El conflicto de Malí se ha recrudecido en el último mes en un contexto de retirada de las tropas francesas de la Operación Barkhane y reorganización de los grupos yihadistas que operan en esta zona, especialmente la rama local de Estado Islámico (EI). Los constantes ataques contra el Ejército y los enfrentamientos entre los propios grupos armados, que han causado decenas de muertos según Naciones Unidas en uno de los meses más sangrientos de un conflicto que dura ya una década, pero la tendencia más preocupante es el incremento de la violencia contra la población civil por todos los bandos. La organización Human Rights Watch asegura que el Ejército de Malí, que ya opera con el apoyo de instructores rusos, es responsable de al menos 71 víctimas civiles en el presente año, extremo que el Gobierno militar maliense niega. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a Malí y sus socios internacionales a respetar sus “obligaciones internacionales” durante las operaciones antiterroristas.
La retirada de la Operación Barkhane de Malí, acelerada por el desacuerdo entre las autoridades de Bamako y el presidente francés, Emmanuel Macron, está en marcha. Las bases galas de Kidal, Tessalit y Tombuctú ya han sido traspasadas a las Fuerzas Armadas malienses y lo mismo ocurrirá en las próximas semanas con las bases de Gossi, Gao y Ménaka. Además, Barkhane ha visto limitada su capacidad de intervención aérea ante las trabas puestas por el Ejecutivo maliense.
Frente a esta reducción de la operatividad de Barkhane, la rama local de Estado Islámico ha pasado por un proceso de reorganización interna e intensificación de su actividad. Tras la muerte de su histórico líder Abu Walid al Saharaui a consecuencia de un ataque aéreo francés en agosto de 2021 y el fallecimiento de su número dos por causas naturales, el poder ha sido asumido por dirigentes jóvenes y muy violentos procedentes de las comunidades peul y árabe. Desde el pasado 21 de marzo esta rama local, antes llamada Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS), pasó a llamarse Provincia del Estado Islámico en el Sahel, lo que le da una mayor autonomía y apunta a una mayor relevancia en el seno de la organización terrorista.
Estado Islámico es el responsable de los brutales ataques contra los pueblos de Tamalat e Insinane del 8 y 9 de marzo, en el que según diferentes fuentes fueron masacrados decenas de civiles de la etnia tuareg a los que acusaba de complicidad con el Movimiento de Salvación de Azawad (MSA), un grupo armado tuareg con el que mantiene frecuentes choques. Ambos grupos se enfrentan desde hace tres semanas en la región de Ménaka, provocando también miles de desplazados. EI reclamó la autoría de la muerte de 250 combatientes y civiles, mientras que fuentes del MSA elevaron la cifra de fallecidos a 400. Una semana más tarde, los yihadistas asumieron el ataque contra el puesto militar maliense de Tessit del pasado 14 de marzo, en el que fueron asesinados 33 soldados y 14 resultaron heridos, según informó el Estado Mayor del Ejército.
Además de Malí, Burkina Faso y Níger han sido escenario también de recientes ataques yihadistas. En este último país, un doble atentado cometido el 14 de marzo contra un autobús y un camión provocó la muerte de 21 civiles mientras que el pasado día 24 fueron asesinados seis militares en el pueblo de Kolmane de la conflictiva región de Tillabéri. En Burkina, la ciudad de Djibo, en el norte del país, está bajo el constante asedio de la rama local de Al Qaeda.
El Estado Islámico no es el único grupo terrorista que opera en la zona. El pasado 4 de marzo, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda, atacó el cuartel maliense de Mondoro y asesinó a 27 soldados, según un recuento gubernamental. En el comunicado en el que se atribuye esta acción, JNIM aseguró que se trataba de una venganza por la masacre de civiles cometida supuestamente por el Ejército maliense cerca de Diabaly, donde unos 35 sospechosos de colaboración con grupos yihadistas que estaban presos en un cuartel militar fueron ejecutados de manera sumaria y sus cuerpos quemados.
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Instructores rusos
Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) destaca que estas ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias de civiles se habían intensificado en Malí en los últimos meses, cometidas por todos los bandos. Varios testigos aseguraron a esta organización que algunos de los crímenes descritos se habían cometido en presencia de instructores militares rusos que los países occidentales señalan como paramilitares del Grupo Wagner, en una evolución similar a la que vivió la República Centroafricana, donde Naciones Unidas denunció graves delitos contra civiles atribuidos a mercenarios de Rusia en 2018. El Gobierno maliense niega tanto las ejecuciones extrajudiciales, que califica de fake news para desacreditar a sus Fuerzas Armadas, como la presencia de paramilitares.
El informe de HRW señala que desde diciembre de 2021 tiene constancia del asesinato de 107 civiles, la mayoría ejecutados tras su detención, entre los que hay jefes de pueblo, comerciantes, líderes religiosos e incluso niños. De ellos, 71 implican a las fuerzas de seguridad malienses y 36 a grupos armados no estatales, sobre todo yihadistas. “Constatamos un crecimiento dramático del número de civiles, entre ellos sospechosos, asesinados por el Ejército maliense y por grupos islamistas armados”, aseguró Corinne Dufka, directora de HRW para el Sahel. “Este desprecio total por la vida humana, que se expresa en evidentes crímenes de guerra, tendría que ser objeto de investigación y las personas implicadas tendrían que ser castigadas por ello”, añadió.
Los incidentes se produjeron entre diciembre de 2021 y comienzos de marzo de 2022 en las regiones de Segou y Mopti, en el centro del país, y Koulikoro, en torno a la capital, Bamako. Uno de los más graves tuvo lugar a principios de marzo. En los días previos, el Ejército detuvo a decenas de civiles, casi todos de la etnia peul, supuestamente por complicidad con grupos yihadistas en diferentes pueblos próximos a Niono y los trasladó al cuartel militar de Diabaly. La noche del 1 de marzo, 35 de ellos fueron sacados de allí a la fuerza y sus cuerpos aparecieron quemados el día 3 cerca del pueblo de Danguere Wotoro, a 11 kilómetros de Diabaly. Muchos de ellos tenían las manos atadas a la espalda y los ojos vendados.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó a través de su cuenta de Twitter el pasado 13 de marzo su “firme condena” ante “los recientes abusos cometidos en el centro de Malí” después de que aparecieran las primeras informaciones sobre la muerte de estos 35 civiles. Asimismo, mostró el respaldo de la Unión Europea a la investigación abierta por Naciones Unidas para esclarecer los hechos.
“Hay un empeoramiento de la situación en los últimos meses”, asegura Ornella Moderan, experta en el Sahel del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS), “y es difícil investigar porque la información circula poco y mal, hay una atmósfera de silencio”. Asegura que ha tenido acceso a informes sobre abusos y violaciones de derechos humanos y que la investigación de HRW no le ha sorprendido. “Es difícil asegurar la participación de elementos extranjeros en todo ello, pero está claro que la intensidad de ejecuciones extrajudiciales no se había visto hasta ahora en este conflicto. Todo ello en los últimos tres o cuatro meses”. Es decir, coincide tanto en el tiempo como con la zona geográfica de despliegue de los uniformados rusos, mercenarios, según Francia y Estados Unidos, e instructores del Ejército, según el Gobierno maliense. “El riesgo de tener actores fantasma sobre el terreno que no tienen personalidad jurídica es que será difícil pedirles que rindan cuentas”, añade.
Bamako ha abierto pese a todo investigaciones y recoge información para averiguar quiénes eran los responsables de los crímenes denunciados por HRW. Prácticamente ninguna investigación anunciada sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad en Malí ha llegado a ninguna conclusión.
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