El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.Geert Vanden Wijngaert (AP)

La Unión Europea quiere una posición más activa e influyente en el conflicto ucranio. Rechaza que, como sucedía en la Guerra Fría, se cocinen las soluciones entre Washington y Moscú y está comenzando a hacer movimientos para evitarlo, también en el terreno de los gestos, que tanto cuentan en las relaciones exteriores. El martes por la noche el alto representante para la Política Exterior de la UE aterrizó en Jarkov, al este de Ucrania, y este miércoles visitará con el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleva, la zona de conflicto, donde todavía son habituales los intercambios de disparos entre los separatistas prorrusos y los militares ucranios. Es la primera vez que el jefe de la diplomacia europea se acerca a esa línea del frente y la estancia en el país durará tres días, larga para los códigos habituales en este tipo de viajes. “Si se quiere ir hacia una conferencia sobre seguridad en Europa hay que ampliar el número de actores [no solo EE UU y Rusia] y los temas a tratar [no solo los que interesan a Moscú]”, ha apuntado el alto representante en conversación con este diario.

La visita llega justo después del descanso navideño, que llegó tras un Consejo Europeo en el que los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la UE lanzaron una contundente amenaza a Rusia: habrá sanciones “enormes” si invade Ucrania, algo que se teme tras saberse que Putin ha desplegados 110.000 soldados en la frontera. Antes de tomar el avión a Ucrania, el Alto Representante ha mantenido una conversación con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para hablar de “la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y los dos proyectos de tratados sobre garantías de seguridad dirigidos por Rusia a los Estados Unidos y a los miembros de la Alianza Atlántica”, según un comunicado emitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior. El objetivo es mostrar que la Unión Europea rechaza la solución bilateral que quiere Vladímir Putin.

Pero aquí la Unión Europea choca con el Kremlin, donde no tienen ningún problema en reconocer que ellos solo plantean “negociaciones bilaterales con Estados Unidos”, como antes de que cayera el Muro de Berlín y las dos grandes potencias se repartían las áreas de influencia con los demás como convidados de piedra. “Si invitamos a otros países a las conversaciones, ahogaremos todo esto con el debate y la palabrería”, ha llegado a declarar el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Ryabkov. Tanto es así que fuentes comunitarias admiten que Moscú ni siquiera ha enviado a Bruselas sus propuestas.

En la capital comunitaria se confía en la Administración Biden para no quedarse fuera. “Los estadounidenses parecen entender que la seguridad de Europa es algo que concierne a los europeos”, señalan fuentes diplomáticas. Y así lo han expresado públicamente en la Casa Blanca. Esto empezará a atisbarse el próximo 10 de enero, cuando representantes de ambas potencias -Estados Unidos y Rusia- se verán frente a frente en Ginebra para abordar el estado de sus espinosas relaciones y cómo limar diferencias. En el orden del día tendrá un lugar destacado Ucrania. Estas conversaciones serán completadas con otras en el Consejo Rusia-OTAN y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismo que actúa de mediador en Ucrania.

Oficialmente el objetivo del viaje de Borrell es “mostrar solidaridad con Ucrania en un momento difícil”, señalan en su gabinete. Aunque puede que, como le sucedió el pasado agosto a la excanciller alemana Angela Merkel, el alto representante tenga que escuchar algún reproche de Kiev. “Europa y Alemania nos apoyan, pero necesitamos algo concreto y sabemos cómo podrían ayudarnos”, apuntó el presidente Volodimir Zelenski entonces, en referencia a un petición de suministro de armas. Esa quejas pueden quedar mitigadas por el hecho de que la Unión Europea ha aprobado recientemente una financiación de 31 millones de euros destinados a las fuerzas armadas ucranianas y a prevenir ciberataques.

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Precisamente en esa línea de apoyo económico a antiguas exrepúblicas soviéticas, este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ha anunciado un paquete de ayudas por 150 millones para Moldavia “que estabilizará la economía del país, le pondrá en el camino de la recuperación y será acompañado de las reformas necesarias”. Moldavia también tiene una región separatista en Transdniéster, que se autoproclamó independiente en 1990 y que tiene presencia militar rusa.

La línea de contacto que visita Borrell es escenario de guerra. Allí se suceden aún intercambios de disparos continuos y noticias ocasionales de víctimas en un conflicto que se ha cobrado más de 13.000 vidas. La mayoría de los pasos permanecen cerrados, incluso para los observadores de la OSCE, que solo el pasado 30 de diciembre registró 11 violaciones del alto el fuego pese a ser vísperas de año nuevo.

“La Unión Europea colectivamente ha estado ausente hasta ahora en esta crisis”, apunta Paul Taylor, investigador especializado en asuntos de Seguridad y Defensa del think tank Friends of Europe. Para él, este viaje y la contundente advertencia contra Rusia que lanzó el Consejo Europeo de diciembre son un primer paso para torcer la voluntad de Moscú. “Bruselas podría hacer más”, sugiere, apuntando hacia una estrategia clara en la zona del Mar Negro, “la zona más inestable próxima a Europa”.

Aunque un elemento importante para poder resolver esta cuestión también es que Los Veintisiete compartan una misma visión sobre el problema. Fuentes diplomáticas apuntan que en los países bálticos ha sentado muy mal que Biden haya aceptado hablar de Ucrania con Putin. También puede ser clave la posición alemana y será importante conocer la posición del nuevo canciller germano, Olaf Scholz, que, según ha publicado la prensa germana, planea visitar Moscú a finales de enero para buscar “un nuevo inicio” en sus relaciones con el Kremlin y los enfoques sobre el suministro de gas y Ucrania.

La construcción de Nord Stream 2, que conecta directamente Rusia con Alemania sorteando al resto de Europa, es un quebradero de cabeza diplomático para Bruselas en el que Washington también ha jugado un papel importante al amenazar estos años con imponer sanciones a los socios europeos. Ucrania, Polonia y otros países denuncian que el Kremlin puede chantajearles ahora que el gas no pasa por su territorio. Por su parte, Putin anunció a finales de diciembre que las tuberías ya están listas para bombear y abaratar así la factura de la luz a Europa. Sin embargo, todavía falta la certificación europea de la obra, que podría ver su suministro reducido a la mitad si el monopolio estatal ruso Gazprom no cede el control del gasoducto a terceros. Y en este conflicto económico, Estados Unidos desistió el pasado verano de imponer sanciones contra el proyecto ruso-germano si Berlín se compromete a sancionar a Moscú en caso de usar el gasoducto como chantaje.

Otra de las cuestiones clave es el llamado Cuarteto de Normandía, establecido en 2014 para poner fin a la guerra de Ucrania con la participación de este país, Rusia, Francia y Alemania. Su último acuerdo de paz, el pacto de Minsk de febrero de 2015, no ha logrado solucionar el conflicto casi siete años después pese a la mediación europea y tanto Kiev como Moscú se acusan mutuamente de boicotearlo. Por ello, la posible incorporación de Washington al formato ha sido una idea recurrente.

Ucrania se prepara para el próximo encuentro de la OTAN en Madrid

Ucrania protagoniza la gran partida que se juega en el este de Europa, y su Gobierno está en contacto permanente con los miembros de la OTAN. Ayer conversaron por teléfono los ministros de Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, y la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss para coordinar sus posiciones «ante las agresivas acciones de la Federación Rusa y las negociaciones que tendrán lugar en diferentes formatos en las próximas semanas a través de la Alianza Atlántica, la OSCE y la Unión Europea». Según el comunicado de Kiev, los ministros discutieron la preparación del próximo encuentro de la OTAN que tendrá lugar en Madrid en junio, pese a que uno de los puntos de partida del Kremlin para negociar es que su vecino no tenga ninguna relación con la alianza. Asimismo, Londres recalcó el principio de «ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania» y prometió su apoyo firme a Kiev frente a una agresión rusa «a nivel diplomático, económico y de seguridad», como contempla el paquete de contención contra el Kremlin que propuso Ucrania en noviembre.

Un día antes también mantuvieron «una buena llamada» sobre el país eslavo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, según aseguró el norteamericano en Twitter, donde subrayó su «estrecha coordinación con Turquía sobre la amenaza de la escalada rusa en Ucrania». Precisamente Ankara es uno de actores secundarios en esta reciente crisis. Los drones que ha vendido a Kiev, los mismos con los que Azerbaiyán derrotó a Armenia en el verano de 2020 en su conflicto por Nagorno Karabaj, han sido un motivo de preocupación en Rusia. Y Ankara es asimismo uno de los principales promotores de la Plataforma de Crimea, una iniciativa lanzada el pasado mes de agosto por Ucrania para intentar recuperar la península del Mar Negro en un futuro próximo.

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Pedro Castillo, presidente de Perú, durante un evento.
Pedro Castillo, presidente de Perú, durante un evento.CARLOS GARCIA GRANTHON / ZUMA PRESS (Europa Press)

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión al atribuirle haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, y también por la supuesta injerencia en los ascensos militares, confirmó un comunicado del Ministerio Público la noche de este martes.

En octubre, la empresaria y gestora de intereses Karelim López acompañó al Palacio de Gobierno a ejecutivos de un par de firmas que se reunieron con el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, y con el propio presidente. A los pocos días, esas empresas lograron una licitación para construir un puente por unos 60 millones de dólares, y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares. Las alarmas sobre la lobista se activaron en la prensa en noviembre, que ha estado muy atenta al registro de visitas al despacho presidencial -de acceso público-, debido a que el mandatario no ha dado entrevistas desde que asumió el cargo a fines de julio.

López ha hecho negocios con el Estado a lo largo de varios gobiernos y fue aportante de la campaña electoral de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en 2016, informó el medio digital IDL-Reporteros. Asimismo, intentó tener influencia en el presidente Martín Vizcarra cuando este gobernaba, pero no lo consiguió, indica el mismo medio. El contrato de compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operator por parte de la empresa estatal PetroPerú se concretó el 21 de octubre, tres días después de la reunión de la gestora de intereses con Castillo; el gerente de PetroPerú, Hugo Chávez; y el dueño de la firma de hidrocarburos, Samir Abudayeh, refiere la resolución de la fiscal. Dicho contrato fue anulado en diciembre luego del escándalo mediático de la participación de Castillo en una reunión con un empresario que pretendía ser proveedor del Estado.

Diligencias en suspenso

La cabeza del Ministerio Público es la única que puede iniciar una investigación preliminar al jefe de Estado mientras está en ejercicio, recabando pruebas y testimonios de otros involucrados y testigos. Ella, o quien la suceda en el cargo en abril, podrá continuar con la investigación, pero no interrogar a Castillo mientras este sea presidente. En octubre de 2020, la fiscal general desechó la tradición del Ministerio Público con relación en los presidentes en ejercicio y encontró mérito para iniciar una investigación al entonces presidente Martín Vizcarra, por contrataciones irregulares a favor de un amigo. En dicho caso, la magistrada indicó que Vizcarra habría ejercido influencia sobre otros funcionarios para favorecer a su amigo y que además intentó ejercer influencia en los funcionarios que declararían a los fiscales encargados de ese expediente.

Las visitas de la lobista al exsecretario de la presidencia y al presidente quedaron registradas en octubre en la plataforma de transparencia de Palacio de Gobierno, pero un canal de televisión grabó a López en noviembre entrando a un inmueble de Lima donde Castillo dormía y despachaba hasta antes de asumir el poder, y a la que eventualmente volvía ya siendo presidente.

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A finales de noviembre, el presidente comentó en un mensaje a la nación televisado que allí solo había recibido visitas de “carácter personal”. “Rechazo enérgicamente tener algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”, añadió.

El procurador general Daniel Soria pidió en diciembre a la presidencia que informe con quiénes se reunió el jefe de Estado en esa casa del distrito de Breña, pero no obtuvo respuesta, por ello solicitó a la fiscal Ávalos que investigue al presidente. La fiscal general además inició otra investigación a Castillo por supuestas presiones en los ascensos militares, que podrían configurar los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal a favor de coroneles del Ejército de su entorno. La prensa difundió conversaciones de WhatsApp de su exmano derecha Pacheco con los comandantes generales de institutos armados abogando por oficiales militares, pero también el anterior ministro de Defensa, Walter Ayala, hizo llamadas en el mismo sentido a jefes militares y tuvo que dimitir por la controversia. Pero también el presidente consultó por un caso en particular en cuanto al escalafón. La semana pasada Castillo respondió 40 preguntas, en calidad de testigo, para la investigación fiscal a Pacheco sobre los ascensos, pero a partir de la resolución de la fiscal Ávalos ha pasado a la condición de investigado.

Tres medios peruanos reportaron sobre la investigación fiscal al presidente a media tarde del martes. El abogado del jefe de Estado, Eduardo Pachas, dijo a EL PAÍS que ni su patrocinado ni él habían sido notificados hasta las 18.40 horas pese a que la prensa ya tenía la disposición fiscal. Hacia las 19.00 horas, el Ministerio Público informó que ya había notificado al mandatario.

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Seguidores de Donald Trump en el interior del Capitolio de Estados Unidos tras forzar la seguridad del edificio, el 6 de enero de 2021 en Washington.
Seguidores de Donald Trump en el interior del Capitolio de Estados Unidos tras forzar la seguridad del edificio, el 6 de enero de 2021 en Washington.JIM LO SCALZO (EFE)

Dicen que fueron a protestar pacíficamente. Que pensaban que la policía los estaba dejando entrar en el Congreso. Que se quedaron atrapados en medio de la turba. Algunos son arquitectos, propietarios de negocios, estudiantes, empresarios. A un año del asalto al Capitolio en Washington, más de 700 manifestantes han sido acusados con cargos que van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden el 6 de enero de 2021 hasta agredir a la policía. Hasta ahora, 165 se han declarado culpables —cuatro de ellos se arriesgan a una condena de 20 o más años de cárcel— y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los cinco años de prisión, según datos del Departamento de Justicia.

En paralelo al trabajo del Departamento de Justicia, una comisión de la Cámara de Representantes lleva seis meses investigando lo que ocurrió en esa aciaga jornada, con especial interés en el papel de Donald Trump y su entorno durante la jornada del asalto. Está previsto que en los próximos meses hagan públicas sus conclusiones.

La cantidad de vídeos de vigilancia, de las cámaras de agentes de seguridad, y de los propios asaltantes en las redes sociales, derrumban las defensas de los simpatizantes de Donald Trump que pusieron en jaque al Capitolio ese día. En las violentas imágenes se puede ver que entre los más de 800 sublevados había algunos armados con hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otras armas. El ataque dejó cinco muertos y 140 agentes heridos, y tuvo lugar después de que Trump instara, en un encendido discurso cerca de la Casa Blanca, a sus seguidores a “luchar como el demonio” con el fin de “recuperar” el país. La invitación final del republicano fue que marcharan hacia el Congreso.

Miles de partidarios de Donald Trump rodean el Capitolio de Washington.
Miles de partidarios de Donald Trump rodean el Capitolio de Washington.Leah Millis (Reuters)

El Departamento de Justicia es el encargado de presentar los cargos penales relacionados con el asalto, pero la comisión de investigación del Congreso —formada por siete demócratas y dos republicanos—, puede recabar pruebas de un posible delito y recomendar a la Justicia que actúe. También puede perseguir casos de perjurio, intimidación a testigos o desacato al Congreso de personas que desafían sus citaciones, como el influyente asesor de Trump, Stephen Bannon, y su exjefe de Gabinete, Mark Meadows.

Hasta ahora, los congresistas del comité ―apoyados por decenas de asesores, entre los que figuran exfiscales generales― han entrevistado a más de 300 testigos; reunido unos 35.000 documentos; y han recorrido el país para hablar con funcionarios electorales de Estados como Arizona y Pensilvania, donde Trump insiste en que se cometió fraude en el escrutinio nunca demostrado. El objetivo de las entrevistas es averiguar si hubo presiones del exmandatario y su entorno durante el escrutinio de los votos.

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El demócrata Bennie Thompson (a la izquierda) durante una intervención de Liz Cheney en la comisión de investigación del asalto al Capitolio de EE UU.
El demócrata Bennie Thompson (a la izquierda) durante una intervención de Liz Cheney en la comisión de investigación del asalto al Capitolio de EE UU. J. Scott Applewhite (AP)

Liz Cheney, vicepresidenta del comité, y parte de ese pequeño puñado de republicanos que quiere salvar a su partido de las garras de Trump, adelantó el pasado domingo a ABC News que un “testimonio de primera mano” relató que durante el ataque al Capitolio, Ivanka Trump, hija y asesora destacada del entonces mandatario, acudió al menos dos veces a su padre “para pedirle que, por favor, detuviera la violencia”. Por su parte, el demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión, dijo ese día a la CNN que tienen “un testimonio significativo” de que “se le había dicho a la Casa Blanca que hiciera algo”. “Es muy inusual que alguien a cargo de algo observe lo que está sucediendo y no haga nada”, agregó Thompson, en alusión a las tres horas que transcurrieron entre el motín y el vídeo que publicó Trump en el que decía a los violentos manifestantes: “Debéis iros a casa, debemos tener paz. Os queremos, sois muy especiales”. Pero también insistió en las acusaciones de fraude electoral.

En otro vídeo, el último publicado por el expresidente aquel 6 de enero, se despedía con una solicitud a sus seguidores: “Recuerden este día siempre”. Robert Palmer, de 54 años, no lo olvidará. Acusado de atacar a la policía que trabajaba para contener a la turba, en diciembre se le impuso una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel, la pena máxima de momento a un procesado por el asalto. “Estoy realmente muy avergonzado de lo que hice”, dijo entre lágrimas el acusado que roció con un extintor de incendios a los agentes del Capitolio.

A Jacob Chansley, apodado como “el chamán de QAnon [un movimiento de teorías conspirativas]”, tampoco se le olvidará su paseo por el Congreso tocado con una cornamenta y una piel de oso y el pecho al descubierto. Le han caído tres años y cinco meses de cárcel tras declararse culpable.

La comisión de investigación, según medios estadounidenses, está planeando un cronograma de comparecencias de testigos que serán transmitidas por televisión y que previsiblemente arrancarán en las próximas semanas. El tiempo no está a favor del comité. En noviembre son las elecciones legislativas de medio mandato y los republicanos pueden hacerse con el control de la Cámara de Representantes y finiquitar la comisión. La publicación de un informe preliminar se baraja para primavera o verano, y el definitivo se presentaría antes de las elecciones.

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Incendio en Colorado (Estados Unidos), el pasado diciembre.
Incendio en Colorado (Estados Unidos), el pasado diciembre.Marc Piscotty (AFP)

El cambio de año ha demostrado que no hace falta mirar arriba, una provocación del título viral de la película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence. Basta con estar vivo y no llamarse Jair Bolsonaro o ser uno de los millones de mascotas de dos patas que siguen este tipo de gente para entender que algo muy grave le pasa a nuestro planeta-casa. El 26 de diciembre, Alaska vivió su día más caluroso en un mes de diciembre desde que hay registros, con 19,4 grados en la isla de Kodiak. En Colorado, en el Medio Oeste estadounidense, incendios forestales propagados por vientos huracanados devoraron cientos de casas, provocaron la evacuación de ciudades enteras y obligaron a huir a decenas de miles de personas. En Bahía, en el nordeste de Brasil, el número de residentes afectados por las inundaciones ya supera los 700.000. Londres vivió el primer día del año más caliente de su historia y varias ciudades de Europa registraron récords de calor en invierno. Según el microblog Extreme Temperatures, en Paraguay, en Sudamérica, el 1 de enero los termómetros alcanzaron los 45,6 grados en la localidad de Sombrero Hovy, el día más caluroso jamás registrado en el país.

Es como si el paso de 2021 a 2022 fuera una especie de PowerPoint hecho para idiotas: sí, la crisis climática hace que los eventos extremos sean cada vez más probables y frecuentes. Pero el negacionismo persiste. Para las empresas mineras y de combustibles fósiles —o las que dependen de la amplia circulación de mercancías a base de combustibles fósiles o utilizan masivamente productos mineros— el negacionismo es rentable a corto plazo. Lo mismo ocurre con los gobiernos y los gobernantes a su servicio. La desconexión es su mejor aliado. El mundo conectado por internet es, paradójicamente, un gran productor de desconexiones. No solo por las noticias falsas, sino también porque fragmenta la información y omite su contexto. Esta ha sido una de las principales apuestas de la extrema derecha mundial.

Para afrontarla, superar su crisis particular y optar a ocupar un papel relevante en un planeta en estado de emergencia, la prensa debe ser capaz de unir los puntos: exponer al público cómo la emergencia climática es el eslabón entre la serie de acontecimientos extremos simultáneos y la pandemia, que alcanza un nuevo capítulo con la propagación de la variante ómicron. También debería prestar el servicio público de explicar cómo la emergencia climática, los fenómenos extremos y la pandemia están relacionados con la noticia de que el muy selecto club de multimillonarios se hizo un billón de dólares más rico en 2021, período en el que la mayoría se empobreció y el apartheid climático se acentuó. Quizás haya inexactitudes en el guion, pero la sátira No mires arriba, fenómeno cultural de estas Navidades, hizo las sinapsis que los informativos dejaron de hacer otra vez, al compartimentar realidades estrechamente relacionadas en un cambio de año con escenas apocalípticas.

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El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado de bruces, en el mismo periodo en que prometió que el Brexit ayudaría a recuperar el control de sus fronteras, con la tragedia inesperada de la inmigración masiva en aguas del canal de la Mancha. Las cifras empequeñecen frente al aluvión de personas que llegan cada año a las costas del continente europeo, pero con más de 29.000 migrantes que intentaron alcanzar el Reino Unido en 2021, según cálculos de diversos medios como la BBC, el Ministerio del Interior británico se enfrenta, sin experiencia ni mano izquierda, ante un inusitado problema para el que solo ofrece leyes más duras. “Los ciudadanos llevan dos décadas exigiendo una reforma, y eso pretende nuestro nuevo plan para la inmigración”, ha dicho el secretario de Estado de Justicia y Control de la Inmigración Ilegal, Tom Pursglove. La definición de su cargo ya da una idea clara de la estrategia de Downing Street frente a la inmigración irregular. “La Ley de Nacionalidad y Fronteras definirá como delito el intento deliberado de entrar ilegalmente en el Reino Unido, e impondrá penas de prisión permanente a aquellos que faciliten este acceso”, ha asegurado Pursglove.

El texto legal se encuentra actualmente en el estadio final de su tramitación, en la Cámara de los Lores, donde muy probablemente se verá sometido a enmiendas que la mayoría conservadora de los Comunes deberá rechazar, cuando regrese para su consideración definitiva. La propuesta, desarrollada por el ministerio de Priti Patel, juega con un doble discurso que apenas logra ocultar su intención de construir una respuesta de “ley y orden” ―más centrada en la seguridad que en el lado humanitario del asunto―; un lenguaje duro para contentar a las bases electorales que respaldaron el Brexit.

Aunque el discurso de Patel, responsable de Interior, carga las tintas contra las bandas criminales que promueven y organizan las travesías del canal, la idea de fondo es que, gran parte de las personas que intentan llegar al Reino Unido son “inmigrantes económicos” ―no huyen por causas políticas―, que no necesitan realmente ningún tipo de protección internacional y que, con sus acciones, lo único que hacen es “saltarse la fila” de los que aspiran legítimamente a lograr un estatuto de refugiado. “[Un 70% de las personas que han llegado en los últimos 12 meses] son hombres solteros (…). No son verdaderos solicitantes de asilo. Son capaces de pagar a las mafias y contactar con ellos, ya sea en el norte de Francia o en Alemania. Son ellos los que expulsan a codazos a mujeres y niños que sí están en riesgo y huyen de la persecución”, afirmaba Patel el pasado 27 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara de los Lores.

La ministra con mayor fama de dureza del Gobierno de Johnson pasa por horas muy bajas de popularidad en el Partido Conservador. Sus promesas redobladas de atajar las entradas irregulares se han visto desmentidas una y otra vez con las cifras que llegaban del canal de la Mancha, que en 2020, en pleno parón de la movilidad internacional, rondaron las 8.500 personas, según la organización británica Refugee Council (Consejo para los Refugiados). Su falta de tacto con las autoridades francesas, de donde provienen en la última travesía la mayoría de los inmigrantes, ha provocado un deterioro casi irreparable de las relaciones diplomáticas y de colaboración con el Gobierno de Emmanuel Macron. La muerte de una treintena de inmigrantes a finales de noviembre, al hundirse la embarcación que los transportaba, se convirtió en un amargo cruce de críticas entre Londres y París. El Gobierno de Johnson reprochó al francés que no hacía lo suficiente para impedir la salida de personas de sus costas, y amenazó incluso con retirar la ayuda financiera comprometida para reforzar la vigilancia policial.

Todo se agravó aún más al publicar el propio Johnson en Twitter la carta que había enviado a Macron, en la que pedía que el Reino Unido pudiera devolver a Francia sin problemas los inmigrantes que llegaran desde ese país, y sugería incluso que la policía británica patrullara conjuntamente con la francesa la costa al otro lado del canal. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, retiró de inmediato la invitación que había cursado a Patel para participar esa semana en una reunión de ministros europeos que debía abordar la crisis migratoria en el canal. Y Macron llegó a acusar a Johnson de poco serio. “Me sorprenden los métodos, cuando no son serios”, dijo el presidente de Francia. “Entre líderes no nos comunicamos a través de tuits, ni hacemos públicas las cartas que nos enviamos”.

Las verdaderas cifras de asilo

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Frente al argumento reiterado por el Gobierno británico de que las actuales leyes permiten un abuso en los trámites de solicitud de asilo y refugio, organizaciones como Refugee Council (Consejo para los Refugiados) han realizado una profusa tarea estadística para desmentir los prejuicios. El 70% del número total de personas que llegaron a las costas británicas, o fueron interceptadas en su intento de cruzar el canal, durante el año pasado, procedían de cinco países: Irán, Irak, Sudán, Siria y Vietnam. Uno de cada cuatro era iraní. Entre los diez países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes se encuentran también Afganistán o Yemen. El Consejo para los Refugiados señala que prácticamente el 98% de las personas que llegan a las costas británicas a través del canal acaban solicitando asilo. Y entre los refugiados que proceden de los diez principales países, hasta un 61% logra esa protección oficial, frente a una media del 52% del resto de nacionalidades que llegan por otras vías.

Los cálculos desmienten de ese modo que los inmigrantes que se lanzan al canal sean en su mayoría “inmigrantes económicos”. “El Gobierno aspira a dar rango legal a una política brutal y peligrosa, como la que representa su ley antirrefugiados, que solo logrará que más gente muera ahogada en el canal”, ha dicho Tim Naor Hilton, el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. Simplemente, el mayor control policial en otras vías habituales de acceso, como el transporte ilegal de inmigrantes a través de camiones y contenedores por el Eurotúnel, ha reducido drásticamente las cifras, y ha desviado el flujo de personas hacia el paso del canal de la Mancha, que hasta hace pocos años era una vía minoritaria. El Gobierno de Johnson se ha topado con una tragedia que la UE ya conoce desde hace tiempo, y su primera respuesta ha sido la de endurecer el discurso inmigratorio que alimentó el Brexit.

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La justicia de Marruecos ha comenzado a quitarse lentamente la venda de los ojos frente al chantaje o acoso sexual de los profesores universitarios contra sus alumnas. Hasta hace dos meses, la mayoría de los casos que trascendían a los medios de comunicación quedaban sin ningún seguimiento oficial. Pero ahora algunos jueces y funcionarios del Ministerio de Educación han comenzado a tomar cartas en el asunto. Las estudiantes están valiéndose de las redes sociales y utilizan etiquetas como #MetooUniv para sus denuncias. Detrás de ellas aparecen nombres de profesores acusados de pedir sexo a cambio de buenas notas.

El último caso sucedió el 27 de diciembre en la Escuela Nacional de Comercio y Gestión (ENCG) de la ciudad de Uchda, en el noreste del país, en la frontera con Argelia. Una cuenta anónima de Twitter difundió una conversación de WhatsApp entre un docente y una de sus alumnas. La estudiante le pedía que le validara unas pruebas y el profesor le exigió a cambio una “clase de felación”. Decenas de universitarias se manifestaron dos días después pidiendo la destitución del profesor. En Instagram también fue publicada una carta donde una mujer anónima asegura haber sufrido acoso del mismo hombre.

El docente en cuestión negó cualquier acusación y declaró al medio local Tel Quel estar sufriendo una campaña difamatoria. Pero el Ministerio de Educación envió a Uchda una comisión encargada de investigar el caso y ordenó la suspensión de funciones del docente. Mientras tanto, han dimitido el director del centro, el secretario general y la directora adjunta. La fiscalía también investiga el asunto.

Otro caso aún pendiente de sentencia estalló el pasado septiembre, en la ciudad de Settat, a 60 kilómetros al sur de Casablanca. De igual manera que en Uchda, en esta ocasión comenzaron a filtrarse en las redes sociales capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre un profesor y tres de sus alumnas, que resultaron ser hermanas.

El profesor era el jefe del departamento de Derecho Público en la universidad Hassan I de Settat. El docente, que solía colaborar con varios medios, explicó que todo se debía a una campaña de difamación. Recurrió a los medios amigos, varios estudiantes hablaron de él como un hombre ejemplar. Pero la policía local comenzó a escuchar a las víctimas, y el ministerio también inició una investigación. Y ahora hay cinco profesores investigados. A cuatro se les acusa de acoso sexual, abuso de autoridad e incitación a la depravación. Y sobre uno de ellos pesa el cargo de “atentado al pudor con violencia”, tipificado con hasta diez años de cárcel.

Latifa el Boushini, de 60 años, profesora en la facultad de Ciencias de la Educación en Rabat explica a este diario que el problema del acoso en la universidad viene de lejos. Recuerda que en el año 2013 asistió a unas jornadas en la Universidad de Mohamed V en Rabat con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y una joven tomó la palabra para señalar la existencia del acoso sexual en las aulas.

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“Expresó alto y claro su malestar en tanto que víctima”, recuerda El Boushini. “Para mí no fue una sorpresa. Porque alrededor de mí una cantidad enorme de mujeres han sido víctimas. Claro que el acoso es más grave cuando lo comete un superior jerárquico, como es el profesor”.

“Gracias a la tecnología”

El Boushini destaca que no todos los profesores son depredadores sexuales. Pero la profesora estima también que no hay una sola universidad en Marruecos donde no haya un profesor que intente chantajear a las alumnas. “El problema radica en que es muy difícil demostrar ese acoso. Porque el que lo comete suele hacerlo en privado”, añade. “Pero esta vez, en los casos de Settat y de Uchda, ha sido posible aportar pruebas gracias a la tecnología. Gracias a que ha habido mensajes, fotos, vídeos… Todo eso ha permitido que los medios de comunicación puedan hablar de esos casos. Y ha hecho posible que las autoridades se tomen en serio este problema”.

El tabú de los chantajes sexuales en la universidad se ha ido rompiendo muy poco a poco en Marruecos. En 2017 fue condenado a un año de cárcel un profesor de la universidad Abdelmalek Essaadi, de Tetuán. Desde entonces, no han dejado de conocerse casos similares de petición de sexo a cambio de notas.

Pero han tenido que pasar cuatro años desde aquella condena en Tetuán para que la universidad Mulai Ismael, en Meknés, crease el pasado 30 de diciembre una célula encargada de acompañar a las víctimas de acoso. Han sido necesarios cuatro años para que tres universidades, las de Meknés, Tetuán y Uchda hayan puesto en funcionamiento esta semana varios números de teléfono y direcciones de correo para atender denuncias anónimas.

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publicidad política en Cali
La regulación de publicidad política con miras a elecciones ya quedó definida en Cali. 

La regulación de publicidad política con miras a elecciones ya quedó definida en Cali.

Noticias Cali.

Cada año de elecciones uno de los mayores problemas tiene que ver con la publicidad política de los partidos y candidatos (as), a pesar de pasar meses en campañas, también llenan la ciudad de fotos, mensajes, pendones, pasacalles y lo más grave, en muchos, esa propaganda electoral queda por meses.

Aunque hay una regulación y sanciones para las campañas que no limpien su propaganda, no todos cumplen.

Serán dos campañas este 2022. Foto tomada de Noticiero 90 Minutos.

Cali actualmente tiene un grave problema de contaminación visual, y aunque se han implementando jornadas como Graficalia para mejorar, limpieza y desmonte de vallas ilegales, falta mucho por hacer.

Y viene una época difícil, en la que las normas no se cumplen debidamente y donde las autoridades o se ven desbordadas, o no actúan.

En julio del 2020, la Personería de Cali emitió un comunicado señalando que había más de 30 vallas irregulares y que la Alcaldía no había cumplido con la regulación de este tipo de publicidad exterior.

Para ese momento se mencionaba: «Según el inventario de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, hay 248 vallas instaladas con registro vigente al 31 de Diciembre de 2019, pero hay 144 con esos permisos vencidos e irregularidades».

La situación no cambió mucho en 2020 con el inicio de la pandemia, menos en 2021 con crisis de salud por el Covid y paro nacional.

Meten mano a la propaganda para elecciones 2022

Esta semana la oficina de Planeación Distrital anunció el Decreto No. 4112.010.20.1012 DE 2021 del 13 de diciembre, para la regulación de publicidad exterior con miras a elecciones.

  • Cada partido y movimiento político puede instalar su propaganda hasta en un máximo de 30 vallas. 

Para estos elementos, la norma indica que «no deben poseer áreas menores a 8 metros cuadrados, ni superiores a 48, y estas deben tener Registro expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal».

Además, Roy Alejandro Barreras Cortés, director del Organismo, indicó que se regulan otros tipos de propagandas.

  • En las sedes políticas, un máximo un aviso por cada una de las fachadas del edificio o lugar
  • Pasacalles, pendones, pancartas están prohibidos
  • Deben anunciar en vallas autorizadas y legales, de lo contrario habrá sanciones económicas y de otro tipo.

Las otras medidas son:

  • No se permitiá la publicidad política pintada con aerosol o cualquier clase
    de pintura sobre los inmuebles publicos y privados.
  • Los volantes están permitidos pero no para entregarlos en espacios culturales, historicos, puentes peatonales y vehiculares, entidades oficiales, entidades
    de la fuerza pública, centros educativos y deportivos y sus alrededores.

Deberá retirarse esa propaganda en todo el Distrito, en menos de una semana una vez pasen las elecciones.

El decreto establece que «dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la finalizacion de la contienda electoral del 13 de Marzo de 2022».

Este es el decreto completo: Decreto 1012 de 2021 Se regula la Propaganda Politica Elecciones al Congreso 2022 en Cali

El desorden con la publicidad de gran tamaño o en modalidad de carteles pegados en paredes, muros, puentes.

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