nosotros”, dijo uno de ellos.

La dictadura Ortega-Murillo guarda total silencio sobre la muerte de Hugo Torres. “Están obligados a informar sobre la causa del deceso para efectos legales mueres en manos de la policía porque nunca quisieron informar sobre su paradero”, dijo a EL PAÍS Vilma Núñez, defensora de derechos humanos.

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Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.
Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.Carlos Herrera

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, una de las figuras claves en la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”. El juez Ángel Jancarlos Fernández realizó un audiencia exprés, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscalía pidió para la historiadora y crítica de la actual administración 15 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena de Téllez, inmortalizada por el Nobel Gabriel García Márquez en la crónica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios políticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarceló a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declaró ganador sin competencia, perpetuándose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La histórica y emblemática exguerillera de 66 años fue sometida a un juicio sin garantías procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero también agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma cárcel donde está encerrada y sufriendo torturas, según sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.

Los únicos que tuvieron acceso fueron los abogados de Téllez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisión. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren imágenes del deterioro físico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.

El juicio de Téllez ha seguido la misma tónica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por “conspiración”, escribió en el acta de culpabilidad “soy presa política” debajo de su nombre.

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En paralelo a Téllez, también fue juzgado el líder estudiantil Lesther Alemán, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de diálogo. En aquella ocasión, el estudiante emplazó al mandatario, lo conminó a cesar la represión de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue también condenado por cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y la Fiscalía, igualmente, ha pedido la pena máxima de 15 años.

Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega.
Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega. Alfredo Zuniga (AP)

“Hoy que Lesther es condenado cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, expresó el grupo estudiantil del que Alemán es integrante. “El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violación sistemática a los derechos humanos de los nicaragüenses”, añadieron en un comunicado.

Juez sin competencia

La veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, no solo cataloga como políticos estos juicios, sino que asegura que son “farsas y montajes”. Primero porque cuando la Fiscalía anunció la reactivación de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos políticos como “criminales y delincuentes”. El Ministerio Público arrolló la presunción de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.

Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomalías judiciales que han detectado está que los únicos testigos aportados por la Fiscalía son policías y simpatizantes sandinistas. Además, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.

“Los juicios de Dora María y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitación, y repetidas hoy en esta audiencia exprés, tienen un grave contrasentido con el Código Penal: el delito de ‘Menoscabo a la integridad nacional’ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad… pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jurídicos no sirven para nada”, explicó la doctora Núñez a EL PAÍS.

El régimen Ortega-Murillo reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.

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