La UE entra en 2022 envuelta por ese viejo demonio europeo que es la inmigración, capaz de poner patas arriba las instituciones de Bruselas. La reciente crisis en la frontera este con Bielorrusia parece casi extinguida, pero la afluencia de miles de personas promovida por el régimen de Aleksandr Lukashenko ha revuelto unas aguas que aún no se habían calmado desde la crisis de refugiados de 2015. Por primera vez, la UE ha empezado a tratar los flujos migratorios como un problema de seguridad y defensa, relegando incluso la protección del derecho al asilo, un endurecimiento que parece llamado a continuar durante 2022. La emergencia por la acción de Minsk, que arrancó en verano y alcanzó un punto máximo en noviembre, ha provocado que la Comisión Europea eleve el tono político, que no dudó de calificar los hechos de “ataque híbrido”; a esto le han seguido propuestas más restrictivas sobre las normas de protección internacional cuando los migrantes son “instrumentalizados” por Gobiernos del entorno de los Veintisiete para lograr objetivos políticos. La iniciativa ―rechazada por ONG y buena parte del Parlamento Europeo, que consideran que vulnera valores fundacionales de la UE― es un aviso del viraje de Bruselas en materia migratoria. Y promete dejar nuevas secuelas existenciales, con Europa sentada una vez más en el diván preguntándose por sus grandes contradicciones.
El flujo de migrantes y potenciales refugiados orquestado por Minsk en la frontera oriental de la UE parece haber cesado, tras el esfuerzo de la Comisión de frenar el embate con una mezcla de prohibiciones a aerolíneas y agencias de viajes que participen en la creación artificial de crisis migratorias junto a las fronteras europeas; negociaciones con los Gobiernos de los países de origen sobre las concesiones de visados; y una quinta ronda de sanciones contra Bielorrusia. “Ciertamente, a Lukashenko no le han salido bien las cosas”, señalaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un encuentro con periodistas poco antes de las vacaciones de Navidad. “Si pensaba que con esta presión en nuestras fronteras iba a conseguir algo, realmente no ha logrado nada más que crearse un problema a sí mismo”.
Pero Lukashenko sí ha provocado, al menos, que Bruselas se sitúe en posición de alerta ante lo que considera un nuevo fenómeno. “Llamémoslo por su nombre: se trata de un ataque híbrido para desestabilizar Europa”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en septiembre en un discurso sobre el Estado de la UE. Originalmente llamada “guerra híbrida”, incorpora fuerzas no convencionales como la afluencia organizada de migrantes y la desinformación.
Con el desastre de Afganistán en marcha, tras la caótica salida de Occidente, y otros conflictos cocinándose a fuego lento ―con Etiopía como uno de los principales focos en el África subsahariana―, todo parece anunciar meses de tensión migratoria. Ya 2021 ha acabado con más de 120.000 entradas irregulares por el Mediterráneo (un incremento de casi el 30% con respecto al año anterior), según datos provisionales de mediados de diciembre incluidos en un informe interno de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
En la frontera este, las cifras son bajas, pero astronómicas en términos comparativos: de 677 entradas irregulares hace un año se ha pasado a más de 8.000 entre Polonia, Lituania y Letonia, los tres vecinos comunitarios de Bielorrusia, donde también se han disparado las solicitudes de asilo: hasta un 181% más en Polonia, multiplicándose por diez en Lituania y por cuatro en Letonia.
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El Ejecutivo comunitario respondió en diciembre con dos propuestas para endurecer las medidas de asilo ante situaciones de “instrumentalización de migrantes” por parte de terceros países con la “intención de desestabilizar” la UE y potencial para “poner en riesgo funciones esenciales” de un Estado miembro. La primera de las iniciativas, puesta sobre la mesa el 1 de diciembre, pretende autorizar de forma excepcional y limitada en el tiempo un trato duro con los refugiados que lleguen a Polonia, Lituania y Letonia. Esta medida, que aún requiere ser aprobada por el Consejo de la UE (el órgano donde se sientan los 27 Gobiernos), incluye mantener en la frontera a los aspirantes al asilo, prolongar hasta cuatro meses la tramitación de las solicitudes y devolver de manera expeditiva a quienes vean rechazada su petición. La segunda de las propuestas ―que llegó solo dos semanas después― trata de convertir estas herramientas extraordinarias en permanentes y ampliarlas a todo el club comunitario.
Las iniciativas han despertado la ira de ONG y europarlamentarios. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE, por sus siglas en inglés) ha reaccionado con un informe en el que alerta de su “efecto adverso”, ya que podrían socavar una larga lista de valores fundamentales que van del derecho a la dignidad humana a los derechos de la infancia. “De facto es una suspensión del derecho de asilo”, denuncia la eurodiputada Sira Rego, candidata del grupo de la izquierda a presidir la Eurocámara en la segunda mitad de la legislatura. La española, además, lamenta cómo “se ha deshumanizado a la gente que viene de Afganistán y zonas de conflicto”. “Son personas en busca de refugio, que han vivido situaciones de violencia salvaje, y los han cosificado. Es atroz”.
La estratagema del régimen de Lukashenko, en opinión de Camino Mortera-Martínez, analista del Centro para la Reforma Europea, “ha fracasado principalmente por la falta de apoyo de Rusia, pero si lo que se quiere en Europa son estas medidas de la Comisión y también las excepciones a las reglas de inmigración y asilo, se puede decir que ha tenido un cierto resultado”. Las propuestas dan de algún modo cobertura a la durísima respuesta del Gobierno ultranacionalista de Polonia, que ha blindado la frontera con miles de policías y militares y prohibido el acceso a testigos incómodos. Incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que Varsovia le había denegado el acceso a la zona, pero logró documentar devoluciones en caliente de personas que habían solicitado protección internacional, incluidos niños.
Bruselas se dirige, decisión tras decisión, hacia un férreo control de los bordes comunitarios. La agencia europea Frontex, que prevé sumar 10.000 agentes frente al millar actual, batió récords de devoluciones de inmigrantes en situación irregular en la primera mitad del año. Los retornos forzosos y voluntarios se erigen así en uno de los pilares del nuevo plan migratorio, consistente en limitar la permanencia en suelo comunitario exclusivamente a los que tienen derecho al asilo y acelerar las expulsiones del resto de migrantes que llegan a Europa.
Rego cree que no toda la culpa es de Minsk, por mucho que a uno no le guste lo que está pasando en ese país. “Bielorrusia no tendría instrumentos contra la UE si contáramos con otro tipo de política migratoria”, argumenta. Esto es: una que facilite vías legales de entrada y no acumule millares de personas al otro lado de un “muro” esperando a jugarse la vida para entrar. “La UE le entrega la llave a estos señores al mando de Gobiernos autoritarios”, añade Rego recordando lo sucedido con Turquía durante la crisis de refugiados de 2015, cuando la UE se vio obligada a formalizar un acuerdo con Ankara de 6.000 millones de euros para que frenara a los migrantes; o el episodio más cercano con Marruecos. La crisis de Ceuta, que mantuvo a España en vilo en mayo con la entrada de 10.000 personas desde Marruecos, refleja cómo la geopolítica y las crisis humanitarias se han entrecruzado hasta cobrar un nuevo significado: el episodio tuvo lugar tras un desencuentro diplomático, cuando España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarlo de covid en un hospital de Logroño.
HANDOUT (Europa Press)
Una larga tradición
El uso político de migrantes no es un fenómeno nuevo. Existe una larga tradición de coacciones para obtener réditos políticos, argumenta la académica Kelly M. Greenhill, autora del libro Weapons of mass migration (Armas de migración masiva). Esta profesora ha identificado decenas de casos desde 1951 ―cuando entró en vigor la convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado― que van del éxodo del Mariel de Cuba a Estados Unidos (en 1980) al reclamo de 5.000 millones de euros a Europa por parte del dictador libio Muamar el Gadafi, en 2010, para evitar que la UE se convirtiera “en un nuevo continente negro”.
“Los países europeos siempre han sido objeto de este tipo de coacción”, señala Greenhill a través del correo electrónico. “Pero mientras que Estados Unidos fue el objetivo más popular durante la década de 1990, los países de la UE lo han sido mucho más frecuentemente en la última década. Esto es así, en parte, por la explosión de desplazados involuntarios como consecuencia de las guerras en Afganistán, Irak, Libia, Siria, etc”.
La académica no tiene claro que lo ocurrido en la frontera con Bielorrusia sea un caso de coacción política. “Podría tratarse simplemente de un tipo de migración diseñada para incomodar, avergonzar o desestabilizar a la UE, y no para extraer concesiones políticas, militares o económicas”, explica. Greenhill cree que responder endureciendo las políticas contra inmigrantes y solicitantes de asilo quizá permita escapar de la presión en el corto plazo, “pero con un gran coste potencial a largo plazo, así como una mayor vulnerabilidad a este tipo de coerción en el futuro”. “El endurecimiento de las políticas a menudo no hace más que retrasar los problemas”, concluye. “Y cuando estos vuelven a surgir suelen ser aún mayores de lo que eran al principio”.
Tampoco tiene una respuesta sobre cómo actuar: transigir con las demandas políticas, dice, puede implicar “una escalada de las demandas en el futuro”. Y recuerda que, en ocasiones, quienes ejercieron presiones sí lograron sus objetivos. “Algunos de los que tuvieron más éxito, sin embargo, pagaron un precio enorme tras excederse en su uso”. Y pone como ejemplo a Gadafi: el sátrapa acabó muerto tras las primaveras árabes de 2011 y la intervención militar de la OTAN.
En la UE, la llamada Brújula Estratégica, un documento aún confidencial que elabora el departamento de Borrell, pretende dotar de orientación geopolítica al club comunitario. “Nos enfrentamos a una peligrosa mezcla de agresiones armadas, anexiones ilegales, Estados frágiles, potencias revisionistas y regímenes autoritarios”, dice el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Un “caldo de cultivo para múltiples amenazas a la seguridad europea”, añade. Entre las que incluye la migración irregular, una clasificación que refleja la manera de tratarla.
“El mundo se ha vuelto más hostil hacia Europa”
Marija Golubeva, ministra del Interior de Letonia, cree que no es Europa la que ha endurecido su respuesta. Es el mundo ahí fuera el que ha cambiado. “Ha habido un retroceso general hacia el autoritarismo”, dice en una entrevista mantenida en diciembre en Bruselas con EL PAÍS. Tras la crisis con Bielorrusia, su país comenzó a levantar una verja de separación y ha reclamado a la Comisión que la pague (algo a lo que esta se ha negado) y también mayor flexibilidad en la aplicación de las normas de asilo (algo que está en marcha).
“No todas las situaciones, por desgracia, son propicias para que ejerzamos plenamente todos los procedimientos de asilo, que en circunstancias normales ejerceríamos”, asevera Golubeva. “Tenemos que ser más ¿cómo decirlo? Tenemos que equilibrar nuestros compromisos con el mundo real de ahí fuera, que cada día se vuelve más hostil hacia Europa”. La ministra letona asegura que respetar el procedimiento completo de asilo en situaciones como la vivida provocaría que inmediatamente Bielorrusia tratase de organizar un grupo de migrantes aún mayor. “Es un intento muy consciente de explotar nuestro compromiso internacional y el ethos humanitario europeo”, sentencia.
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