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La Unión Europea ha reaccionado de inmediato al ataque del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a Ucrania. “Una vez más en el centro de Europa, mujeres, hombres y niños inocentes están muriendo o temen por su vida. Condenamos este ataque bárbaro”, ha denunciado con gesto grave la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una comparecencia este jueves poco después de que Putin lanzara de madrugada una incursión militar en toda regla en Ucrania, atravesando varios puntos de la frontera del país. Los Veintisiete se han citado este jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno convocada de forma urgente para aprobar una nueva batería de sanciones de “graves y enormes consecuencias” para Moscú. “El presidente Putin está tratando de volver a los tiempos del Imperio Ruso”, ha subrayado Von der Leyen.

El Consejo Atlántico de la OTAN también ha celebrado a primera hora de este jueves una reunión urgente para condenar el ataque ruso. La reunión de consultas, a petición de varios aliados del este (Polonia, Bulgaría y los páises bálticos, entre otros) ha tenido lugar en base al artículo 4 del Tratado de la Alianza, que se activa en caso de amenazas graves. Y los aliados occidentales han advertido en un comunicado que mantienen un compromiso con el artículo 5, que garantiza una respuesta militar conjunta en caso de ataque exterior contra uno de ellos.

“Es un momento muy grave para la seguridad de Europa”, ha señalado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras concluir la reunión de emergencia. Stoltenberg ha acusado a Putin de cometer “un acto brutal de guerra” y de llevar a cabo “una invasión preparada, a sangre fría, deliberada”. La OTAN celebrará mañana una cumbre a nivel de presidentes de gobierno o Estado.

“Son unas de las horas más oscuras para Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, ha añadido el alto representante para la política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien ha comparecido junto a la presidenta de la Comisión. “Una gran potencia nuclear ha atacado un país vecino y está amenazando con tomar represalias contra cualquier país que acuda en su rescate”, ha añadido con palabras contundentes, calificando el ataque de “violación de los principios básicos de la coexistencia humana”. Borrell ha censurado a Putin por su “grave y premeditada escalada, que ha conducido a la guerra” y ha reclamado que ponga fin a “esta agresión sin sentido”. Ambos han condenado de forma enérgica lo que consideran un ataque militar “sin precedentes” de Rusia contra Ucrania.

“Con sus acciones militares no provocadas e injustificadas, Rusia está violando gravemente el derecho internacional y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales”, asegura un comunicado conjunto de Von der Leyen y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, emitido también a primera hora de este jueves. “Lamentamos la pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, sigue el texto.

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La presidenta del Ejecutivo comunitario y el alto representante ultiman ahora el paquete de medidas punitivas con la intención de que el Consejo (el órgano donde se sientan los líderes de los Veintisiete) pueda adoptarlas rápidamente, previsiblemente este mismo jueves. La nueva batería de sanciones, también sin precedentes en la UE, según el jefe de la diplomacia europea, se ha mantenido bajo llave y en secreto durante semanas y busca “aislar” económicamente a Rusia.

La OTAN ha señalado que “los líderes rusos deberán asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de sus actos”. Y ha acusado al Kremlin de crear “una grave amenaza a la seguridad euro-atlántica con graves consecuencias geoestratégicas”. Los aliados reforzarán su presencia militar en los países del este de Europa y aseguran que “Rusia pagará un precio muy alto en términos económicos y políticos”.

El castigo, según ha explicado Von der Leyen, pretende golpear los intereses del Kremlin y su capacidad de financiar la guerra, y apunta hacia sectores estratégicos de la economía rusa, bloqueando su acceso a tecnologías y a mercados claves para Rusia. “Debilitaremos la base económica rusa y su capacidad de modernización y, además, congelaremos los activos rusos en la UE y detendremos el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros europeos”, ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha explicado que las medidas se toman de forma “alineada” con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y también con otros aliados como Japón y Australia.

La propuesta se coloca sobre la mesa después de que este miércoles se aprobara una primera andanada de penas más suaves como reacción al reconocimiento de la independencia de las provincias ucranias separatistas de Lugansk y Donetsk por parte de Moscú. Esta primera salva se ha dirigido contra una buena parte del Gobierno de Putin, la cúpula del Ejército ruso, 351 miembros de la Duma (el Parlamento ruso) y figuras prominentes de su círculo próximo de empresarios y del aparato de propaganda del Kremlin. Pero la “operación militar” de Putin que, según el líder ruso, busca desmilitarizar pero “no ocupar” Ucrania, parece ya una invasión a gran escala a ojos de Bruselas, lo que obliga a subir el tono de la reacción de la UE.

“Hacemos un llamamiento a Rusia para que cese inmediatamente las hostilidades, retire su ejército de Ucrania y respete plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”, asevera el comunicado de Von der Leyen y Michel. “Este uso de la fuerza y la coacción no tiene cabida en el siglo XXI”, añade un texto en el que el bloque comunitario reitera su apoyo firme a Ucrania y a su pueblo, al que se compromete a seguir prestando “una sólida asistencia política, financiera y humanitaria”.

Además de sanciones, la UE lleva semanas preparando planes de contingencia para paliar los efectos que estas penas y un eventual golpe de contramedidas de Moscú puedan tener sobre la Unión. Estas medidas de emergencia, también mantenidas en secreto, se centran sobre todo en el sector energético (los Veintisiete importan un 40% de su gas desde Rusia, y es también altamente dependiente del petróleo ruso), con herramientas extraordinarias para atajar alzas de precios radicales y fórmulas de aprovisionamiento alternativas, y tiene también muy en cuenta una posible crisis de refugiados que huyan del conflicto ucranio.

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Después de ocho rondas negociadoras, Irán y Estados Unidos han acabado 2021 sin haber sido capaces de reactivar el acuerdo que puso coto al programa nuclear iraní. Las posturas de ambos están tan distantes que ni siquiera se sientan a la misma mesa en Viena (Austria), donde se celebran las conversaciones con la mediación de la UE y los otros países firmantes del pacto abandonado por la Administración de Donald Trump hace tres años. Numerosos analistas alertan de que no hay alternativa a la vía diplomática porque recurrir a la acción militar sería un desastre para ambos. El problema es que el tiempo apremia.

Al poco de iniciarse la octava ronda el pasado lunes, el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amirabdollahian, dio a entender que se estaba avanzando. “Las conversaciones de Viena van en la buena dirección”, declaró a los periodistas antes de manifestar que el acuerdo dependía de la “buena fe” de la otra parte. Sin embargo, el negociador estadounidense, Rob Malley, ha asegurado que apenas quedan “unas semanas” para avivar el acuerdo si Irán continúa con su actual ritmo de actividades nucleares.

No está claro si el tono positivo de Amirabdollahian busca evitar que se responsabilice a Irán de una eventual ruptura del diálogo, o intenta enviar una señal de mayor flexibilidad ante la impaciencia de estadounidenses y europeos. Para estos, el desarrollo del programa iraní amenaza con dejar sin sentido el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el nombre oficial del pacto, que Joe Biden ha tratado de recuperar desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021.

El progreso logrado en la primera mitad del año pasado quedó interrumpido con la elección del ultraconservador Ebrahim Raisí como presidente de Irán. La formación de un nuevo equipo negociador retrasó la vuelta a Viena hasta finales de noviembre. Desde entonces, los avances han sido imperceptibles, algo que tanto los funcionarios estadounidenses como europeos atribuyen a que el nuevo Gobierno ha rechazado los compromisos alcanzados por su predecesor, Hasan Rohaní.

La periodista iranoestadounidense Negar Mortazavi, autora de un podcast titulado Irán, admite que los nuevos gobernantes iraníes tienen “una postura más dura hacia Occidente, especialmente Estados Unidos, y también respecto a las negociaciones nucleares”. Para los conservadores, la decisión de Trump confirmó su recelo hacia cualquier compromiso con aquel país. Aun así, defiende que “quieren un acuerdo, y prefieren el PIAC [a otra alternativa], porque traerá alivio de las sanciones, la economía iraní está bajo mucha presión y para mejorarla, no hay otra forma”.

El problema es que las posiciones de partida de unos y otros son muy distantes. Teherán insiste en que se levanten todas las sanciones antes de frenar su actividad nuclear y quiere garantías de que un futuro presidente de EE UU no volverá a renegar del pacto. Mientras, Washington, bajo su exigencia de “cumplimiento por cumplimiento”, lo que quiere, según explica a EL PAÍS el analista político Ali Ahmadi, es que “Irán dé marcha atrás a los avances tecnológicos que ha hecho” desde que Trump se retiró del PIAC e impuso durísimas sanciones a Irán.

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La República Islámica respondió a esa política de “máxima presión” acelerando de forma significativa su programa atómico. Su calculado goteo de violaciones ha esquivado hasta ahora la denuncia del resto de los firmantes del PIAC (China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania y la UE) ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ha ido vaciando de contenido el acuerdo.

Según los últimos informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) —encargado de supervisar el cumplimiento técnico del acuerdo—, Teherán regresó a la mesa de negociaciones el pasado noviembre con 11 veces más de uranio enriquecido de lo permitido. Además, buena parte de ese combustible alcanza hasta el 60% de pureza, un grado muy por encima del 3,67% que le autorizaba el pacto y más cerca del 90% que se requiere para un eventual uso militar. El plazo para que Irán disponga de suficiente uranio enriquecido para una bomba atómica se ha reducido de un año a uno o dos meses.

De ahí el temor de los expertos a que la crisis nuclear que el PIAC trataba de evitar se haga realidad a principios de 2022. Algo distinto es la capacidad o la voluntad de convertir ese material en un arma. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha declarado que no tiene “ninguna información de que Irán cuente con un programa de armas nucleares o alguna actividad que lleve a un programa de armas nucleares”. Los dirigentes iraníes siempre han negado que sus ambiciones nucleares, que preceden a la fundación de la República Islámica en 1979, tuvieran objetivo militar.

Mortazavi reconoce que “la brecha es grande”, pero estima que “ambas partes son serias sobre querer la diplomacia y alcanzar un acuerdo”. En su opinión, la diferencia estriba en que Estados Unidos abandonó el acuerdo por completo, mientras que Irán “tardó un año en responder” y “no se ha salido del todo”. De ahí que considere que, si bien el pacto firmado en 2015 se mantiene “con respiración asistida”, todavía no está muerto.

La periodista insiste en la necesidad de que ambos hagan concesiones. Pero la desconfianza recíproca dificulta el primer paso. Tampoco ayuda la imagen distorsionada que cada uno tiene del otro. Estados Unidos sigue esperando que la presión económica fuerce la determinación de Teherán, mientras que los dirigentes iraníes han interpretado la retirada norteamericana de Afganistán como una prueba de que Washington no tiene estómago para una nueva guerra en Oriente Próximo. Ese empecinamiento en imponerse al otro bloquea cualquier salida.

Para Ahmadi, lo que hace que, a pesar de todo, Irán y EE UU “sigan negociando es que no hay una alternativa real al PIAC para ninguna de las partes”. Mortazavi coincide. “La alternativa a una solución diplomática será más costosa y peligrosa, ya que probablemente incluirá una escalada militar dañina tanto para Irán como para Estados Unidos, y otros países de Oriente Próximo”, asegura.

Según Ahmadi, Estados Unidos “hace mucho que sabe que los ataques militares solo retrasarán el programa y, al mismo tiempo, probablemente convenzan a Irán de que necesita una disuasión nuclear y que la política de máxima presión ha fracasado”. Por otra parte, Irán necesita que se levanten las sanciones para reavivar su economía. “Incluso sus lazos con China dependen de que las empresas chinas sepan que no van a ser sancionadas”, afirma el analista.

De ahí que una de las medidas que se han puesto sobre la mesa para acercar posiciones sea un entendimiento para que Irán congele su actividad nuclear a los niveles actuales a cambio de algunos beneficios económicos. Pero sea cual sea el resultado de las negociaciones, la investigación y el desarrollo que Teherán ha obtenido durante los dos últimos años es irreversible.

Detenciones controvertidas

Coincidiendo con el inicio de la octava ronda de las negociaciones nucleares, la familia de Benjamin Brière, un francés encarcelado en Irán, anunció el pasado lunes que este había iniciado una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención. Brière, de 36 años, fue arrestado en un parque natural del norte del país en mayo de 2020 y acusado de espionaje y propaganda contra el régimen iraní por “fotografiar zonas prohibidas”, algo que su familia rechaza.

Al menos una docena de ciudadanos con pasaportes occidentales, la mayoría binacionales, se encuentran detenidos en Irán. Varios grupos internacionales de derechos humanos consideran que se trata de una forma de presión para obtener concesiones. Al hilo de la huelga de hambre de Brière, algunos activistas recuerdan que todos los países democráticos que negocian con Teherán en Viena tienen algún ciudadano en esa situación. Tal es el caso de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Anush Ashuri y Morad Tahbaz (irano-británicos); Nahid Taghavi y Jamshid Sharmahd (irano-alemanes), y los irano-franceses Fariba Adelkhah y Nazak Afshar. Incuso el país anfitrión de las conversaciones, Austria, cuenta con los casos de Kamran Ghaderi y Massud Mossaheb. Pero Irán no reconoce segundas nacionalidades. 

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El director (s) del organismo explicó que podría ocurrir que esta variante no se propague «como sí lo hicieron otras variantes».

ISP y variante Delta de coronavirus: «No ha ingresado a Chile».

Más detalles ⬇ https://t.co/zTYwj8QuIU

— 24 Horas (@24HorasTVN) June 10, 2021

«Por lo anterior, sólo se está atendiendo a pacientes en riesgo vital. Lamentamos los inconvenientes y pedimos a los pacientes acudir a los centros habilitados más cercanos», continuó.

Asimismo, llamó a la población a «seguir extremando los cuidados y medidas de prevención para superar juntos esta crisis sanitaria».

Señalar que la información de la clínica se registra un día después de que el Gobierno decretara cuarentena para toda la región Metropolitana debido al importante aumento de casos en las últimas jornadas.

El Ministerio de Salud, igualmente, cifró en 4.513 las camas críticas habilitadas, quedando 182 de ellas disponibles para pacientes en todo el país.

La positividad a nivel nacional alcanzó el 9,47%, mientras que en la región Metropolitana subió al 12%, de acuerdo a lo informado en el último balance COVID-19.



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«Nosotros sabemos que el tema del matrimonio igualitario genera diferencias de opinión y nos parece que es muy legítimo, ya que es un tema muy central y de conciencia. Por la tanto, más que imponer un punto de vista, se trata de avanzar en algo que pareciera ser de mucho consenso nacional y así lo revelan distintos estudios», sostuvo.

El proyecto, ingresado en 2017, contempla que las parejas del mismo sexo puedan casarse y tener los mismos derechos y deberes que los matrimonios heterosexuales, es decir, desde la sucesión de bienes hasta la adopción o filiación, que es lo que establece el parentesco legal entre dos madres o dos padres con su hijo, siendo uno de ellos el biológico.

«Entonces el Presidente dijo: ‘yo quiero que antes de que termine mi mandato dar una señal para que avance este proyecto’, entonces se le va a poner suma urgencia para que esto pueda tramitarse con cierta rapidez», dijo.

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Cabe señalar que en enero de 2020, el Senado aprobó en primer trámite la iniciativa, la cual quedó paralizada en el Congreso y que ahora debe ser revisada en particular por la Comisión de Constitución.

«Yo creo que existen mayorías en el Congreso para aprobar esta iniciativa, de manera que no debería haber tanta dificultad y la intención del Presidente no es la de hacer un nuevo proyecto, sino que avanzar con el que ya está en el Senado», puntualizó.



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La iniciativa abre una cuenta de ahorro automática para cada neonato, permitiéndole un lugar para depositar el dinero de cara a su jubilación.

La diputada Flores precisó: «La Ley de la Marraqueta busca que cada niño nacido en Chile reciba del Estado $1 millón al momento de su nacimiento, esto para incentivar el ahorro y así evitar que nuestros hijos, nuestros nietos no tengan pensiones bajas como lo que ocurre hoy con nuestros adultos mayores«.

Mientras, la senadora Goic explicó que “lo que queremos es volver a retomar una buena práctica para nuestro país, que es políticas que se piensan no sólo en la inmediatez, sino políticas a mediano plazo, que se construyen transversalmente pensando en el futuro”.

En tanto, el senador Chahuán recalcó: «Se calcula que 250 mil niños nacen en Chile todos los años. Si calculamos entregarles $1 millón en cada cuenta de capitalización individual, podríamos tener una pensión base de $200 mil a $220 mil pesos sin haber cotizado nunca en su vida”.



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