La negociación con el FMI concentra toda la atención en Argentina. El presidente Alberto Fernández admitió este martes que el acuerdo para refinanciar los 44.500 millones de dólares que recibió el país en 2018 aún no está cerrado, pero dijo que lo enviará “esta semana” para su tratamiento en el Congreso. Ese fue el anuncio más importante de la hora y media de discurso que el mandatario dio durante la apertura del curso parlamentario. La cuestión de la deuda fue también origen de un rifirrafe con parte de la oposición, que abandonó el recinto cuando Fernández reiteró que investigará la responsabilidad penal de ese endeudamiento récord, producido durante la gestión de Mauricio Macri. “Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, dijo, en medio de un gran griterío de unos y aplausos de otros. Lo escuchaba a su lado Cristina Fernández de Kirchner, que como vicepresidenta presidió la sesión.
Alberto Fernández es un presidente debilitado por las tensiones que mantiene con Fernández de Kirchner, líder de la principal fuerza de la coalición de Gobierno. Las diferencias se concentran, justamente, en el acuerdo con el FMI. Los legisladores kirchneristas han puesto múltiples objeciones a un texto que consideran una claudicación de la Casa Rosada ante el acreedor, que pide déficit cero en un plazo de tres años y condiciona la vigencia del acuerdo al resultado de auditorías trimestrales. Cristina Kirchner no apareció en público ni hizo declaraciones desde finales de enero, cuando el FMI y Fernández anunciaron el inicio de un entendimiento. Durante la última semana, el kirchnerismo filtró a la prensa presuntos detalles del acuerdo, que hablaban de una reforma laboral y previsional y una subida de las tarifas de los servicios públicos.
El presidente uso buena parte de su discurso ante la Asamblea para desmentir la filtración. “Que quede claro, no habrá reforma laboral”, dijo primero. “Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa: no habrá una reforma previsional”, agregó después. Y repitió varias veces que el acuerdo no supone “un ajuste”, palabra maldita en Argentina. “Es un entendimiento inusual: sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa”, dijo. Sí habrá guerra, sin embargo, en la cuestión de las tarifas a la energía.
El Gobierno destina hoy el 2,3% del PIB (unos 11.000 millones de dólares) en subsidios para que no suba en los hogares el precio de la electricidad y el gas. Es parte de una política contra la inflación, que supera el 50% interanual. El kirchnerismo no quiere subidas mayores del 20% en las tarifas, pero el FMI exige que al menos se acerquen el IPC. Alberto Fernández dijo esta tarde que los aumentos estarán atados al índice salarial, lo que supera ampliamente las aspiraciones de la expresidenta.
Fueron todas palabras para el kirchnerismo, que amenazó con bloquear el acuerdo en el Senado, donde Cristina Kirchner tiene el control, e incluso en la Cámara de Diputados. El hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, renunció a principios de febrero como líder parlamentario de la coalición oficialista, el Frente de Todos, en desacuerdo con el texto firmado con el FMI. El diputado no estuvo este martes en el Congreso, evidencia de la dimensión de la fractura. Tampoco estuvo fuera del edificio legislativo la agrupación política que lidera, La Cámpora, acompañando a los sindicatos y organizaciones sociales que arroparon a Fernández.
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Tensión con la oposición
El presidente necesita los votos del kirchnerismo para aprobar el acuerdo con el FMI, paso previo a la firma definitiva en Washington. Pero también necesita de la oposición. Y este martes en la Asamblea rompió puentes con los legisladores de Juntos por el Cambio, la coalición del expresidente Mauricio Macri. Los acusó de promover un crédito irresponsable e impagable, con compromisos anuales “sin precedentes en la historia universal de la historia moderna”. Según el acuerdo firmado con el FMI en 2018, Argentina debía pagar este año 19.000 millones de dólares y una suma similar el año que viene. Cuando Macri entregó el poder en 2019 a Fernández, el cronograma con el FMI ya era inviable y Argentina estaba en default con los acreedores privados. Fernández recordó a Juntos por el Cambio que hay una investigación judicial contra los responsables de recibir el crédito. Los diputados de Macri se retiraron entonces del recinto.
Fue el momento más caliente de la sesión, para disfrute de Cristina Kirchner, testigo silenciosa de la escena. Fernández se perdió luego en un largo listado de anuncios económicos, la mayoría ligados al sector productivo, y el repaso de los indicadores que indican un repunte de la economía en la pospandemia.
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