Han pasado ya seis meses desde que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse sacudiera Haití. Y las investigaciones sobre los autores intelectuales del atentado parecen haber caído en saco roto. El país sigue sumido en la delincuencia y comenzó 2022 con otro intento de magnicidio: el primer ministro, Ariel Henry, resultó ileso de un ataque con disparos cuando salía el día de Año Nuevo de una misa en la Catedral de Gonaïves, 100 kilómetros al norte de la capital, Puerto Príncipe.
Para los 19 exmilitares colombianos que fueron capturados por su supuesta participación en el asesinato de Möise también está detenido el tiempo. Así lo aseguran los familiares del grupo de mercenarios que, según la Fiscalía haitiana, fue contratado por la empresa CTU Security, con sede en Miami, y el 7 de julio mató a tiros al mandatario en su residencia. “Se nos van a morir en esa cárcel (la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe). Están mal de salud, desnutridos, con diarrea y tuberculosis”, señala a EL PAÍS Nataly Andrade, esposa del coronel retirado Giovanny Guerrero. Andrade viajó a Haití para llevarles ropa y comida y denuncia que siguen sin abogados.
Del grupo original de 22 exmilitares que viajó a La Española —la isla cuyo territorio se reparten Haití y República Dominicana— tres murieron a manos de la policía haitiana. Medio año después del asesinato, aún no han sido repatriados sus cadáveres. “Yo viajé a hacer el reconocimiento de mi hermano. Pero aún no nos dicen cuándo los van a entregar”, dice Yenny Capador, familiar del sargento Duberney Capador, quien supuestamente lideraba el grupo de mercenarios y acabó muerto.
El caso del exsoldado Mario Palacios, que huyó en un barco hacia Jamaica y estuvo detenido allí, también es confuso. El Gobierno del país caribeño ordenó su deportación a Colombia este lunes, pero fue detenido al hacer escala en Panamá y llevado este martes a Florida. Horas después, un comunicado del Departamento de Estado estadounidense informó de que ha sido acusado de “conspiración para cometer un asesinato o un secuestro fuera de Estados Unidos” en relación con el crimen de Moïse.
“Los tres países (Panamá, Colombia y Estados Unidos) estuvieron en constante contacto coordinando esta deportación y la última extradición a EE UU”, había dicho antes este martes el director general de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas.
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De acuerdo con la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias, que asesora legalmente a estos exmilitares, Palacios era requerido por EE UU, de donde procedían las armas usadas por los mercenarios. Este martes, la policía colombiana agregó que tras ser detenido en Panamá, el propio Palacios “solicitó ser trasladado a la ciudad de Miami para cumplir la orden de captura emanada de una corte para el distrito Sur de La Florida”.
La orden previa de no enviarlo a Puerto Príncipe sino a Bogotá fue del Tribunal Superior de Jamaica. Y levantó muchas críticas entre los que creen que los acusados deberían ser juzgados en Haití. El ex primer ministro interino Claude Joseph aseguró que era un “duro golpe para la investigación” y que, a pesar de contar con la colaboración de las autoridades colombianas, “el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento”. “No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”, denunció el político haitiano. Según The New York Times, Moïse fue asesinado por intentar enviar a EE UU una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
En una carta enviada al presidente colombiano, Iván Duque, los familiares de los detenidos pidieron que Palacios volviera a Colombia. “Lo que sí es cierto es que cualquier cosa que el soldado profesional Mario Palacios pueda decir de forma libre, sin riesgo a torturas o la misma muerte, puede salvar a nuestros 18 militares en Haití y puede poner de frente a la misma tortura que ellos viven actualmente a los verdaderos responsables de la muerte de Jovenel Moïse”, dijeron los familiares a través de la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias.
La organización también denunció que los exmilitares han sido torturados y que se incumplen sus derechos. “Llevan seis meses detenidos en condiciones infrahumanas, han sido obligados a confesar bajo tortura y sin la presencia siquiera de un abogado de oficio, que en Haití son estudiantes de segundo año de Derecho”, dijo la abogada Lorena Lázaro.
La letrada insiste en que los colombianos fueron utilizados como “chivos expiatorios o ganchos ciegos”. “Es pertinente hacer la claridad, no cuentan con abogados que puedan defenderlos en Haití (…) es violatorio de todos los tratados sobre derechos humanos y el derecho al debido proceso”, escribió Lázaro la carta.
Del Gabinete del presidente Duque respondieron que enviarían la información a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Y el pasado agosto, la canciller Martha Lucía Ramírez dijo que su vicecanciller, Francisco Echeverri, estaría en Haití “para concretar la repatriación de los cadáveres de los fallecidos y la asistencia jurídica de los detenidos”. El viaje de Echeverri no supuso ningún avance.
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