Al ‘Cartel del Cilantro’ se sumó el ‘Cartel de la Papa’, controlados por organizaciones ilegales que hacen cumplir a ‘plomo’ los cobros del peaje por cada viaje que llega a la ciudad.  

Un clima de zozobra y miedo se respira en la galería de Tuluá, donde las bandas criminales manejan a su antojo el comercio de varios productos de la canasta familiar, los cuales no se pueden comercializar sin el respectivo pago del impuesto que se cobra por cada descargue de vehículo.  

La situación es tan extrema que en las tiendas de barrio de la Villa de Céspedes hace varios meses no se consigue una rama de cilantro, ya que los tenderos prefirieron dejar de vender este producto ante la amenaza constante de los acaparadores ilegales que se pasean por la ciudad indagando por la procedencia de la planta.  

El manojo de cilantro no baja de los 8.000 pesos y ha llegado a estar sobre los 10.000 mil pesos, cuando se conseguía entre los 2.000 mil y 2.500 pesos, lo que representaría ingresos por encima de los 20 millones de pesos mensuales para el llamado Cartel del Cilantro, que controla el movimiento de cada rama.  

El escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal también denunció la complicada situación de criminalidad que se vive en su tierra.

Y como mal que no se controla se multiplica, ahora también se ejerce un férreo control sobre el comercio de papa, el Cartel de la Papa, elevó el precio de este tubérculo de los 30.000 mil pesos en promedio a más de 80 mil pesos, lo que hace impagable este producto de la canasta básica. “Cada vehículo que llega a descargar el producto debe pagar una cuota mínima de 150 mil pesos”, indicaron fuentes que pidieron omitir sus nombres.  

Esta semana el precio del bulto llegó a los 100 mil pesos, y hubo tenderos que pagaron la libra a 1.200 pesos. “Residentes del corazón del valle preocupados, no se consigue una papa para el consumo en los hogares tulueños, ¿qué es lo que pasa?”, se preguntó un ciudadano que se quejó ante la alcaldía municipal.  

Nadie denuncia por miedo  

Conductor que transportaba papá desde Nariño fue ultimado a tiros en la entrada sur de Tuluá.

Si bien la situación de temor que se vive en la galería de Tuluá es un secreto a voces, nadie se atreve a denunciar por miedo a represalias, sentimiento que creció con el homicidio del ciudadano Milton Eduardo Carvajal Molina, de 31 años, un conductor de camión que llegó a la ciudad con una carga de papa procedente del departamento de Nariño.   

De acuerdo con la versión de las autoridades, el joven fue interceptado por sujetos armados que le dispararon de forma indiscriminada cuando se movilizaba por la entrada sur de Tuluá, a la altura de la sede de Medicina Legal, hecho que indicaron estaría relacionado con varios atentados que tuvieron lugar en la galería de Tuluá.  

Los agobiados comerciantes temen que este tipo de carteles se extiendan a otros productos ante la falta de reacción de las autoridades, pues, aunque es evidente la presencia de personal civil de la Policía, manifestaron que los cobros se realizan ante los ojos de todo el mundo.  

Este medio conoció que se adelantan trabajos de investigación en el sector, pero lo cierto es que hasta ahora no se vislumbran resultados que le devuelvan la tranquilidad a los comerciantes, quienes obligados por la necesidad deben convivir con el miedo y la intimidación.   

Alias el ‘Zorro’ estaría al frente de las acciones delictivas de la estructura delincuencial ‘Oliver Sinisterra’, responsable de varios crímenes en Tumaco, Nariño.  

En las últimas horas se reportó la captura de Fernando Castro Castaño, alias ‘Zorro’, presunto cabecilla de la red de sicarios de este grupo armado residual, quien estaría involucrado en ocho homicidios ocurridos durante el último año, entre estos, el de un patrullero, un menor de edad que se opuso a ser reclutado y tres integrantes de una familia que no habrían atendido las advertencias del grupo criminal durante el aislamiento preventivo. 

De acuerdo con la información recabada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, este sujeto presuntamente participó en el crimen de tres integrantes de una misma familia que jugaban billar en el corregimiento de Llorente, el pasado 3 de julio de 2020.  

El triple homicidio se habría producido después que la ‘Oliver Sinisterra’ difundiera un panfleto con amenazas a la ciudadanía para que no saliera de casa y evitara acudir a sitios públicos, entre otras advertencias, durante los días de aislamiento preventivo por el Covid-19. 

Las investigaciones dan cuenta de que alias ‘Zorro’ habría participado en abril de 2020 en el asesinato de un adolescente que no quiso ingresar a la estructura ilegal, y las autoridades tienen indicios que lo señalan de atacar con armas de fuego e incinerar una patrulla de la Policía Nacional que acompañaba y asistía a los familiares de seis personas asesinadas en el corregimiento La Guayacana.  

En el hecho perpetrado el 23 de agosto de 2020, murió el uniformado Diego Andrés Moreno, crimen por el cual la Fiscalía le imputó a alias el ‘Zorro’ los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, y fabricación, tráfico y/o porte de armas de fuego, cargos que no aceptó.  

Fernando Castro Castaño fue capturado gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, la Sijín de la Policía Nacional y unidades del Ejército Nacional en la vereda Caunapi del corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de Tumaco, acciones que permitieron que fuera cobijado como medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Personería Municipal realizó visita en la que se establecieron compromisos a cumplir por parte de la entidad de salud.    

Atendiendo el llamado angustioso de centenares de usuarios de Sanidad de la Policía Nacional en Tuluá, la Personería Municipal visitó las instalaciones del ESPRI en esta localidad del centro del Valle, encontrando una serie de irregularidades que fueron denunciadas por policías activos, pensionados y sus familias.  

En la dependencia que presta entre otros servicios consulta por medicina general, odontología general, psicología, planificación familiar, consulta preventiva adolescente y adulto joven, adulto y adulto mayor, hay un común denominador y es la deficiente atención.

Policías activos, pensionados y familiares padecen por el pésimo servicio de salud.

Así lo conceptuó el delegado del Ministerio Público, entidad que informó que se establecieron unos compromisos que serán sometidos a un seguimiento especial con miras a mejorar el servicio a los pensionados y policías activos, quienes de manera constante presentas quejas por fallas en la atención.  

“Hay muchas quejas por la mala atención, por ello en cabeza del personero municipal, Pedro Ordoñez, realizamos una visita encontrando muchas situaciones que requieren un proceso de cambio y seguimiento muy fuerte”, expresó el delegado para los derechos humanos de la Personería, Martín Hincapié.   

El contrato se firmará a finales de abril, mes en el que vence el plazo para acceder a los beneficios tributarios por pronto pago.  

Un nuevo contrato millonario para la difusión de actividades de la alcaldía municipal se firmaría a final de mes, actividades que comprometerían recursos por $263.560.000 y tendrían como fin mejorar el recaudo de impuestos a través de la realización, producción y difusión de mensajes institucionales dirigidos a la comunidad tulueña sobre el pago oportuno y ventajas de pagar el impuesto predial.  

La campaña que se debe realizar a través de medios radiales, audiovisuales, e impresos iniciaría en mayo, mes en el que ya no aplican los beneficios por pronto pago, una pequeña curiosidad si se tiene en cuenta que el contrato se debe ejecutar en un plazo de cuatro meses, desde la firma el acta de inicio.  

A través de este contrato se pautará el pago de publicidad de cuñas radiales, comerciales en televisión local, medios impresos y redes sociales, sin que sea claro cuales son los beneficios que recibirán los tulueños, puesto que para la época de la ejecución no habrá descuentos de ninguna clase.   

Cabe señalar, que la administración de John Jairo Gómez Aguirre ya había publicado otro pliego de condiciones por $350 millones para cubrir la operación logística y la producción audiovisual desde el mes de abril hasta finales de junio, es decir, se gastarán en videos y trasmisiones virtuales cerca de $117 millones mensuales.   

Estos contratos que destinan millonarios recursos para publicidad se firmarán justo en medio del tercer pico de la pandemia por covid-19 y cuando las comunidades de la zona rural padecen graves emergencias como consecuencia de la ola invernal que vive el país.   

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El alcalde John Jairo Gómez Aguirre decidió apostar por lo que llamaba despectivamente como ‘cemento’ para intentar mejorar su lánguida imagen.

En lo que representa un giro de 180 grados, el alcalde del municipio de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, abrió tres procesos de contratación por un valor superior a los $5.500 millones de pesos, para realizar pavimentos, andenes y otras obras de infraestructura que hasta la campaña consideraba eran solo cemento.

De acuerdo con los procesos de contratación publicados en el Secop I, la administración municipal destinó $2.523.112.021 para la construcción, adecuación y mejoramiento de andenes en varios sectores de las comunas 10 y 5, que incluye el corregimiento de Aguaclara y el tradicional barrio Sajonia.

En el sector norte se intervendrá la Transversal 12 entre el puente del río Tuluá (carrera 28) y el puente del río Morales; la Transversal 28ª, entre Transversal 12 (estación de servicio Terpel) y la manzana E, en la urbanización La Paz; la carrera 28 entre Transversal 28ª y el puente del río Tuluá. Mientras en el sector del barrio Sajonia, se intervendrá la calle 34 entre carreras 27ª y 28.

Adicionalmente, se contratarán recursos por otros $ 367.091.955 para el mejoramiento de la intercesión vial de la calle 34 entre carreras 27ª y 28, obras complementarias a las incluidas en la licitación pública No. 330.20.2.27, con lo cual estos trabajos rondarían los $3.000 millones.

En otro contrato se incluirán los trabajos señalados en la licitación pública No. 330.20.2.25 por valor de $2.653.548.482, recursos que tienen como finalidad el mantenimiento, señalización y obras complementarias de la Transversal 12 entre calle 24 y la carrera 28b.

Trabajos no incluyen recuperación de vía a Tres Esquinas  

Los cerca de seis mil millones no incluyen obras en vía a Tres Esquinas ni ningún otro sector rural.

Aunque le mandatario local anunció que la administración municipal trabajará en la adecuación de la vía a Tres Esquinas, corredor que presenta un alto estado de deterioro, en las obras que se contratarán por cerca de $6.000 millones no se incluyó este sector del municipio ni ningún otro sector rural afectado por la ola invernal.

Si bien John Jairo Gómez Aguirre indicó que no aumentará los impuestos para financiar estas obras, lo cierto es que el alcalde o desconoce la constitución o engañó a los tulueños, porque es de conocimiento público que ningún mandatario está facultado para aumentar impuestos porque esta es una función exclusiva del Congreso de la República.

Soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules hicieron un barrido en la zona de los enfrentamientos en Nariño.

Funcionarios de Policía Judicial adelantaron los actos urgentes logrando ubicar cuatro fosas, cada una con un cuerpo; posteriormente, y de acuerdo con la información recibida en el sitio, se halló un quinto cuerpo sin vida flotando en un brazo de la quebrada La Prieta.

Las acciones fueron posibles solo cuando las tropas que desembarcaron en el sector aseguraron la zona, tras recibir información que desde el pasado 26 de marzo se registraban fuertes entrenamientos armados en jurisdicción del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño.

Efectivamente, tras asegurar la zona fue posible hallar los cinco cuerpos sin vida en la vereda Palma de Coco, al parecer integrantes de las llamadas disidencias de las Farc, bloque occidental ‘Alfonso Cano’, quienes posiblemente habrían muerto producto de las confrontaciones armadas contra integrantes de las disidencias de la columna móvil ‘Franco Benavides’.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades se trata de una guerra a muerte entre reductos de las Farc por el control de la producción, rutas y tráfico de drogas, un negocio boyante que quedó intacto tras el acuerdo firmado por el expresidente Juan Manuel Santos y los hoy congresistas de las Farc y algunos líderes de la llamadas disidencias.

Los restos hallados fueron trasladados a Medicina Legal, con el fin de determinar la identidad, sexo y edad de los occisos, resultados que serán dados a conocer a la opinión pública tan pronto las autoridades judiciales, que asumieron la investigación del hecho, tengan alguna certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que estos ocurrieron.

La patrullera y sus dos compañeros se habrían apropiado de parte de un cargamento de casi 200 kilos de coca que fue incautado en un operativo.

Tres integrantes de la Policía Nacional terminaron encanados por apropiarse ilegalmente de una parte de la cocaína que había sido incautada tras un operativo realizado en Buenaventura a un camión cisterna, utilizado para almacenar y transportar hidrocarburos.

El juez Segundo Penal con función de control de garantías envió a la cárcel a los tres policías activos identificados Marisol Parra Ortega, Víctor Alfonso López Díaz y
Juan Carlos Molano Guió, quienes fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico, y porte de estupefacientes, peculado por apropiación, peculado por uso, y falsedad ideológica en documento publico.

Los hechos por los cuales son investigados los uniformados ocurrieron el 1 de octubre de 2020, cuando estaban adscritos a la Sijín de la Policía Valle del Cauca, y según fuente fuente humana, no habrían reportado el total de una incautación de la sustancia hallada un camión.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el automotor tenía una caleta en su interior en la cual transportaban más de 197 kilos, que según la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, PIPH, cocaína y que los uniformados se habrían apoderado de una parte del narcótico.

Se presume que el automotor tenía una caleta en su interior, la cual contenía más de 197 kilos que según la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dió positivo para cocaína, caleta que los uniformados no reportaron en su totalidad.

Como resultado de la investigación los procesados fueron capturados por servidores de la Dijín en cumplimento de órdenes de captura, y aunque no aceptaron los cargos el juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y envió a la cárcel a los tres policías.

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