La sentencia contra el coronel y ex viceministro de Defensa Inocente Orlando Montano por la matanza en 1989 de seis jesuitas —cinco de ellos españoles— en El Salvador, confirmada hace un año, parecía cerrar tres décadas de impunidad por el asesinato de Ignacio Ellacuría y los otros cinco religiosos. Sin embargo, el anuncio de la reapertura del caso por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano da cuenta de que todavía falta mucho para que los hechos se esclarezcan y todos los militares implicados sean responsabilizados.
“La decisión la recibimos con agrado, ya que se responde a una demanda de justicia y de verdad, tanto de parte de la Compañía de Jesús como de la Universidad Centroamericana (UCA) y los familiares de las víctimas”, ha dicho el sacerdote jesuita Andreu Oliva en declaraciones a Efe. Andreu es rector de la UCA, en cuyo campus universitario se produjo la masacre.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó frenar la investigación contra los hombres señalados como autores intelectuales de la masacre. Ante la decisión, que representó un golpe para las familias y la comunidad religiosa a la que pertenecían los religiosos, el fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó en noviembre pasado un amparo ante el Constitucional para que revisara la decisión. Para el fiscal, cerrar el caso significó ir “contra de la ley salvadoreña y contra el derecho a la verdad y a la justicia que tienen el pueblo salvadoreño y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
El asesinato de los sacerdotes y dos colaboradoras ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante la guerra civil de ese país. En medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora batallón Atlacatl cometieron el asesinato en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana. Ellacuría se había convertido en una figura incómoda para el Gobierno de El Salvador. Junto a él fueron tiroteados otros cuatro religiosos españoles (Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno); y uno salvadoreño, Joaquín López, además de la esposa e hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.
Los militares entraron en la universidad con el propósito de matar a quien era su rector, el jesuita Ellacuría y a sus compañeros, prestigiosos intelectuales que analizaban críticamente la realidad del país centroamericano.
Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, René Emilio Ponce [quien ya falleció] y el coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años de prisión.
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La decisión del Supremo ha abierto una nueva oportunidad para conocer la verdad sobre uno de los crímenes que han marcado la historia del país centroamericano. “Si realmente se llega a determinar quiénes son los que organizaron y decidieron la masacre en la universidad y son condenados según nuestras leyes, el mensaje que se estaría dando es que ya no hay más impunidad en El Salvador y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra pueden ser juzgados”, ha asegurado el sacerdote jesuita Andreu Oliva.
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