Dicho centro médico había estado cerrado desde 2019, pero abrió en abril del 2021 para hacer las inscripciones en Mi Vacuna de personas no priorizadas.
La IPS que estaba cerrada en Soledad, abrió solo para inscribir al cantante vallenato, su esposa y otras personas para que aparecieran en Mi Vacuna.
Noticias Atlántico.
En mayo del 2021, se conoció que la Clínica Oriental del Caribe había permitido la vacunación anticovid del cantante vallenato Rafa Pérez y su esposa la modelo Milagros Villamil, además de otras personas que no estaban en el esquema de priorización.
En vídeos quedó evidenciado el ingreso de los mencionados y su posterior salida, cuando ya tenían la dosis que les aplicaron en el Hospital de Malambo.
En ese caso, la IPS los inscribió para que aparecieran registrado en Mi Vacuna.
Para aquel momento, solo se estaba aplicando las vacunas a las personas mayores de 60 años de edad, o trabajadores del área de salud. Ni el vallenatero ni su esposa, ni otras 9 personas vacunadas en ese momento, cumplían esos requisitos.
Lo que se conoció después generó más indignación, la IPS Clínica Oriental del Caribe no estaba en funcionamiento cuando hizo ese trámite de inscripción.
Dicho centro médico había estado cerrado desde 2019.
Tras conocerse esto, hasta hubo amenazas de muerte proferidas presuntamente contra la gerente de la E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena Eimy Liz Camargo Molina.
La directiva habría sido objeto de intimidación a través de mensajes de texto a su celular por parte de personas desconocidas.
La multa
Por casi 2000 millones es la multa que la Superintendencia de Salud impuso hace unas horas por esta vacunación irregular, no solo en Soledad sino en otras zonas del país.
«Tras evidenciar el incumplimiento al Plan Nacional de Vacunación en aspectos como la pérdida de biológicos, falencias en cadena de frío para la conservación y, principalmente, la aplicación de vacunas a personas sin priorización», indicaron.
Con 1.362 millones de pesos, sancionaron (a titulo de dolo) a Biledis Varela de Luque, gerente de la Clínica Oriental del Caribe.
Este en el caso del cantante vallenato, su pareja y otras personas.
Otras sanciones
La otra IPS sancionado con 363 millones de pesos, fue la Fundación Oftalmológica de Santander -Foscal-.
«Desatendió los procedimientos, quebrantó la priorización determinada y, adicionalmente, no respondió oportunamente a los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Superintendencia Nacional de Salud», señala el comunicado.
A la ESE Departamental del Meta Solución Salud, con una multa superior a los 180 millones de pesos, por incumplir con las obligaciones de almacenamiento, custodia y conservación de las vacunas contra el Covid-19.
Por tal razón autoridades departamentales determinaron reforzar las medidas por el nivel de alerta hospitalaria e implementar planes de contingencia en Nariño.
Noticias Nariño
Ante la ocupación de camas UCI en el departamento de Nariño, autoridades departamentales decidieron decretar alerta hospitalaria, alerta naranja en este caso.
Así lo estableció el Instituto Departamental de Salud, tras indicar que la ocupación de camas superó el 59%.
“Teniendo en cuenta la situación que se registra en el departamento de Nariño, se ha determinado reforzar las medidas por el nivel de alerta naranja hospitalaria; situación que requiere la implementación de medidas y planes de contingencia”, sostuvieron.
Frente a esta situación, desde el IDSN recomendaron a los distintos hospitales del departamento, contar con una disponibilidad operativa básica y máxima necesaria en cada entidad en caso de una emergencia.
Recalcaron que es importante garantizar los suministros necesarios, verificar las condiciones de los Bancos de Sangre.
Explicaron que es importante tener en cuenta el abastecimiento de medicamentos y oxigeno de al menos dos meses.
Así mismo, solicitaron a las instituciones con servicios de urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos realizar la expansión hospitalaria contemplada en sus planes de contingencia.
Por otro lado, recomendaron a las personas en estas fiestas, procurar la ventilación de los espacios cuando se hagan reuniones, en lo posible hacer reuniones al aire libre y si no, mantener abiertas puertas o ventanas
At least eight people have been killed in flash flooding in Iran’s south due to heavy rains expected to last until later this week, state media reported on Tuesday.
“Following the floods and rains of the past few days in the southern regions of the country, we have seen an increase in casualties and deaths,” spokesman for the national rescue service Mojtaba Khaledi said, quoted by state news agency IRNA.
“So far eight people have died and two are still missing,” Khaledi said, adding that 14 others had been injured.
Five of the deaths occurred in Fars province, local crisis management official Rahim Azadi told the state news agency.
A local official had said Monday that at least two people were killed in flash flooding in the province.
Heavy rain damaged “agriculture, infrastructure, urban and rural housing”, Azadi said.
Iran’s Red Crescent has provided “emergency accommodation for more than 3,000 people, and over 20,000 have received relief assistance”, its head of rescue and emergency operations Mehdi Valipour told state television.
“Houses have been flooded and infrastructure such as roads and communication systems have been damaged,” he said, adding that more than 500 teams were providing assistance in parts of the country’s south and east.
Pictures published by the Red Crescent on Tuesday showed its personnel setting up tents in sports halls and assisting cars trapped on flooded roads or stuck in snow-covered mountain areas.
Relief operations were underway in 87 cities across more than half of Iran’s 31 provinces, it added.
The weather system is expected to last until Friday, an official from Iran’s meteorological agency told state television.
Bad weather has been affecting not only southern Iran but also Arab countries in the Gulf in recent days, with several issuing weather warnings.
Torrential rainfall has hit the United Arab Emirates, including Dubai and Abu Dhabi, and caused widespread flooding in the region.
Largely arid, Iran has endured repeated droughts over the past decade, but also regular floods.
In 2019, heavy flooding in the country’s south left at least 76 people dead and caused damage estimated at more than $2 billion.
Scientists say climate change amplifies droughts and that their intensity and frequency in turn threaten food security.
Para el europeísta convencido que es Emmanuel Macron, asumir la presidencia semestral de la Unión Europea, algo que a los países miembro toca solo aproximadamente cada 13 años, supone un punto culminante de su mandato, que buscará renovar en abril. El gobernante galo ha prometido un “cambio de rumbo” en este 2022 para lograr una Europa “poderosa en el mundo, plenamente soberana, libre en sus elecciones y al mando de su destino”. Pero los obstáculos a la ambiciosa agenda europea —reformas fiscales, climáticos, migratorios o de defensa— que Macron se ha impuesto para los próximos seis meses no paran de crecer.
Ahí está la incertidumbre que sigue generando la pandemia de coronavirus, sobre todo tras el golpe —moral, sanitario y organizativo— que ha supuesto la fulgurante expansión de la variante ómicron y que marcará fuertemente el ritmo en este comienzo de año. Además, por primera vez, Macron no podrá apoyarse en uno de los actores clave de la construcción europea en este siglo y aliada de primera hora del mandatario francés, la ya excanciller alemana Angela Merkel.
El principal desafío es, sin embargo, interno: las elecciones presidenciales francesas que tendrán lugar en pleno ecuador de su mandato europeo (aunque todavía no ha oficializado su candidatura, nadie duda de que Macron buscará la reelección en los comicios de abril) y que ya le han provocado el primer disgusto.
La celebración de la presidencia de la UE quedó rápidamente ahogada por una polémica que ha degenerado en un pulso político-electoral interno sin ganador claro: la decisión de colgar bajo el Arco del Triunfo de París la bandera europea para la llegada del nuevo año fue rápidamente denunciada por los candidatos de derecha y ultraderecha como un “ultraje” y hasta “traición” a los valores franceses. Aunque el Gobierno se defendió de las acusaciones, acabó retirando el símbolo europeo en la noche del sábado al domingo. El Elíseo aseguró que así había estado previsto desde el principio, pero ello no impidió que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, una de las principales rivales de Macron en abril, lo celebrara como una “bella victoria patriótica”.
No obstante, y aunque el papel del país que ostenta la presidencia de turno es mucho menor desde que hay un presidente permanente del Consejo Europeo (ahora el belga Charles Michel), para un Macron que ya en 2017 defendió la necesidad de una Europa más fuerte y unida como argumento de campaña en momentos en que su principal rival, Le Pen, abogaba incluso por la salida del euro (postura que corrigió tras su derrota electoral), la presidencia europea podría también servirle de plataforma de cara a su inminente campaña presidencial, pese a que ello pueda suponerle nuevos desafíos —y críticas— en materia de compatibilidad de funciones.
Ya lo dijo Macron en su discurso de fin de año, tradicional momento en que los presidentes franceses hacen balance de su gestión y revelan sus retos para los doce meses siguientes. “Los valores que porta nuestra Unión —democracia, equilibrio entre libertad y solidaridad, una cierta idea del ser humano— son, estoy convencido, los que nos permitirán afrontar los desafíos contemporáneos”, dijo. “Europa es el único camino por el que Francia será más fuerte ante el estruendo del mundo y de las grandes potencias”, insistió tras recordar que, sin la UE, probablemente ni Francia ni otros países europeos dispondrían hoy de suficientes vacunas contra el coronavirus ni contarían con fondos suficientes para relanzar su economía y evitar una profunda crisis tras el frenazo que ha provocado la pandemia.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Bajo la presidencia francesa, afirmó el mandatario galo, “2022 debe suponer un momento de cambio de rumbo europeo” y también: “Tiempo de avances para el dominio de nuestras fronteras, nuestra defensa, la transición climática, la igualdad entre mujeres y hombres, la construcción de una nueva alianza con el continente africano, un mejor marco para las grandes plataformas de internet y la cultura en Europa”.
Coordinar durante el primer semestre del año el Consejo Europeo da a Francia la oportunidad de insertar en la agenda comunitaria las prioridades que el Ejecutivo de Macron ha ido subrayando en los últimos tiempos. Una de ellas es, sin duda, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El propio presidente francés lo dio por muerto en la presentación de su programa: “Debemos volver a reglas presupuestarias comunes, pero no podemos hacer como si no hubiera pasado nada”. La Comisión Europea ha abierto una consulta para la revisión de las reglas fiscales y en los próximos meses tiene que dar a conocer su posición. Ahí Francia, un país partidario de que se apliquen con flexibilidad las normas, utilizará su presidencia para intentar hacer avanzar sus posiciones con la ayuda de Italia. No en vano, el propio Macron y el primer ministro italiano, Mario Draghi, acaban de publicar un artículo conjunto en el diario británico Financial Times dejando clara su posición. Además, a unas semanas de la primera ronda de las elecciones presidenciales, el mandatario pretende convertirse en el anfitrión de un Consejo que defina “un nuevo modelo de crecimiento europeo”.
Junto a la economía y las reglas fiscales, otra de las prioridades a las que Macron ha apuntado están en la defensa y en la autonomía estratégica de la Unión Europea. En este punto, será clave la presentación, también en marzo de este año, de la llamada Brújula Estratégica, en la que se buscará dar un salto en la capacidad militar de la UE con el objetivo de disponer de la fuerza necesaria para “promover su visión y defender sus intereses”. París ya acepta que los pasos que den los Estados miembros en este terreno deben ser de forma complementaria a la OTAN. Y, precisamente en esta organización, se jugará una de las partidas diplomáticas más atractivas de los próximos meses, pues tiene que elegirse al próximo secretario general de la Alianza Atlántica, aunque en este caso, el sucesor de Jens Stoltenberg se decidirá en la cumbre que la organización celebrará en Madrid.
La bandera europea sigue agitando la campaña francesa
La polémica sobre la conveniencia de que una bandera europea ondee en un monumento de alta sensibilidad patriótica como es el Arco del Triunfo de París —donde se encuentra la tumba del soldado desconocido que honra a los caídos por Francia— parece demasiado jugosa como para que desaparezca con la retirada el domingo del pabellón azul.
Tras los gritos de “traición” de la ultraderecha y hasta de la derecha convencional durante el fin de semana, el lunes entraron al trapo algunos de los candidatos presidenciales de la izquierda (no todos). El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que cuestiona abiertamente los tratados europeos, calificó de “capricho de comunicación” la decisión del presidente Emmanuel Macron de colocar la bandera europea ahí donde tradicionalmente ondea la francesa para conmemoraciones nacionales.
“El presidente Macron lo ha decidido solo y sin preguntarle nada a nadie”, cuando “existe un decreto que prohíbe ondearla sin los colores nacionales”, agregó en referencia, según la prensa, a un “protocolo” que propuso Nicolas Sarkozy en 2007 para lograr adoptar el tratado de Lisboa por el Parlamento, estipulando que “ni el himno ni la bandera (europeos) serán reconocidos como tales por Francia”, subrayó Mélenchon. El Gobierno había replicado la víspera que fue precisamente Sarkozy, el último presidente francés que ostentó la presidencia de la UE en 2008, el que decidió colocar la bandera europea —aunque junto a la francesa— en el mismo lugar del Arco del Triunfo que ahora parece causar tanto malestar entre tantos rivales presidenciales. Otro al que no ha gustado la idea de Macron ha sido el candidato comunista, Fabien Roussel, que lamentó la decisión de izar en un “símbolo de la nación” una bandera que “para muchos es símbolo de deslocalizaciones, desindustrialización, de pérdida de soberanía”.
El unionismo más radical de Irlanda del Norte (la facción política partidaria de la unión con Gran Bretaña) considera que el protocolo sobre su territorio que selló el Brexit fue una amenaza existencial a su identidad, y en cualquier caso, una traición de Boris Johnson. El líder del Partido Unionista Democrático (DUP), actualmente la mayor de las cuatro formaciones probritánicas, Jeffrey Donaldson, ha estrenado 2022 con la apuesta redoblada de reventar las instituciones de autogobierno de la región si Londres no pone fecha y límite a sus negociaciones con Bruselas. El DUP quiere que todo acabe a finales de febrero. “Si no logramos un progreso rápido y decisivo en las negociaciones, y ambas partes siguen dando patadas al balón hacia adelante, habrá consecuencias graves para la estabilidad de las instituciones políticas de Irlanda del Norte”, ha dicho Donaldson al Daily Telegraph, el diario más defensor del Brexit y más cercano a Johnson.
El Gobierno británico evitó a última hora del año pasado una guerra comercial con Bruselas, al retirar —temporalmente— su exigencia de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no fuera el supervisor último del cumplimiento de las reglas del mercado interno en Irlanda del Norte. Para evitar la imposición de una frontera dentro de la isla (la República de Irlanda es miembro de la Unión y, por tanto, la frontera comunitaria con territorio británico), el Reino Unido y la Unión Europea aprobaron, junto al Acuerdo de Retirada, un documento anejo con el mismo vigor jurídico: el Protocolo de Irlanda. El territorio británico de la isla permanecería dentro del mercado interior de la UE, y los controles aduaneros se realizarían en el mar de Irlanda. Se mantenía así la frontera invisible entre las dos Irlandas que impuso el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que logró preservar la paz con la idea, entre otras, de que ya solo había una Irlanda, aunque en algunos sitios se pagara en libras y se midiera en millas, y en otros en euros y kilómetros.
Londres boicoteó el Protocolo desde el primer minuto. Por varios motivos, prácticos e ideológicos. Las nuevas normas aduaneras impusieron muchas trabas a la exportación de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Por ejemplo, a los suministros de las grandes cadenas de supermercados con superficies en ambos lados. O para el envío de medicamentos genéricos del Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en sus siglas en inglés). Pero los problemas de “fricción comercial”, los que realmente preocupaban a las empresas, fueron en gran parte la excusa para la cerrazón política e ideológica de Londres y de los partidos unionistas de Belfast. El entonces ministro de Johnson para el Brexit, David Frost, redobló la presión sobre Bruselas al exigir la retirada del Tribunal de Justicia de la UE del protocolo, algo nunca antes había planteado, y que irritó a la UE, porque alteraba profundamente el espíritu del tratado. Y las cuatro formaciones unionistas se conjuraron en septiembre para exigir conjuntamente que se retirara por completo el Protocolo.
El DUP fue aún más lejos, y anunció que abandonaría las instituciones de autogobierno norirlandesas, que comparten por imposición del acuerdo de paz republicanos y unionistas. Todo un golpe a una autonomía siempre endeble y en peligro, que ha llegado a estar hasta tres años suspendida por Londres, ante las desavenencias de sus miembros.
La decisión de Johnson de poner las riendas del Brexit en manos de su nueva ministra de Exteriores, Liz Truss, después de que Frost anunciara por sorpresa su dimisión a finales de diciembre, fue acogida con alivio. Es cierto que la propia Truss se encargó de ratificar en un comunicado la línea oficial del Gobierno, esto es, que mantenía abierta la posibilidad de invocar el artículo 16 del Protocolo, y suspender unilateralmente gran parte de sus disposiciones. Pero el anuncio previo de que se abandonaba la exigencia de anular el papel del TJUE en Irlanda del Norte fue interpretado por Bruselas —y por Dublín, al que afecta más directamente el conflicto— como una señal de flexibilidad en las negociaciones.
La presión sobre Truss, sin embargo, llega ahora por partida doble. No solo el ala dura y euroescéptica del Partido Conservador, cada vez más alejada de Johnson, vigilará que no se aleje de la pureza del Brexit conquistado. Los unionistas, especialmente el DUP, no van a dejar de apretar las tuercas. El próximo mes de mayo se celebran elecciones autonómicas en Irlanda del Norte. Y la amenaza para las fuerzas probritánicas se desborda por varios frentes. Demográfica y electoralmente, cada vez es más poderosa la mayoría que suman partidos republicanos como el Sinn Féin o progresistas a secas como el Alliance o el Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP). Y el Partido Unionista del Úlster (UUP), protagonista de los años que llevaron la paz a la región, pero que permanece desde hace una década en dique seco, tiene ahora serias posibilidades de arrebatar el trono a un DUP en horas bajas. Por eso los matices son importantes, y su dirección ha sugerido ya fórmulas pragmáticas para rescatar (o modificar sin alterar sus fundamentos) el Protocolo, en vez de seguir clamando por su derogación. Si el nuevo líder del DUP, Donaldson, comienza a sentirse acorralado, se sentirá tentado a dinamitar las instituciones de autogobierno en febrero, y acelerar el comienzo de una campaña electoral con resultado incierto para Belfast, Londres y Dublín.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Manifestación contra el golpe militar de octubre, el domingo en Jartum.Marwan Ali (AP)
La dimisión el pasado domingo del primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, apenas seis semanas después de haber sido restituido en el cargo por los mismos generales que le habían depuesto a finales de octubre en una asonada militar, ha sumido todavía más en la incertidumbre el futuro del país. Su decisión, que llega tras varias jornadas de masivas protestas contra los golpistas, algunas duramente reprimidas, deja al Ejército al mando del Estado prácticamente en solitario y entierra cualquier opción de mantener viva la transición democrática pactada entre líderes civiles y militares en 2019, poco después de la caída del dictador Omar al Bashir. Además, refuerza el nuevo escenario de contestación que estalló a raíz del golpe de los militares, ampliamente impopular.
Hamdok había asumido inicialmente el cargo de primer ministro en virtud del pacto entre civiles y militares firmado al poco del derrocamiento de Al Bashir, pero fue destituido el pasado 25 de octubre y puesto bajo arresto domiciliario por los generales golpistas. El mandatario fue restituido un mes después, tras rubricar en solitario un acuerdo con el líder golpista, Abdel Fattah Al Burhan, que revisaba, a favor de los militares, el reparto de poder y las líneas maestras de la transición que se había concertado en 2019.
El nuevo pacto, sin embargo, fue rechazado en bloque por los principales actores políticos y sociales del país y no detuvo las amplias movilizaciones populares organizadas desde la asonada para exigir un Gobierno civil, la retirada de los militares de la política y su rendición de cuentas. Asimismo, desde su restitución, Hamdok había mostrado claros indicios de no poder imponerse a los generales y controlar la agenda y las decisiones políticas del país, como pone de relieve su incapacidad para nombrar un nuevo Gobierno.
“He intentado, en la medida de los posible, evitar que nuestro país cayera en el desastre, y ahora nuestro país está atravesando un peligroso punto de inflexión que puede amenazar toda su supervivencia si no se remedia pronto”, deslizó Hamdok en un discurso televisado.
Otra evidencia de la falta de control de Hamdok, que solo contaba con un amplio apoyo en el exterior, ha sido la represión de los manifestantes, que se ha agravado especialmente durante la última semana. Desde su restitución como primer ministro, las fuerzas de seguridad han matado a 15 personas en las protestas organizadas en la capital, Jartum; nueve desde el pasado jueves, según el Comité de Doctores de Sudán. En total, 57 manifestantes han sido asesinados desde el 25 de octubre.
Este recrudecimiento ha coincidido con el restablecimiento de amplios poderes a los temidos servicios de espionaje, que eran uno de los principales pilares del régimen de Al Bashir, así como con nuevas interrupciones en los servicios de internet y telefonía en las jornadas de protesta, según ha documentado la organización NetBlocks.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
“[Son] el tipo de problemas que aparecen tras la caída de regímenes totalitarios y tras el cese de guerras civiles, una descripción que se aplica plenamente a la realidad sudanesa actual”, alertó Hamdok en su discurso. El país también sufre una grave crisis económica, causada por décadas de mala gestión y corrupción, que el contexto actual está agravando.
Abdallah Hamdok anunciaba su dimisión, el pasado domingo en Jartum. Xinhua vía Europa Press (Europa Press)
Para muchos sudaneses, la dimisión de Hamdok desmiente a los militares, que querían dar una fachada civil a la asonada y presentar como una corrección de la transición pactada lo que ellos consideran un golpe ampliamente contrarrevolucionario y enfocado a devolver y cimentar en el poder a algunas de las principales figuras del régimen de Al Bashir.
“Creo que mucha gente en la calle está viendo un paralelismo con los últimos meses antes de la caída de Al Bashir, al menos en cuanto al nivel de protestas y de violencia estatal contra ellas”, observa Raga Makawi, analista sudanesa y editora de la revista panafricana African Arguments. “[Pero] no estoy segura de que el paralelismo se extienda más allá. En términos de política interna es un juego completamente diferente”, agrega haciendo hincapié en que esta vez, los aparatos de seguridad son el actor más fuerte en el campo.
Con la mirada puesta en el futuro, Hamdok destacó en su discurso que en los últimos días se había reunido con todos los componentes de la transición. Y dijo que, a su parecer, la solución debe pasar por formar una mesa de diálogo en la que estén representados todos los sectores de la sociedad y del Estado para llegar a nuevos acuerdos y retomar la transición.
Al Burhan, sin embargo, aseguró este lunes que la prioridad debe seguir siendo la de formar un Gobierno, en un mensaje recogido por la agencia estatal de noticias SUNA que parece implicar que el líder del golpe continúa dando por válido el acuerdo firmado con Hamdok a pesar de su renuncia a encabezar el Ejecutivo. Al Burhan no señaló a ningún otro candidato.
Los principales grupos políticos y sociales del país, por su parte, rechazan cualquier negociación o acuerdo con los generales golpistas y llevan semanas definiendo una hoja de ruta alternativa mientras siguen llamando a la desobediencia y a la movilización. Mohaned El Nour, un portavoz de la Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones civiles más bien articuladas en el país africano, señala a EL PAÍS que tienen previsto anunciar pronto una declaración conjunta con los comités de resistencia de los barrios, los otros actores clave en la organización del movimiento de protesta, así como el establecimiento de un liderazgo para representar la revolución.
En el exterior, uno de los primeros países en reaccionar ha sido Estados Unidos, que a través del Departamento de Estado ha llamado a los sudaneses a alcanzar un acuerdo en un mensaje con un tono mucho más frío que el exhibido anteriormente. El representante especial del Secretario General de la ONU en Sudán, Volker Perthes, lamentó este lunes en un comunicado la decisión de Hamdok, pero mostró su disposición a facilitar un proceso de diálogo para superar la actual falta de confianza.
El criollaje limeño anclado en la cultura política del siglo XIX recibió la investidura presidencial de Pedro Castillo como si la chola libertaria Petronila Infantes hubiera sido elegida magistrada del Supremo. Contrariamente a su progresivo alzamiento en Bolivia y Ecuador, lo indígena no existió en las instancias públicas de Perú, donde el poder de los gamonales y las oligarquías familiares fue absoluto desde 1895 hasta 1968. Metamorfoseado en camarillas, se prolongó financiando campañas contra los gobiernos hostiles hasta la irrupción del maestro que amenaza el control de las élites sobre los negocios y el Estado y las relaciones de servidumbre y discriminación étnica. Este año le combatirán frontalmente.
Independientemente del ideario y sombras de Castillo, el virus de la sociedad estamental parece contaminar las recusaciones parlamentarias de 12 nombramientos ministeriales con mosqueantes audios, imputaciones mediáticas y pretéritas simpatías senderistas. La alcurnia blanca de uno de los países más conservadores de América Latina no quiere a un cholo subversivo en la Casa de Pizarro. La anarcosindicalista Infantes también revolucionó La Paz con sus protestas de 1935 contra el pensamiento racista, clasista y patriarcal, la explotación de las trabajadoras domésticas y el matrimonio, que tenía por negocio de curas y notarios.
Mario Vargas Llosa escribió en La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo que el racismo era omnipresente en la serranía: los blancos desprecian a los indios y a los mestizos, los mestizos, a los indios, alentando un sordo resentimiento contra los blancos, y todos ellos desprecian a los negros. Los años pasan pero el prejuicio permanece. El indígena reivindicador de derechos fue satanizado durante generaciones inoculándole su inferioridad y predestinación al vasallaje, estableciéndose jerarquías asociadas al sexo y la raza, naturalizadas como eternas.
Castillo se acerca al semestre reiterándose contra la desigualdad y la pobreza, más enemigas de la democracia y los derechos civiles que las previsibles estatizaciones de un mandatario abducido por el conservadurismo social y la república de Dios del XVI, vivificada en su rechazo del aborto, el matrimonio homosexual y la igualdad de género en el currículum escolar. El intruso afronta maquinaciones para derrocarlo con el artículo constitucional que autoriza su destitución por “incapacidad moral”, o sea corrupción, idiocia gubernamental o mal de altura, según convenga a la guillotina del Congreso.
Resultan hirientes las invocaciones a la moralidad en un país baqueteado por indecencias legalizadas, por principios, valores y conceptos fabricados para la aniquilación política. Si por sus obras los conoceréis, las del segregacionismo institucional son odiosas. Las realizaciones de Castillo aún no son objetivables porque batalla a diario con una oposición empeñada en expulsarle, casi como cuando las señoronas paceñas pedían a la autoridad que desalojase de los tranvías públicos a las cholas de pollera y canasta porque olían mal y los mimbres del cesto les rasgaban las medias.
Inicia sesión para seguir leyendo
Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis
