Scotland Yard tiene ya el listado de personas implicadas en las fiestas de Downing Street a las que desea interrogar. Y Boris Johnson, que asistió presuntamente a 6 de los 12 eventos investigados, está entre ellas. La Policía Metropolitana anunció a última hora del miércoles su intención de enviar cuestionarios por escrito a todos los implicados. Tendrán la categoría legal de un interrogatorio formal y los destinatarios estarán obligados a decir la verdad. Dispondrán de siete días para devolver el documento cumplimentado. En el caso de que sus respuestas no convenzan a los agentes, o de que no sean capaces de justificar su presencia en esas reuniones, se enfrentan a una multa de 200 libras (unos 237 euros, al cambio actual). La multa es una infracción menor y no se incorpora a los antecedentes penales del sancionado. Pero sí queda registrado en el historial personal del Archivo Nacional de la Policía.
Johnson no ha querido nunca dar una respuesta directa a la pregunta, pero a través de aliados anónimos ha dejado claro en varios medios que no tiene intención de dimitir si finalmente Scotland Yard le impone una o varias multas. A la vez, sin embargo, el primer ministro se ha comprometido públicamente a dar a conocer a la ciudadanía tanto el resultado final del informe de las fiestas que elabora la funcionaria Sue Gray (conocido solo en una pequeña parte, por la obligación de no interferir con la investigación policial) como cualquier sanción que reciba.
Resultará complicado, llegado el momento, defender en el Parlamento un borrón y cuenta nueva. Sobre todo porque, a pesar de los intentos de Johnson de pasar página en todo este escándalo, cada día surge alguna foto nueva o algún dato comprometedor. Este miércoles, el tabloide Daily Mirror publicaba una imagen de Johnson del 15 de diciembre de 2020. Un empleado está sentado frente a la mesa de trabajo, sobre la que hay un altavoz de los que permiten realizar llamadas de multiconferencia. También hay una botella de prosecco (vino espumoso italiano) abierta. Y una bolsa de patatas fritas. El empleado es Stuart Glassborow, vicesecretario privado de Johnson, y lleva un collar de espumillón. Detrás de él, el propio Johnson parece colocarse algo en la solapa de su chaqueta. Y un poco más atrás, se ve a otra persona con un gorro de Papá Noel.
Scotlanda Yard había descartado en un principio incluir ese evento, una especie de concurso virtual de preguntas y respuestas para el personal que trabaja en Downing Street, en su investigación, por no detectar su relevancia penal. Pero anunció a última hora del martes que iba a echar un nuevo vistazo a la foto y a revisar su decisión.
La decoración del apartamento
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La intervención de la policía en el asunto de las fiestas durante el confinamiento supuso un salto considerable en la gravedad del escándalo político y puso a Johnson contra las cuerdas. Lo mismo puede suceder ahora con otro asunto que persigue desde hace meses al primer ministro conservador: la costosa redecoración del apartamento privado del que disfrutan él y su esposa, Carrie Symonds, en el edificio de Downing Street. El equipo jurídico del Partido Laborista ha enviado ya una carta a Scotland Yard en la que señala que existen “sospechas razonables” de que el primer ministro se saltó las leyes contra la corrupción a la hora de buscar el dinero para ese lavado de cara de la residencia oficial y que las autoridades “están obligadas a actuar de oficio”. La Policía Metropolitana ha confirmado que ha recibido ya la carta y la ha sometido a consideración.
La Comisión Electoral reveló en su día un intercambio de wasap entre Johnson y David Brownlow, el multimillonario donante del Partido Conservador que puso gran parte de los casi 150.000 euros que el matrimonio Johnson destinó a rediseñar su vivienda. El primer ministro pedía en sus mensajes a Brownlow más dinero para concluir las obras. Contrataron a la diseñadora de moda entre los famosos, Lulu Lytle, quien llegó a encargar papel pintado de pared a casi 1.000 euros el rollo. Lytle fue una de las 30 personas que asistió a la fiesta cumpleaños sorpresa de Johnson, el 19 de junio de 2020. Los abogados de la oposición laborista relacionan los favores de Brownlow y su reunión, dos meses después, con el ministro de Cultura, Oliver Dowden, para que el Gobierno contribuyeran en una exposición que preparaba el empresario en el Royal Albert Hall. El equipo de comunicación de Downing Street ha negado ya oficialmente cualquier relación entre los mensajes y la reunión posterior.
Major carga contra Johnson
Ya se ha convertido en un viejo rival de Johnson, que no oculta su desprecio a las formas políticas del actual inquilino de Downing Street. Pero el ex primer ministro conservador, John Major, conserva un prestigio que dota de un peso relevante a sus críticas. “Mentir de un modo deliberado al Parlamento siempre ha sido letal para cualquier carrera política y así debería ser siempre”, ha dicho Major en una intervención en el centro de pensamiento Institute for Government (Instituto para la Gobernanza). El veterano político no ha puesto paños calientes a su acusación pública: “En Downing Street, el primer ministro y su equipo se saltaron las leyes. Se inventaron excusas descaradas y pidieron, un día tras otro, a la ciudadanía que creyera lo increíble. Se envió a los medios de comunicación a los ministros para defender lo indefendible y quedar como ingenuos o como culpables”, ha dicho Major.
No es la primera vez que el ex primer ministro expresa su desagrado hacia Johnson. Ha sido un duro crítico del Brexit y del modo en que se gestionó, y saltó al debate público para alertar de la gravedad de la decisión que adoptó su rival al cerrar unilateralmente la actividad del Parlamento para poner fin al interminable debate sobre la salida de la UE. El Tribunal Supremo acabó revirtiendo esa decisión, en una dura sentencia contra Johnson.
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