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El partido de ultraderecha de Rumania ha entrado de lleno en campaña electoral espoleado por los buenos augurios que muestran los últimos sondeos, que le colocan en segundo lugar, solo por detrás de los socialdemócratas. Pese a que las elecciones presidenciales no se celebrarán presumiblemente antes de otoño de 2024, el cabecilla de la ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), George Simion, parece haber rescatado la estrategia vandálica de las facciones legionarias del periodo de entreguerras que aunaban el nacionalismo y el fundamentalismo antisemita para radicalizar a sus simpatizantes.

Tras varios episodios violentos anteriores, Simion agredió a principios de febrero al ministro de Energía, Virgil Popescu, cuando este señaló a Rusia como responsable del aumento del precio de la energía durante una tensa sesión parlamentaria. “Váyase al señor (Vladímir) Putin para que abarate el gas”, dijo Popescu irritado a Simion, que no cesaba de interrumpir su intervención. Molesto, el ultranacionalista saltó a la tribuna, lo agarró con fuerza por la espalda y le golpeó varias veces en la nuca mientras le gritaba en su cara: “Eres un ladrón”. “Hablo en nombre de millones de ciudadanos”, se justificó. Es la primera vez en la historia democrática rumana que se produce una agresión física.

Sin mascarilla y sin pasaporte covid, una veintena de ultras, con el colíder del partido de extrema derecha al frente, asaltaron el Ayuntamiento de Timisoara el 14 de enero para forzar una reunión con su alcalde, Dominic Fritz, un ciudadano alemán que se convirtió hace más de un año en el primer regidor extranjero en Rumania. “Sal fuera, perro sarnoso” o “Herr [señor] Fritz no olvides, Timisoara no es tuya”, vociferaron los ultras contra el edil extranjero antes de irrumpir por la fuerza en el edificio bajo la aquiescencia de una impasible policía local, acusada de comulgar con las mismas ideas nacionalistas.

“El pueblo debe controlar las instituciones que son dirigidas de manera abusiva por extranjeros’; esa es una retórica nacionalista en la que se ataca a todos los enemigos ajenos de la nación”, explica a EL PAÍS Cristian Pîrvulescu, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Bucarest. “Los políticos que no sean rumanos serán acusados de traidores”, avisa el politólogo.

Cuatro días antes de ese episodio, Simion se desplazó al centro del país, a la localidad de Sibiu, con casi 150.000 habitantes, para protestar ante una de las casas del presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, de etnia germana, descendiente de los sajones que poblaron Transilvania hace cinco siglos. Arropado por decenas de simpatizantes, el ultranacionalista pidió al jefe de Estado que ordenara a la Fiscalía que retirara el expediente penal contra él por asegurar a principios de año que el Holocausto se trata de una cuestión menor y lo amenazó con iniciar un proceso de destitución.

Alineado con los postulados de los líderes ultraderechistas europeos como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o la candidata presidencial francesa Marine Le Pen en favor de la soberanía nacional frente a la UE y la OTAN, AUR exhibe con este tipo de comportamiento belicoso su euforia tras subir en las encuestas. El partido pasó de un 1% en septiembre de 2020 a superar este mes el 20% en intención de voto en los sondeos, impulsado por una larga crisis política marcada por la pandemia y que se cerró con un pacto de Gobierno entre el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL). Y se propone escalar hasta convertirse en la primera fuerza en el Parlamento. “Crecemos en las encuestas y vamos a conducir a Rumania, lo percibimos en la calle”, aseguró Simion.

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El líder radical, cuyos mensajes se hacen virales en su cuenta de Facebook, se ve a sí mismo como el abanderado en la lucha contra la vacunación tras frenar en diciembre el pasaporte covid en algunos centros de trabajo. Primero, mediante el bloqueo parlamentario; y, después, a través de otro asalto con violencia, esta vez al Parlamento. La formación ultranacionalista concitó a unas 2.000 personas frente a la sede de las cámaras legislativas para expresar su rechazo al pase covid. La manifestación se descontroló después de que más de 200 personas invadieran el perímetro del recinto sin que interviniera la gendarmería, lo que derivó en actos vandálicos. Los manifestantes dibujaron una esvástica en una bandera de la Unión Europea.

“AUR se ha apoderado de la mayoría de las teorías conspirativas, a lo que se añade el fundamentalismo religioso”, señala Pîrvulescu, a quien no le extraña la actitud laxa de las fuerzas del orden, porque considera que el nacionalismo exacerbado se halla en gran medida en las entrañas de los servicios de inteligencia, la policía y la gendarmería. “Personas con visiones antioccidentales están tanto en el servicio secreto como en las fuerzas de seguridad; son presentados como patriotas aquellos que anteponen los llamados valores nacionales a los internacionales, que consideran que las adhesiones al bloque comunitario y a la Alianza Atlántica están en contra del interés nacional”, subraya Pîrvulescu.

El Ejecutivo pretendía presionar para aumentar la tasa de vacunación —algo más del 40% de la población dispone de la pauta completa—, pero la protesta asustó a los parlamentarios, que decidieron dar marcha atrás para evitar posibles manifestaciones callejeras que pudieran dar un vuelco a la situación política.

Entre los objetivos de los ataques de la extrema derecha también figura la libertad de prensa. La facción ultranacionalista instó a sus partidarios a confeccionar en una red social una “lista negra” de medios de comunicación etiquetados como “los más tóxicos y falsos órganos de prensa”. “Les ha desquiciado que les hayamos nombrado por su nombre: partido de extrema derecha; ahora quieren intimidarnos”, explica a EL PAÍS Cristian Pantazi, redactor jefe de G4Media.ro, medio que encabezó la clasificación de AUR. “Es la primera vez en la historia reciente que un partido político lanza un ataque de este tipo contra una redacción”, lamenta Pantazi.

Los partidos políticos nunca han trazado una línea roja. La Unión Salvar Rumania (USR) y el PNL han hecho varios llamamientos para aislar a AUR en el Parlamento. Incluso propusieron firmar un pacto, pero la iniciativa nunca se llegó a concretar. Por su parte, los socialdemócratas mantienen relaciones cordiales al considerar al partido de extrema derecha como una opción de reserva en el caso de ruptura de la actual coalición. Hasta el momento, el representante gubernamental contra la xenofobia y el antisemitismo, el diputado del PNL Alexandru Muraru, ha sido el único del Gobierno que ha insinuado la ilegalización de la formación de extrema derecha a la que considera “una amenaza contra el orden constitucional”. “Tengo dudas de que las acciones judiciales contra AUR prosperen, ya que una buena parte de los jueces también promueve teorías conspirativas”, remarca Pîrvulescu.

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El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del partido ultraderechista Chega, André Ventura, este domingo en Lisboa.
El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del partido ultraderechista Chega, André Ventura, este domingo en Lisboa.ANTÓNIO COTRIM (LUSA/EFE)

Portugal sabrá dentro de 20 días quién ganará las elecciones legislativas, pero no está igual de claro que la noche del 30 de enero descubra quién gobernará el país. Las predicciones demoscópicas que más se repiten son el triunfo sin mayoría absoluta del Partido Socialista y el avance de la extrema derecha, de la mano de André Ventura, abogado y comentarista deportivo que militó en el moderado Partido Social Demócrata (PSD) y que ahora defiende con el mismo ardor la bajada de impuestos que la castración química de pedófilos y violadores. Ventura, que ha recibido este domingo el apoyo explícito del líder de Vox, Santiago Abascal, durante un almuerzo en Lisboa, tiene entre un 5% y un 6,3% de intención de voto, que podrían convertir a Chega en la tercera fuerza por delante del Bloco de Esquerda (BE) y del Partido Comunista Portugués (PCP). En esta legislatura contaba con el único escaño de su líder.

Las encuestas apuntan también hacia un Parlamento tan fragmentado como el disuelto por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, tras constatar la soledad del Partido Socialista (PS) para sacar adelante los presupuestos de 2022. En noviembre los antiguos socios de la geringonça [alianza parlamentaria de izquierdas], Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués, frustraron la tramitación parlamentaria del proyecto del Gobierno socialista al votar en contra. Rebelo de Sousa decidió entonces que prefería segar la legislatura por la mitad antes que perpetuar la atmósfera de inestabilidad que se cernía sobre la Cámara elegida en 2019, donde tenían presencia diez partidos. El sondeo de la Universidad Católica para el diario Público y la cadena RTP, difundido el viernes 7, da un 38% en intención de voto al PS, lejos de la mayoría “reforzada” que pide el primer ministro y candidato socialista, António Costa. Pedir abiertamente la mayoría absoluta es un tabú en el PS, aunque Catarina Martins, la candidata y líder del Bloco, les reproche que esa es la razón por la que permitieron la crisis política que llevó a las elecciones anticipadas.

La incógnita es, pues, quiénes serán los socios del partido más votado. Aunque Costa aparezca como opción preferida como primer ministro de los portugueses, en los últimos meses ha mejorado el respaldo al conservador PSD (32% en intención de voto en la encuesta de Público), que lidera el economista y exalcalde de Oporto, Rui Rio. A pesar de convalecer de unas primarias desgarradas, donde tanto el aparato como las viejas glorias hicieron campaña en su contra, Rio está recortando la distancia que le separa de Costa con su tono institucional y su defensa de un pacto entre los dos grandes partidos, PS y PSD, para permitir la gobernabilidad al más votado. Rio no quiere recurrir al apoyo de Chega para llegar al palacio de São Bento, pero no parece que el PS vaya a facilitarle la investidura si el centroderecha gana las elecciones con una mayoría insuficiente, un escenario difícil pero no imposible como se vio en Lisboa en las elecciones municipales, con la inesperada victoria de Carlos Moedas, del PSD.

André Ventura ha puesto precio a su apoyo electoral al PSD: entrar en el Gobierno para “hacer transformaciones”. “No puedo hacer una coalición con un partido inestable”, respondió Rio en el debate televisado que mantuvo con el líder de Chega, en alusión a la experiencia del Gobierno regional de Azores, donde los ultras permitieron la llegada al poder del PSD, pero amenazaron con tumbarlo en la votación de los primeros presupuestos. El auge de la ultraderecha es uno de los ejes de la campaña de António Costa, que no desaprovecha la ocasión de recordar sus riesgos, como su propuesta para reintroducir la pena de prisión perpetua en Portugal, que fue el primer país del mundo en abolirla en 1884.

Aunque serán las cuartas elecciones que celebran los portugueses en pandemia, existe una gran incertidumbre sobre la gestión del derecho al voto de los confinados, que representarán un porcentaje muy importante. Unos 436.000 portugueses se encuentran estos días en aislamiento profiláctico, según la Dirección General de Salud. El Gobierno, que ha recibido críticas de la oposición por no anticipar este escenario que podría aumentar la abstención, ha solicitado un informe jurídico para ver cómo conciliar el derecho al voto y la seguridad sanitaria.

Y aunque los contagios no bajan, el Gobierno ha emprendido el camino de la relajación. Este lunes los escolares portugueses regresan a las aulas. Sus padres dejarán de teletrabajar de forma obligatoria el viernes 14. Y el próximo fin de semana los turistas podrán tomar de nuevo discotecas y bares, test negativo mediante. Para comer en un restaurante o ir al teatro bastará el certificado de vacunación y los contactos laborales de positivos no tendrán que confinarse como hasta ahora. El viernes 14 el país se despide del “periodo de contención”, que impuso algunas restricciones en Navidad, sin lograr atajar la expansión de ómicron. En su discurso de Año Nuevo, el presidente Rebelo de Sousa reconoció el hastío coronavírico y apeló a la resistencia: “La pandemia nos obliga a testar, vacunar, resistir y aprender a convivir con ella… Tenemos que consolidar el camino para la superación de la pandemia. Estamos encaminados, pero falta el final de los finales”.

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30 debates televisados en dos semanas

¿Se verá algún día un cara a cara televisado entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal? ¿O entre Pablo Casado y Gabriel Rufián? ¿Incluso entre Inés Arrimadas y Aitor Esteban? A la vista de lo que cuesta organizar los debates electorales en España y la rigidez de sus formatos, parece difícil que se pueda replicar el modelo de Portugal, donde se han organizado 30 duelos electorales entre el 2 y el 15 de enero en los que se enfrentan dos candidatos en espacios cortos de 25 minutos. A este maratón, que se despliega por seis cadenas de televisión, hay que sumar otros dos debates multipartidistas en la cadena pública RTP, uno con fuerzas con representación parlamentaria y otro que incluye formaciones que no están en la Asamblea de la República.

Algunos columnistas critican que el formato de 25 minutos sirve más para dar espectáculo mediático que para clarificar propuestas políticas, pero los encuentros dan juego, a veces brillante, a veces bochornoso, y desnudan más de lo que a algunos asesores políticos les gustaría. Es la forma que han encontrado los portugueses de dar cancha a las minorías. Sin contar la expectativa que genera el duelo entre los presidenciables António Costa y Rui Rio, que se celebrará este jueves y durará 75 minutos, los debates más morbosos han sido los cara a cara entre André Ventura y diferentes adversarios. Mientras que la líder del Bloco de Esquerda, Catarina Martins, se mostró impávida ante los ataques de Ventura y recurrió en varias ocasiones al papa Francisco para afearle sus propuestas, el primer ministro, António Costa, salió a la ofensiva desde el primer minuto para evitar que Ventura pudiese acorralarle como le ocurrió a Rui Rio, que pasó todo el debate a la defensiva y enredado en las propuestas de Chega como la implantación de la cadena perpetua para crímenes graves. El debate con más audiencia, hasta el pasado viernes 7, fue el que enfrentó a Rui Rio y Catarina Martins, con un share de 26,1% y 1,4 millones de espectadores.

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Espoleada por las últimas encuestas, que la encumbran hasta la segunda posición en intención de voto, la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR, acrónimo de oro en rumano) comienza a exhibir sin tapujos el negacionismo que anida en sus filas. La formación considera que el Holocausto fue una “cuestión menor” y rechaza que su estudio se convierta en obligatorio en las escuelas a través de una asignatura complementaria, como ha aprobado el Parlamento. El líder de la formación, George Simion, señaló el lunes que “elevar cuestiones menores a rango de asignatura” —en este caso las muertes de centenares de miles de judíos y romaníes bajo el Gobierno del país, aliado de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial— es “una acción sistemática para socavar la calidad de la educación”. En su opinión, basta con tratar el Holocausto en “lecciones sencillas en materias existentes”.

Un año después de su creación, el partido extremista irrumpió como cuarta fuerza en el Parlamento rumano tras las legislativas de diciembre de 2020. En diciembre pasado, después de una larga crisis política marcada por la pandemia y que se saldó con un pacto de gobierno entre socialdemócratas y conservadores, una empresa demoscópica lo situaba tan solo por detrás del Partido Social Demócrata (PSD) y por delante del Partido Nacional Liberal (PNL), mientras que otro sondeo proyectaba un empate técnico con esta última formación. El partido ultra, euroescéptico y defensor a ultranza de su soberanía frente a la UE y la OTAN, remarca que “si el Ministerio de Educación elude formar a los jóvenes sobre los acontecimientos fundamentales de la cultura y espiritualidad rumanas, sería mejor cambiar su denominación a Ministerio de Reeducación de la Población para el Mercado Global”.

Las polémicas afirmaciones, que se producen a raíz de que el Parlamento de Rumania votara el 16 de noviembre a favor de que la historia del Holocausto sea materia obligatoria en las escuelas, ha generado una gran controversia. El partido ultranacionalista, que votó en contra de la ley, pidió el fin de los “experimentos ideológicos sobre los niños rumanos”, y su posición ha desatado fuertes críticas por parte de sus adversarios políticos.

El líder de los ultras de AUR George Simion en una imagen que colgó en Twitter durante una manifestación en Rumanía.
El líder de los ultras de AUR George Simion en una imagen que colgó en Twitter durante una manifestación en Rumanía. @georgesimion

El representante gubernamental contra la xenofobia y el antisemitismo, el diputado del PNL Alexandru Muraru, ha calificado a la formación de extrema derecha como “una amenaza contra el orden constitucional”. “AUR ha elogiado a criminales de guerra desde la tribuna del Parlamento; ultrajado mediante símbolos la memoria de las víctimas del Holocausto; y sus representantes reproducen de manera frecuente, tanto en Internet como en declaraciones públicas, mensajes antisemitas o niegan y relativizan la Shoá”, ha subrayado el político liberal. Por su parte, el actual hombre fuerte del PSD, Marcel Ciolacu, opina que no se debe proscribir a AUR porque ha recibido la confianza de más de medio millón de ciudadanos. Sin embargo, ha instado a la formación radical a explicar con claridad si condena el Holocausto.

La ilegalización del partido, como insinuó Muraru, no es imposible, pero sí complicada. Esa vía judicial solo se ha utilizado una vez en el país para prohibir al Partido Comunista. Además, los partidarios de las ideas antiliberales y ultraconservadoras de la formación muestran su fuerza en las urnas, pero también en la calle. Hace dos semanas, simpatizantes de AUR, contrarios a las vacunas de la covid-19, violaron el perímetro del Parlamento y dibujaron una esvástica en una bandera de la Unión Europea. Sus partidarios protestaban contra los planes de hacer obligatorio el pasaporte covid en centros de trabajo. Una idea con la que el Ejecutivo pretendía presionar para aumentar la tasa de vacunación, aunque dio marcha atrás rápidamente. En Rumania, algo más del 40% de la población dispone de la pauta completa.

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“¿Cómo puede considerarse un tema menor que pueda impartirse en una sola lección el genocidio, la destrucción de una comunidad por criterios étnicos?”, plantea el Instituto Elie Wiesel, que lucha por conservar la memoria de la Shoá. En Rumania persiste un desconocimiento generalizado sobre las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó este país de Europa del Este. Precisamente, el Instituto Nacional Elie Wiesel para el estudio del Holocausto reveló una encuesta el pasado 23 de diciembre en la que resalta que el 59% de los entrevistados considera al mariscal Ion Antonescu, fiel colaborador de Adolf Hitler, “un gran patriota”. Incluso, un 41% se mostró a favor de su rehabilitación.

Según datos del comité internacional de este centro rumano, que lleva el nombre del premio Nobel, las autoridades locales fueron responsables de la muerte de entre 280.000 y 380.000 judíos y 11.000 romaníes, entre 1940 y 1944. Además, unos 135.000 judíos que vivían bajo control húngaro en el norte de Transilvania también fueron asesinados en el Holocausto. La mayoría de los supervivientes emigraron a Israel durante la dictadura comunista que siguió a la invasión nazi. En la actualidad, en Rumania viven unos 3.000 judíos. “Negar el Holocausto escondiéndose detrás de la inmunidad parlamentaria significa mantener vivo el odio antisemita, cuyas consecuencias políticas llevaron al Holocausto”, subraya el Instituto Elie Wiesel.

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El Gobierno francés ha decidido este miércoles la disolución de un grupúsculo de ultraderecha señalado como el responsable de las agresiones contra un grupo de activistas antirracistas durante un mitin del candidato presidencial de extrema derecha Éric Zemmour. Según ha anunciado el ministro del Interior, Gérald Darmanin, los motivos de la decisión, fundamentada en un decreto aprobado en un Consejo de Ministros, son los llamamientos al “odio y la violencia” que hacían la veintena de miembros de la formación Zouaves Paris.

El grupúsculo “ultranacionalista”, creado en 2017, está en el “origen de numerosos y recurrentes actos violentos”, con un modus operandi estructurado en torno a acciones violentas como “combates callejeros contra individuos que no comparten su ideología” y acciones “dirigidas” contra fuerzas del orden en ocasiones como las manifestaciones antigubernamentales de los chalecos amarillos en 2018, argumenta la decisión el Gobierno.

Los Zouaves son además responsables de “propagar un discurso abiertamente racista” en el que se defiende “el concepto de superioridad de los ‘blancos” y hace constantes referencias a “las tesis defendidas por el Ku Klux Klan” y la difusión “de manera regular imágenes que retoman símbolos de la ideología neonazi” y de “naturaleza antisemita”.

La Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras un incidente registrado durante el primer gran mitin político de Zemmour en las afueras de París en el que estuvieron involucrados varios miembros de la banda neonazi. Tal como recoge también el decreto de disolución, “el 5 de diciembre, miembros de los Zouaves Paris participaron en los actos violentos cometidos contra militantes de la asociación SOS-Racismo presentes en el mitin de Éric Zemmour en Villepinte. Su dirigente fue filmado mientras daba puñetazos a uno de los miembros de esa asociación y utilizando una silla como arma contra un segundo activista”. Otro de sus miembros fue grabado “estrangulando a un militante de SOS-Racismo”, mientras que otro “atacó a varios activistas con golpes ayudándose de un cinturón y lanzándoles otra silla”. Los Zouaves Paris “reivindicaron esos hechos en su cuenta de Telegram, añadiendo amenazas indisimuladas contra los antifascistas”, añade el escrito.

La acción violenta contra los activistas antirracistas, que comenzó cuando, en pleno mitin de Zemmour, varios jóvenes se subieron a sendas sillas y desvelaron sus camisetas con el mensaje “no al racismo”, llevó a la Fiscalía a anunciar la apertura de una investigación judicial por los hechos. Por su parte, Zemmour, que tiene un duro discurso antinmigrantes, dijo tras los acontecimientos que condenaba “todas las violencias”, pero eludió cualquier responsabilidad y acusó a los activistas antirracistas de “provocar”. Esos “perros rastreadores de subvenciones”, como los llamó, “no pintaban nada ahí”, sostuvo en una entrevista.

SOS-Racismo celebró en las redes sociales la “buena noticia” de la disolución de un grupo “muy violento de ultraderecha en el que gravitan militantes neonazis” y contra el que varios de sus miembros habían presentado una denuncia tras las agresiones en el mitin de Zemmour.

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