La policía británica prepara ya las 20 primeras multas por las fiestas prohibidas de Downing Street | Internacional



La Policía Metropolitana de Londres, conocida como New Scotland Yard, ha seguido investigando el escandalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, mientras el Gobierno de Boris Johnson, la oposición y los medios de todo el país concentraban su atención en la invasión de Ucrania y daban prácticamente por amortizado un asunto que, apenas hace dos meses, había colocado la losa final en la carrera política del primer ministro. Pero este martes, los responsables de la investigación han anunciado que ya tienen listas para su entrega las 20 primeras multas a personal del número 10 de Downing Street y del 70 de Whitehall (donde reside la Oficina del Gabinete del primer ministro) que habrían quebrado las normas de distanciamiento social. La policía asumió la competencia indagadora sobre doce de todos los eventos celebrados en sede gubernamental durante la pandemia. Más de cien cuestionarios, con la obligación formal de ser cumplimentados e incluso la posibilidad de hacerlo con ayuda de abogado, fueron enviados a las personas que aparecían en los centenares de fotos, correos y documentos que manejaban los investigadores. Entre los destinatarios de esos cuestionarios/interrogatorios se encontraban el mismo Johnson, su ministro de Economía, Rishi Sunak, o el secretario del Gabinete (y número uno del cuerpo de altos funcionarios), Simon Case. De hecho, Case fue el responsable de llevar a cabo una investigación interna sobre el escándalo, que tuvo que abandonar en manos de su segunda, Sue Gray, cuando se supo que él mismo había participado en una de las fiestas.

Downing Street ya se ha apresurado a señalar que Johnson no se encuentra entre los primeros multados, pero nada indica que no pueda finalmente recibir su propias sanción, porque el consenso general anticipa que Scotland Yard apenas ha comenzado a entregar las primeras penalizaciones administrativas. No son sanciones penales, y por tanto no se incorporan a los antecedentes policiales del sancionado. Scotland Yard ni siquiera ha dado los nombres de los multados, y la ley no les obliga a comunicar la sanción a sus superiores. En el caso de Johnson, sin embargo, existe un compromiso explícito por parte del propio primer ministro y de su equipo de Downing Street de hacer pública la sanción, si finalmente recibe una. Sin embargo, el Gobierno británico sigue sin admitir que se haya incumplido la ley en sede pública, ni mucho menos que el primer ministro haya podido engañar deliberadamente al Parlamento y esté obligado a dimitir. “El primer ministro ya ha pedido disculpas por todas aquellas cosas que no se hicieron bien, por el modo en que se gestionó todo este asunto y por todos los errores que se cometieron”, ha dicho un portavoz del Ejecutivo.

“Es una vergüenza que, mientras el resto del país cumplía con las normas, el Gobierno de Johnson actuaba como si las reglas de la pandemia no hubieran sido escritas también para ellos”, ha dicho este martes la número dos del Partido Laborista, Angela Rayner, quien de nuevo ha vuelto a exigir la dimisión del primer ministro. A su petición se ha sumado la de Ed Davey, líder de los liberales demócratas: “Si Johnson cree que puede escabullirse de las consecuencias del partygate, se equivoca. Todos sabemos quién fue el responsable”, ha dicho.

A pesar de la cascada de diputados conservadores que se sumaron a las peticiones de dimisión en el momento más delicado de todo el escándalo, y del número de ellos que llegaron a enviar “cartas de retirada de confianza” a la dirección del grupo parlamentario, para forzar una moción de censura interna contra Johnson, la situación en el partido ha cambiado drásticamente. La guerra de Ucrania, la necesidad de mostrar unidad y respaldo al Gobierno, y el hecho cierto de que el primer ministro ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ha calmado los ánimos levantiscos de muchos diputados. Eso no quiere decir que Johnson se haya escapado de la soga, porque sería difícil de justificar una multa por las fiestas prohibidas. Sería la confirmación de que el primer ministro incumplió la ley y mintió al Parlamento y hay muchos críticos latentes en el seno de su partido que estarían dispuestos a volver a la carga.

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