El Tribunal, decidió sancionar al alcalde Chamorro con una multa de 10 días de salario mínimo legal mensual. Además de esta tutela interpuesta por la defensoría, en Pasto las comunidades denuncian problemas por las carceletas que les han puesto.
Noticias Nariño
Por el incumplimiento de una orden de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, tiene una orden de ir a prisión, aunque estas medidas normalmente terminan con una detención en el domicilio.
La medida interpuesta por el órgano defensor, buscaba representar a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios.
De acuerdo con el fallo, los hechos ser registraron el pasado primero de octubre de 2018, luego de que el Juzgado, profiriera un fallo de tutela mediante el cual concedía el amparo constitucional a favor las personas privadas de la libertad en las carceletas; recluidas en dicho lugar por más de 36 horas y que cuenten con una orden judicial, que disponga la imposición de una medida privativa de la libertad intramural.
#Pasto | Orden de arresto para el alcalde de Pasto Germán Chamorro De la Rosa y Rosa Yolanda Sánchez, directora logística de la USPEC.
Por desacato de tutela se ordena cárcel de dos días y multa de diez dias de salario mínimo legal mensual vigente. pic.twitter.com/DDV9yd5sYq
Al parecer se habría incumplido con tal medida, por tal razón declararon que el alcalde German Chamorro De La Rosa, junto con la de Directora de la Uspec, Rosa Yolanda Sanchez , deben ser sancionados.
Por otro lado, ante dicho incumplimiento, el Tribunal, también decidió sancionarlos con arresto de 2 días y multa de 10 dias de salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de la necesidad del cabal cumplimiento al fallo de tutela.
Una vez en firme, y tras oficiar al Director del CTI con sede en Pasto y Bogotá, se hará efectivo el arresto impuesto en las instalaciones que se determine.
Líos en comunidades
En Aire Libre y Julián Bucheli en Pasto siguen inconformes por la actual situación de las denominadas carceleta o centros transitorios de reclusión.
El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC). Daniel Cabrera, ha manifestado que ya se han hecho reclamos por la ubicación de las carceletas en estas zonas de la ciudad, «pero no hay solución».
Los reclamos a la Alcaldía de Pasto por manejo ubicación de centros de detención transitaria en la ciudad.
«Hemos hecho derechos de petición ya que por una carceleta no duermes, las 24 horas está en funcionamiento y eso interrumpe la vida de los vecinos, a pesar que es un sector comercial, habita gente allí» dijo Cabrera.
El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC). Daniel Cabrera.
El líder comunal agregó que «abrieron otra carceleta frente a una vivienda en Mundo Mujer, las demás carceletas están en completo hacinamiento, esta situación es muy preocupante».
Autoridades se pronuncian
Ante el impacto social que de denuncia la comunidad se ha generado, el comandante de la Policía de Pasto, José Sánchez, dijo que era una situación temporal.
«Teniendo en cuenta la afectación del COVID y los problemas que se ha tenido en la administración de justicia sobre aplazamiento de audiencias, algunos por falta de medios logísticos, se ha retardado algunas condenas» precisó.
El alcalde por su parte, no ha hecho pronunciamientos respecto a estas quejas que cada día aumentan más.
Through a guardianship, the ranchers of La Mojana (Between Bolívar and Sucre) hope that the Ministry of Agriculture opens the platform for the registration of 1,800 members and they can cancel the promised subsidies, as a result of the damage suffered by the floods.
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According to Enrique Martínez, president of the Cattlemen’s Association of La Mojana, the vast majority of the members of the association went bankrupt and could not register their names to receive aid from the National Government.
platform for recognition of all the farmers affected
… could not do anything, only through a court order could the platform be put at the service of the guild again
He said that the registration platform was open for 8 days and 1,800 of the affected ranchers were unable to access the registry.
“Ariel Zambrano, deputy director of the National Risk Management Unit, said that he could not do anything and that only through a court order could the platform be put at the service of the union again,” explained Enrique Martínez.
He pointed out that this is how they agreed to make use of that tool that seeks to open the platform for the recognition of all affected ranchers.
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“There are more than 20,000 head of cattle that were lost during the floods. All the ranchers suffered with the emergency caused by the Cauca River and now it is expected that we will be able to access those resources”, they specified.
controversy over the situation
80,000 cattle are not moved from one place to another in two or three days. This takes time and it was not possible to register all the small farmers who lost everything
The situation suffered by ranchers and the non-registration of the vast majority of small and medium-sized owners in the single registry of the Ministry of Agriculture to receive aid has caused much controversy in the region.
Enrique Martínez, president of the union, said that when the registration platform opened, the ranchers were taking the animals to dry places to avoid further damage and could not register.
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“80,000 cattle are not moved from one place to another in two or three days. This takes time and it was not possible to register all the small ranchers who lost everything, ”he explained.
He also said that the deputy director of the Risk Unit was intransigent with the union, by not wanting to open the registration platform again and telling them that “too bad if they could not register.”
He affirmed that the guardianship was filed by ranchers from Majagual, Guaranda and Sucre, all from the La Mojana sub-region, that it was admitted and that the Ministry of the Interior, the Presidential Council for the Regions, the National Unit for Risk Management and the three municipalities.
They hope that the guardianship in its entirety will be ruled in favor of the ranchers and that they will be able to receive the promised aid.
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El sujeto imputado del delito de extorsión por la Fiscalía General de la Nación y con varias anotaciones judiciales, impugnó el fallo de primera instancia con el que pretendía que periodista rectifique información oficial sobre estos hechos.
Teniendo en cuenta que la Sentencia de Tutela No. 034 de fecha 15 de abril del presente año, fue impugnada oportunamente, por el accionante, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá, dispuso concederlo en el efecto Devolutivo ante la Sala Constitucional, adscrita a la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Guadalajara de Buga.
En primera instancia la juez Alba Nelly Rengifo Parra, DECLARÓ IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Andrés Alejandro Forero Valderrama contra el comunicador social periodista Robert Posada Rosero, medida con la que buscaba la rectificación de las informaciones periodísticas publicadas en razón a su captura, legalización de captura e imputación de cargos por el delito de extorsión.
Forero Valderrama quien deberá ir a juicio por el delito de extorsión, imputado por la Fiscalía 5 Especializada, solicitó se amparen los derechos fundamentales al buen nombre, intimidad, honra y dignidad humana y, se ordene al demandado emitir un mensaje en su red social Facebook, Twitter, así como en el medio “El Parche Capuchino”, y “Al Instante”.
Según las pretensiones del accionante, el periodista debe certificar ante la opinión pública “que no tiene antecedentes penales, es un activista de los derechos humanos, medio ambiente y ejercicio ciudadano”, exigiendo además que en su ejercicio periodístico “se comprometa a respetar su nombre, el de los jueces y el de los ciudadanos, e igualmente elimine de la página “Al Instante”, al igual que de “Las 2Orillas” y las demás donde haya consignado las falaces e injuriantes afirmaciones contra su dignidad y buen nombre”.
Finalmente, exige vía tutela, que el periodista emita un mensaje durante el lapso de un mes, por el cual rectifica en los medios para los que escribe y sus redes sociales, y que se le exhorte a respetar el buen nombre de quienes piensen diferente a él, al igual que el de los funcionarios judiciales, y contrastar la información que publica en sus medios.
Posición del periodista demandado
Por su parte el periodista Robert Posada Rosero, informó ser periodista de “Al Instante”, y colaborador habitual de la sección de Notas Ciudadanas del medio digital “Las 2 Orillas” y columnista semanal del portal “El Parche del Capuchino” e indicó frente a la tutela que no se cumplen los requisitos de procedibilidad como mecanismo judicial, pues su objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, y el señor Forero Valderrama no aportó y muchos presentó prueba de la exigencia de rectificación que hoy hace a través de este mecanismo constitucional preferente.
En el escrito de respuesta a la tutela dio que en su calidad de periodista no puede acceder a las pretensiones, pues al accionante se le imputó por parte de la Fiscalía General de la Nación el delito de extorsión, la cual se concretó ante un juez con funciones de Control de Garantías, razón por la cual tanto el implicado como la fiscalía se verán en juicio para demostrar en este estadio procesal quién tiene la razón.
Reitera que tal como lo informó, Forero Valderrama tiene en su haber varias anotaciones judiciales por diferentes causas, situación que no niega, pudiendo el despacho verificar en el SPOA y que al decir en el escrito periodístico “se presentaba como líder social, veedor, defensor de derechos humanos y hasta analista del conflicto”, condiciones que no se niegan y con las cuales se le están dando elementos de contexto al lector para que tenga mayor conocimiento acerca de quien se está hablando.
Finalmente, el periodista argumentó que no es viable eliminar de la página “Al Instante” y de “Las 2 Orillas”, las afirmaciones realizadas, por cuanto no está demostrado que los datos incluidos en las publicaciones a que se refiere el actor sean contrarias a la verdad de los hechos, siendo inaceptable que a través de la Acción de Tutela se pretenda obligar a que se eliminen informaciones que cumplieron con los principios periodísticos: profesión, que tiene amparo constitucional no sólo en los artículos 20, 73 y 74 de la Carta Política, sino también en la jurisprudencia y en tratados internacionales firmados por Colombia, que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad.
Fiscalía confirma las anotaciones judiciales de Forero Valderrama
Con miras a resolver el problema jurídico, la juez Primero Penal del Circuito de Tuluá, Alba Nelly Rengifo Parra, durante la actuación procesal conminó a la Fiscalía General de la Nación, y a los fiscales 379 de Bogotá, 19 de Tuluá, 29 de Santiago de Cali, 35 de Tuluá, a la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección, UNP, entre otros.
La Fiscalía 379 delegada ante los Jueces del Circuito de Bogotá, informó que en esa oficina se adelantaron diligencias radicadas bajo el número 110016000050201836139 siendo denunciante Diego Fernando Mora Arango (director general de la UNP) y denunciado Andrés Alejandro Forero Valderrama por el presunto delito de cohecho propio, investigación que se encuentra con orden de archivo del 17 de febrero de 2020.
La Fiscalía 19 Local de Tuluá, informó que revisado el sistema misional Spoa se pudo evidenciar que en contra del señor Andrés Alejandro Forero Valderrama aparece una investigación en estado inactivo bajo noticia criminal 768346000187201801790 por el delito de estafa. exponiendo y luego de indicar las actuaciones surtidas al interior de esta, que como última actuación se registra que el día 14 de marzo de 2019 se archivó la investigación por desistimiento de la víctima señor José María Córdoba Enciso, causal de extinción de la acción penal, encontrándose el proceso inactivo dentro de este despacho fiscal.
La Fiscalía 35 Local de Tuluá, indicó que luego de verificado el sistema misional SPOA se estableció que en la actualidad cursa en esa oficina investigación en contra del hoy accionante, por la conducta punible de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, encontrándose ACTIVA y en la etapa de INDAGACION, radicada bajo el Spoa No. 761116000165202051492, por hechos acaecidos el pasado 27 de septiembre del año 2020, donde funge en calidad de denunciante y víctima su expareja sentimental, quien adujo haber sido agredida física y verbalmente por el señor Forero Valderrama, investigación que se encuentra en fase de análisis de las piezas procesales que la conforman, en aras a tomar decisiones de fondo.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas -UARIV, expuso que el tutelante cumple con la condición de víctima y se encuentra incluida en dicho registro por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado y delitos contra la integridad sexual bajo marco normativo de ley 1448 de 2011, no siendo sujetos vulneradores de sus derechos, configurándose falta de legitimación en la causa por pasiva, solicitando su desvinculación del trámite constitucional.
Y la Unidad Nacional de Protección, UNP, expresó que el demandante ha sido beneficiario de medidas de protección desde el año 2015, acreditando SENTENCIA 1ª INSTANCIA No. 034 RAD No. 2021-00033-004 pertenecer a una de las poblaciones objeto del programa de protección que lidera la UNP, en los términos del numeral 2 del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015, que se refiere a: “2 Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.”
Decisión de primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tuluá, consideró, luego de un minucioso estudio del caso, que No se cumple con el Principio de Subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela, por cuanto no se hizo uso previo de la solicitud de rectificación por parte del promotor constitucional, presupuesto que se ha fijado como obligatorio por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en casos como el que hoy nos ocupa, por ende, habrá de declararse la improcedencia de esta acción.
