Hong Kong no tendrá una sola ley de Seguridad Nacional, tendrá dos. La dura medida ya existente desde que Pekín la impuso hace un año y medio, que ha obligado a cerrar a medios de comunicación críticos, que ha llevado a la detención de los activistas y políticos de oposición más destacados y a la que gobiernos occidentales y defensores de derechos humanos acusan de coartar el sistema local de libertades contará con una norma complementaria en la nueva legislatura. Este nuevo texto legal ampliará el número de comportamientos considerados delictivos.
Así lo ha anunciado este miércoles la jefa del gobierno autónomo Carrie Lam en la sesión inaugural de esa nueva legislatura en el Consejo Legislativo (Legco), el parlamento local. Un parlamento en el que, tras las elecciones legislativas de diciembre, en las que únicamente se permitió participar a candidatos “patriotas”, solo un diputado de un total de noventa se describe como independiente. Ninguno se alinea en el lado demócrata.
El ambiente era muy distinto del bullicio que había dominado el Legco en otros tiempos. No solo por las notables ausencias de una veintena de legisladores y de varios altos cargos, en cuarentena tras haber asistido a una polémica fiesta de cumpleaños de un alto funcionario chino que se convirtió en foco de contagio de covid. O por el emblema de la República Popular que ahora preside el hemiciclo por encima de la insignia hongkonesa. Sin la oposición demócrata -que dimitió en masa en noviembre de 2020- y que bebía de la tradición británica para protestar vivamente por las intervenciones del otro bando, la sesión se tramitó estrictamente según lo previsto en la agenda. Sin abucheos, sin interrupciones y sin nadie que en el turno de preguntas cuestionara a Lam mucho más allá de pedirle alguna precisión.
En la bancada que anteriormente ocupaban los diputados de la oposición, ahora se sentaban los nombrados por la Comisión Electoral progubernamental. La ministra jefa, visiblemente más relajada que en otras comparecencias pasadas, prometió acudir más al parlamento para sesiones de control. Y pasó revista a las que serán las prioridades legislativas del año.
Entre ellas estará el desarrollo de una ley local de Seguridad Nacional, que complementará a la impuesta desde Pekín en junio de 2020 y que tipificará unos cuarenta delitos. La tramitación de esa norma es algo que Lam ya venía anticipando desde el año pasado.
La Ley Básica de Hong Kong, la miniconstitución del enclave, prevé en su artículo 23 que el territorio autónomo cuente con su propia ley de Seguridad Nacional. Pero un primer intento de aprobarla, en el año 2000, precipitó las peores protestas masivas que había vivido la antigua colonia británica hasta las de 2019 contra Pekín. El gobierno autónomo de entonces optó por retirar la propuesta de ley para acallar esas manifestaciones, sin que hasta ahora se hubiera querido retomar la medida.
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“El proceso legislativo relativo al artículo 23 forma parte de las obligaciones constituciones, y no puede retrasarse más”, ha declarado Lam a los diputados, según recoge AFP.
La jefa del gobierno autónomo concluirá su primer mandato en junio y para entonces el ejecutivo habrá sometido a consulta pública los detalles de la nueva ley, precisó. Algunos legisladores aspiran a que la legislación quede aprobada para entonces, aunque Lam indicó que ese plazo es demasiado corto.
La Ley de Seguridad Nacional redactada por Pekín se impuso para zanjar de raíz las protestas de 2019 y para cubrir aquel vacío legal que ningún gobierno autónomo había querido tocar debido a su alto coste político. Castiga con penas que alcanzan la cadena perpetua la “subversión”, el “secesionismo”, el “terrorismo” y la “traición”, delitos definidos de manera muy vaga. Además, prohíbe que organizaciones extranjeras lleven a cabo actividades políticas en la antigua colonia británica, y las organizaciones locales no pueden mantener lazos con otras instituciones políticas extranjeras.
Desde su entrada en vigor, el sistema de libertades existente en Hong Kong, único en el territorio chino y considerado durante décadas un modelo dentro de Asia, se ha visto cada vez más limitado. Al menos cuatro medios de oposición han echado el cierre: el periódico Apple Daily, y los digitales Stand News –su directiva quedó detenida el 29 de abril por sospecha de “actividades sediciosas”-, Citizen News y Mad Dog Daily. Otros medios han sufrido un constante goteo de salidas en sus redacciones. Decenas de prominentes políticos de oposición y activistas, desde el joven antiguo líder estudiantil Joshua Wong al veterano dueño del Apple Daily, Jimmy Lai, se encuentran detenidos a la espera de juicio, acusados de cargos relacionados con esa ley. La mayor parte de ellos, relacionados con declaraciones sobre la democracia. Otros han abandonado el activismo o se han exiliado.
La nueva legislación puede no ser la única. Lam ya había indicado el año pasado que su gobierno trabajaba en una medida para combatir las “noticias falsas”, que castigará la “desinformación, el odio y las mentiras”. En respuesta a una pregunta en la sesión parlamentaria, la ministra jefa indicó que su gobierno estudiará las polémicas normas que ya ha aprobado Singapur contra la desinformación y contra posibles injerencias extranjeras, como una de las referencias en el proceso para elaborar la nueva norma de seguridad nacional.
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