Todo empezó, según el relato judicial, con un correo anónimo recibido el 24 de septiembre de 2015, casi tres meses después de la increíble fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano: el mensaje advertía a las autoridades que la actriz Kate del Castillo planeaba encontrarse con el líder del cártel de Sinaloa porque quería producir una película sobre su vida. “El próximo 25 de septiembre del 2015 se reunirá con él en el poblado de la Tuna, en Badiraguato, Sinaloa”, se lee en la transcripción, “solo necesitarán seguirla o intervenir sus teléfonos para que verifiquen lo que les estoy diciendo”. Más que un soplo, aquel mensaje parecía una instrucción (“recorrerán el pueblo ese día y visitarán a la madre”, dice en otra parte, “si no hay fuerzas armadas cerca”). Como sea, desde aquel día, la actriz se volvió oficialmente un objetivo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y lo siguió siendo mucho después de que el narcotraficante fuera recapturado unos meses más tarde, en enero de 2016.
El repaso de la indagatoria que las autoridades emprendieron a finales de 2015 contra Kate del Castillo, al que tuvo acceso EL PAÍS, deja abierto un interrogante sobre los motivos o las pistas que impulsaron aquella investigación tras la caída del Chapo: durante 17 meses, la PGR se valió de intervenciones telefónicas, policías de inteligencia, auditorías fiscales, entrevistas testimoniales y cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para ver si era posible procesar a Del Castillo por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, tomando como punto de partida sus intercambios y su encuentro con El Chapo Guzmán. Nada funcionó: las pruebas no sirvieron para asociarla con el cártel de Sinaloa ni revelaron que hubiera dinero del capo detrás del tequila que promocionaba la actriz, pero el proceso dio lugar a una larga novela con filtraciones de chats, acusaciones cruzadas, demandas y un encuentro surrealista entre uno de los mayores narcotraficante del mundo, el actor Sean Penn, Kate del Castillo y dos productores de Hollywood.
La génesis de aquel encuentro es conocida: en 2012, la protagonista de La reina del sur publicó una carta abierta en Twitter donde decía que confiaba más en El Chapo que en el Gobierno, y le sugería al capo que empezara a “traficar con amor”. Guzmán acusó recibo y terminó convirtiendo a Del Castillo en una nueva obsesión para completar una vieja obsesión: la de hacer una película sobre su propia vida. El primer contacto entre la actriz y los abogados del Chapo para discutir la posibilidad de colaborar en la filmación biográfica se dio en 2014, cuando Guzmán ya estaba detenido en El Altiplano. Desde entonces, ella y el capo —con sus abogados como intermediarios— comenzaron un intercambio que fue seguido de cerca por las autoridades. Sin embargo, el relato sobre el inicio de la indagatoria es candoroso: según los documentos, el día que las autoridades recibieron el supuesto correo anónimo —septiembre de 2015— policías federales de la División de Inteligencia acudieron a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Guadalajara para preguntar en las aerolíneas si había reservaciones a nombre de Kate del Castillo. Y, casualmente, sí había: en un módulo les informaron que la actriz tenía un vuelo que llegaría a Guadalajara.
“El día 25 de septiembre de 2015, a partir de las 10:00 horas nos constituimos en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara montando una vigilancia fija”, se lee en el informe policial. Cuando la actriz arribó al aeropuerto de la capital tapatía, los agentes la siguieron al hotel y luego al restaurante del hotel, se sentaron en una mesa contigua a aquella donde Del Castillo mantenía una conversación con uno de los abogados de El Chapo, y —siempre según el informe— lograron captar fragmentos del diálogo. Así pudieron escuchar que la actriz supuestamente decía: “Será un honor ser ‘socia del señor’”. Para entonces, la Policía Federal sabía bien a quién estaba siguiendo: después de recibir la denuncia anónima, una de las primeras cosas que hicieron fue buscar la biografía de Kate Del Castillo en Wikipedia, según figura en otro de los informes de la indagatoria.
De acuerdo con los chats que la fiscalía filtraría después a la prensa, ese 25 de septiembre fue el día en que la actriz les dijo a los abogados de Guzmán que quería llevar al actor Sean Penn cuando se encontraran en persona para discutir el proyecto de hacer una película. Los abogados tuvieron que explicarle al capo quién era Penn y en qué film aparecía (“el que hizo la película 21 gramos”). Le dijeron que también era activista y que había sido “crítico de la administración de los Bush”. Guzmán aceptó que fueran todos (Del Castillo, Penn y “los mechudos”, como les decían a los productores), dio instrucciones para que le compraran un teléfono a la actriz para comunicarse (“hay que ver qué colores hay para comprar un color de mujer”, y acordaron una fecha para el encuentro: el 2 y 3 de octubre.
En los días posteriores, los policías volvieron a ambos aeropuertos a realizar tareas de vigilancia. El 2 de octubre vieron que la actriz aterrizó a las 13:20 en Guadalajara en un vuelo privado acompañada por otras personas, entre ellos Sean Penn. Los agentes los siguieron hasta el hotel, donde apenas si dejaron sus maletas y volvieron a salir en tres vehículos por una carretera federal rumbo a Tepic, Nayarit. En el camino “ingresaron a una brecha donde se ubicó una pista aérea observándose minutos después la salida de dos avionetas”, quedó anotado en el informe. Hasta ahí llegaron los agentes aquel día. Lo que sucedió a partir de ese momento ha sido narrado tanto por Del Castillo en la revista Proceso como por Penn en la revista Rolling Stone, y ambos artículos figuran en la indagatoria.
El 2 y 3 de octubre de 2015, los dos actores se reunieron con Guzmán Loera en una zona montañosa de México que no fue revelada, y donde estuvieron vigilados por más de 100 miembros del cártel. En su crónica larguísima, autoindulgente y ampliamente cuestionada para la revista Rolling Stone, publicada el 10 de enero de 2016, un día después de que El Chapo fuera recapturado, Penn habla de la “sonrisa cálida” del capo y de su “carisma indiscutible”. “Trafico más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo una flotilla de submarinos, aviones, camiones y botes”, le dijo el capo durante la conversación. Aquella entrevista fue el origen de la discordia entre Kate del Castillo y Sean Penn —que se terminaron acusando mutuamente—, y una humillación pública para el Gobierno de Enrique Peña Nieto: tres meses después de escapar del penal de máxima seguridad, mientras era el criminal más buscado de norteamérica, el líder del cartel de Sinaloa se daba el lujo de recibir a visitas famosas para tomar tequila, hablar de su sueño de hacer una película sobre su vida y jactarse de sus logros criminales frente al el exmarido de Madonna y a una actriz que había dicho públicamente que confiaba más en él que en el Gobierno mexicano.
Cuando la entonces procuradora dio a conocer que habían capturado al Chapo luego de seis meses prófugo, dijo que un aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue “el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores”. De un modo u otro, su afirmación volvía a todos los involucrados en parte del problema.
Obsesiones y traiciones
Tras revelarse el encuentro secreto del narcotraficante con los famosos actores, la PGR le confirmó al diario Reforma que ambos se encontraban bajo investigación. Sin embargo, la única que estaba inmersa en una investigación desde meses atrás era Del Castillo. Y una pieza clave para acceder a información confidencial de ella fue Andrés Granados, abogado del capo. Una de las primeras diligencias que realizó el ministerio público en la indagatoria fue pedir información de los chats resguardados en el equipo telefónico del litigante.
Estas conversaciones habían sido captadas tras una autorización de un juzgado penal para que la Procuraduría pudiera intervenir las comunicaciones privadas del abogado. En su teléfono se encontraron fotografías con la actriz y también había chats. En una de las conversaciones, Granados le dice a la actriz: “Estamos checando bien el poder. Reciba un saludo del sr. y su servidor”. Posteriormente, al ser interrogado por los fiscales, el abogado explicó que se trataba de un poder notarial que Guzmán Loera le daría a ella para pleitos, cobranzas y negociaciones, pero no precisaba si se concretó. Lo que el capo le había ofrecido a la actriz, según reportaron entonces distintos medios, eran los derechos exclusivos para hacer una película sobre su vida.
Del Castillo ha insistido siempre en que eso fue lo que motivó su acercamiento al narcotraficante: “Eso me parecía oro puro para mi carrera, para hacer algo grande y poder hacer cosas”, dijo en una entrevista en 2018. Pero la captura del capo y la publicación de la entrevista en Rolling Stone trastocaron todo. Según la actriz, Sean Penn no le dijo que iba a intentar entrevistarlo hasta que ya estaban reunidos con el capo, lo que la hizo sentirse traicionada. Así lo contó en el documental que estrenó en 2017, Cuando conocí al Chapo, donde se da a entender que la participación del actor habría contribuido de algún modo a la captura del narcotraficante. Así lo creyeron también los abogados de Penn, que advirtieron a Netflix que la emisión del documental ponía en riesgo la vida de su defendido. En un libro publicado en 2020 —El Jefe: The Stalking of Chapo Guzmán—, el reportero del New York Times Alan Feuer pone en duda la posibilidad de que Penn haya colaborado en algo, al igual que la afirmación de las autoridades mexicanas de que la reunión entre el capo y los actores fue clave para volver a detenerlo: en realidad, dice Feuer, las fuerzas mexicanas y las de Estados Unidos ya sabían dónde estaba escondido Guzmán, y aquella visita de famosos fue un obstáculo antes que una pista.
Pero la procuraduría siguió dando a entender esa versión y siguió adelante con la indagatoria. Entre otras diligencias, requirieron información a la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la dirección regional adjunta de la DEA. Esta última remitió un informe donde destacaba: “Ninguna de las personas mencionadas posee antecedentes penales en nuestras bases de datos por tráfico de drogas”. En México, la PGR requirió información de las cuentas bancarias de Del Castillo a diversas instituciones a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitó las declaraciones de impuestos al SAT y documentación certificada referente a un “acto de fiscalización practicado a la contribuyente”.
Se solicitó a cada una de las oficinas de los registros públicos de la propiedad en las 32 entidades del país que se buscaran bienes inmuebles o terrenos inscritos a nombre de la actriz, se requirió al Instituto Nacional de Migración un reporte de todas sus entradas y salidas al país y se pidió al representante legal de la empresa Black Berry sábanas de llamadas telefónicas relacionadas con los números telefónicos que utilizó Del Castillo.
Las autoridades gastaron recursos económicos y humanos para intentar demostrar que la protagonista de La Reina del Sur había hecho una sociedad con el líder del cártel de Sinaloa y que este habría invertido recursos económicos para la patente de una marca de tequila de la actriz y para una película sobre su vida, pero los testimonios recabados fueron desdibujando esta hipótesis. Pese a ello, la fiscalía continuó con la indagatoria y fueron filtrando a los medios de comunicación lo que ya no les servía para sostener el caso, pero generaba morbo en la prensa, como aquella conversación donde Guzmán Loera le decía: “Te cuidaré más que a mis ojos”.
El 19 de febrero de 2017, el agente del ministerio público encargado del caso analizó cada una de las pruebas y decidió ponerle fin a la indagatoria. En el dictamen emitido, donde se enumeran más de 200 pruebas analizadas, se decretó el no ejercicio de la acción penal. Con ello el expediente terminó archivándose sin haber sido enviado siquiera a un juez. Sobre el delito de delincuencia organizada, el fiscal señaló que no se demostró que la actriz se hubiese organizado con tres o más personas de forma permanente o reiterada o que hubiese pertenecido al grupo criminal. “El material probatorio tampoco arroja actos concretos de intervención de la implicada conforme a los fines de la agrupación que lidera El Chapo Guzmán y ni siquiera evidencian su pretensión para formar parte de dicha banda criminal”, quedó asentado en el documento.
Lo único que arrojaron las pruebas que durante meses recabó la Fiscalía es que Kate del Castillo tenía interés de realizar una película relacionada con Guzmán Loera para documentar la vida de este. “Esa circunstancia no implica la realización de actividades ilícitas, sino que únicamente refleja que la reunión con la persona citada era solo con la finalidad de realizar una película y en ejercicio de una profesión”, dice el documento.
Después de descartar los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, analizaron si Del Castillo había cometido delitos contra la salud y por encubrimiento, pero tampoco pudieron incriminarla porque concluyeron que el hecho de que en un momento determinado se hubiera reunido con el Chapo Guzmán para la realización de un proyecto sobre su vida no implicaba que los inculpados supieran dónde se encontraba oculto ni que hubieran proporcionado un sitio para esconderlo. “Tampoco se advierten indicios con los que se pueda advertir la forma en que los sujetos activos ayudaban o apoyaban a éste a esconderse, por lo que no se observa conducta dirigida a ocultar o favorecer el ocultamiento de dicha persona”, indicó el ministerio público.
Una vez que se emitió el dictamen de no acción penal, la actriz ha buscado la forma de tener acceso al documento y ha buscado la protección de la justicia para lograrlo. Uno de los jueces que vio su amparo concluyó que las autoridades de la Procuraduría General de la República utilizaron las filtraciones en los medios de comunicación como “una forma de penalizarla desproporcionadamente” mediante una supuesta vinculación afectiva con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, sin juicio previo. La actriz también ha señalado que la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto la puso en peligro e incluso presentó una querella por lo que calificó como un acoso oficial a raíz de su encuentro con el narcotraficante.
En 2020, el reportero Alan Feuer contó que desde la prisión de alta seguridad donde cumple su condena en Estados Unidos, El Chapo seguía intentando vender su película. “No puedo decir exactamente cómo lo sé”, explicó, “pero él está buscando absolutamente hacer la película hasta el día de hoy”.
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