El entusiasmo generado por Jair Messias Bolsonaro se ha enfriado mucho entre los que votaron en 2018 a este polémico militar retirado con la esperanza de que sacara a Brasil de la grave crisis política, económica y de confianza que le impedía avanzar. Prometió regenerar la vida pública, reactivar la economía, combatir a la izquierda y la ideología de género, defender el derecho a las armas, mano dura y eficacia… Convenció y ganó las elecciones de manera contundente. Tres años y una pandemia después, la desilusión cala entre sus votantes como indican las encuestas y confirman los protagonistas de esta serie que nació para tomar el pulso al Brasil de Bolsonaro. A través de familias o personas elegidas al azar en cinco capitales brasileñas, EL PAÍS narró en 2019 las expectativas de sus seguidores (aquí lo puede leer) y en 2020 les pidió que hicieran balance del primer año de mandato (leer aquí). Los protagonistas de estas historias encarnan los grandes asuntos en la agenda bolsonarista.

Jair Bolsonaro durante la confederación nacional industrial el 07 de diciembre 2021.
Jair Bolsonaro durante la confederación nacional industrial el 07 de diciembre 2021. Getty Images (Getty Images)

A 10 meses de las elecciones generales, visitamos por tercera vez a los Prado Neves en Porto Alegre para conversar sobre economía, a Da Silva en Brasilia para hablar sobre combate a la corrupción y al pastor Galdino en São Paulo para preguntarle sobre valores. La familia de Salvador de Bahía que encarnaba el desafío de la seguridad pública ha declinado la invitación. Y como contrapunto, los Kardec-Chaves de Manaos, que no votaron por el actual presidente.

Los Prado Neves en Porto Alegre: Economía

“No lo voy a votar por el mal ejemplo que da”

Anriel do Prado Neves, de 26 años, que hace tres años colocó una pegatina de Bolsonaro en el coche que conducía para una aplicación de transporte, admite ahora que no votará por el capitán retirado en las elecciones de octubre de 2022. “Diré que ha sido incluso un buen presidente, hizo las privatizaciones necesarias. Pero no lo voy a votar por el mal ejemplo que da. No usa mascarilla, dice lo que no debe, generó una gran rivalidad “, explica el joven, que se ha emancipado y mudado a una ciudad vecina.

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La matriarca, la cuidadora de ancianos Ereni Azevedo do Prado, añade que “nadie está contento con el gobierno”. El impacto de la inflación es brutal, especialmente en los alimentos, que suma un 12,6% en 12 meses. “Cuando hace nueve años entré a trabajar en una de las casas donde trabajo, ganaba 90 reales (16 dólares, 14 euros) por noche. Ahora son 100 pero entonces con 2,5 compraba cinco kilos de arroz y ahora está a 30″, dice en su casa de Morro da Cruz, un barrio en la periferia de Porto Alegre, en el sur de Brasil.

Aunque ahora vive sola, ni siquiera con sus cuatro trabajos puede ahorrar: cuida a una anciana todas las noches, los miércoles limpia, los jueves cocina y los viernes hace doble turno en una casa, un empleo en el que ha solicitado la jubilación. “No me quejo. Si tengo servicios, todo bien. Pero a final de mes no queda nada”, explica.

Ereni Azevedo, fotografiada en su casa de Porto Alegre el 1 de diciembre.
Ereni Azevedo, fotografiada en su casa de Porto Alegre el 1 de diciembre.Tania Meinerz

En cambio, su hijo prosperó incluso durante la pandemia. Trabajando como conductor, cambió de auto y logró comprar un terreno donde construye su propia casa. “Tenemos que trabajar mucho más hoy para conseguir ganancias”, admite, pero celebra que el gas que alimenta su automóvil no haya subido tanto como la gasolina, que en Porto Alegre supera los siete reales el litro (1,25 dólares).

La otra hija, Gessian, también se mudó a otra ciudad en busca de trabajo y encontró empleo en un salón de belleza.

La pandemia dejó al hijo conductor sin clientela y tuvo que recurrir por un periodo corto a la ayuda de emergencia gubernamental. “Pero abrí una empresa individual y comencé a hacer entregas”, dice. Solo después de la segunda dosis de vacuna se sintió lo suficientemente seguro como para reanudar el trabajo al mismo nivel que antes. “Ahora, incluso voy a fiestas, pero no grandes, solo familiares. Extraño ver algún pequeño espectáculo “, revela.

Su madre tuvo que trabajar varios días bajo los efectos del covid, que solo se confirmó en la tercera prueba, cuando los síntomas habían cesado. La señora Prado Neves enumera los miembros de su familia que se contagiaron: su hija, hermana, sobrina, dos sobrinos. Uno de ellos, de 39 años, no pudo resistir. Su victoria particular es no haber contagiado a las ancianas para las que trabaja y ver a su padre salir ileso incluso con una de sus hijas enferma en casa.

Sobre el previsible duelo entre Bolsonaro y Lula en las elecciones, lo tiene claro. “No voto por ninguno”, dice sin inmutarse. “Decidiré más adelante”, contemporiza, comentando, sin embargo, que el nombre del exjuez Sérgio Moro aparece ocasionalmente en conversaciones con familiares y amigos.

El hijo Anriel también menciona a Moro como alternativa a Bolsonaro. “En 2018, no tuve dudas, para mí fue Bolsonaro, y punto. Pero si vuelve a ser él (el candidato frente a Lula), no votaré. Pero creo que será Moro”, dice este votante decepcionado con el intento de reelección del hombre al que veía como una salida a la corrupción y al apego al poder. “Dijo que iba a acabar con la reelección, así que es un poco irónico que él mismo sea candidato”.

“No estoy arrepentido. Estoy decepcionado”

El dentista Adalcyr Luiz da Silva Júnior, de 56 años, que votó por Bolsonaro en las dos vueltas afirma categórico: “No estoy arrepentido. Estoy decepcionado”. Eligió al excapitán del Ejército por su propuesta anticorrupción y porque entendió que era el único capaz de evitar una victoria del Partido de los Trabajadores, que con Lula y Dilma Rousseff gobernó durante 13 años. Su decepción obedece principalmente a que el presidente no ha impulsado las políticas que dijo defender en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco. “La operación Lava Jato ha terminado. No hizo ningún esfuerzo por defender el paquete (legislativo) anticorrupción. No se dedicó a luchar por la cárcel para los condenados en segunda instancia. Y ha hecho lo mismo que los demás, acabó uniéndose a los políticos de siempre para poder gobernar”, dice en Brasilia.

El dentista y profesor Adalcyr Luiz da Silva, fotografiado en Brasilia.
El dentista y profesor Adalcyr Luiz da Silva, fotografiado en Brasilia.Cadu Gomes

En las otras dos entrevistas que concedió para esta serie, se mostró optimista. Pero la segunda vez ya asomaron algunas críticas. Y siempre recalcó que no tenía ídolos en política. Ahora demuestra que la decepción no atañe solo a un área. “Cuando me pregunta qué veo de positivo en el Gobierno, le respondo que, lamentablemente, hay muchas más cosas negativas que positivas”. Las enumera: “En salud no hizo nada bueno. La gestión de la pandemia fue vejatoria. Simplemente dio un mal ejemplo. Tampoco hubo nada bueno en economía, tal vez solo la privatización de (la eléctrica) Eletrobrás”. También menciona la inflación. “¿Cómo no rebelarse la gente con gasolina a casi ocho reales, el gas a 100 y carne a un precio impagable?”.

Tras mucho pensarlo y enumerar casi una decena de errores, el dentista asegura haber encontrado un punto positivo en la Administración Bolsonaro: “No hay ningún gran escándalo de corrupción que implique al Gobierno. En los gobiernos del PT hubo el petrolão, el mensalão, desvíos en Correos, (casos) en todas partes. No estoy diciendo que hoy no haya corrupción, pero hasta ahora no ha salido a la luz nada grave”, subraya.

¿No considera un escándalo el llamado presupuesto secreto en el que el Gobierno compró el apoyo parlamentario a través de enmiendas sin ninguna transparencia o el intento de comprar vacunas sobrefacturadas? “No me gusta opinar sobre algo que está aún caliente. Esperemos un poco más, pero no parece que esto sea corrupción como la que hubo en gobiernos pasados, especialmente en el PT “, suaviza.

Respecto a la pandemia, explica que como profesional de la salud no puede estar de acuerdo con la actitud del presidente. “Insistió en oponerse al confinamiento. Fue prácticamente el único gobernante del mundo que lo hizo. Tal vez las cuarentenas fueron demasiado lejos, pero la apertura general que quería el presidente no está bien. Hubo más de 600.000 muertes y varias podrían haberse evitado si hubiera actuado de otra manera”. Nadie cercano a él murió o enfermó gravemente de la covid.

Con la vista puesta en los comicios, explica que solo hay una posibilidad de que repita su voto por Bolsonaro: si el presidente va a segunda vuelta frente a Lula, que lidera las encuestas. “Creo que la manera de echar a Dilma Rousseff del poder fue incorrecta. Pero no me gusta la forma en que gobierna el PT”, añade. Por eso no descarta el voto útil en primera vuelta. Apoyaría a Ciro Gomes, un candidato de centroizquierda que quedó tercero en 2018, pero avisa: “Si siento que Moro tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta, cambiaría mi voto por él”.

El odontólogo alberga una cierta desconfianza por el exjuez del caso Lava Jato, que condenó a Lula hasta el punto de apartarlo de las elecciones de 2018 y que rompió con Bolsonaro tras acusarlo de injerencia en la policía para proteger a sus hijos. Destaca que, a diferencia del resto de presidenciables, “Moro nunca ha sido probado”. Eso sí, desconfía de las encuestas electorales pero también advierte de que uno no puede fiarse de su entorno: “En 2014, nadie que yo conociera votó por Dilma. Todos eran Aécio (Neves – PSDB). Aun así, ganó ella”.

Sí confía en el sistema de votación, que Bolsonaro ha intentado minar. “Nunca me tragué se discurso de que las urnas están amañadas. En 1998, Brasil perdió ante Francia en la final de la Copa del Mundo y se dijo que era un amaño. No me lo creo. Si en una Copa del Mundo tiene que tener mucha gente involucrada para que una trampa como esa funcione, ¡imagina una elección!.

El pastor Galdino en São Paulo: Valores

“Votaré a quién esté más próximo de los valores conservadores”

El pastor Marcos Galdino, de 37 años, se declara en periodo de reflexión. Su entusiasmo por Jair Bolsonaro se ha evaporado. Dejó de considerarlo el candidato idóneo. Incluso ha dejado de hacer campaña a su favor en Internet. “No puedo decir que votaré por él. Votaré por quién esté más próximo a los valores conservadores”, explica en el templo de la Asamblea de Dios que dirige en un barrio de clase media de São Paulo. Y ese ahora mismo es Bolsonaro, pero podría haber sorpresas. No seria la primera vez.

Pastor Marcos Galdino, fotografiado en la Iglesia de la Asamblea de Dios que dirige en São Paulo el 3 de diciembre.
Pastor Marcos Galdino, fotografiado en la Iglesia de la Asamblea de Dios que dirige en São Paulo el 3 de diciembre.Lela Beltrão

Los motivos de su desencanto con un presidente al que ha visto varias veces en persona durante estos tres años como parte de delegaciones de pastores son variados: la falta de humanidad que demostró en la pandemia con exabruptos como “no soy sepulturero”, el nulo avance de la agenda en valores, la calamitosa situación económica, su incapacidad de asumir que ya no es un diputado del montón sino el jefe del Estado…

La agenda en valores no se ha traducido en las medidas concretas que Galdino esperaba cuando votó por él. La llamada agenda de costumbres “no ha avanzado hacia la derecha ni hacia la izquierda, estamos donde estábamos”, afirma. En las cuestiones más candentes como el derecho al aborto, la legalización de las drogas o lo que la ultraderecha califica de ideología de género, no ha habido novedades sustanciales. “Han sido meras discusiones, que no se han traducido en nada”, dice. A su modo de ver, ninguno de los bandos ha ganado terreno.

Se felicita, sin embargo, de que el presidente haya cumplido su palabra de colocar un jurista evangélico en el Tribunal Supremo. Prefiere el calificativo conservador porque, insiste, le daría igual que fuera católico. El abogado André Mendonça es el juez “terriblemente evangélico” prometido por Bolsonaro, el primero abiertamente religioso de la corte. Lo crucial para Galdino, además de los saberes técnicos que considera prioritarios, es que sea conservador, que frene cualquier cambio progresista que la izquierda pretenda impulsar a través de la más alta instancia judicial de Brasil.

Los evangélicos son un electorado codiciado por todos. En 2018 destacaron como el colectivo que apoyó de manera más unánime a Bolsonaro porque es extremadamente conservador y por sus promesas de regeneración de la vida pública (que acabaron abandonadas en un cajón). Galdino afirma que quiere un Supremo que respete la mayoría conservadora de Brasil. Le incomoda que se centre en ampliar derechos para las minorías. “Si Bolsonaro es reelegido, va a equilibrar el Supremo porque nombraría dos jueces más. Ese es uno de los asuntos que me haría votar por él”, explica. Si tuviera que proponer un nombre para ir de vicepresidente con Bolsonaro, no duda: la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, la pastora Damares Alves, que “ha hecho un excelente trabajo además de ser una sierva de Dios”.

Su decepción no significa de ninguna manera que esté tentado de votar por Lula da Silva, al que apoyó hace ya muchos años. “Lula es un bandido y el pueblo evangélico no puede votar a un bandido”, exclama obviando que las condenas por corrupción contra el expresidente fueron anuladas. Añade que “abusó de la buena fe del pueblo para enriquecerse en la mayor trama de corrupción” de Brasil. Tampoco le convence el antiguo juez Sérgio Moro, del que dice que “prestó un buen servicio como juez, pero cuesta verlo en política, es inexperto”.

De nuevo las críticas más contundentes del pastor Galdino son para algunos jueces del Supremo a los que acusa de extralimitarse para acallar al Bolsonarismo.

Padre de tres hijos, de 15, 7 y 4 años, cuenta que los duros efectos de la pandemia se dejaron sentir en la iglesia. Le arrebató un tío, varios fieles y amigos. Durante seis meses los cultos presenciales quedaron suspendidos, la recaudación cayó porque los feligreses perdieron ingresos y se multiplicó la demanda de ayuda. Pero Galdino destaca que también trajo nuevos feligreses —”más gente empezó a pensar en la vida postmortem”— y una enorme ola de solidaridad. “Fue una lección ver a la sociedad volcada en apoyar al prójimo”.

Los Kardec-Chaves en Manaos: Los que no votaron por Bolsonaro

“Los efectos de la economía están en las calles, la gente pasa hambre”

El empresario Allan Kardec Filho, de 39 años, y su esposa, la socióloga Ana Cláudia Chaves, de 41, no se sorprendieron en absoluto por el comportamiento del presidente Jair Bolsonaro en el cargo. “No votamos por él porque evaluamos sus propuestas y vimos que todo iba a salir mal. Obviamente salió mal y sigue saliendo mal “, dice él en el piso que comparten con sus hijas en una urbanización cerrada de clase media alta en Manaos, la principal ciudad de Amazonia. Sostiene que este Gobierno “no tiene nada bueno que decir”, así que “inventa, miente, distorsiona”

Allan Kardec y Ana Claudia Chaves en su casa de  Manaus.
Allan Kardec y Ana Claudia Chaves en su casa de Manaus. Alberto César Araújo

Para ella, la creciente tasa de desempleo es lo más grave. La empresaria era dueña de una cadena de lavanderías y de un puesto de comidas que tuvo que cerrar por el confinamiento. “El paro nunca estuvo tan alto como ahora, es una locura. Los efectos de la economía están en las calles, la gente pasa hambre, mendiga”.

Cerrados los negocios, Chaves tuvo que ponerse a trabajar como empleada de terceros. “En la escala de nuestra clase social, eso es descender en el panorama económico. Así que ha sido como esperábamos, como comentamos en las otras dos entrevistas. Lo que no esperábamos era que una pandemia agravara aún más todo un escenario perverso, un escenario de inhumanidad por el que ha pasado Manaos”.

La socióloga detalla con los ojos llenos de lágrimas el brutal impacto en su familia de la pandemia, el colapso de los hospitales y la falta de oxígeno. Perdió a su padre en enero pasado por complicaciones post-covid. “Nuestra familia se vio directamente afectada. Lo que es más absurdo es este discurso que puso los valores cristianos por encima de todo y de todos. Mi padre debía haber sido vacunado en noviembre de 2019. Pero Bolsonaro decidió discutir su parte en los (supuestos) sobornos (en la compra de vacunas) en lugar de participar en la comisión de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para discutir la vacuna, es el Gobierno más corrupto e inhumano que existe “, dice.

La catastrófica escasez de oxígeno por la falta de reacción gubernamental, que causó muertes en hospitales, también les afectó. “Para el tratamiento de mi padre, pudimos alquilar todo el equipo, incluida la asistencia médica. Mi madre vive frente al Hospital 28 de Agosto, desde la habitación de mi padre en casa, ella veía las carreras de la gente para conseguir un cilindro de oxígeno, era surrealista, aterrador, la gente lloraba, rezaba “, explica con lágrimas en los ojos. Dice que incompetencia. también mata.

A esta empresaria también le preocupa la deforestación de Amazonia, que alcanza récords, porque, además de la tala ilegal de árboles, supone “abrir un camino para todo lo que es ilegal, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, el asesinato de trabajadores rurales, el tráfico de armas y la invasión de tierras indígenas, ha abierto las puertas de par en par”.

Si pueden, el año que viene harán campaña contra una reelección de Bolsonaro. Ambos pretenden votar por Lula da Silva como presidente de la República. “Es como el asunto de la vacuna, te pones la que hay, pero si es Lula, mejor”, sostiene Chaves.

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Los abogados defensores del caso del asesinato de Ahmaud Arbery hablan con la fiscal Linda Dunikoski, durante la selección del jurado para el juicio de los hombres acusados del asesinato de Arbery, en Brunswick, Georgia.
Los abogados defensores del caso del asesinato de Ahmaud Arbery hablan con la fiscal Linda Dunikoski, durante la selección del jurado para el juicio de los hombres acusados del asesinato de Arbery, en Brunswick, Georgia.Elijah Nouvelage (Getty Images)

El jurado que decidió el pasado noviembre la suerte de los tres hombres blancos acusados de matar el 23 de febrero de 2020 a Ahmaud Arbery, un afroamericano de 25 años que había salido de casa para correr e iba desarmado, estaba compuesto por 11 miembros blancos y uno negro. Los abogados de los acusados rechazaron a 11 de los 12 posibles jurados afroamericanos en un condado del Estado de Georgia donde aproximadamente el 25% de los residentes son negros. El reciente caso del juicio de Arbey es un reflejo de cómo la mayoría de los jurados seleccionados para participar en vistas judiciales en Estados Unidos son blancos, independientemente de que la composición racial de la población del lugar del proceso sea diversa.

Aunque los tres hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos y afrontan la cadena perpetua, el proceso reabrió un debate y un problema sobre el que el mundo académico lleva tiempo alertando: los afroamericanos están subrepresentados en los jurados de los tribunales.

Uno de los principales factores que permiten la discriminación racial en la selección de los jurados es lo que se conoce como el desafío perentorio, una práctica que permite a los fiscales y abogados defensores rechazar a unos 15 candidatos a jurado por proceso —el número varía según el Estado— sin tener que justificar por qué no quieren que participen. Cuando se les agotan las opciones, pueden presentar ilimitadas impugnaciones, pero deben alegar una causa para ello. Estas suelen ir desde que el potencial jurado tiene a un familiar en prisión hasta que parece un traficante de drogas. Son pocos los negros que pasan ambas cribas.

Ahora, un puñado de Estados progresistas como Washington y California ha puesto en marcha medidas para evitarlo y buscan endurecer los requisitos para que se pueda desestimar a un posible jurado y así poner freno al sistema discriminatorio.

La abogada Elisabeth Semel, que dirige un departamento de la Universidad de Berkeley (California) que representa a condenados a la pena capital y realiza estudios del tema, ha analizado cerca de 700 casos que llegaron a los tribunales de apelaciones tras polémicos desafíos perentorios entre 2006 y 2018. El estudio, titulado Blanqueando el palco del jurado, reveló que los fiscales utilizaron esta opción para eliminar a posibles jurados negros en el 72% de los casos, 28% en latinos, y 0,5% en blancos.

“Esto está muy conectado con la muy lamentable y fea historia de Estados Unidos y el racismo. Es parte de nuestro presente tanto como de nuestro pasado”, explica Semel por teléfono. Entre las razones que ha escuchado para desestimar a un posible miembro del jurado figuran que el candidato es hombre y lleva pendientes o luce una melena afro. Los jueces, que son los que tienen la última palabra para aceptar o no el bloqueo, las suelen dar por válidas, según cuenta la abogada.

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Además de las normas para descartar candidatos en los exámenes de selección, William Snowden, fundador de Juror Project, una organización educativa sobre la discriminación racial en la selección del jurado, remarca que otro factor que pone en desventaja a los afroamericanos es el hecho de que los tribunales echan mano de las listas de registro de votantes y las de licencias de conducir para enviar las convocatorias de posibles jurados. Ronlad Wright, experto en Derecho Penal de la escuela Wake Forest, lo explica así: “Las personas pobres, y en Estados Unidos eso significa que no son blancas, son excluidas con más frecuencia que otras” de los procedimientos.

Además, un jurado racialmente diverso pasa más tiempo deliberando, apunta Wright, lo que a priori significa que tiene más cuidado, y, según diferentes estudios, es más probable que resulte más preciso en su comprensión de los hechos, además de reflejar mejor las opiniones generales de la comunidad.

La discriminación racial en la selección del jurado ocurre desde que los negros conquistaron sus primeros derechos civiles. El Tribunal Supremo no se pronunció sobre el problema hasta 1986, cuando dictaminó que los desafíos perentorios no pueden utilizarse para excluir jurados basándose únicamente en su etnia. Aquel fallo de Batson v. Kentucky condujo a que se pudiera objetar esa práctica por considerar que incumple los criterios aceptables en los tribunales. Pero “todos los estudios que se han realizado durante las últimas décadas han demostrado que esta no es una forma eficaz de reducir la discriminación”, aduce Semel, quien remarca que la “impugnación Batson” requiere demostrar que el bloqueo de un candidato se basó en una discriminación intencionada, y es difícil para los jueces acusar a un fiscal de “racista”.

Thurgood Marshall, el primer juez negro del Tribunal Supremo, apoyó el fallo de Batson contra Kentucky, pero ya avanzó que la discriminación racial en la selección del jurado no se iba a acabar mientras no se eliminara la posibilidad de rechazar a candidatos sin alegar motivo alguno. El Reino Unido suprimió el llamado desafío perentorio en 1988 y Canadá en 2019. El pasado septiembre, Arizona se convirtió en el primer Estado de EE UU en prohibirlos.

Con el objetivo de reforzar la línea marcada por el fallo del Supremo, el Tribunal Superior del Estado Washington adoptó en 2017 una norma que facilita a los abogados impugnar el desafío perentorio sin tener que probar que hubo una intención de discriminar por parte de fiscales o abogados defensores. William Snowden, que trabajó como abogado defensor en Nueva Orleans, recuerda que los fiscales solían preguntar a los posibles jurados si habían tenido una mala experiencia con la policía, y la mayoría de los que alzaban la mano eran negros o latinos. Acto seguido, los eliminaban por percibir prejuicios contra los agentes. “Los fiscales ya no pueden usar esa respuesta como una razón para sacar a un candidato” de la lista en Washington, explica Snowden, “ni las preocupaciones o críticas que tengan al sistema criminal”.

Reforzar el control

El 1 de enero entró en vigor una ley en California similar a la de Washington. La normativa permite al tribunal objetar un desafío perentorio y pedir explicaciones y evaluar las razones con el objetivo de eliminar posibles sesgos raciales. Los tribunales de Connecticut, Nueva Jersey, Iowa, y del Distrito de Columbia, están estudiando adoptar medidas similares. Snowden cree que deberían mantenerse los desafíos perentorios, pero que lo que hay que hacer es “aumentar y brindar la protección contra la discriminación a nivel estatal” con medidas de control. En la misma línea, Semel, que ha trabajado en la reforma californiana, cree que los Estados deberían seguir esa senda y reforzar la exigencia de argumentos para rechazar jurados.

El profesor Wright cree que el “experimento” en Arizona podrá dar luz sobre si es efectivo o no dentro de un par de años, pero no cree que la mayoría de los Estados sigan sus pasos hasta dentro de 20 0 30 años. Tiene esperanzas de que en el corto plazo las Fiscalías y los defensores públicos comiencen a rastrear sus propios datos sobre la selección de jurados y los hagan públicos para concienciar sobre la discriminación en el sistema de jurados y se genere presión social para tomar medidas.

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La Segunda Guerra Mundial terminó en Países Bajos el 5 de mayo de 1945, y desde su exilio en Londres, la entonces reina Guillermina y el Gobierno holandés tenían preparado un tribunal especial para procesar a los que colaboraron con el invasor nazi. Cerca de 150.000 sospechosos fueron internados a la espera de juicio en varios centenares de campos, según los historiadores. Son los llamados foute mensen, que podría traducirse como “la gente que estuvo del lado equivocado”, y cuyos hijos cargan todavía con ese apelativo. De hecho, sienten que pagaron las culpas de los adultos que apoyaron a los ocupantes alemanes y buscan un reconocimiento del Ejecutivo, al que se han dirigido varias veces por la marginación y el estigma sufridos tras la contienda. Ello implicaría incluirles entre las víctimas oficiales de la guerra, un asunto difícil de abordar en un país cuya comunidad judía sufrió el mayor exterminio de Europa occidental.

El pasado noviembre, la exreina Beatriz acudió al 40 aniversario de la fundación de voluntarios que agrupa desde 1981 a los descendientes de los colaboracionistas (Stichting Werkgroup Herkenning). Con unos 200 miembros, han atendido en los últimos años a unas 10.000 personas que básicamente buscaban información de su pasado, y para ellos la visita revistió gran simbolismo aunque Beatriz sea ahora una princesa sin peso institucional. Sin embargo, el nuevo Gobierno, que toma posesión este mes, ha hecho saber que no hay consenso político para debatir este capítulo del pasado.

La fundación recibe alrededor de 60.000 visitas digitales al año. Según sus datos, unos 100.000 holandeses se afiliaron al Movimiento Nacional Socialista en Países Bajos (NSB, en sus siglas neerlandesas), y cerca de 25.000 lucharon con el Ejército alemán en el frente oriental. “Como hasta 1965 las familias holandesas solían tener tres niños, podría haber unos 300.000 descendientes. Es una estimación a la baja, sin sumar a los nietos. Tampoco tenemos el número de hijos de holandesas y soldados germanos”, indica la organización.

Una vez liberados, los colaboracionistas, diversos en su compromiso con los nazis, tuvieron dificultades para encontrar empleo. Algunos perdieron el derecho al sufragio durante diez años. El NSB era el único partido permitido por los nazis, que lo utilizaron como herramienta de control. Tenía su propio grupo paramilitar para cooperar en la persecución de los judíos y contra la resistencia, y apoyó la explotación económica nacional en favor del Tercer Reich.

Para los hijos de los que colaboraron, aquella etapa se envolvió en sus familias en un silencio que duró décadas. Es el caso de la madre de Rosanne Buis, que era hija de miembros del NSB. El abuelo de Buis era médico y tenía cuatro hijos. “Mi madre formaba parte de las juventudes del partido, y la familia se marchó a Alemania en 1944, cuando se pensaba ya que los ingleses y los canadienses ganarían la guerra. Contaba 17 años y la llevaron como enfermera a Austria. Acabada la contienda huyó para regresar a Países Bajos a finales de junio de 1945″, explica Buis en conversación telefónica. A su madre la internaron en un campo en septiembre de ese año “y allí abusaron de ella; estaban en muy malas condiciones”. La casa familiar fue confiscada y sus abuelos empezaron de nuevo sin mencionar lo ocurrido. “Cuando yo llegué a la veintena me lo contó todo. Después dijo que no volvería a hablar. Yo sí se lo he explicado a mi hija”, admite Buis. Y subraya: “Hay un trauma intergeneracional que no se percibe, y por eso queremos que se reconozcan estas historias”.

El malestar que produce aún este oscuro pasado se refleja en las cifras mismas de la guerra. En Países Bajos murieron unas 280.000 personas, según el Museo de la Resistencia de Ámsterdam. Apenas unas decenas de miles de los cerca de 140.000 miembros de la comunidad judía nacional sobrevivieron al Holocausto ―de los 107.000 deportados a campos de concentración solo regresaron 5.000—. En el Archivo Nacional, por otra parte, hay datos de unas 500.000 personas señaladas —con y sin fundamento— por colaboracionismo, traición o crímenes de guerra. Tras la liberación, se dictaron 154 penas de muerte y hubo 39 ejecuciones. La mayoría de los detenidos por hechos considerados leves estaban en la calle a partir de finales de 1945.

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“Unas 20.000 casas propiedad de familias judías fueron confiscadas por los alemanes, y cerca de 8.000 se vendieron a miembros del NSB y otros. También les fueron arrebatadas unas 60.000 viviendas de alquiler”, señala Ronny Naftaniel, presidente del Consejo Central Judío, que representa a la comunidad holandesa. Explica, asimismo, que “la Iglesia católica, muy valiente durante la ocupación, contribuyó a la reducción o conmutación de las penas”. Y añade: “Los descendientes eran niños y la infancia debe protegerse siempre. Pero es un tema social, no un asunto del Estado. Es la sociedad la que les marginó o señaló. Hay una parte emocional que rechaza el dolor de un niño, y otra racional. Los hijos de los judíos asesinados en el Holocausto lo perdieron todo. La mayoría de los otros tenían a sus familiares”.

En el colaboracionismo hubo grados de compromiso político y moral, así como oportunismo por la crisis arrastrada desde los años treinta. “Mientras que unos estaban convencidos del ideal racista de la Gran Alemania, otros simpatizaban sin más. Durante la guerra vivían a menudo mejor que el resto de la población y eso generaba recelos”, cuenta, al teléfono, la historiadora Ismee Tames, del Instituto para el Estudio de la Guerra, el Holocausto y el Genocidio (NIOD). En su opinión, la reinserción social de este grupo era un reto considerado urgente por el Gobierno. “En los casos leves, se puso en libertad a los acusados ya en 1945. La mayoría de los menores no fueron separados de ambos padres, ya que muchas mujeres tampoco fueron internadas. En el verano de 1945, el Parlamento y el Gobierno querían que los colaboracionistas sin penas graves volvieran al trabajo, la sociedad, y al seno de sus iglesias. En los expedientes hay a veces cosas que no se sostendrían hoy ante un tribunal, en parte porque el imperio de la ley tardó algún tiempo en reafirmarse. Y esa es una de las razones por las cuales las élites políticas y religiosas prefirieron que regresaran a la vida normal”, asevera.

La antropóloga Cuny Holthuis, presidenta de la fundación de descendientes, es la menor de un matrimonio colaboracionista con siete hijos. Ella tenía apenas un año cuando sus padres —él era funcionario— se marcharon a Alemania en 1944 ante el avance aliado. Los instalaron en una especie de gimnasio y permanecieron allí unos seis meses. “Los niños podían salir, pero otros niños alemanes les llamaban traidores a la patria. Traidores a Países Bajos”, afirma. Se lo han contado sus hermanos. Volvió con cinco de ellos y con su madre. El padre siguió hasta Berlín con los dos mayores, de 9 y 11 años. Ambos chicos retornaron por su cuenta a Países Bajos. Su casa holandesa era grande, pero advierte de que estaban solos en un ambiente hostil y con la progenitora retenida. “Un día llegaron los canadienses, necesitados de un cuartel general. Cuando vieron a cinco niños llamaron al Ayuntamiento, que no sabía nada”. A partir de entonces, empezó un peregrinaje entre hogares de acogida y de conocidos. La familia se reagrupó en 1951. “Pero ya no recuperas la unidad y tampoco había ayuda psicológica”. “No se hablaba por temor al señalamiento. Progresamos por el tesón de mi madre. Con mi padre, un oportunista, perdimos el contacto”, expone.

Algunos de los hijos mayores fueron reeducados. “Era para aprender a ser un buen holandés: el que nunca lucharía contra su país o apoyaría un régimen totalitario. Visto hoy, las políticas aplicadas por el Estado y las diferentes iglesias pueden parecer duras y frías”, señala la historiadora Tames. Apunta, a su vez, que la mirada hacia la ocupación fue cambiando en los años sesenta. “El horror del Holocausto empezó a calar en general en la sociedad. El debate político sobre las víctimas de la guerra es de los setenta. Entonces, y también en los ochenta, comienza a prestarse atención a la gente con un trauma de la guerra”, concluye.

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A la izquierda, Fikret Alic, en 2017 durante el juicio a Ratko Mladic en La Haya; a la derecha, la portada de la revista 'Time' de 1992 en la que aparece. / EFE
A la izquierda, Fikret Alic, en 2017 durante el juicio a Ratko Mladic en La Haya; a la derecha, la portada de la revista ‘Time’ de 1992 en la que aparece. / EFE

El 17 de agosto de 1992, la revista estadounidense TIME publicó en portada una de esas fotografías que pronto se convierten en icono del horror. La imagen de una persona cadavérica y rodeada de gente tras una alambrada durante la guerra de Bosnia simbolizaba el regreso a suelo europeo de los campos de concentración medio siglo después del Holocausto. La fotografía ―en la que todo salvo la sonrisa de Fikret Alic remite visualmente al genocidio nazi― fue tomada por un grupo de periodistas británicos en Trnopolje, uno de los tres campos que levantaron las fuerzas serbobosnias cerca de la ciudad bosnia de Prijedor, considerada hoy uno de los principales símbolos de la barbarie en aquel conflicto.

Casi treinta años después, el pasado febrero, el presentador de un programa matutino de la televisión serbia Happy TV, Milomir Maric, y uno de sus invitados, Predrag Antonijevic ―director de la polémica película Dara de Jasenovac, candidata del país en los últimos Oscar―, mantuvieron en el programa una conversación en la que Alic fue descrito sin nombrarlo como “el flaco” que tenía “tuberculosis” y el campamento, como un lugar del que se podía salir libremente y que los serbobosnios habían instalado “para evitar que alguien matara” a los internos. “Luego lo alimentaron [a Alic], se llevaron al flaco y lo mostraron en un circo por Europa. Esa es su propaganda”, dijo Maric.

El diálogo no es un episodio excepcional en un país que, como la República Srpska (la entidad serbia de Bosnia, creada al acabar la guerra en 1995), tiene dificultades para asumir su papel en las guerras de la antigua Yugoslavia, con la permanente sensación de que los serbios son demonizados, que no se contextualizan las matanzas que cometieron en las guerras de los noventa y que se ignoran las atrocidades del enemigo. El principal líder serbobosnio, Milorad Dodik, uno de los tres presidentes rotatorios de Bosnia, considera de hecho que el genocidio de Srebrenica es “el mayor mito del siglo XX”.

Pese a no ser un episodio aislado, a Satko Mujagic, superviviente del campo de Omarska, el diálogo televisivo le pareció un escupitajo sobre su dolor que, esta vez, no quería dejar pasar. “Pensé: ‘qué más hace falta?’. Primero nos hicieron todo ese mal […]. Y, 25 años después, tengo que escuchar en la televisión pública que el lugar en el que estuve detenido no era un campo. No era gente anónima negando lo que pasó en comentarios en Internet, era la televisión estatal, seguida por cientos de miles de personas. Sentí: ‘Basta ya”, asegura desde Países Bajos Mujagic, donde rehizo su vida tras recalar como refugiado.

A la izquierda, Satko Mujagic, en el campo de Omarska en agosto de 1992, en una captura de pantalla de un vídeo grabado por la televisión serbia. A la derecha, el pasado octubre en la ciudad belga de Mechelen.
A la izquierda, Satko Mujagic, en el campo de Omarska en agosto de 1992, en una captura de pantalla de un vídeo grabado por la televisión serbia. A la derecha, el pasado octubre en la ciudad belga de Mechelen.

Mujagic, de 49 años y licenciado en Derecho por la Universidad de Ámsterdam, contactó entonces a un abogado de Belgrado conocido en el ámbito de los derechos humanos y telefoneó a Fikret Alic. Ambos acordaron presentar, junto con la Asociación de Detenidos del Campo de Kozarac (que tiene 3.200 miembros), una protesta al organismo regulador de los medios electrónicos en Serbia, REM. En su respuesta, el pasado mayo, REM reconoció la ofensa personal a Alic, pero desestimó la reclamación.

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Ante el rechazo, decidieron ir un paso más allá y acudir a los tribunales. El pasado julio, presentaron en la corte administrativa de Belgrado una demanda contra el organismo regulador para que sea obligado a reconsiderarla. Aún no ha sido resuelta, motivo por el que REM rechaza pronunciarse sobre el asunto, al considerar que “todo comentario” que hiciera “podría ser interpretado como presión sobre el tribunal y otros participantes en el procedimiento”, señala en una respuesta remitida por escrito a este periódico.

Alic, quien hoy vive en Bosnia tras una larga temporada en Copenhague, forma parte de la demanda, pero la vive con más distancia emocional. “Es lamentable ver que hoy algunos se burlan de nuestro sufrimiento y lo niegan, aunque personalmente no le presto demasiada atención, porque sé lo que vivimos. Y no es una cuestión de opinión, tal como confirmaron nuestros testimonios y los juicios en los tribunales tanto de Gran Bretaña como de Bosnia-Herzegovina. Por eso, creo que sería bueno castigar a los negadores del genocidio de cara a mirar hacia el futuro. Y para eso hace falta tener una idea clara de lo ocurrido y afrontar la verdad”, señala en una serie de mensajes en respuesta a un cuestionario.

Durante la guerra de Bosnia (1992-1995), las fuerzas serbobosnias establecieron decenas de campos, a las que trasladaron tanto a civiles como a combatientes bosniacos y bosniocroatas y en los que cometieron asesinatos y violaciones, además de dar palizas e infra alimentar a los cautivos, según dictaminó la justicia internacional. De sus meses en el de Trnopolje, Alic recuerda “la dureza de las condiciones”, pero también “el miedo constante”. “Temíamos lo que cada nuevo día podía traer y no sabíamos si sobreviviríamos. Junto al miedo, reinaban el hambre y diversas enfermedades, y vivíamos en condiciones extremadamente inhumanas”, señala.

Morir por las condiciones

Cuando Alic estaba en Trnopolje, Mujagic se encontraba en un campo cercano, Omarska, en el que murieron unas 700 de las alrededor de 6.000 personas que albergó. “Algunos, y yo vi uno con mis propios ojos, simplemente exhaustos”, recuerda Mujagic, que entonces tenía 20 años. “No teníamos suficiente comida, dormíamos en el suelo, a muchos nos pegaban, no había medicamentos ni duchas. Hasta ir al baño era peligroso. En esas condiciones, mucha gente enfermó, había disentería… En un determinado momento, las condiciones ya eran tan insoportables que la gente empezó a morir por ellas, en vez de asesinados”.

El 5 de agosto de 1992, considera Mujagic, salvó sus vidas. Fue el día en el que un grupo de periodistas británicos ―entre ellos Ed Vulliamy, quien años más tarde se convertiría en el primero desde el proceso de Núremberg en testificar en un juicio por crímenes de guerra― visitó los campos, sorprendentemente a invitación del líder político serbobosnio Radovan Karadzic. “En los días previos, los asesinatos se volvieron más sistemáticos. Llamaban cada vez a más gente para salir y se los llevaban. Luego supimos que estaban todos enterrados. No lo sabía en ese momento, pero yo estaba en el siguiente grupo”, afirma. Durante la visita periodística a Omarska, al ser preguntado por las condiciones, uno de los prisioneros respondió: “No quiero decir mentiras, pero no puedo decir la verdad”. Luego, un cámara grabó a Alic al pasar junto a Trnopolje. Días después de la publicación de la imagen, los serbobosnios retiraron el alambre de espino alrededor de los campos y mejoraron las condiciones de los internos.

Mujagic tiene hoy 49 años y trabaja para la Comisión Europea en la evaluación del cumplimiento de las reglas de la zona Schengen. Pese a esta denuncia y a otra que ha presentado contra el presidente Dodik por discriminación y delito de odio, asegura que ha levantado el pie del acelerador del activismo, al que se aferró para lidiar con el dolor. “En Omarska vimos y experimentamos cosas que no se supone que deba ver un ser humano. La vida como la conocíamos acabó allí. No recuerdo haberme reído una sola vez en cuatro años. En 1993 traté de suicidarme. Encontré trabajo rápido, lo que me ayudó mucho a estar ocupado; y formé una familia…, pero Omarska siempre estaba allí. Nunca lo superaré. Es parte de mi vida, pero ya no la domina”.

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Los casos tuvieron lugar en varios departamentos del país, las víctimas habrían sido atacadas por sus parejas actuales o antiguos compañeros sentimentales.

Noticias Colombia.

El final del año 2021 e inicio del 2022 estuvo marcado por varios hechos de violencia que tienen de luto a varias familias en el país; todos los casos por feminicidios.

Las víctimas fueron tres mujeres en diferentes departamentos del país.

Quienes fueron identificadas como Mariela Moncada, Yina Padilla, Inés Fragozo  y María del Carmen Molina respectivamente.

Caso en Santander

Desde tempranas horas de la mañana del pasado viernes 31 de diciembre las autoridades y medios de comunicación de Santander reportaban una trágica noticia.

La información llegaba desde el barrio San Bernardo en de Floridablanca.

Al interior de una vivienda se escucharon al menos tres fuertes detonaciones que aunque inicialmente se confundieron con pólvora, luego se confirmó habían sido disparos.

El ataque acabó con la vida de Mariela Moncada, una mujer de 58 años.

Autoridades aseguran que la persona que habría accionado el arma de fuego en medio de una discusión fue su esposo, Humberto Sandoval. Un policía retirado que trabajaba como escolta.

Caso en Córdoba

El otro de los casos lamentables casos que se registraron durante el final e inicio de año tuvo lugar en el barrio Pablo Sexto, de Montelíbano, durante la madrugada del 1 de enero,  tal como reportó El Heraldo.

Y es que de acuerdo a lo publicado por el diario, la situación fue reportada sobre las 4:00 de la mañana de este sábado 1 de enero, cuando una mujer identificada como Yina Padilla perdió la vida, presuntamente por parte de su excompañero sentimental.

Tercer feminicidio, en La Paz – Cesar

El tercer caso también tuvo lugar en la costa Caribe colombiana este sábado 1 de enero.

La víctima fue identificada como Inés María Fragozo, una mujer de 39 años de edad, quien habría sido atacada en medio de la celebración de Año Nuevo por parte de su compañero sentimental con un arma blanca.

La pareja tuvo dos hijas de 15 y 13 años. Tras el ataque, el sujeto fue capturado por las autoridades.

Cuarto caso en el Valle del Cauca

El cuarto caso tuvo lugar en el corregimiento Buenos Aires jurisdicción del municipio de San Pedro en el Valle del Cauca.

Allí, mientras varios en el país celebraban el Nuevo Año, una familia vivía una verdadera tragedia.

Pues frente a todos, fue sacada de su vivienda y asesinada la lideresa comunal María del Carmen Molina.

Recuerde las líneas de atención para denunciar agresiones a las mujeres:

  • Línea Nacional: 155
  • Policía Nacional: 123
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes 141. WhatsApp: 3202391685, 3208655450 y 3202391320.
  • Al hacer uso de la línea 155, las mujeres pueden contactarse con otras líneas de atención como la 123 de emergencias de la policía, la 122 de denuncias de la policía o la 141 para la protección de niños, niñas y adolescentes.





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Quejas y malestar en Ulpiano Lloreda, las calles quedaron llenas de basura tras la verbena
Desde el barrio han pedido civismo, pues en el sector dejaron las calles y andenes llenos de muchos residuos, empaques, botellas de licor o recipientes de espuma carioca.

Desde el barrio han pedido civismo, pues en el sector dejaron las calles y andenes llenos de muchos residuos, empaques, botellas de licor o recipientes de espuma carioca.

Noticias Cali.

La tradicional verbena de Ulpiano Lloreda ha estado en boca de toda la ciudad y hasta otras regiones del país durante el fin de semana. La fiesta, el tema de la riña y la situación de contagios por el Covid-19 generaron una gran variedad de opiniones en torno a lo sucedido.

Noticia relacionada:

Por la actividad, no solo hubo críticas, también parecer a favor por parte de varias personas que la defendían.

Así mismo, las autoridades se refirieron al pie de fuerza de al menos 600 uniformados que estuvieron en el sector velando por la seguridad.

Las vallas que instaló la Policía Metropolitana de Cali no fueron suficientes. La gente se pasó los cordones de seguridad.

Pero que para muchos ciudadanos, «no fue suficiente».

Más allá de todo lo expuesto por las autoridades y reportado por la ciudadanía, hay otro tema que ha generado malestar en muchos.

Las calles quedaron llenas de basura

Y es que muchas calles de Ulpiano Lloreda, en donde se llevó a cabo la tradicional y popular verbena de Nuevo Año quedaron llenas de basura.

Había empaques, desechos, botellas de licor, agua, icopor y desechables en donde se vende comida rápida y hasta recipientes de la conocida espuma carioca.

Las imágenes fueron compartidas durante la tarde-noche de este domingo 2 de enero y muchas personas ha manifestado indignación.

Lea también:

«¿Qué pasa señores?, ese mierd…seamos cívicos”, la queja por como quedó el estadio en Palmaseca

 

 





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La congresista republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene fuera del Capitolio, en Washington.
La congresista republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene fuera del Capitolio, en Washington.JIM LO SCALZO (EFE)

Twitter ha suspendido este domingo la cuenta personal de la congresista del Partido Republicano Marjorie Taylor Greene por violar en varias ocasiones las políticas de desinformación sobre coronaviurs establecidas por la plataforma. La tecnológica había bloqueado temporalmente la cuenta de la representante de Georgia en ocasiones anteriores. Greene tuiteó el sábado sobre las “cantidades extremadamente altas de muertes por la vacuna contra la covid”, lo que le supuso la suspensión permanente. Su perfil de representante del Congreso estadounidense, @RepMTG, permanece activo.

En el tuit que desencadenó la suspensión, la congresista incluyó un gráfico con información de una base de datos no verificados por el Gobierno llamada Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés). Las cifras son extraídas de casos autoinformados de pacientes y proveedores de atención médica. Green se opone a las vacunas y al uso de las mascarillas. El bloqueo ocurre cuando Estados Unidos atraviesa su pico más alto de contagios impulsado por la variante ómicron y cuando no hay evidencia científica de efectos secundarios significativos y generalizados de las vacunas contra el coronavirus.

En la plataforma Telegram, Greene criticó la medida de Twitter, a la que calificó como “un enemigo de Estados Unidos” que “no puede manejar la verdad”. La republicana logró un escaño en el Congreso el pasado agosto después de una campaña basada en el apoyo irrestricto al expresidente Donald Trump, promover la falsa narrativa de que hubo fraude electoral en los comicios de 2020 y validar algunas de las teorías conspirativas del movimiento QAnon. La Cámara de Representantes aprobó en febrero apartar a Greene de sus puestos en los comités parlamentarios por abrazar teorías conspiratorias y expresar su apoyo a la violencia contra sus rivales políticos.

El pasado marzo Twitter lanzó un sistema llamado strikes (huelga), que utiliza inteligencia artificial para identificar las publicaciones sobre el coronavirus y las vacunas cuyo contenido puede ser engañoso y causar daño a los usuarios. Los primeros tres strikes provocan un bloqueo de la cuenta de 12 horas, y el cuatro, por una semana. A partir del quinto, el usuario arriesga que su cuenta sea suspendida de manera permanente en la red social. “Hemos dejado claro que, según nuestro sistema de strikes, suspenderemos permanentemente las cuentas por violaciones repetidas de la política”, ha explicado este domingo en un comunicado Katie Rosborough, una portavoz de Twitter.

Los usuarios de las cuentas sancionadas pueden presentar una apelación y potencialmente revertir la decisión de la compañía si demuestra que la publicación en cuestión es objetiva. Una de las cuentas de mayor perfil que ha suspendido Twitter es la de Trump por el riesgo de “una mayor incitación a la violencia” después de que simpatizantes del expresidente asaltaran el Capitolio el pasado 6 de enero pasado.

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