La cruzada de la fiscal del condado de Fulton, en Georgia, para lograr llevar ante los tribunales a Donald Trump por su papel en las elecciones de 2020, que el expresidente aún reclama sin pruebas que le fueron robadas, va dando sus frutos. Fani T. Willis solicitó la semana pasada la convocatoria de un gran jurado especial para que estudiase el caso. El Tribunal Superior del Estado sureño, donde Joe Biden consiguió 306 votos electorales (frente a los 232 de Trump), ha aprobado este lunes esa solicitud, lo que implica en la práctica estrechar el cerco sobre el magnate. El sistema judicial estadounidense reserva esa figura para los casos más complejos. Está previsto que el proceso empiece el 2 de mayo, y que no se prolongue más de un año.
Detrás de esa decisión está una frase para la historia: “Necesito encontrar 11.780 votos”, dijo Trump en una llamada telefónica del 2 de enero, cuando aún era presidente, al republicano Brad Raffensperger, entonces secretario de Estado y máxima autoridad electoral de Georgia. La grabación de la conversación, de una hora, la reveló The Washington Post en enero de 2021. En ella, se le escucha suplicar que encuentre suficientes sufragios para alterar el resultado de las elecciones en un territorio que fue clave para su derrota. También amenazar a su interlocutor con que puede estar cometiendo un delito si no atiende a sus deseos. El secretario de Estado responde a esa petición defendiendo la validez del recuento que dio a Biden una ventaja de 11.779 votos. “La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada”, dice Trump en la llamada. “Y no hay nada malo en admitir, ya me entiendes, que has vuelto a contar y que estabas equivocado”. A lo que Raffensperger responde: “Bueno, señor presidente, el problema es que los datos que usted maneja son incorrectos”.
Pese a tan flagrante injerencia, a Willis, que se puso a la tarea tras conocer el contenido de esa conversación, le está costando reunir pruebas para su caso. En la carta en la que pedía la constitución del gran jurado especial, que adelantó el periódico local The Atlanta Journal Constitution, habla de un “número significativo de testigos y posibles testigos [que] se han negado a cooperar con la investigación si no media una citación que requiera su testimonio”. “El gran jurado especial estará autorizado a investigar todos y cada uno de los hechos relacionados directa o indirectamente con las presuntas violaciones de las leyes del Estado de Georgia [tras las elecciones de 2020]”, ha indicado en el documento que da la razón a la fiscal Christopher S. Brasher, juez titular del Tribunal Superior del Condado de Fulton, el más poblado de Georgia, que incluye a la ciudad de Atlanta. Esa figura judicial no puede emitir acusaciones, pero sí citar a testigos, presentar documentos e investigar.
“Vamos a conocer los hechos, a conocer la ley, a ser muy metódicos, muy pacientes y, en cierta medida, poco emotivos en esta búsqueda de justicia”, dijo recientemente a la agencia Associated Press Willis, que también se mostró confiada de que el caso dará sus frutos en la primera mitad de este año.
Un portavoz de Trump ha calificado este movimiento de “caza de brujas”. No es el único quebradero judicial al que se enfrenta el expresidente. Está también la investigación de una comisión de la Cámara de Representantes sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 y su presunta implicación en ellos. La fiscalía de Nueva York, por su parte, citó a principios de enero a sus dos hijos mayores, Ivanka Trump y Donald Trump Jr., como parte de una investigación sobre los negocios del magnate.
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