Un tribunal del área metropolitana de Caracas sentenció a 30 años de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y al sargento Estiben Zárate, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgicim), como responsables directos del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido hace dos años y medio.
Acosta Arévalo fue apresado en junio de 2019, acusado de estar involucrado en actividades conspirativas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Era un momento político especialmente delicado para el chavismo por las marchas de cientos de miles de personas que salieron a las calles para pedir un cambio de Gobierno.
El militar murió en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar un día después de haber sido presentado en los tribunales bajo evidentes signos de tortura. Había sido acusado de urdir planes para asesinar a miembros del alto Gobierno y señalado judicialmente de traición a la patria, rebelión e instigación militar. Su muerte ocurrió el 29 de junio, pocos días después de su captura, y causó un enorme impacto e indignación en la opinión pública nacional.
La autopsia reveló que Acosta Arévalo sufrió una insuficiencia respiratoria a causa de politraumatismos producto de los golpes recibidos en los interrogatorios que le hicieron. Se desmayó en plena audiencia judicial y el juez ordenó que fuera atendido en el Hospital Militar. Su familia no pudo ver el cadáver, y su sepelio se llevó a cabo de forma controlada por las autoridades.
Pese a esta sentencia, ni los familiares de Acosta Arévalo, ni los abogados defensores, ni las organizaciones de derechos humanos están conformes con el desenlace del caso. Alonso Medina Roa, abogado de la familia, manifestó que “los funcionarios sentenciados son los únicos que han sido identificados por su participación”. “Es necesario que se identifique la cadena de mando. La Dirección de Contrainteligencia Militar es una dependencia del Ministerio de la Defensa. En ninguna instancia militar ocurren cosas que no sean del conocimiento de los superiores”, añadió.
La defensa de Acosta Arévalo ha manifestado que el expediente por la muerte del militar activo sigue abierto en la Corte Penal Internacional y que el próximo objetivo es, además, investigar a los médicos que callaron las torturas en su contra. El Programa Venezolano en Educación y Acción de Derechos Humanos, la ONG Provea, aseguró en su cuenta de Twitter: “El capitán Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada y torturas a manos del Dgcim. Tenía la nariz rota, moretones, fracturas y signos de quemaduras, de acuerdo a lo que afirmó la Misión de Naciones Unidas. ¿Dónde está la investigación a las cadenas de mando? Exigimos justicia.”
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El Ministerio Público acusó en un primer momento a Tarascio y Zárate de homicidio preterintencional concausal, bajo el supuesto de que los acusados no tenían intención de matar. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU incluyó en su informe el caso y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó repetir el juicio en octubre de 2021, donde se presentaron nuevos cargos.
Para muchos observadores y activistas de la oposición, la decisión judicial sobre estos militares, como otras recientes que anteriormente fueron negadas, minimizadas o ignoradas, son consecuencia de las investigaciones de la Corte Penal Internacional en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Se ha sentenciado a dos militares subalternos a la pena máxima de 30 años por homicidio calificado y torturas en contra del capitán Acosta Arévalo. Sin embargo, el país sabe que los culpables de que esto ocurriera están en libertad sin haber sido juzgados,” afirmó Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, especializada en temas vinculados al mundo militar.
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