Un vehículo del Cartel Jalisco Nueva Generación y un dron forman un renten en el municipio de Aguililla, Michoacan en abril del 2021.
Un vehículo del Cartel Jalisco Nueva Generación y un dron forman un renten en el municipio de Aguililla, Michoacan en abril del 2021.Cuartoscuro

Primero hay una explosión. Fuego. Humo. En seguida se ve a decenas de personas salir corriendo de lo que parecen cabañas escondidas entre los árboles. Otros tres proyectiles caen sobre el poblado. La cámara amplía el foco y desde las alturas se ve cómo las llamas empiezan a consumir un bosque amarillento. El video, de dos minutos y 20 segundos, está grabado desde un dron teledirigido del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que también fue el encargado este lunes de soltar los bombazos sobre las chabolas del municipio de Tepalcatepec, en el Estado de Michoacán.

Después, zooms torpes sobre el incendio; otros sobre los vecinos que escapan despavoridos. En el minuto 1:18 la cámara empieza a girar caóticamente y ya solo se ven imágenes borrosas, corridas: los habitantes de la zona han logrado derribar el dron. Así es como se consiguieron las imágenes, de acuerdo con El Universal.

No fue el único ataque del día. El grupo criminal lanzó una ofensiva en distintos poblados del mismo municipio. En otro video difundo por los vecinos se ve a dos miembros de un grupo de autodefensa local, armados y refugiados contra el tronco de un árbol. A su alrededor resuenan secos los tiros de los narcos. En un momento dado, uno de los hombres coge su fusil y trata de devolver los disparos, pero la capacidad de fuego del CJNG es mucho mayor y se ven obligados a huir. Ahí la grabación se vuelve adrenalínica: se aprecia como escapan a través del bosque en imágenes distorsionadas y rápidas de ramas y hojas secas. Mientras, la balacera retumba de fondo, omnipresente.

El video captado por la cámara del dron durante el ataque.

La situación se ha vuelto extrema para los habitantes del municipio. La semana pasada, en otro video difundido en redes sociales, se escucha a la alcaldesa, Martha Laura Mendoza, en una reunión pidiendo ayuda desesperada a las autoridades: “En Tepalcatepec tenemos cuatro meses ya de inseguridad. Nadie voltea a vernos por ahí. Todo lo que se habló ahorita es muy bonito, ojalá y se cumple. Pero este es el único municipio en el que tenemos más de 3.000 desplazados”. Hace una pequeña pausa que da gravedad a su intervención y, con un tono de voz urgente, repite: “¡Cuatro meses y nadie voltea a vernos, nadie da solución!”.

Michoacán ha sido una zona caliente para el narco desde su existencia, aunque en los últimos meses la situación se ha recrudecido en una pugna entre carteles rivales en la que siempre sobresale el nombre del CJNG. De hecho, no es la primera vez que el grupo criminal ataca con drones en la región. Se ha convertido en una forma habitual de demostrar su poderío, una capacidad de fuego propia de un ejército profesional. La jugada es doble: además de acabar con cualquier oposición, desafían al Estado, a menudo sin encontrar respuesta. No es extraño tampoco ver noticias en la prensa local sobre pueblos que se quedan sin policía: los agentes huyen entre amenazas, superados por el despliegue armamentístico de los narcos.

Al cóctel se le sumaron también desde los años noventa decenas de grupos de autodefensa que, cansados de lo que consideraban abandono institucional, decidieron armarse y protegerse ellos mismos contra las organizaciones criminales. Entre 15.000 y 25.000 personas integraron estos comandos a partir de 2013, de acuerdo con estimaciones de Romain Le Cour, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, que realizó una investigación profunda sobre ese fenómeno. El resultado final fue como añadir más pólvora a una bomba con la mecha demasiado corta: la violencia se multiplicó.

Las masacres se suceden con total impunidad en Michoacán, un Estado que no llega a los cinco millones de habitantes, pero en cuyos límites se acumulan alguno de los récords más tétricos de México. Es una de las regiones con más asesinatos: de media, siete personas son ejecutadas al día—solo de enero a octubre de 2021 se han registrado 2.234 homicidios, según El Sol de Morelia—. Desde 1964 han desaparecido 4.242 personas de acuerdo con datos oficiales, pero la realidad se hace más grave cuando se tiene en cuenta que de ellas, 952 han ocurrido el último año.

Sus habitantes se han visto obligado a acostumbrarse a dosis de violencia extrema en un territorio donde el brazo del Estado no alcanza. Matanzas, cuerpos abandonados en las cunetas o colgados de puentes, oficinas institucionales arrasadas con cócteles molotov o jugadores de baloncesto profesional secuestrados —aunque en este caso, luego apareció con vida y atado un árbol—son únicamente algunos de los últimos episodios. Y de fondo, siempre omnipresente, el CJNG, con una capacidad de fuego en aumento y ningún miedo de presumir de ella con total impunidad.

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Vista general de la refinería de Amuay, en el Estado de Falcón (Venezuela), propiedad de PDVSA, en 2016.
Vista general de la refinería de Amuay, en el Estado de Falcón (Venezuela), propiedad de PDVSA, en 2016.Carlos Garcia Rawlins (Reuters)

José Luis Zabala es un entusiasta de la moda de Ermenegildo Zegna y los bolsos de Louis Vuitton. En 2009, este corredor de seguros venezolano se gastó 219.468 euros en estas firmas. Otra de sus pasiones son los relojes, en especial los relojes suizos de lujo. Por ejemplo, pagó 149.900 euros para hacerse en 2010 con un exclusivo ejemplar de oro de una edición limitada de Jaeger-LeCoultre.

Las tarjetas de crédito de Zabala parecían no tener límite y alimentarse de un pozo sin fondo, sus millonarias cuentas ocultas en Andorra. El análisis de las facturas y de sus movimientos bancarios, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan la pasión por la buena vida de este empresario venezolano procesado desde 2018 en el principado pirenaico por participar en el saqueo de una de las principales compañías energéticas públicas de Latinoamérica, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).

Los cargos de las tarjetas y las transferencias confirman que entre 2008 y 2012 —cuando se fraguó el latrocinio de la petrolera—, Zabala abonó más de cuatro millones de euros en joyas, hoteles y obras de arte. También adquirió una villa en una exclusiva urbanización de la República Dominicana.

El empresario, que no trabajó en PDVSA, está encausado en Andorra por su vinculación con uno de los miembros de la trama que expolió la compañía pública, el magnate venezolano de los seguros Omar Farías.

Zabala, de 48 años, destinó 646.000 euros solo en 2010 a acumular joyas y relojes. Junto al Jaeger-LeCoultre de casi 150.000 euros, adquirió ese mismo año un IWC de oro rosa por 155.000 euros. De esta firma helvética compró otros cinco ejemplares, entre los que también destacan uno de platino del modelo de aviador Big Pilot (34.445 euros) y otro de oro blanco (18.190 euros). Un Parmigiani Kalpa de mujer, de oro con brillantes y montado manualmente, con un coste de 18.190 euros entró también a formar parte de la colección de Zabala, en la que también hay varias piezas de Patek Philippe. El procesado se gastó 126.760 euros en tiendas de este último fabricante ginebrino de relojes de lujo.

El capítulo de joyería se completa con abonos de 20.800 por unos pendientes de oro de 18 kilates con brillantes; 13.000 euros por un anillo de oro rosado con piedras preciosas y brillantes, y 800 euros por tres bolígrafos Cartier. Además, Zabala desembolsó 27.380 euros en la joyería Wempe de Madrid.

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Factura de joyería abonada por el corredor de seguros venezolano José Luis Zabala.
Factura de joyería abonada por el corredor de seguros venezolano José Luis Zabala.EL PAÍS

El arte fue otra de las refinadas aficiones de Zabala durante los años del expolio de PDVSA. Se gastó en este capítulo 855.000 euros. El corredor de seguros abonó en 2010 un total de 370.000 euros por la obra Psysichromie número 507 del artista franco-venezolano Carlos Cruz-Díez, una pieza, procedente de la galería Denise René de París, que perteneció al intelectual venezolano Alfredo Boulton, según un documento del vendedor, la galería de Caracas Graphic Art.

Zabala pagó también 485.000 euros en 2010 por Amantes, una escultura modelada en 1985 en bronce por el colombiano Fernando Botero. La pieza incluía un certificado de autenticidad firmado por el propio autor. “Obra de mi mano”, reza la garantía.

Los documentos muestran que el corredor de seguros dio en enero de 2011 una señal de 602.000 euros para hacerse con una lujosa villa de 915 metros cuadrados valorada en 1,7 millones de euros en la exclusiva urbanización de Cap Cana, en Higüey, un municipio turístico de la República Dominicana. Y que Zabala se gastó 33.645 euros en 2014 en distintas reparaciones para mejorar el jardín de esta propiedad denominada Villa Marina Cap Cana.

Factura de joyería abonada por el corredor de seguros venezolano José Luis Zabala.
Factura de joyería abonada por el corredor de seguros venezolano José Luis Zabala.EL PAÍS

La cuenta en el apartado de hoteles y restauración también fue abultada. Sumó más de 100.000 euros. Pese a que Zabala tenía predilección por hospedarse en establecimientos de la cadena Marriott International (48.500 euros en gastos) y Mandarin Oriental (27.192) en Cancún (México) y EE UU, el periplo viajero del empresario de seguros le condujo a otras firmas hoteleras para disfrutar de estancias de ensueño.

Seguro de vida de 96.000 euros

Los registros de sus tarjetas marcaron sus huellas por el mundo. En Miami Beach, pasó por el exclusivo centro comercial de Bal Harbour. En Roma, visitó los hoteles Eden (10.000 euros) y St. Regis (4.401). En Madrid, el Villa Magna (5.855) y el Ritz (1.968). E, incluso, pasó en marzo de 2011 por el emblemático Bellagio (437 euros) de Las Vegas. Así lo revelan unos movimientos bancarios que registran también pagos de 88.358 euros en la cadena de supermercados de El Corte Inglés, de 12.901 euros en las Galerías Lafayette y de 11.200 euros en el spa Le Meurice de París. Su seguro de vida para el periodo 2011-2012 con la compañía New York Life Insurance Company ascendió a 96.000 euros.

Zabala ordenó la mayoría de estos pagos desde la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde controló desde 2007 dos cuentas. Una a su nombre, que compartió con Ailyn Saireth Meneses Rosillo, y otra bajo la denominación de la sociedad panameña Greentrail International Inc.

Esta última fue constituida por el despacho panameño Alcogal, una productora insaciable de sociedades offshore para defraudadores de todo el planeta. En el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en inglés) —una suerte de tercer grado al que el banco somete a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos—, Zabala se presentó como gerente y presidente de varias empresas de otro de los procesados en Andorra por el expolio de PDVSA, el empresario de lo seguros Omar Farías.

Y dijo a la institución financiera que eligió la BPA, donde planeaba transferir 900.000 euros cada dos meses, por “seguridad y confidencialidad”. Andorra permaneció blindada hasta 2017 por el secreto bancario.

Pasaporte del corredor de seguros venezolano José Luis Zabala.
Pasaporte del corredor de seguros venezolano José Luis Zabala.EL PAÍS

Los cargos de las tarjetas de crédito de Zabala recaían en sus cuentas en la BPA. En 2009, cobró allí 14,6 millones. El dinero llegó de la sociedad instrumental Highland Assets Corp S. A. controlada por Luis Mariano Rodríguez, presunto testaferro de Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez. Para justificar estos pagos, el corredor de seguros venezolano presentó al banco un contrato de servicios.

Los investigadores que indagan el saqueo de 2.000 millones de la energética venezolana enmarcan esta transferencia en una mecánica propia de blanqueo de capitales y la conectan con el expolio de la compañía pública. Cuestionan el justificante que Zabala esgrimió ante el banco para acreditar el millonario pago, unos supuestos servicios de asesoramiento. “Resulta sospechoso que este tipo de servicios se paguen en una sola cuota”, recoge un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) del pasado febrero.

EL PAÍS no ha podido recabar la versión de Zabala.

Un juzgado de Andorra procesó en 2018 por el expolio de PDVSA a una treintena de personas, entre las que figuran Zabala, Farías y los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Todos están acusados desde entonces de blanqueo y cobro de sobornos por pedir supuestas comisiones ilegales a empresas, especialmente chinas, que después eran agraciadas con millonarias adjudicaciones de la petrolera venezolana.

La red operó entre 2007 y 2012 y recurrió para lavar su botín a una alambicada madeja de una treintena de sociedades radicadas en paraísos fiscales como Belice o países protegidos por el secreto bancario, como Suiza o Andorra. El dinero manchado presuntamente por la corrupción de la petrolera confluyó en los depósitos de la BPA, una entidad intervenida en 2015 por participar en una supuesta lavadora de fondos de grupos criminales internacionales.

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Si no fuera por la tanqueta de color verde oliva apostada en un control militar a la entrada de Shymkent, nadie diría que en este país ha habido, hace unos días, unas violentas revueltas que han puesto en jaque al Estado. La primera ciudad que uno se encuentra al entrar en Kazajistán desde la vecina Uzbekistán, atravesando el paso fronterizo de la Ruta de la Seda, se despliega tras el checkpoint como una sucesión de edificios deslucidos y aceras agrietadas por las que vuelve a fluir la vida como si nada hubiera pasado.

“Todo marcha bien en la ciudad”, sonríe el dependiente de Allo Kebab, un local de comida rápida ubicado en una larga y grisácea avenida, a los pies de un mural que muestra el perfil centelleante de Lenin junto a unos trabajadores. Algún edificio local de la ciudad fue atacado, concede el muchacho. Y aún hay toque de queda al caer la noche. Por lo demás, los niños corretean por la calle este martes a media tarde, los transeúntes deambulan como siempre, unos mustios, otros alegres, y los autobuses se detienen regularmente tragando y escupiendo viajeros.

El dinero sí se ha vuelto una complicación. Tras días de protestas, que han dejado decenas de muertos (no hay una cifra contrastable) —y 10.000 detenidos, según datos oficiales del Gobierno kazajo—, la gran mayoría de ellas en Almaty, la capital financiera de este inmenso país de Asia central, encajonado entre China y Rusia, el pago con tarjeta o teléfono se ha vuelto casi imposible. De modo que resulta necesario obtener efectivo a la vieja usanza, en los cajeros automáticos, y esto se ha convertido a su vez en una pequeña odisea cotidiana: los dispensadores de billetes que funcionan están atiborrados de personas, que piden la vez al llegar y esperan ordenadamente su turno, para poder sacar un máximo de 10.000 tenges (unos 20 euros), el límite que da la máquina por cliente.

Kazajistán recupera la calma después de un arranque de año sangriento que ha sembrado de interrogantes el teatro geopolítico de Asia central, mientras Rusia tensa en otro extremo de su viejo imperio, a las puertas de Ucrania, la cuerda con la UE y Estados Unidos. Regresa internet, que había sido limitada para dificultar las comunicaciones, reabren también la mayor parte de aeropuertos y, mientras, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, ha anunciado este martes que en dos días comenzará la retirada de las tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una asociación militar del espacio postsoviético, liderada por Rusia, que entró en el país la semana pasada y desplegó rápidamente más de 2.000 militares para contener la crisis.

Para entonces las protestas pacíficas por el alza vertiginosa del precio del gas licuado de petróleo se habían transformado en tiroteos en las calles de Almaty, y sobrevolaba entre las fuerzas de seguridad la orden del presidente de disparar “sin previo aviso” contra los manifestantes, que para entonces ya no eran tales, al menos en palabras del presidente, sino una supuesta horda de “terroristas” y “bandidos” venidos del extranjero con la intención de subvertir el orden. Los cifró en unos 20.000, un dato que no ha podido ser contrastado de forma independiente.

“La misión principal de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTSC se ha completado con éxito”, ha señalado Tokáyev este martes en un discurso pronunciado por videoconferencia ante el Parlamento de Kazajistán. “Se desató una guerra terrorista contra el país”, ha añadido, según la agencia AFP. “Podríamos haber perdido el país”.

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En un giro de guion sin precedentes, el presidente ha cargado también contra el legado de su predecesor y el hombre fuerte que rigió los designios de este país de 19 millones de personas entre 1991 y 2019: Nursultán Nazarbáyev, el líder que tomó las riendas tras la caída de la URRS y cuyo rostro aún es reverenciado en esculturas, carteles y fotografías por todas partes. Tokáyev lo ha culpado de haber fomentado “una casta de ricos, incluso para los parámetros internacionales”, la cual dominaría los sectores clave de este país rico en recursos pero cuyos beneficios no acaban de permear en todas las capas sociales. El señalado expresidente Nazarbáyev aún no ha aparecido públicamente desde el inicio de una crisis que se ha llevado también por delante al Ejecutivo kazajo.

El Parlamento del país ha respaldado además este martes a Aliján Smaílov como primer ministro, cargo que comenzó a ejercer de forma interina el 5 de enero, en el pico de las violentas revueltas, a propuesta de Tokáyev. En los primeros compases de las protestas el actual presidente también destituyó a Nazarbáyev como presidente del Consejo de Seguridad y cesó y arrestó al jefe de los servicios secretos kazajos, Karim Masimov, bajo sospecha de alta traición al Estado. Poco a poco van encajando algunas piezas del complejo puzle kazajo del que Tokáyev parece salir reforzado, alejado de quien lo colocó en su silla, y más cerca de Moscú.

Los movimientos políticos y promesas de reformas y recuperación económica, que ha lanzado el presidente en su discurso, llegan con el ocaso de unas protestas que arrancaron a principios de año en la provincia de Mangystau, a orillas del mar Caspio, uno de esos lugares paradójicos, con el aire estepario, depauperado y carcomido del salvaje Oeste, pero bañada de hidrocarburos que manan, en abundancia, hacia China. De allí la mecha fue prendiendo por el resto del país, hasta alcanzar Almaty, en el extremo oriental, una urbe moderna situada a un paso de la frontera china. En sus calles empinadas, a los pies de una sierra nevada, encontró la gasolina para acabar en estallido.

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David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, durante una conferencia de prensa en La Paz, en 2020.
David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, durante una conferencia de prensa en La Paz, en 2020.DAVID MERCADO (Reuters)

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y seis ministros del Gabinete han dado positivo a la covid-19 en el repunte de contagios en el país. Se trata del 37% del Gabinete, conformado por 16 funcionarios. Choquehuanca se ha contagiado por tercera ocasión y a una semana después de haber recibido su primera dosis de la vacuna, algo que había eludido durante ocho meses. El Gobierno publicó un comunicado informando que, además de él, los responsables de Relaciones Exteriores, Gobierno (Interior), Defensa, Planificación, Justicia y Educación estaban aislándose tras someterse a pruebas.

Desde el 27 de diciembre, Bolivia se encuentra en el pico de su cuarta ola de contagios. En los últimos siete días, los nuevos casos han aumentado a un ritmo promedio de más de 9.000 diarios, superior al de otros momentos de la pandemia. La variante ómicron de la covid-19 se ha detectado oficialmente en La Paz, la capital administrativa del país, y los médicos aseguran que está expandiéndose también en otras ciudades en las que el brote es más intenso, como Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Igual que ocurre en el resto del mundo, los contagios son rápidos, los cuadros más leves entre los vacunados y la tasa de mortalidad más baja que nunca antes (de alrededor del 0,8%). En Bolivia el subregistro de contagios y fallecimientos es muy alto.

La vacunación del vicepresidente Choquehuanca se produjo luego de que la oposición le criticara continuamente por no haberlo hecho en abril pasado, cuando le correspondía por su edad. El vicepresidente boliviano explicó que no se había vacunado antes porque había enfermado dos veces con el coronavirus. También afirmó que había logrado salir de la enfermedad usando hierbas medicinales ancestrales y comiendo “hasta pasto”. En Bolivia ha sido frecuente que en las áreas rurales la población tienen más confianza en estas hierbas que en otros procedimientos médicos. El retraso también fue la resistencia a la vacunación de los habitantes del altiplano boliviano, que constituyen la base social del vicepresidente. En esta zona tienen una importante influencia las iglesias evangélicas que se oponen abiertamente a las vacunas.

El lunes pasado, miles de gremiales y vecinos de la ciudad de El Alto (colindante con La Paz), la mayoría de ellos de origen aimara, protestaron contra un decreto del Gobierno que ordena a todas las instituciones públicas, inclusive los aeropuertos y las terminales de buses, y a muchas privadas, exigir como requisito de admisión el carnet de vacunación o un PCR reciente. La medida gubernamental también ha sido rechazada por varios sectores campesinos, que han advertido con movilizarse. “En el campo sabemos que debemos curarnos con nuestra medicina ancestral, y que los que han ido al hospital han salido en cajón”, declaró un dirigente campesino a la prensa. Durante los dos años de duración de la pandemia, en Bolivia se ha denunciado el uso masivo de sustancias que son ilegales para el tratamiento de la covid-19, como la ivermectina y el dióxido de cloro.

El presidente, Luis Arce, decidió postergar la entrada en vigencia de este decreto hasta el 26 de enero, argumentando que los puntos de vacunación no estaban preparados para una afluencia tan masiva como la que se produjo mientras el decreto estuvo operativo, entre el 3 y el 5 de enero. En este corto periodo, aproximadamente medio millón de personas se vacunó, una cifra que en el pasado solo se lograba con varias semanas de campaña. Algunos voceros de la oposición dudan de que Arce pueda imponer finalmente su exigencia, puesto que se le enfrentan grupos sociales que tienen gran capacidad de movilización y que tradicionalmente han sido parte del oficialismo. Algunos dirigentes de estos grupos han afirmado que no son contrarios al Gobierno ni tampoco antivacunas, pero no quieren ser obligados a ser inmunizados. También existen grupos de antivacunas en otros segmentos sociales y otros lugares del país, pero solo se trata de pequeños grupos.

El expresidente Evo Morales criticó a los dirigentes de las organizaciones sociales vinculadas a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), por divulgar entre la gente que “las vacunas matan”. El que fuera mandatario boliviano se sumó al esfuerzo de Arce para aumentar la presión sobre la población que todavía no se ha inmunizado, que de acuerdo con las estadísticas mundiales es el 60% de los 11 millones de bolivianos (aunque la vacuna solo está disponible para niños desde los cinco años). Bolivia ocupa en este campo el penúltimo lugar en Sudamérica, únicamente por delante de Venezuela. Para elevar esta cifra y evitar un nuevo colapso sanitario al país, Arce desea adoptar la misma política que hoy se aplica en otros países de la región y el mundo, pero no ha sido comprendido por sus propios seguidores.

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Funeral de los cuatro niños muertos en Gaza en un ataque israelí, el 16 de julio de 2014.
Funeral de los cuatro niños muertos en Gaza en un ataque israelí, el 16 de julio de 2014.

La imagen de los cadáveres de cuatro chicos abatidos por un dron en una playa de Gaza simboliza la tragedia de la guerra de 2014 en la Franja palestina, la más larga librada por Israel tras asentarse como Estado. Los familiares de los menores pugnan aún para que se haga justicia. Pero el Ejército y el fiscal general dieron carpetazo a la investigación. Alegaron que los operadores del avión no tripulado confundieron a los niños con milicianos de Hamás en una zona costera considerada objetivo militar. Desde un hotel cercano, periodistas extranjeros que cubrían el conflicto solo observaron, sin embargo, a unos chavales que jugaban al fútbol en la arena. El Tribunal Supremo revisa ahora por primera vez el archivo de las diligencias después de que una ONG israelí desvelara las contradicciones contenidas en un informe militar secreto.

Eran cuatro primos, todos miembros del clan Baker, una estirpe de pescadores que da nombre un barrio marinero de la capital de Gaza. Ismail, de nueve años; Ahmed, de 10; Zacaría de 10, y Mohamed, de 11. Perecieron por el impacto de dos misiles disparados desde un dron artillado israelí a primera hora de la tarde del 16 de julio de 2014. El Supremo de Israel escuchó el lunes las alegaciones presentadas por tres organizaciones defensoras de los derechos humanos contra el cierre de la investigación sobre su muerte. Lo decretó el abogado general militar en 2015 y lo ratificó la Fiscalía General del Estado en 2019. Las ONG Adalah (con sede en Haifa, Israel) y Al Mezan y Centro Palestino para los Derechos Humanos (radicadas en Gaza) llevan siete años dando la batalla legal en nombre de la familia Baker para que se haga justicia.

El alto tribunal israelí se pronunciará en los próximos días sobre la petición de reapertura del caso, pero fuentes jurídicas apuntan a que los magistrados ya han expresado su convencimiento de que los hechos se produjeron en zona militar y en periodo de guerra. El Supremo dijo haber recibido un informe confidencial de los servicios de espionaje que define como objetivo militar el perímetro de la playa y el puerto donde murieron los cuatro niños.

Las mismas fuentes precisaron que la presidenta del tribunal, Esther Ayut, había resaltado que el informe de inteligencia militar había sido elaborado poco antes de que se produjera el ataque. Los abogados de las tres ONG no tuvieron acceso al contenido del informe confidencial, presuntamente por razones de seguridad nacional.

Los representantes de Adalah, el Centro de Defensa Legal de los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, rechazaron de plano dicha argumentación durante la vista. Advirtieron de que esa zona de la playa es un área civil, en la que suelen jugar los niños, y además se encuentra próxima a hoteles frecuentados por periodistas internacionales en sus coberturas informativas en Gaza. Entre otros reporteros, equipos de la cadena francesa TF1 y de la catarí Al Jazeera, y los corresponsales del periódico británico The Telegraph y del alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung fueron testigos de los hechos. Todos constataron que se trataba de un grupo de menores que jugaban al fútbol. Ninguno de los periodistas ha sido citado a declarar en las investigaciones abiertas por la justicia israelí.

Los abogados que representan a la familia Baker argumentaron además que, incluso si se tratara de una zona militar, el derecho humanitario internacional establece que el Ejército tiene la obligación de verificar si en los objetivos hay combatientes o civiles antes de lanzar un ataque. Según las alegaciones de las ONG, los militares israelíes dieron por buena la información de inteligencia que localizó un depósito de Hamás en la playa, y justificaron por ello la decisión de abrir fuego contra cualquier persona que atravesara el perímetro.

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Los límites de un objetivo de guerra

En un informe interno de la Policía Militar sobre el caso, que fue desvelado por Adalah en 2018, se precisa que el operador de un dron armado disparó un primer misil contra el depósito, en el que se había ocultado uno de los niños. Falleció en el acto. El resto de los chicos echaron a correr, como se aprecia en el vídeo grabado por TF1. El operador pidió entonces aclaraciones por radio sobre los límites de la zona militar en la que podía actuar antes de volver a abrir fuego.

Al no recibir respuesta, lanzó medio minuto después un segundo misil, que causó la muerte de otros tres primos Baker y heridas graves a un tercero. El Ejército se ha negado a entregar a los letrados de la familia las grabaciones de vídeo del centro de control de drones de la base aérea de Palmachin, situada al sur de Tel Aviv.

Las ONG que han defendido ante el Tribunal Supremo de Israel la reapertura de la investigación y el procesamiento de los responsables de la muerte de los cuatro menores sostienen que la Fuerza Aérea abrió fuego “de forma intencionada” contra los niños “sin previa identificación y sin adoptar las precauciones necesarias”, en una grave violación de las leyes de guerra. Un portavoz de Adalah ha afirmado que “el caso de la muerte de los cuatro chicos de la playa de Gaza refleja una política de total impunidad para los soldados y oficiales de Israel”.

El Centro Palestino para los Derechos Humanos considera en un comunicado que el “sistema judicial israelí encubre crímenes de guerra cometidos por el Ejército contra civiles palestinos”. “El caso de los chicos Baker es el más flagrante ejemplo, y en consecuencia, la instancia apropiada para determinar la responsabilidad es el Tribunal Penal Internacional”, concluye la ONG palestina. Cuando este corresponsal visitó por primera vez la franja de Gaza, meses después de la muerte de los cuatro niños de la playa, Ahmed Baker, padre del pequeño Zacaría, ya anticipaba ese rumbo. “Solo confiamos en la justicia internacional”, proclamó entonces el patriarca del clan de pescadores, “y yo iré hasta el Tribunal de La Haya aunque sea andando”.

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Conmoción en la costa de Nariño: hoy murió el exalcalde Walter Quiñones y hace 3 días su hijo

Desde las distintas Administraciones han expresado sus voces de condolencias por su fallecimiento. El exmandatario tenía aspiraciones de volver nuevamente al ruedo político.

Noticias Nariño.

De luto se encuentran los habitantes del municipio de Magüí Payán por cuenta de la muerte del exalcalde Walter Hernando Quiñones Castillo.

La noticia fue confirmada esta tarde por sus familiares.

Como se recordará, el mandatario estuvo al frente de este municipio en el periodo 2016-2019.

Frente a este hecho, TuBarco Noticias Pasto conoció que hace tres días también falleció su hijo Santiago Quiñones.

Al parecer el joven se encontraba en tratamiento médico en la ciudad de Cali, por temas relacionados con una delicada enfermedad.

Tras su muerte, el hijo del mandatario fue trasladado hasta el municipio costero en donde le dieron el último adiós.

Y hoy cuando el mandatario se disponía a hacer la entrega de los elementos de su sepelio sufrió un infarto que acabó con su vida.

Las voces de condolencia no se han hecho esperar, desde las distintas Administraciones, se han expresado por su fallecimiento.

 



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Hubo reporte de disparos y al parecer, también se registraron hurtos. Autoridades no se han pronunciado.

Noticias Cali.

Sobre las 2:45 de la tarde de este martes 11 de enero se conocieron varios reportes que llegaban desde la Autopista Sur Oriental en Cali.

La información recogida indicaba la presencia de una caravana fúnebre que se movilizaba por el túnel ubicado en este sector.

Había buses, vehículos particulares y también motos en donde se movilizaban parrilleros hombres.

Desde la zona además de la fuerte congestión que se presentó, también reportaron disparos y al parecer, varios casos de hurto a otros conductores que se movilizaban por el sector.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento o reporte frente a la situación por parte de la Secretaría de Movilidad Distrital, de Seguridad y Justicia o la Policía Metropolitana de Cali.

En octubre pasado hubo una situación similar en la 5ta

En su momento la situación generó un completo trauma en una de las vías más importantes de la ciudad.

Se detuvo el tráfico, no hubo semáforos que sirviera para descongestionar y las quejas generalizadas por parte de diferentes conductores que se movilizaban por la calle 5 a la altura del Hospital Departamental no se hicieron esperar.

Había motos con parrilleros, carros, personas con bombas y camisetas blancas.

Desde varios vehículos ponían música popular a alto volumen, en la zona no se divisaba presencia de policías o agentes de tránsito.

«En Cali estamos viviendo en la anarquía total«, denunciaba en un vídeo una de las personas que reportaba la situación este medio día.





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