Ocho de cada 10 chilenos que votó en octubre de 2020 en el plebiscito constitucional lo hizo para apoyar un proceso constituyente por una nueva Carta Magna. Fue la apuesta de la izquierda y buena parte de la derecha para un nuevo acuerdo social que busca sacar a Chile de la conflictividad multidimensional que explotó en las calles en las revueltas de 2019. Un proceso que empuja y respalda el que será presidente a partir del 11 de marzo, el izquierdista Gabriel Boric, para quien el buen término de la convención está estrechamente ligado a su propio éxito.
A menos de cinco meses de que el órgano termine su trabajo y se disuelva, el 4 de julio próximo, la convención no solo trabaja contra el tiempo para discutir 1.275 propuestas de norma, algunas de las que han encendido las alarmas de cierta parte de la sociedad, como la temporalidad de los jueces y, a su vez, la revisión de todos los tratados de libre comercio, junto con la denuncia y retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Sobre todo, porque distintas voces desde el interior de la convención comienzan a alertar sobre los riesgos que enfrenta el proceso.
No ayudan determinadas normas, como la que fue presentada por un grupo de ocho convencionales que busca eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos con una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos”, porque los poderes del Estado son “totalmente funcionales a la dominación burguesa”. Una convencional muy cercana a Boric, Constanza Schonhaut, adelantó su voto en contra porque estaría fuera de “todo marco democrático”, aunque llamó a “que no se siembre el pánico”. El mismo presidente electo, a través de Twitter, arropó a su compañera de partido en este llamado a la calma ante las propuestas exóticas. Finalmente, la norma sobre la disolución de los tres poderes del Estado fue rechazada el jueves por unanimidad en la comisión donde fue presentada.
Ha sido un febrero tórrido para la Constituyente. Desde el comienzo del proceso se multiplicaron las sospechas de una campaña de desprestigio de parte de los distintos poderes, incluida la prensa. Pero ha sido desde el interior del órgano donde se evidencian las fisuras. La semana pasada, a tres meses de haber asumido, la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la convención, la periodista Lorena Penjean, renunció a su cargo a través de una dura carta. “He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”, aseguró Penjean en el escrito. Hizo mención a la experiencia internacional: “El proceso es tan importante como el resultado, sino basta con recordar la experiencia colombiana y el Brexit”, junto con resaltar la importancia de la comunicación del proceso a la ciudadanía y apuntar sus críticas directamente a la directiva y, específicamente, a la actual presidenta del órgano, Elisa Quinteros.
Las críticas de esta renuncia no son puntuales, sino que reflejan, en parte, la preocupación de sectores diversos que buscan el éxito del proceso, pero que observan con preocupación el momento actual. En pleno segundo tiempo de la convención –donde las propuestas de normas constitucionales se debaten y votan– no se advierten grandes liderazgos políticos que desde el interior logren la conducción. El académico Agustín Squella, independiente, que siempre ha hablado de la necesidad de mantener el optimismo, en los últimos días ha criticado la “autocomplacencia” del órgano. El abogado y Premio Nacional de Ciencias Sociales ha dicho que a los colectivos más numerosos de la Constituyente chilena se les ve “confundidos, sin conducción, divididos y no sin complejos hacia posiciones extremas que sus integrantes apoyan en público y critican en privado”. Ha alertado sobre el riesgo: “Que cunda en la opinión pública que la tarea nos ha quedado grande”, escribió este miércoles.
“Abunda el cansancio y la dispersión”
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El convencional Patricio Fernández, escritor, en sus crónicas semanales ha dado cuenta del ambiente. “El desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política y hay, en efecto, buenas razones para la desazón, pero la importancia del reto es tal, que no hay esfuerzos por escatimar”, escribió el pasado 30 de enero. Desde la otra acera, la derecha, convencionales como Bernardo Fontaine han asegurado en los últimos días que “la discusión constitucional hoy parece un barco a la deriva y con riesgo de naufragio”. El economista manifestaba el fin de semana especial preocupación por algunas de las normas aprobadas en general por alguna de las comisiones que trabajan de acuerdo a diferentes asuntos, como la de estatizar la minería y caducar los derechos de agua.
Para el abogado constitucionalista Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, resulta evidente que en la última semana se ha producido “un antes y un después” en la convención, sobre todo por el arranque de la votación en general de las normas en cada una de las siete comisiones. “En una serie de materias hay riesgos, porque no se alcanzan los dos tercios requeridos o porque se aprueban normativas muy perjudiciales para el país”, dice. Se refiere a algunos de los contenidos, “como una eventual comisión de evaluación política de los ministros de corte, parecida a una normativa que se aprobó en su minuto en la asamblea constituyente venezolana” o a “una eventual eliminación del Senado por un Congreso unicameral y plurinacional”, aseguró el autor del libro Tensión constituyente. Pero junto al contenido, a Alvarado le preocupa sobre todo “el desorden político” y “falta de liderazgos claros”, incapaces de conducir la discusión hacia la generación de mayorías.
El pasado 1 de febrero se cerró el plazo para que los convencionales y la ciudadanía presentaran propuestas de normas constitucionales a la convención. Los mismos constituyentes presentaron 947, mientras que la ciudadanía 78, para lo que se necesitó reunir al menos 15.000 firmas (participaron unas 980.000 personas en total). Se les suman las 250 propuestas que formularon los escaños reservados de los pueblos indígenas. En total, entonces, se trata de 1.275 normas constitucionales que ya comenzaron a votarse en general en alguna de las siete comisiones y que, posteriormente, en esas mismas instancias deberán tramitarse en particular, por lo que podrían tener nuevas indicaciones.
De acuerdo al calendario, será el 15 de febrero próximo cuando se celebre el primer plenario en que se votarán las primeras propuestas de norma constitucional, para lo que se necesitan los dos tercios de los 154 convencionales (103 votos).
El vicepresidente de la convención, el independiente Gaspar Domínguez, ha llamado a no sobre reaccionar y a esperar el desarrollo de la discusión. “Falta que se vaya ordenando el mono en las votaciones en específico, hasta llegar al pleno”, ha asegurado el médico sobre la instancia del martes próximo en que la convención reunida deberá comenzar a votar las normas que quedarán dentro del texto.
El desafío parece inmenso y la responsabilidad parece recaer sobre todo en los convencionales con vocación de diálogo y espíritu de transversalidad. En un órgano donde la derecha está muy disminuida, es el mundo progresista el que está fraccionado y donde el Colectivo Socialista y el Frente Amplio son mayoría (justamente, dos de las fuerzas importantes del próximo Gobierno de Boric). El futuro Ejecutivo sabe que “sin un cambio constitucional, la reforma de la salud y la reforma de los derechos sexuales y reproductivos corren el riesgo de ser consideradas inconstitucionales bajo la actual carta magna y lo mismo sucede con algunas normas laborales”, como aseguró Giorgio Jackson, próximo ministro de Boric, en una entrevista al diario La diaria, de Uruguay.
Las amenazas están a la vista. La principal catástrofe sería que el 4 de julio no se alcanzara a llegar a una propuesta de texto constitucional, porque al menos hasta ahora parece no haber consenso en aumentar el plazo de trabajo del órgano. Pero igualmente preocupante sería que se llegue a una propuesta que sea rechazada en el plebiscito de salida, que se celebraría en el mes de septiembre, o que el texto se apruebe por un margen estrecho, con lo que seguiría abierta en Chile la eterna discusión constitucional. Mientras, de acuerdo a la última encuesta de Criteria, la convención tiene un apoyo de 33% y un rechazo de 44%.
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