Los migrantes ahora podrán afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud a la EPS de su elección y solicitar el acompañamiento de la Secretaría de Salud.
Noticias Pasto
Bajo los lineamientos del Ministerio, la Secretaría de Salud afilió a un total de 2.547 migrantes venezolanos al régimen subsidiado de salud.
Explicaron que en 2021, se afiliaron 250 migrantes regulares y en 2022, la afiliación ascendió a 2.297 personas, con corte al 23 de marzo, para un total de 2.547 afiliados.
El incremento entre un año y otro es de 9 veces más afiliados.
Durante la jornada de atención realizada en el Coliseo del barrio Obrero, se ofrecieron diferentes servicios por parte de organizaciones de Pasto.
En la actividad, se logró un alcance de identificación en registro de 116 personas, de las cuales 97 se inscribieron al régimen subsidiado de salud.
El secretario de Salud, Javier Ruano, precisó que, para la afiliación, los migrantes en los territorios deben presentar el Permiso por Protección Temporal entregado por Migración Colombia.
Explicaron que una vez el migrante cuente con este documento, podrá realizar la afiliación a la EPS de su elección; para ello, podrá solicitar el acompañamiento de la Secretaría de Salud, en las instalaciones del CAM Anganoy.
Un hombre recarga gasolina a su automóvil, en Caracas, este 16 de marzo.STRINGER (REUTERS)
Enormes filas de coches quedaron atascados en una protesta de transportistas de pasajeros en Caracas en reclamo a la eliminación del subsidio a la gasolina. Es una escena poco frecuente en la capital venezolana, mejor abastecida tras la crisis de 2020 cuando Nicolás Maduro debió racionar el suministro y recurrir al auxilio de sus socios iraníes para paliar la grave escasez. Pero, esta vez, el motivo de reclamo de estos días es general y comienza a expandirse.
Al menos un centenar de gasolineras en todo el país pasaron, sin mayores avisos oficiales, a despachar combustible a lo que el Gobierno de Maduro ha llamado “precio internacional” o “gasolina dolarizada”, que en realidad es una tarifa fija de 50 centavos de dólar por litro, una verdadera ganga frente al salto de los últimos días que viven algunos países a raíz de la crisis energética por la invasión rusa a Ucrania, pero que en un país con 96% de pobreza todavía resulta muy costoso para la mayoría.
Un grupo de motorizados y transportistas protestaba este miércoles en San Mateo, un pequeño pueblo del centro del país. La única estación de servicio que hay en ese municipio dejó de vender al precio subsidiado en bolívares y las de los poblados vecinos también. Lentamente, el Gobierno ha ido recortando el subsidio histórico a los combustibles que ha privado en Venezuela. Hasta hace unos años se llenaba el tanque y se pagaba con alguna galleta u otra especie al despachador, pues el precio quedó congelado durante años y fue rebasado por la inflación. Era la gasolina más barata del mundo.
Con la desaparición de las estaciones que venden a precio subsidiado, se hicieron cambios en la plataforma del Sistema Patria a través de la cual se accede a este cupo mensual de 120 litros de gasolina a prácticamente un dólar por un tanque lleno, pero con el precio adicional de pasar horas —y a veces días— en filas. Un nuevo requisito se ha impuesto: los conductores deben acudir a cargar combustible a 0,10 bolívares el litro un día específico del mes, según el terminal de la cédula de identidad, una medida que busca descongestionar las estaciones y que empieza a dar resultados. Antes, los cupos se actualizaban todos a principios de mes y en ese momento los conductores corrían a recargar.
Fue Maduro el que se atrevió en 2016 a subir el precio de la gasolina por primera vez en más de 20 años. Así conjuró el fantasma venezolano de que el alza de la gasolina podía desatar un estallido social como el vivido en 1989 en el llamado Caracazo, luego de un paquete de medidas de ajuste implementadas por el presidente Carlos Andrés Pérez.
Ahora el líder chavista comienza a hacer sus propios ajustes en la búsqueda de más ingresos y la gasolina, por la que Venezuela deja de percibir unos 12.000 millones de dólares al año al casi regalarla, es una vía. Luego de la escasez de 2020, y en medio de las sanciones a PDVSA, logró reactivar algunas refinerías y aumentar la producción con insumos y asesoría de Irán. En el último cuatrimestre de 2021 Venezuela estaba produciendo unos 85 mil barriles diarios de gasolina, suficientes para abastecer el mercado local, aseguran fuentes sindicales, pero los despachos a Cuba y el contrabando —pese al reciente desmantelamiento de algunas mafias de traficantes— siguen restando al consumo nacional.
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Con el descalabro de las finanzas públicas por la merma en los ingresos y la reducción en casi 80% del PIB en siete años, Maduro busca una fuente de dinero en el bolsillo de los venezolanos a través de más tributos. La Asamblea Nacional también aprobó un nuevo impuesto a las transacciones hechas en moneda extranjera en un momento en que casi 70% de las operaciones en Venezuela se realizan en dólares, pesos colombianos e incluso reales. También se aumentaron este año las tasas de trámites en registros y notarías, las tarifas de algunos servicios que durante la mayor parte del chavismo han sido casi gratuitos, al costo del colapso de los mismos, y han reaparecido los peajes en las carreteras eliminados durante el Gobierno de Hugo Chávez.
La semana pasada, Maduro aumentó el salario mínimo de dos a casi 30 dólares, diez meses después del último incremento, y ha dicho que se financiará con la recaudación tributaria. “Al llegar el crecimiento de la economía, ahorrando parte de los impuestos y garantizando la emisión de bolívares con la riqueza petrolera y la venta de oro, vamos a un plan de recuperación del salario”, dijo.
Pese a que el ajuste figura como un incremento sustancial, en un momento en que la inflación está contenida, resulta poco para la economía venezolana. “No podemos seguir aceptando pensiones de muerte”, señala Pedro García, dirigente de la federación nacional de jubilados y pensionados. El ajuste del salario ha sido recibido con una masiva jornada de protestas de pensionistas y trabajadores del sector público realizada este miércoles, pues sigue siendo insuficiente para pagar una canasta alimentaria mensual que supera los 350 dólares.
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Fotografía de archivo fechada el 13 de mayo de 2020 que muestra a dos migrantes venezolanos mientras caminan con sus maletas, en Cali (Colombia).ERNESTO GUZMÁN JR (EFE)
A Yessica Godoy todavía se le quiebra la voz cuando recuerda los dos días en un calabozo tras ser detenida en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. La tarde del 24 de enero todo ocurrió muy rápido. “Habíamos ahorrado mucho para un viaje a Barcelona. Todo estaba chévere, perfecto. De repente la empleada de la aerolínea dice su ‘cédula está cancelada’. No entendía nada, me mandan a Migración verifican que sí son mis huellas, mi nombre, mi firma, insisto que claro, es que soy yo. Pero minutos después me dicen: ‘Señora usted va a ser judicializada’”.
Godoy nació en Venezuela y en 2016, después de migrar al país andino que ha recibido a casi dos millones de migrantes venezolanos, presentó los papeles para nacionalizarse por ser hija de madre colombiana. Obtuvo su cédula de ciudadanía, hizo una carrera de enfermería, abrió un negocio de comidas y ahora esperaba cumplir el sueño de hacer un viaje familiar. Todo con el mismo documento que el pasado enero le dijeron que estaba cancelado por “falsificación de identidad”.
La Registraduría Nacional de Colombia ha cancelado 43.000 cédulas a migrantes hijos de colombianos que se nacionalizaron desde 2014. El registrador Alexander Vega argumentó que se anularon al hacer una depuración para el censo electoral y que hallaron aparentes irregularidades, como falsedades, adulteraciones o falsos testigos. “Se revisaron un poco más de 300.000 registros civiles, con su respectiva cédula, de venezolanos que ingresaron desde el 2014 a la fecha a Colombia aduciendo que tenían padres colombianos para la nacionalidad”, explicó a medios locales.
Gabriela Arenas, directora de la fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y el pensamiento (TAAP) y venezolana a la que también le cancelaron la cédula, dice que ha reunido 5.000 casos en los que se trata de “errores procedimentales y administrativos”. “Hay casos como el de una familia de cinco hermanos que presentaron los mismos testigos y le cancelaron la cédula solo a uno de ellos, gente a la que le anularon el documento por errores cometidos en las registradurías, números de seriales incorrectos o falta de número de folio, temas así”, explica.
El problema es que ante la ausencia de la cédula muchos venezolanos han sido detenidos en la calle, hay pacientes oncológicos que no han podido recibir tratamiento médico y empresarios que tienen bloqueados sus negocios, señala Arenas, que se ha reunido con funcionarios de la Registraduría y ya ha vuelto a presentar todos sus documentos.
Rodrigo Pérez, director nacional de registro civil de la Registraduría dijo a este diario que después de un análisis de seis meses con un grupo de 450 personas, encontraron que 43.000 casos tenían diferentes problemas, como apostillas con vacías o inválidas. “La única posibilidad que tienen es una nueva inscripción que cumpla con los requisitos legales”, ha respondido a este diario
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Algunos de los venezolanos están volviendo a hacer la documentación, pero se quejan de que apostillar documentos en su país es imposible y se encuentran en un callejón sin salida. “La inmensa mayoría de las personas no puede volver a Venezuela, muchos fueron expulsados por persecuciones del régimen de Nicolás Maduro; otros no tienen la posibilidad económica de volver y aunque volvieran no podrían hacer el trámite de apostilla”, añade Gabriela Arenas, que recuerda que había un decreto que eximía a los migrantes de apostillar esos documentos.
El caso ha generado un total desconcierto. El Gobierno de Iván Duque ha apostado durante su mandato por la regularización de 1,7 millones de venezolanos en Colombia, con la creación de un estatuto temporal de protección, que tendrá una vigencia de diez años. Un gesto que fue aplaudido internacionalmente para acoger a la creciente migración venezolana.
“Seguramente hay casos de mafias que han vendido identidades y es lógico que se las cancelen, pero no son la inmensa mayoría”, asegura Arenas, que organiza la defensa de varios de estos migrantes. Mientras se resuelve, los afectados siguen con temor de salir a la calle. “Ahora no puedo trabajar, no tengo identidad y después de todo lo que pasé allá adentro [detenida] vivo asustada. Y no soy la única”, denuncia Yessica Godoy que pasó su arresto junto a otros tres venezolanos en el aeropuerto El Dorado.
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Migrantes venezolanos llegan a la costa de Trinidad y Tobago, el 24 de noviembre de 2020.LINCOLN HOLDER/COURTESY NEWSDAY (Reuters)
La guardia costera de Trinidad y Tobago abrió fuego este domingo contra una embarcación de 20 migrantes venezolanos que salió desde el poblado de Tucupita, en el oriente de Venezuela, con destino a las islas. En el incidente murió un niño de un año y resultaron heridos varios de sus tripulantes. La madre del pequeño, identificada como Darielvis Sarabia, también sufrió heridas. En la embarcación viajaban varios adultos y menores de edad, una de las cuales estaría desaparecida.
El suceso se suma a lista de incidentes entre migrantes venezolanos y el Gobierno de Trinidad y Tobago, particularmente en los últimos cuatro años. El resultado de esta crisis, producto de la grave situación política, económica y social que vive Venezuela, se ha saldado con deportaciones y envíos a prisión en algunos casos. Varias embarcaciones se han hundido tratando de llegar a Trinidad y han muerto, al menos, 20 personas.
El Gobierno de Trinidad y Tobago, cercano a Caracas en lo político, pero particularmente hostil con los venezolanos que emigran, emitió un comunicado en el que reconoce que las fuerzas fronterizas de este país dispararon contra la patera. Argumentan que el bote no atendió a la voz de alto y embistió contra los guardias. Los disparos, sostienen, buscaban neutralizar el motor y fueron “hechos en legítima defensa”.
El incidente ha generado una ola de indignación en Venezuela contra las autoridades de Trinidad y Tobago. Las críticas en redes sociales de activistas, artistas y ciudadanos comunes se han dirigido también contra del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Hasta el momento, el Gobierno chavista, extremadamente prudente en sus relaciones con Trinidad y, ante en una situación de empobrecimiento que parece fuera de control, ha guardado silencio frente a este nuevo episodio que enluta a las familias venezolanas.
Desde la oposición, dirigentes como Carlos Vecchio y David Smolansky han protestado contra el Gobierno de Trinidad. “Es urgente que se esclarezca el fallecimiento de un niño de un año de edad que huyó desde Tucupita con su madre y un grupo de personas en peñero hacia Trinidad y Tobago. Arde en el alma que sigan muriendo migrantes venezolanos en la toda la región cuando huyen de una dictadura”, dijo Smolansky, que agregó que “se debe abrir una investigación para que haya justicia”.
“Esta es la realidad de nuestras costas. Es una tragedia permanente con rostros, historias, familias, y dolor”, afirmó Orlando Moreno, activista y defensor de Derechos Humanos, uno de los primeros en dar la voz de alerta. “Hemos notificado de la situación y puesto en contacto a familiares con la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela y a la Misión de determinación de los hechos de la ONU”, añadió.
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«Son ilegales porque no hay debido proceso»: Servicio Jesuita a Migrantes critica expulsión masiva de venezolanos
«Esto da mucha indignación que pase los fines de semana donde las personas no se pueden defender», dijo Waleska Ureta, directora nacional del organismo.
24Horas.cl Tvn
07.06.2021
Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, criticó la expulsión de 56 ciudadanos venezolanos desde Chile en un operativo liderado por el Gobierno, calificándola como «ilegal porque no se respeta el debido proceso».
Según dijo a 24 AM, el proceso efectuado el fin de semana «es preocupante porque estas expulsiones no tienen el debido proceso, entonces cada caso no tiene el análisis con las medidas necesarias».
Ureta por expulsión de venezolanos durante este fin de semana: «Nos preocupa que esto se haga el fin de semana y las personas no puedan tener el debido proceso» pic.twitter.com/3gXUmV3tVH
Asimismo, aseveró que «esto da mucha indignación que pase los fines de semana donde las personas no se pueden defender».
Ureta complementó que 37 de los 56 casos tenían solo sanciones administrativas, como ingresos ilegales al país, siendo aún más necesario en someterlos a investigación judicial antes de ser llevados a su país de origen.
«La ONU ya emplazó al Gobierno a detener esto. Que sean colectivas, las hacen ilegales porque cada caso debe ser analizado de manera particular y que cada uno tenga derecho a defenderse«, añadió.
Igualmente, dijo que hubo casos en que padres debieron dejar a sus hijos en Chile para ser devueltos a su país.
