La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión al atribuirle haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, y también por la supuesta injerencia en los ascensos militares, confirmó un comunicado del Ministerio Público la noche de este martes.
En octubre, la empresaria y gestora de intereses Karelim López acompañó al Palacio de Gobierno a ejecutivos de un par de firmas que se reunieron con el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y con el propio presidente. A los pocos días, esas empresas lograron una licitación para construir un puente por unos 60 millones de dólares, y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares. Las alarmas sobre la lobista se activaron en la prensa en noviembre, que ha estado muy atenta al registro de visitas al despacho presidencial -de acceso público-, debido a que el mandatario no ha dado entrevistas desde que asumió el cargo a fines de julio.
López ha hecho negocios con el Estado a lo largo de varios gobiernos y fue aportante de la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016, informó el medio digital IDL-Reporteros. Asimismo, intentó tener influencia en el presidente Martín Vizcarra cuando este gobernaba, pero no lo consiguió, indica el mismo medio. El contrato de compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operator por parte de la empresa estatal PetroPerú se concretó el 21 de octubre, tres días después de la reunión de la gestora de intereses con Castillo; el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez; y el dueño de la firma de hidrocarburos, Samir Abudayeh, refiere la resolución de la fiscal. Dicho contrato fue anulado en diciembre luego del escándalo mediático de la participación de Castillo en una reunión con un empresario que pretendía ser proveedor del Estado.
Diligencias en suspenso
La cabeza del Ministerio Público es la única que puede iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado mientras está en ejercicio, recabando pruebas y testimonios de otros involucrados y testigos. Ella, o quien la suceda en el cargo en abril, podrá continuar con la investigación, pero no interrogar a Castillo mientras este sea presidente. En octubre de 2020, la fiscal general desechó la tradición del Ministerio Público con relación en los presidentes en ejercicio y encontró mérito para iniciar una investigación al entonces presidente Martín Vizcarra, por contrataciones irregulares a favor de un amigo. En dicho caso, la magistrada indicó que Vizcarra habría ejercido influencia sobre otros funcionarios para favorecer a su amigo y que además intentó ejercer influencia en los funcionarios que declararían a los fiscales encargados de ese expediente.
Las visitas de la lobista al exsecretario de la presidencia y al presidente quedaron registradas en octubre en la plataforma de transparencia de Palacio de Gobierno, pero un canal de televisión grabó a López en noviembre entrando a un inmueble de Lima donde Castillo dormía y despachaba hasta antes de asumir el poder, y a la que eventualmente volvía ya siendo presidente.
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A finales de noviembre, el presidente comentó en un mensaje a la nación televisado que allí solo había recibido visitas de “carácter personal”. “Rechazo enérgicamente tener algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”, añadió.
El procurador general Daniel Soria pidió en diciembre a la presidencia que informe con quiénes se reunió el jefe de Estado en esa casa del distrito de Breña, pero no obtuvo respuesta, por ello solicitó a la fiscal Ávalos que investigue al presidente. La fiscal general además inició otra investigación a Castillo por supuestas presiones en los ascensos militares, que podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal a favor de coroneles del Ejército de su entorno. La prensa difundió conversaciones de WhatsApp de su exmano derecha Pacheco con los comandantes generales de institutos armados abogando por oficiales militares, pero también el anterior ministro de Defensa, Walter Ayala, hizo llamadas en el mismo sentido a jefes militares y tuvo que dimitir por la controversia. Pero también el presidente consultó por un caso en particular en cuanto al escalafón. La semana pasada Castillo respondió 40 preguntas, en calidad de testigo, para la investigación fiscal a Pacheco sobre los ascensos, pero a partir de la resolución de la fiscal Ávalos ha pasado a la condición de investigado.
Tres medios peruanos reportaron sobre la investigación fiscal al presidente a media tarde del martes. El abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, dijo a EL PAÍS que ni su patrocinado ni él habían sido notificados hasta las 18.40 horas pese a que la prensa ya tenía la disposición fiscal. Hacia las 19.00 horas, el Ministerio Público informó que ya había notificado al mandatario.
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