Cuando el príncipe Andrés recorrió el miércoles, a bordo de un vehículo Range Rover, la escasa distancia que separa su residencia habitual en las dependencias del castillo de Windsor de las estancias donde habita Isabel II, le acompañaba en el asiento trasero el abogado Gary Bloxsome. El duque de York iba a mantener un encuentro de noventa minutos con su madre para abordar la demanda por abuso sexual presentada en su contra en un tribunal estadounidense por Virginia Giuffre, y, sobre todo, las consecuencias que el caso podía tener para la reputación de la familia real británica. El entorno de la reina obligó al abogado a esperar solo, dentro del vehículo. No entró a la reunión en la que la monarca anunció a su hijo que le despojaba de títulos militares y patronatos reales. Y en la que le dejó claro que, en su particular travesía judicial del desierto, iba a estar solo. Se defendería “como un ciudadano privado”, dijo el duro comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.
Fuentes del equipo jurídico del príncipe Andrés han asegurado a distintos medios británicos, siempre desde el anonimato, que el duque mantiene su voluntad de pelear en los tribunales. Hasta ahora ha negado rotundamente las acusaciones de Giuffre, quien asegura que sufrió hasta en tres ocasiones los abusos sexuales del príncipe. Tenía entonces 17 años —hoy tiene 38— y era una de las muchas menores que formaban parte de la red de “esclavas sexuales” del multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, y de su novia y cómplice, Ghislaine Maxwell. El primero se acabó suicidando en una celda policial de Nueva York. La segunda fue declarada culpable de cinco delitos de tráficos sexual de menores por un jurado popular estadounidense.
El abogado de Giuffre, David Boies, con fama de hábil y puntilloso en los interrogatorios, ya ha dejado entrever que quiere llamar a declarar ―posiblemente por videoconferencia, desde Londres, como también lo hará el príncipe― a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, y a sus dos hijas, Beatriz y Eugenia. En su desastrosa entrevista de 2019 a la BBC, el duque de York negó que el 10 de marzo de 2001 fuera a bailar con Giuffre al club londinense Tramp, y acabaran teniendo un encuentro sexual en el apartamento de la vieja amiga del príncipe, Ghislaine Maxwell. Puso como coartada que aquella tarde había llevado a su hija Beatriz a una fiesta de cumpleaños en el restaurante Pizza Express, en el barrio de Woking. El abogado de la demandante quiere ahora que la exesposa e hijas de Andrés confirmen esa cuestión y maticen horarios.
Aunque desde el entorno de la reina se sugiere, siempre a través de declaraciones sin nombre en los tabloides, que Andrés debería llegar a un acuerdo extrajudicial con su demandante, le cueste lo que le cueste, y eliminar así este escándalo del año en que su madre celebra el Jubileo de Platino —70 años de reinado—, el duque de York insiste en proclamar su inocencia y quiere litigar. El juicio comenzará en otoño, y se prevé largo y complicado. Andrés ha vendido su chalet en los Alpes suizos, valorado en unos 20 millones de euros, para hacer frente al enorme costo que supone entablar una batalla judicial así en los tribunales estadounidenses.
Iniciativa
El príncipe Andrés recibió el título de duque de York el día en que se casó con Sarah Ferguson, el 23 de julio de 1986. Su abuelo, el rey Jorge VI, y su tatarabuelo, el rey Jorge V, habían ostentado previamente el título más prestigioso de la aristocracia británica. Ahora, varios políticos de la ciudad del condado de Yorkshire han puesto ya en marcha una iniciativa para desvincular el nombre de su municipio del hijo de la reina caído en desgracia. “Aunque el príncipe Andrés sigue siendo inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, el Palacio de Buckingham y el Gobierno deberían tomar en consideración las serias consecuencias de las acusaciones a las que se enfrenta”, ha dicho el concejal liberaldemócrata de York, Darryl Smalley. “Después de haber sido despojado de sus títulos militares y patronatos reales, debería renunciar a su título de duque de York”, ha exigido. A su iniciativa se ha sumado la diputada laborista de la circunscripción de York Central, Rachael Maskell, y los concejales del mismo partido. Todos trabajan en la posible elaboración de una moción, que debería ser votada en el pleno municipal. Los concejales conservadores, de momento, han mostrado su rechazo a la propuesta.
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