noticias /tecnologia/funcionan- comunidad es-llegaran-whatsapp-inspiran-slack-discord-960635" target="_blank" title="Así funcionan las Comunidades que llegarán a WhatsApp y que se inspiran en Slack y Discord">Fue en abril cuando hablamos en profundidad de las comunidad es. Por aquel entonces la revelación se había ido filtrando y, desde Meta, quisieron afrontar la información con datos reales y especificaciones concretas. noticias /tecnologia/ comunidad es-whatsapp-novedades-2022-1045399" target="_blank" title="Así funcionan las Comunidades de WhatsApp: pretenden cambiar la forma de comunicarnos">Aquí toda la info sobre la nueva característica.
Por si no lo recuerdas, una comunidad en WhatsApp es un lugar donde puedes encontrar grupos relacionados con tus intereses, y es posible unirse a ella utilizando un enlace de invitación a la comunidad de parte de un administrador, o puedes ser añadido manualmente.
Hoy, WhatsApp lanza la actualización de la beta de WhatsApp para Android 2.22.19.3 que por fin trae una característica que llevábamos tiempo esperando: la posibilidad de crear una comunidad . Eso sí, por parte de unos pocos testers.
Como puedes ver en esta captura de pantalla , es muy fácil entender si la función ya está disponible en tu cuenta de WhatsApp: solo tienes que comprobar si aparece la pestaña de comunidad es en lugar de la pestaña de la cámara.
Si la pestaña de comunidad es está disponible, ya puedes empezar a crear una comunidad añadiendo hasta 10 grupos: estos grupos se llaman "subgrupos" y admiten hasta 512 participantes.
Un miembro de la comunidad puede elegir a qué subgrupo unirse en función de sus preferencias personales y puede abandonar un subgrupo sin tener que dejar la comunidad . Los administradores de la comunidad también pueden desactivar una comunidad si no quieren seguir utilizándola, y otros miembros pueden denunciar la comunidad a WhatsApp si viola sus condiciones de servicio.
Tras crear una comunidad , WhatsApp crea automáticamente un nuevo grupo: el de anuncios. Gracias al grupo de anuncios, los administradores de la comunidad pueden enviar mensajes que siempre son visibles para todos los miembros de la comunidad .
Cómo activar el modo oscuro de WhatsApp
Por el momento, WhatsApp está trabajando en ocultar los números de teléfono en los subgrupos de una comunidad, de modo que otros miembros de la comunidad no puedan ver su número de teléfono.
Desgraciadamente, esta función de privacidad no está incluida en esta "primera versión" de WhatsApp Communities, por lo que debemos esperar que sea lanzada en el futuro, pero no hay más detalles disponibles ahora mismo, como la fecha de lanzamiento.
Hay que tener en cuenta que algunos usuarios pueden recibir la actualización 2.22.19.2 desde la Play Store en lugar de la versión beta 2.22.19.3, que también es compatible con las comunidad es.
Pero, aunque hayas instalado una actualización compatible, no significa que ya puedas crear una comunidad hoy mismo: WhatsApp está lanzando una prueba muy pequeña para ciertos probadores de la versión beta.
Internet es uno de los mayores inventos hechos por el ser humano. La posibilidad de tener acceso a la información desde casi cualquier lugar del mundo es algo que resultaba completamente impensable hace unas décadas. Pero esta libertad general no solo se traduce en la posibilidad de estar siempre conectado.
En los últimos años el crecimiento de las comunidad es online ha despegado de manera sorprendente, de hecho, en la actualidad contamos con redes sociales en las cuales personas acumulan millones de seguidores. Pero también encontramos internet -810501" target="_blank" title="¿Qué es Reddit y cómo puedes moverte por el foro más grande de internet ?">diferentes foros cuya actividad es casi similar a las de páginas webs.
Ambos elementos tienen un punto en común y es la unión por una temática, existiendo también comunidad es online para personas introvertidas. Y, es que, ser una persona introvertida no está reñida con querer intercambiar opiniones, participar en debates y, sobre todo, contar con una red de personas a las que poder considerar amistades.
Esta primera comunidad está pensada para que las personas introvertidas puedan relacionarse entre ellas ya que, lógicamente, tendrán más puntos en común y temas de conversación que con otro tipo de personalidades. Lo positivo de esta comunidad es que cuenta con usuarios alrededor de todo el mundo.
Al tener un gran número de usuarios, siendo 190.00 la cifra concreta, lo cierto es que resultará más fácil el encontrar un grupo o grupos de personas con las que sentirse cómodo o cómoda a la hora de compartir vivencias, experiencias y pasatiempos. Además, es una comunidad con grupos organizados por temáticas. comunidad ">Enlace directo a la comunidad .
No, no hablamos de toda la plataforma de Reddit. De hecho, hay que matizar que nos referimos en concreto al subreddit dedicado a las personas introvertidas. El nombre es r/introverts y dentro de esta comunidad lo que uno encontrará son diferentes publicaciones hechas por miles de personas introvertidas.
Actualmente la comunidad cuenta con más de 300.000 personas que publican o leen los contenidos diariamente. Lo interesante es que cualquiera puede comentar una duda, un comentario o expresar una opinión. Normalmente es una comunidad en la que se publican experiencias personales y se pide consejo para manejar situaciones complicadas.
Esta red social dedicada a encontrar trabajo también cuenta con un apartado específico para aquellas personas que son introvertidas. Lo cierto es que sigue funcionando como un espacio donde encontrar trabajo, pero así cualquier persona que sea introvertida puede filtrar por el tipo de ambiente de trabajo que desea tener.
Además, lo más interesante es que muchas de estas personas que se encuentran en estos espacios comparten su experiencia con el resto de personas para así poder ofrecer una visión mucho más amplia de la realidad. Es una buena forma de conocer cómo es por dentro el ambiente laborar y perder el miedo si hay una oportunidad de trabajo.
Esta comunidad ">comunidad está pensada para ofrecer ayuda a todas las personas que sean introvertidas y quieran mejorar la forma en la que interactúan con el resto de personas. La forma en la que se empieza a trabajar dentro de esta plataforma es mediante el uso de diferentes documentos donde se explican conceptos básicos.
Los conceptos son, por ejemplo, la forma en la que se puede empezar noticias /life/mejores-frases-iniciar-conversacion-tinder-1018681" target="_blank" title="Las mejores frases para iniciar una conversación en Tinder">una conversación, cómo interactuar en momentos en los que uno se queda en blanco y un largo etcétera. De hecho, incluso hay una sección especial en la cual se dan consejos acerca de relacionarse con otras personas si hay un interés romántico en ellas.
Es posible que esta sea una de las comunidad es más grandes dedicadas a las personas introvertidas. Lo que nos encontramos en ella es básicamente comunidad ">una red de microblogs en la cual cientos y miles de personas publican sus diferentes experiencias, pueden ser situaciones afables como otras más bien complicadas o desagradables.
Lo cierto es que esta red social lo que busca es crear un espacio seguro para una gran cantidad de personas introvertidas. A nivel general el funcionamiento es sencillo, solo hay que acceder a la página web y empezar a leer lo que han publicado el resto de usuarios. Eso sí, también podrás realizar una publicación si es lo que deseas.
Si te gusta la lectura, este es tu club. La forma en la que funciona comunidad ">Silent Book Club es bastante interesante y no tiene nada que ver con los clubs de lectura a los que muchas personas están acostumbradas. En este club de lectura en silencio puedes leer el libro que te apetezca y no hará falta la necesidad de comentar al final de la lectura.
Al no tener un libro en común no se genera una necesidad de agobio al tener que cumplir en cuanto a capítulos por semana o, por ejemplo, tener que explicar ciertos pasajes según avanza la lectura. Lo único que hay que hacer es leer durante dos horas en silencio y al final se puede elegir conversar o no con el resto de los asistentes.
La página web se centra en conseguir que las personas introvertidas estén conformes con su personalidad, no está pensada para que se consiga dar el salto y convertirse en alguien extrovertido. De hecho, en comunidad ">esta comunidadlos usuarios hablan de sus experiencias positivas y de lo bueno que es ser una persona introvertida.
Eso sí, también se realizan publicaciones en las cuales se dan consejos para conseguir sobrevivir a situaciones complicadas o que escapan al control de las personas introvertidas. Lo cierto es que los contenidos que se generan son de bastante interés para cualquier tipo de persona que sea introvertida y que, lógicamente, se sienta orgullosa de serlo.
Los cambios dentro de WhatsApp cada vez son más palpables y, ahora, algunos usuarios pueden comprobar cómo serán lo nuevo que llegará a la aplicación de mensajería instantánea dentro de unas semanas. Hablamos de las comunidad es de WhatsApp que tanto tiempo llevan rumoreándose y, sobre todo, filtrándose.
WhatsApp lanzó el anuncio de las comunidad es en el segundo trimestre del año, haciendo que los usuarios empezasen a preguntarse acerca de esta característica y de cómo influenciaría la forma en la que utilizan la aplicación . Ahora gracias a que varios usuarios pueden acceder a esta característica podremos ver su funcionamiento.
Las comunidad es de WhatsApp para quien no lo sepa es una nueva forma de interactuar dentro de la aplicación de mensajería. Lo que se pretende con esta nueva pestaña es que se puedan organizar los grupos mediante diferentes temáticas para así poder mantener un orden a la hora de enviar mensajes o, por ejemplo, enviar mensajes globales a esos grupos.
Cómo activar el modo oscuro de WhatsApp
Estas comunidad es permitirán añadir un número limitado de grupos, siendo 10 la cifra máxima que se permitirá. Puede parecer poco, pero la realidad es que cada uno de noticias /tecnologia/whatsapp-prepara-registro-verguenza-participantes-grupos-1062913" target="_blank" title="WhatsApp prepara un "registro de la vergüenza" para los participantes en grupos">estos grupos admiten la friolera de hasta 512 participantes por lo que estaríamos ante una cifra bastante grande de personas dentro de cada comunidad .
No habrá caos en estas comunidad es ya que se podrá designar a un administrador para que sea la persona encargada de monitorizar lo que ocurre en ellas, aunque este cargo también lleva ciertas responsabilidades como es el hecho de eliminar deshabilitar la comunidad en caso de que deje de estar activa.
Pese a que esta persona será que tenga el mayor cargo, los usuarios que forman las comunidad es también podrán denunciarlas en caso de que esta noticias /tecnologia/10-cosas-no-debes-hacer-nunca-whatsapp-bloqueada-cuenta-1017783" target="_blank" title="10 cosas que no debes hacer nunca en WhatsApp si no quieres ver bloqueada tu cuenta para siempre">incumpla los términos de servicio de WhatsApp. Pese a lo amplio que puede sonar esto la realidad es que no se podrán realizar acciones ilegales dentro de estas comunidad es.
No hay muchos más detalles acerca de las noticias /tecnologia/ultima-beta-whatsapp-trae-funcion-esperada- comunidad es-1113087" target="_blank" title="La última beta de WhatsApp trae su función más esperada: las comunidad es"> comunidad es de WhatsApp todavía y, es que, tendremos que esperar a que algunos usuarios cuenten su experiencia para poder comprobar su buen o mal funcionamiento. A nivel general es una buena forma de interactuar dentro de WhatsApp y, la verdad, recuerda bastante a los supergrupos de Telegram.
Por el momento nos mantendremos atentos ante cualquier información que llegue al respecto de esta nueva característica. Las expectativas son bastante altas y puede que esto juegue en contra de esta nueva funcionalidad de WhatsApp. Mientras tanto lo que tocará es esperar a que se lance de forma oficial para todo el mundo.
La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las FARC en el Estado de Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro de dos hechos: no solo de que los grupos armados colombianos se habían desplazado al sur de Venezuela, sino que, además, contaban entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.
La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente Décimo de las disidencias de las FARC —comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte— cerca de la población de La Victoria, sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia, en el Estado de Apure.
La escalada puso en evidencia un nuevo elemento en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente —o bien dispuesto a la convivencia— con la presencia cada vez más patente de los grupos armados colombianos.
En cualquier caso, la campaña militar coincidió con las noticias de que las disputas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates. Y la intervención de las fuerzas armadas venezolanas ha sido, en el mejor de los casos, opaca. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC —Jesús Santrich, El Paisa y Romaña—, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.
El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China en 2010.
Comandantes de la Zona Operativa de Defensa Integral #31, presentan armamento incautado en la Operación Jiwi, el 11 de febrero de 2021, en Apure, Venezuela.ZODI APURE
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Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del Estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia el interior del Amazonas. De acuerdo con la información oficial, la muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes.
La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en un teatro de operaciones de guerra, ha sido la culminación de un proceso iniciado en 2016.
N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días.
Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.
Apoyado sobre el fogón, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mariño cuenta que los guerrilleros llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la montaña y allí permanecieron durante cinco años.
Los guerrilleros se identificaron como miembros de la FARC ante los habitantes de Santo Rosario.Sergio González
“En un principio veíamos a hombres vestidos de militar caminando por las calles de la comunidad a la montaña, pero asumimos que se trataba de militares venezolanos”, dice. La confusión suena verosímil: a escasos cuatro kilómetros del asentamiento indígena, sobre la carretera principal que conecta con Puerto Ayacucho, se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana.
Un día, cuenta Mariño, un uniformado que se identificó como miembro de las FARC llegó a su casa. “Nos dijo que necesitaban permanecer escondidos en la selva porque su gobierno los persigue para matarlos, que su presencia no iba a alterar la dinámica de la comunidad y que, por el contrario, nos querían apoyar con la seguridad y que podíamos confiar en que no se iban a meter o abusar de las mujeres, ni con los conucos”, refiriéndose a las parcelas de cultivo de supervivencia de los campesinos.
Y en efecto: transcurrieron cinco años de una convivencia pacífica que solo fue interrumpida por las bombas.
Alistamiento de jóvenes
El reclutamiento forzoso de menores y de indígenas no es noticia en el contexto de la guerra interna colombiana. Pero en Venezuela no se había reconocido nada semejante. Hasta ahora.
“Aquí hay chamos de hasta quince años que se han ido a trabajar con los guerrilleros”, dice A.Q., una madre de 23 años que trabaja en un comercio ubicado a las orillas del río Orinoco, en el cruce de chalana que conecta Puerto Nuevo —sector del municipio de Atures también conocido como El Burro— con Puerto Páez, en el Estado de Apure.
Vendedores de pescado, esperan a la orilla del río Orinoco, en la ciudad amazónica de Puerto Ayacucho, Venezuela.FERNANDO LLANO (AP)
Junto a su madre, A.Q. atiende un negocio que se dedicaba a la venta de víveres y alimentos, pero que a causa del aumento del precio de la gasolina subsidiada en Venezuela y las fallas en el suministro en los Estados al sur del país, debió mutar a la venta clandestina de gasolina proveniente de Colombia. Una actividad que se ha convertido en fuente de sustento para muchos en la entidad.
“La mayoría de los comercios en El Burro trabajan con contrabando de gasolina. Por ahí pasan los autobuses que vienen de Ciudad Bolívar y de Caicara cargados de vendedores bachaqueros que cruzan a Puerto Carreño a comprar mercancía colombiano al por mayor para luego venderla en Venezuela. Ayer llegaron tres autobuses”, detalló.
La joven madre asegura que en ese paso desde Los Llanos al Estado de Amazonas “todos conocen quién es quién. Todos sabemos quiénes son la gente del monte”, señala, en referencia a los guerrilleros. “Ellos tratan con uno, con la gente normal, no nos piden vacuna [o cobro extorsivo de protección]. Ellos en su mundo. Pero sí ayudan. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo enfermo y recurre a ellos, le ofrecen apoyo económico”.
Una de sus hermanas tiene 16 años y está embarazada de un muchacho venezolano que se sumó a las filas de la guerrilla, relata. Y una amiga de la infancia también trabaja para ellos.
En Amazonas las fuerzas irregulares colombianas controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del Estado.Sergio González
“A mi amiga se la llevaron a Cabruta [población situada sobre la margen norte del Orinoco, en el estado Guárico] Allí las mujeres hacen lo mismo que los hombres: cargan armas, montan guardia, lavan, cocinan. Yo no lo haría. En eso es fácil entrar, lo difícil es salir”.
“La guerra vino por mí”
A M.L. su mamá la fue a buscar al campamento guerrillero. Pidió hablar con el comandante jefe para exigirle que su hija regresara a la comunidad. No fue fácil, relató E.R., uno de los profesores de la joven, pero la madre se plantó en el campamento decidida a no abandonar el lugar sin su hija. Lo consiguió.
M.L. fue, junto con la joven muerta en el bombardeo y una tercera compañera, una de tres mujeres indígenas de la comunidad Coromoto que optaron por unirse a la guerrilla. E.R., que le dio clases, es un docente de una comunidad vecina, llamada Rueda.
E.R. relata que le preguntó a M.L. por qué había corrido el riesgo de irse con la guerrilla. La respuesta que quedó grabada en su memoria no parece sorprenderle: “Creí que trabajando para ellos podría ayudar a mi familia, estamos pasando mucha necesidad”, recuerda el docente que le dijo la muchacha.
La pobreza y la presencia de grupos irregulares en sus territorios está empujando a los indígenas a migrar a Colombia.Sergio González
Una encuesta socioeconómica aplicada por la Delegación de la Red de Defensores Indígenas en esa comunidad de Rueda, así como en otra aldea cercana, Platanillal (a casi cinco kilómetros al oeste de Coromoto, la residencia de M.L.), reveló que 80 de las 286 personas que participaron en el estudio presentaban algún nivel de desnutrición.
A.S., un indígena jiwi que vive en Platanillal y que forma parte de la Red de Defensores, explica que la ausencia del Estado y la crisis humanitaria que azota al país son las causas principales de la dramática situación que viven las comunidades indígenas. Y no pueden paliar sus necesidades ni siquiera con la caza y pesca tradicionales porque la presencia de grupos irregulares en su territorio les ha vedado el acceso.
“Los indígenas no quieren ir al conuco a pescar porque en el camino se encuentran con los guerrilleros, tienen miedo. La bolsa CLAP llega, con suerte, cada dos meses”, explica A.S. en referencia al programa gubernamental de distribución de alimentos y productos de la canasta básica a precios subvencionados.
Un informe presentado por el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), en abril de 2021, alerta sobre el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas desde Venezuela a Colombia. Los indígenas migran sobre todo a los departamentos fronterizos del Vichada y Guainía. “De las 34 comunidades del eje carretero sur, seis fueron abandonadas completamente, todos se fueron”, detalla A.S.
“De las comunidades de Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, sabemos que 350 indígenas migraron a Puerto Carreño, y 400 a Cumaribo [poblaciones del lado colombiano]. Solo entre octubre y noviembre del 2020, un estimado de 200 indígenas, jóvenes y adultos, han salido del Estado por vía fluvial”, explica el defensor indígena.
Sentado en una minúscula oficina, Michelle Beath Zurfluh, secretario del despacho de la Gobernación de Vichada, reconoce que la entidad enfrenta un problema con la migración de indígenas provenientes de Venezuela. Explica que los jiwi completan ahora un segundo éxodo, pues muchos habían cruzado el Orinoco años antes rumbo a Venezuela.
Ahora, a la inversa, los hijos y nietos de esos migrantes están regresando a Colombia. Allí ocupan asentamientos con precarias viviendas hechas de láminas de zinc, plástico y telas que no cuentan con ningún tipo de servicio público. Según datos recopilados por Griam, producidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de la Gobernación de Vichada, existen 25 asentamientos jiwi en la capital de ese departamento colombiano.
Los hijos de la guerrilla
Desde que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instaló en 2017 tres campamentos cerca de Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas Piaroa al norte de Puerto Ayacucho, las cosas empezaron a cambiar de formas inesperadas.
El ELN llegó a la comunidad indígena Betania Topocho en el 2017, allí instalaron tres campamentos a apenas cinco kilómetros de distancia.Sergio González
Con el tiempo, los forasteros se fueron mezclando con la comunidad. Captaron a jóvenes indígenas para trabajos menores. Entre una cosa y otra, mientras entablaban relaciones con los muchachos locales, empezaron a conocer a las chicas solteras de la comunidad.
“Poco a poco los jóvenes empezaron a hablar como los guerrilleros, se expresaban y comportaban como los guerrilleros”, cuenta J.S., un poblador.
De forma voluntaria, algunos se sumaron a sus ejércitos: “Se les veía portando el uniforme y en muchas ocasiones iban armados”.
El vínculo entre los guerrilleros y los jóvenes de la comunidad cobró otra dimensión, y comenzó a normalizarse en cierta medida, con el nacimiento de los primeros niños producto de relaciones entre combatientes irregulares y las mujeres piaroa de Betania. Según testimonios de los lugareños, al menos siete hijos de miembros del ELN integran hoy la comunidad.
En una oportunidad se vio a un uniformado haciendo fila en un operativo especial llevado a la comunidad por la Alcaldía del municipio de Atures venezolano para el registro de identidad de un hijo.
Vista aérea del bosque cerca de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, Venezuela.DEA / P. JACCOD (De Agostini via Getty Images)
Dividida en dos polos —el de quienes apoyan la presencia de los irregulares y hasta trabajan para ellos, contra aquellos que la rechazan de plano—, en Betania Topocho ya son varios los debates comunitarios que se han dado para sopesar y atenuar el impacto que están teniendo los vecinos recién llegados sobre sus formas tradicionales de vida.
En agosto de 2021 se dio una situación así. Entonces se identificó a una muchacha de la comunidad que servía de intermediaria para organizar citas amorosas y encuentros íntimos entre insurgentes y chicas piaroa. La asamblea exigió, sin éxito, que los guerrilleros se quedaran en sus campamentos y no volvieran a poner pie en el caserío.
Para J.S. la precariedad de la vida cotidiana es solo la base anímica sobre la que la guerrilla encuentra sustento para seducir a los jóvenes de la comunidad. “Les prestan las armas, las gorras, les hablan de una nueva vida llena de aventuras, de dinero y de poder. Se aprovechan de la inmadurez de los menores”, lamenta.
La Fundación Conflict Responses (Core) asegura que las narrativas simplistas según las cuales estos grupos únicamente están formados por quienes no dejaron las armas en Colombia no reflejan la realidad. En su informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, publicado en marzo del 2021, Core afirma que los grupos disidentes se han nutrido, en gran medida, de nuevos reclutas. Esto sería cierto a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.
Agentes federales venezolanos montan guardia mientras cinco hombres acusados de ser miembros de los paramilitares colombianos son mostrados a la prensa en Puerto Ayacucho, en abril de 2005. LESLIE MAZOCH (AP)
En la Defensoría del Pueblo del Estado de Amazonas reposa una denuncia formal por el reclutamiento de siete indígenas por parte de miembros de las FARC en el Municipio Maroa, en el suroeste del estado. En la denuncia, señalan como responsables de la presunta esclavitud y extorsión “a mineros extranjeros ilegales y grupos armados colombianos al margen de la ley (desertores de las FARC), quienes ejercen el control total de la zona minera del Rio Siapa”.
Familiares de los siete jóvenes dijeron que estos “fueron llevados con falsas promesas y no les permiten la salida de las zonas mineras”, según señala el documento, registrado en marzo del 2021 en la ciudad de Puerto Ayacucho.
Los familiares acudieron a los puestos militares, pero no recibieron apoyo, relata la denuncia. Tuvieron por lo tanto que movilizarse al campamento guerrillero y solicitar que los adolescentes fueran liberados, sin obtener respuesta. “Presumimos que estos adolescentes fueron captados para realizar trabajos en zonas mineras. Es un caso que apenas estamos iniciando las investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo”, detalló Gumercindo Castro, responsable de la Defensoría del Pueblo en el Estado de Amazonas, al momento de la denuncia.
(*) Esta es la cuarta entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.
Créditos
Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser Dirección de arte:Fernando Hernández Diseño: Ana Fernández Edición: Eliezer Budasoff Maquetación: Alejandro Gallardo Infografía: Nacho Catalán | Jorge Moreno Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
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No han soltado el arco y la flecha, solo que ahora los enfilan contra otros colonizadores. Unos 133 indígenas piaroa de la comunidad Gavilán de Cataniapo —al norte del Amazonas venezolano, en el municipio de Atures— se unieron en 2018 para conformar lo que llaman “cuerpo de resistencia civil”: un grupo de centinelas para protegerse de los nuevos forasteros que irrumpen en ese rincón de la selva amazónica.
Los vigilantes se llaman Ajoce Huäyäkä, vocablo piaroa que alude a una forma de trabajo comunitario. Insisten en ese asunto porque de allí deriva su legitimidad. Más que de tropas o milicias se trata, según sus palabras, de un grupo que se constituyó siguiendo decisiones adoptadas en asambleas, cuando la comunidad empezó a verse rodeada de mafias, guerrillas, mineros y garimpeiros que fueron asentándose en las vecindades.
No había pasado un año de la formación de la resistencia cuando fueron sorprendidos con una visita particular: hombres armados que se identificaron como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invadieron su territorio y, como ya lo han hecho en otras zonas de la Guayana venezolana, se anunciaron como sus nuevos vecinos con un guión que viene repitiéndose en otras comunidades.
“Informaron que venían del gobierno, que eran aliados estratégicos del país”, recuerda el coordinador general de la Organización Pueblo Unido Piaroa del Cataniapo en Amazonas, Hortimio Ochoa. Solo que en este caso, después del revuelo inicial, terminaron por hacer caso a las demandas de los lugareños y desistieron de instalarse. “Marchamos, dialogamos y se fueron”.
El asunto, sin embargo, no quedó allí. Un año después, en febrero de 2020, los mismos uniformados regresaron, esta vez ya para quedarse. Entonces, más de 700 indígenas de las riberas del Cataniapo volvieron a marchar para expulsarlos, sin éxito.
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Hoy, la guardia tiene más trabajo que antes. Preocupados de que los cataloguen como una suerte de autodefensas, Ochoa insiste en que están bien lejos de ser un pelotón militar. Dice que no portan armas de fuego —solo se les ve con lanzas de madera— y que se trata de la misma comunidad organizada. La guardia, afirma, “interviene en la liberación de personas secuestradas, participa en la búsqueda de desaparecidos en las masacres, previene el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, ofrece seguridad en las movilizaciones y eventos de sus pueblos, protección ambiental y seguridad territorial”.
Un cóctel de nuevos y viejos grupos irregulares —desde mineros ilegales hasta guerrillas— ha venido asentándose en el territorio piaroa. La expansión armada en el conflictivo sur venezolano, incluso en tiempos de pandemia, ha generado desplazamientos, confrontaciones, reclutamientos y depredación ambiental. También ha impactado las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas que, como en el río Cataniapo, empiezan a constituir grupos autónomos de seguridad que suplen la ausencia del Estado.
En apenas un año, entre 2020 y 2021, surgieron noticias de al menos dos nuevas guardias territoriales indígenas en áreas a las que ha llegado la presencia armada: una en la comunidad piaroa de Pendare, en el municipio de Autana del norte de Amazonas; y la segunda en territorio ye’kwana del río Caura medio, en el municipio de Sucre del oeste del Estado de Bolívar. Se sumaron a una lista de cuatro comunidades piaroa de Amazonas, así como de otras en Bolívar, tanto a orillas del río Paragua como del río Cuyuní.
Por mucho, el caso más emblemático es el de la Gran Sabana, al suroeste de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Allí, unas 86 comunidades del pueblo pemón, entre 120 localizadas en la zona, han adoptado este tipo de patrullas.
Alrededor de 80 voluntarios participan en la guardia territorial constituida en el municipio Autana de Amazonas.Sergio González
En Pendare, ubicada en el norte de Amazonas, los indígenas decidieron en febrero de 2020 defenderse “por su propio medio” de la “invasión silenciosa” sobre el territorio Tearime Siri koi Aerime Suititi de los uwottuja. De acuerdo con la mitología indígena, los abuelos protegieron el territorio piaroa poniendo raudales que servían como puestos de control y vigilancia para impedir el paso de personas foráneas. Pero las organizaciones del crimen han saltado los raudales y otros accidentes naturales, si es que no los han usado a su favor, para penetrar el territorio e instalar campamentos debajo de la copa de los árboles o dragar el lecho de los ríos.
En 2012, la Organización Indígena Pueblo Uwottuja del Sipapo (Oipus) empezó a denunciar la entrada de grupos armados, pero la administración de Nicolás Maduro no actuó y la presencia de irregulares se incrementó: en 2019, identificó campamentos en las riberas del río Autana, Bajo Sipapo y río Guayapo y, meses después, pistas de aterrizaje y evidencias de contrabando.
Desde mediados de 2020, la figura de las guardias territoriales se ha constituido en cinco comunidades del municipio de Autana con 80 voluntarios que instalan puntos de control en zonas estratégicas. Pero esto no ha detenido a los invasores. En marzo de 2021, en un punto de control sobre el Caño Guama, en la cuenca del río Sipapo, los mineros amenazaron a los indígenas con escopetas. En el hecho, tres indígenas resultaron heridos, uno de ellos con un corte en el rostro y pérdida de la dentadura, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de Amazonas. Frente al poder de fuego de sus adversarios, la capacidad disuasiva de las rondas indígenas resulta endeble.
Un grupo armado que opera en el municipio Sifontes, en el sur de Bolívar, arremetió contra indígenas en enero de 2022. Tres indígenas, entre ellos un capitán y un miembro de la seguridad territorial, fueron heridos.Sergio González
A principios de 2022, otros tres indígenas de la etnia pemón fueron heridos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, en el sureste del Estado de Bolívar, por miembros de los autodenominados “sindicatos” que mantienen por la fuerza el control sobre yacimientos auríferos y sus alrededores en el municipio de Sifontes. Portando armas largas y disparando al aire, miembros del sindicato de alias Juancho arremetieron contra la comunidad, que había decidido ocupar un viejo galpón abandonado para dedicarlo a actividades comunitarias.
La toma del galpón representó un contratiempo para la banda delictiva, pues el inmueble permite controlar el paso por la vía de acceso a una mina bajo su control. En el enfrentamiento quedó herido el capitán de la comunidad Joboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos miembro de la guardia territorial indígena, fueron golpeados cuando intentaban fotografiar el conflicto.
La expansión de los grupos armados foráneos en este punto profundo del Estado de Bolívar ha obligado a las comunidades indígenas locales a organizar más de esas guardias, a pesar de su aparente incapacidad para rechazar a los invasores.
En San Martín de Turumbán, a orillas del río Cuyuní que marca la frontera con el Territorio Esequibo de Guyana, indígenas pemón conformaron su guardia territorial en febrero de 2021, tras la invasión de mineros ilegales a las tierras de la cercana comunidad de San Luis de Morichal.
Con el vocablo pemón Maikok, que significa “espíritu salvaje y montañero”, la comunidad bautizó a la guardia territorial, constituida por 30 hombres y mujeres mayores de 17 años. “La comunidad se organizó y creó la seguridad sectorial por las invasiones de grupos armados y criollos que querían imponer sus normas”, explicó el capitán de la comunidad Bennett Kennedy.
La guardia tiene un punto de control en los linderos de la comunidad y supervisa, lista en mano, quién entra y quién sale de las áreas mineras. Ciertas infracciones, tales como irrespetar a las autoridades indígenas, el ingreso de bebidas alcohólicas o la prostitución, son castigadas con la expulsión. Cuando decenas de mineros ilegales avanzaron de nuevo sobre San Luis de Morichal, en febrero de 2021, la guardia indígena de San Martín de Turumbán estuvo tres meses en el sitio para apoyar el resguardo de las tierras comunitarias.
Aún con casos de éxito como el anterior, la invasión de tierras indígenas por parte de los sindicatos, sin embargo, no ha cesado, como tampoco lo ha hecho en zonas amenazadas por la incursión de otros grupos, como las guerrillas colombianas y los garimpeiros de Brasil.
Situación de armas tomar
Hasta 1999, los derechos de los pueblos indígenas no contaban con reconocimiento constitucional en Venezuela. La Carta Magna que entonces impulsó Hugo Chávez estableció como una de sus banderas el reconocimiento a los pueblos indígenas y la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable.
El artículo 119 no solo encomienda esa tarea al Poder Ejecutivo, sino que el 120 añade que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.
Pero del dicho al hecho, las disposiciones para la demarcación y la autonomía territorial de los pueblos originarios quedaron en letra muerta. Mientras, se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por fuerzas militares regulares del mismo Estado, que a su vez obligaron a los indígenas a adoptar una mayor beligerancia.
Uno de los primeros antecedentes de esos desmanes data de 2011, cuando indígenas pemón de 13 comunidades a orillas del río Paragua desarmaron y retuvieron durante cuatro días a 22 militares del Batallón 507 de Fuerzas Especiales del Ejército, devenidos mineros, a quienes encontraron hundidos en el barro hasta las rodillas y con motobombas encendidas. El hecho y la coordinada respuesta indígena sentaron las bases para la conformación de Musukpa, una comunidad en las cercanías de la mina Tonoro que diseñó un estricto compendio de normas de convivencia de diez capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.
Perdidos entre la selva, un testigo grabó el secuestro y decomiso de las armas que unas 600 personas de 13 comunidades asentadas a orillas del Río Paragua practicaron contra un grupo de 22 militares.Vídeo: ARMANDO.INFO
El ejemplo de Musukpa se replicó en los años siguientes. Miembros de 12 comunidades del sector 3 de Urimán, en el municipio de Gran Sabana, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército venezolano que estaban ejerciendo la minería de forma ilegal en sus predios. Dos años más tarde, en el norte del mismo Estado, indígenas de las comunidades ye’kwana y sanemá, de la cuenca del río Caura, hicieron algo similar: detuvieron a un comandante del Ejército y a nueve soldados en protesta por la quema de dos viviendas y por la complicidad en prácticas mineras que atribuían a los uniformados.
Pioneros pemones
El primer referente de seguridad indígena en el sur de Venezuela se remonta a 2001, en la comunidad pemón de Maurak, en el municipio de Gran Sabana, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil. Se llamó “policía civil indígena”, pues sus miembros estaban formados en seguridad, primeros auxilios y rescate. En esta comunidad nació Alexis Romero, un dirigente pemón clave en las negociaciones entre indígenas y gobierno en Musukpa en 2011.
Hasta ese momento, los problemas de Maurak eran sobre todo de orden doméstico: disturbios por ingesta de alcohol, robos menores y casos de violencia de género, según recuerda la capitana actual de Maurak, Lisa Henrito, quien asegura que se inspiró en las guardias indígenas de Colombia para dar forma a estas estructuras de seguridad interna.
El ejemplo cundió por toda la región al punto que hoy ya son 86 las comunidades de Gran Sabana que cuentan con cuerpos de seguridad interna. Es frecuente que algunos de sus miembros entrenaron en Maurak, alma mater de las guardias territoriales. “Es una guardia porque somos guardianes de nuestro territorio, de nuestra familia, las aguas, el ambiente y todo en el territorio; y no se trata de resguardar solo el territorio de los indígenas, sino del planeta”, explica Henrito. “Si los órganos de seguridad de esta nación no tienen la capacidad o la voluntad de hacer su trabajo, nosotros sí lo vamos a hacer porque somos los más interesados en mantener la paz”.
En 2016, la conformación de la guardia territorial de Santo Domingo de Turasen —en el mismo municipio— a causa del auge de la delincuencia y del tráfico de drogas y armas, provocó que el alcance de estas instancias excediera las fronteras de la comunidad. Ese año, un homicidio en Santa Elena de Uairén —principal población criolla cerca de la frontera con Brasil— con la participación de funcionarios policiales estatales, llevó a que habitantes de esa localidad, junto con las comunidades indígenas, expulsaran al cuerpo policial y tomaran el control de la seguridad con operativos en los municipios de Gran Sabana y Sifontes. “Allí llegó la popularidad de la guardia territorial pemón”, asegura Henrito.
Esa acción incorporó los cuerpos de seguridad del municipio, entrenó a indígenas de comunidades distantes como Sifontes y La Paragua y visibilizó a la Guardia Territorial Pemón, nombre que decidieron adoptar en 2017: “Los cuerpos de seguridad indígena nacieron como mecanismos internos”, detalla Henrito, “pero la mayor amenaza ahorita es la invasión progresiva de territorios indígenas, por eso estamos alertas 24/7″.
Sin embargo, también se puede morir de éxito. Fue el caso del asesinato en septiembre de 2018 de José Vásquez, comandante de la guardia territorial en la comunidad de Turasen. Las pesquisas y la autopsia determinaron que se trató de un homicidio, cuya responsabilidad fue atribuida al escolta y funcionario retirado de la Armada venezolana, Edward Frederick Curuma, quien fue arrestado. Indígenas pemón sospechan que el ataque contra este líder fue parte de un plan para debilitar la defensa territorial.
Un ataque del Ejército contra la comunidad indígena de Kumarakapay, en 2019, hizo que más de 1.000 indígenas migraran a Brasil.María Ramírez Cabello.
En 2019, la violencia estatal y la represión escalaron en la Gran Sabana, en la antesala del ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida desde Brasil. La guardia indígena de Kumarakapay, llamada Aretauka por el acrónimo de tres grupos del pueblo pemón —arekuna, taurepan y kamarakoto—, intentó impedir el paso de vehículos militares hacia la frontera con Brasil para mantener el paso limítrofe abierto y con ello el ingreso de la ayuda humanitaria. Pero un ataque del Ejército en represalia contra la comunidad indígena dejó tres lugareños muertos por impactos de bala: Zoraida Rodríguez, Rolando García y Kliver Pérez, así como decenas de heridos. García era un legendario guía de excursiones y actividades de turismo de aventuras. Un cuarto indígena herido en el incidente, Onésimo Fernández, murió en marzo de 2020.
El ataque represivo, perpetrado con armas de fuego y bombas lacrimógenas, inédito en territorios indígenas, consolidó la militarización en este municipio. Más de 1.300 pemones huyeron de su natal Venezuela hacia el lado brasileño de la frontera en busca de seguridad, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El éxodo incluyó al alcalde indígena del municipio, Emilio González. Las patrullas de Kumarakapay, que apenas portaban arcos y flechas, optaron por pausar sus actividades por temor a represalias y para evitar malos entendidos, pues en general estos grupos han sido acusados hasta de paramilitares.
La posibilidad de la violencia
Varias experiencias en América Latina comparten el crédito como origen de las guardias territoriales —como también se les conoce en Colombia—; policías comunitarias o autodefensas, en México; o rondas campesinas, en Perú.
La guardia del territorio indígena del Cauca, en Colombia, fue creada formalmente en 2001 con el propósito de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, amenazados por el conflicto armado, el desplazamiento y la invasión y militarización de sus territorios. Es una formación controlada por las autoridades indígenas y está conformada por 3.200 personas que “solamente armadas con bastones y walkie-talkies tratan de salvaguardar los territorios e impedir el ingreso de actores armados”, indica un estudio del doctor en Sociología Anders Rudqvist y el profesor de Historia Roland Anrup, publicado en la Revista Papel Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Los investigadores suecos consideraron que la guardia indígena es uno de los elementos de la resistencia civil de las comunidades en contextos de conflictos. Es una forma de defensa no armada “contra diferentes formas de violencia directa, es decir, violencia física”, pero también puede constituirse frente a las formas de violencia estructural. “Para el movimiento indígena, la resistencia civil es un ejercicio de autonomía y práctica comunitaria frente al Estado, los actores del conflicto armado y los intereses económicos transnacionales. Como consecuencia del principio de autonomía las comunidades han decidido no abandonar el territorio en casos de emergencia sino recurrir a la resistencia civil desde las asambleas permanentes”.
El politólogo y abogado Vladimir Aguilar, investigador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, explica que las guardias territoriales son mecanismos que los pueblos indígenas han encontrado para el control de sus territorios ante las amenazas de terceros. Aunque no todas son iguales, aclara. “Las de Bolívar son de carácter rígido (control de acceso hacia áreas mineras) mientras que las de Amazonas son de salvaguarda de sus territorios y ecosistemas (guardianes de la selva)”.
En la medida en que la expansión de la frontera extractivista a través de la minería ilegal siga en aumento, este mecanismo de control seguirá creciendo, sostiene.
Sin embargo, aclara que la tradición de los pueblos indígenas no incluye posiciones bélicas. Que esta característica cambie o no, va a depender de la presión y amenazas hacia sus territorios. “Los indígenas se han convertido en los verdaderos custodios de la soberanía e integridad territorial de la nación”.
(*) Esta es la quinta entrega de la serie “Corredor Furtivo”, investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
Créditos
undefined Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser Dirección de arte:Fernando Hernández Diseño: Ana Fernández Edición: Eliezer Budasoff Maquetación: Alejandro Gallardo Infografía: Nacho Catalán. Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
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Cuando la joven Carmen Rosa Huamán creó una asociación de mujeres tejedoras en su comunidad campesina de Ayaviri, en la región peruana de Cusco, nunca imaginó que, algún día, soñaría con dar a conocer al mundo sus tejidos; un horizonte cada vez más palpable gracias a la llegada de internet móvil 4G a esta recóndita zona de los Andes.
Mujeres tejedoras muestran sus creaciones al presidente ejecutivo de Telefónica en Perú, Pedro Cortez (c), en la Comunidad Campesina de Ayaviri, en el departamento de Cusco (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
En 2020, Huamán compró, a los 28 años, su primer celular: «La pandemia nos lo ha exigido», cuenta a Efe la mujer desde los exteriores de su rudimentaria casa, situada al pie de la vía que atraviesa su comunidad, a más de 3.000 metros de altura y a una hora y media de la ciudad de Cusco.
Según relata, la asociación de tejedoras nació de la necesidad de dar un sustento alternativo a las vecinas de Ayaviri que, como ella, se dedican a «ser amas de casa», a cuidar a sus hijos y ayudar, de vez en cuando, a sus esposos en la chacra (finca).
Son quince jóvenes que semanalmente se reúnen para autoinstruirse en el arte de la costura en el centro del pueblo, con vistas al impotente nevado de Salcantay. Empezaron tejiendo gorros, chalecos, manoplas y ponchos para vender en su humilde comunidad, que alberga a unas 400 familias de agricultores quechuahablantes.
Pero desde hace un año, se les abrió una ventana de oportunidades tras el arribo del internet móvil 4G, con el que ahora aprenden a perfeccionar sus técnicas a través de videos de Youtube y aspiran a replicar las experiencias de otras asociaciones de tejedoras peruanas que exportan sus productos al exterior.
«Gracias a eso, internet, ya sabemos conectarnos, más o menos (…) nos está sirviendo para sacar más calidad (…) y ver otras (asociaciones) que están vendiendo por WhatsApp, por Internet (…) pero falta conocimiento más que todo», reconoce Huamán, ataviada con un sombrero blanco de copa alta, sellado con una cinta azul.
Cerrar brechas para el desarrollo
La tecnología 4G en Ayaviri llegó en 2021 de la mano de Internet Para Todos (IPT), una empresa que integran Telefónica, Facebook, BID Invest y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el compromiso de cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a la red en Latinoamérica.
Una mujer navega por internet desde su celular en la Comunidad Campesina de Ayaviri, en el departamento de Cusco (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Según detalla a Efe el presidente ejecutivo de Telefónica en Perú, Pedro Cortez, el IPT se trazó como objetivo en el país andino llevar la conectividad a 30.000 localidades rurales y, con tres años de vida, logró llegar a más de 13.700, lo que suponen a 2,5 millones de personas.
«En el caso de Cusco, son más de 1.500 comunidades, que aproximadamente son 280.000 personas», puntualiza el presidente ejecutivo, quien comenta que, para alcanzar la meta, aún falta llegar a 3,5 millones de peruanos. A su juicio, eso demorará unos tres o cuatro años más.
Cortez insiste en la capacidad transformadora de la conectividad al traer «desarrollo e incremento de productividad a las pequeñas empresas que están en estas zonas rurales, bienestar para la familia, educación digital, salud digital e intermediación financiera digital».
En ese sentido, asevera que, con internet 4G, Ayaviri ha «cambiado completamente».
Y razones no le faltan.
La madre de familia Yoni Surco, por ejemplo, logró con ello culminar sus estudios secundarios vía Zoom y el agricultor Justo Álvarez empezó a organizar a través de grupos de WhatsApp el trabajo agrícola comunal.
Incluso el hijo de Justo, Armando Álvarez, creó una página de Facebook para divulgar las celebraciones y tradiciones de Ayaviri.
«Hace un año había que subir al cerro, ir al otro lado, solo así entraba el internet (…) teníamos que demorar unos 10 o 15 minutos, correr, pero ahora ya no es así (….) tenemos internet a nivel comunidad en todos sitios y ya no necesitamos salir al campo», apostilla a Efe el presidente de la comunidad, Faustino Galiano.
Una carretera aún por asfaltar
Un grupo de niños navega por internet desde sus tabletas en la Comunidad Campesina de Ayaviri, en el departamento de Cusco (Perú). . EFE/ Paolo Aguilar
Los retos para alcanzar una verdadera inclusión digital, sin embargo, aún son múltiples. Y así lo reconoce el propio Cortez, quien señala que «es muy importante traer internet, pero es muy importante también trabajar de la mano del sector privado y del sector público para generar un impacto real para estas comunidades».
El dirigente de Ayaviri, por ejemplo, reclama tener acceso a la televisión por cable porque, según explica, la comunidad suele enterarse de las noticias por Facebook, pero «llega (todo) retrasado, pasado un día, dos días, tres días, y mediante la televisión todo se ve en vivo», comenta.
Por su parte, el director de la escuela primaria del pueblo, donde estudian alrededor de 35 alumnos, reivindica más computadoras, tabletas y un wifi comunitario porque el tienen ahora, dice, «no llega a las aulas», lo que obliga a los niños a tener que acercarse a la antena, ubicada a unos cincuenta metros del colegio.
«Falta mucho», admite el presidente de Telefónica en Perú, quien concluye que con los avances de IPT «ya está puesta la carretera, que a veces puede ser lo más difícil», y que ahora se requiere del esfuerzo conjunto del sector público y privado «para generar este impacto real en estas zonas rurales del país».
